La dimensión de accesibilidad protege el derecho individual de ingresar al sistema educativo en condiciones de igualdad o, dicho de otra manera, la eliminación de cualquier forma de discriminación que pueda obstaculizar el acceso al mismo. De manera más concreta, se ha considerado que esas condiciones de igualdad comprenden i) la imposibilidad de restringir el acceso por motivos prohibidos, de manera que todos tengan cabida, en especial quienes hacen parte de los grupos más vulnerables; ii) la accesibilidad material o geográfica, que se logra con instituciones de acceso razonable y herramientas tecnológicas modernas y iii) la accesibilidad económica, que involucra la gratuidad de la educación primaria y la implementación gradual de la enseñanza secundaria y superior gratuita.
 

La accesibilidad implica la obligación del Estado de asegurar el acceso de todas las personas a la educación en condiciones de igualdad y libres de toda forma de discriminación, así como facilidades en términos geográficos y económicos para acceder al servicio. En este orden, como lo señala la Observación No. 13 antes mencionada, la accesibilidad consta de tres (3) dimensiones: (i) la no discriminación, (ii) la accesibilidad material, y (iii) la accesibilidad económica. Los desplazamientos que impliquen trayectos largos hacia el lugar en donde los menores reciben clases además de amenazar su salud e integridad física, constituye de manera ostensible un obstáculo al que deben enfrentarse de manera continua para poder acceder al sistema educativo, poniendo en riesgo su permanencia en este (acceso material al derecho a la educación). Sin embargo, quien está llamado a dar solución al problema de acceso y permanencia de las niñas y los niños a su plantel educativo es el Estado garante por excelencia de los derechos de la comunidad, asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos.
 

El componente de accesibilidad impone dos condiciones indispensables para gozar materialmente de una educación idónea, que sea alcanzable no solo económicamente, sino geográficamente. Así, deberá haber escuelas disponibles en todos los centros poblados, o al menos a una distancia prudente.
 

Adopta medidas ante la coyuntura ocasionada por el virus Covid 19, especialmente en caso de ser necesario, la planeación y preparación de estrategias pedagógicas alternativas y de flexibilización curricular para asegurar la atención educativa desde los hogares, tales como: actividades virtuales, uso de plataformas digitales, programas radiales y televisivo, talleres, guías de trabajo en casa, entre otros.
 

Orienta frente al calendario académico, cuidado y protección durante el estado de emergencia por pandemia de coronavirus covid-19.
 

Orienta para la continuación de la estrategia aprende en casa y el cuidado y protección de los estudiantes durante el aislamiento preventivo obligatorio por la pandemia de coronavirus covid-19
 

Imparte directrices para dar continuidad a las estrategias de acceso y permanencia que garanticen el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes en Bogotá D.C., en el marco de la estrategia Aprende en Casa.
 

Crea el Fondo Solidario para la Educación y se adoptan medidas para mitigar la deserción en el sector educativo provocada por el Coronavirus COVID-19, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, con el fin de otorgar créditos para fomentar el acceso y permanencia en la educación superior, media, básica, preescolar y educación para el trabajo y desarrollo humano.
 

Orienta para la garantía de continuidad de las jornadas de trabajo académico en casa entre el 20 de abril y el 31 de mayo de 2020, y el uso de los recursos de calidad matrícula y de calidad gratuidad.
 

Establece que la Política de Estado de Gratuidad en la Matrícula consiste en el pago de la matrícula de los jóvenes de las familias más vulnerables socioeconómicamente y que estén matriculados en programas de pregrado en las Instituciones de Educación Superior públicas adscritas o vinculadas presupuestalmente al sector educación, denominadas en la presente Sección como Instituciones de Educación Superior públicas
 

Atribuye la función de crear una línea especial estratégica de financiamiento público y/o privado, para promover el acceso, permanencia y articulación y la permanencia de niños, niñas y adolescentes en educación post-media y superior para estudiantes con capacidades y/o con talentos excepcionales de Bogotá D.C.
 

Diseña la orientación para la construcción, desarrollo, seguimiento y valoración de los Proyectos Educativos Comunitarios o como los denomine cada pueblo indígena, en cumplimiento de la normativa vigente que garantiza el derecho fundamental a la Educación Indígena Propia en los establecimientos educativos ubicados en territorios indígenas o que atienden población indígena.
 

Define para la vigencia 2023, las sedes educativas oficiales ubicadas en zona rural consideradas de difícil acceso en el Distrito Capital, conforme a las aprobadas en reunión del 17 de febrero de 2023, por el Comité Técnico Asesor para la definición de las zonas rurales de difícil acceso en el Distrito Capital.
 

Establece que la finalidad de esta norma es velar por el cumplimiento de los mandatos constitucionales sobre educación, sus fines y objetivos, para promover y garantizar el cumplimiento de las dimensiones básicas del derecho a la educación, esto es: asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad
 

La Corte Constitucional, falla sobre la Revisión a acción de tutela que trata sobre el ACOSO, MATONEO O BULLYING, CIBERBULLYING en una institución académica. Se define el ACOSO como una agresión que es intencional, representa un desequilibrio de poder entre el agresor (individual o grupal) y la víctima, es repetitiva, afecta directamente la dignidad de la víctima, produce efectos en el transcurso del tiempo y puede producirse a través de insultos, exclusión social y/o propagación de rumores, ya sea de forma presencial, palabras escritas o utilizando medios electrónicos de comunicación. La Sala Cuarta de Revisión sostiene que el IABC vulneró los derechos fundamentales a la vida, la dignidad, la integridad personal, la salud y la educación, en conexidad con el principio del interés superior del niño de TBQ al no garantizarle un acompañamiento idóneo ni haber activado las rutas de atención correspondientes. Por tal razón, REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Penas que tuteló el derecho fundamental a la dignidad humana de TBQ y declaró improcedente la acción de tutela sobre las pretensiones económicas. En su lugar, DECLARAR que existió una vulneración de los derechos fundamentales a la vida, la dignidad, la integridad personal, la salud y la educación, en conexidad con el interés superior del niño.