La autonomía de la voluntad, en el contrato estatal también está limitada por el derecho positivo, sólo que en este caso el legislador está movido por un móvil particular: el reconocimiento de la función administrativa contractual. De modo que este principio no es absoluto y así lo ha reconocido de vieja data la Sala, sobre la base de que ésta no puede contravenir normas con fuerza de ley, de donde la capacidad de autodeterminación de los sujetos contratantes en principio sólo puede ser limitada por la ley. La autonomía contractual sea concebida como un poder ilimitado en virtud del cual tas partes puedan arbitrariamente definir la totalidad del contenido negocial, sino que este puede ser restringido, pero únicamente por el legislador, con arreglo a lo previsto por los artículos 32 y 40 de la ley 80 de_1993.
 

Se ha admitido la posibilidad de que las partes en ejercicio del principio de autonomía dispositiva puedan proceder a pactar cláusulas de terminación unilateral en aquellos contratos del Estado que se rigen por normas de derecho privado con el objeto de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales por supuesto, sin que ello comporte una ruptura de la igualdad, un desequilibrio en este tipo de relaciones negociales, así como tampoco que vaya en contra de normas imperativas, de las buenas costumbres, la buena fe contractual o comporte el ejercicio abusivo de un derecho.
 

El principio de la autonomía contractual impone que al efectuarse la interpretación de las cláusulas del contrato deberá acudirse a la común intención de las partes exteriorizada, la cual corresponderá, por encima del sentido estrictamente gramatical de la expresión, a la voluntad común y originaria que acompañó a los contratantes. Lo anterior, con fundamento en el artículo 1618 del Código Civil y en la jurisprudencia que sobre el particular, ha establecido la Sección Tercera del Consejo de Estado.