Al analizar la demanda formulada en contra del parágrafo 1º del artículo 7º de la Ley 985 de 2005, acusado por contener una medida desproporcionada y lesiva de los derechos fundamentales de las personas sometidas a la trata de personas y de los que les corresponden en su condición de víctimas merecedoras de protección, la Corte ha estimado que le asiste razón a la actora en su planteamiento, ya que al exigirle a los afectados por la comisión del delito que deben denunciarlo como condición para acceder a la asistencia mediata, se sacrifica un conjunto amplio de derechos en aras de favorecer la investigación penal que así se hace prevalecer sobre importantes prerrogativas reconocidas a las víctimas en la Constitución y en las leyes que ordenan su protección por el Estado. En desarrollo del test de proporcionalidad, la Corporación encontró que la finalidad de la medida es constitucionalmente imperiosa pero al analizar el requisito de necesidad encontró que la disposición censurada no lo satisface. Por lo anterior, la Corte declara inexequible el parágrafo 1º del artículo 7º de la Ley 985 de 2005.
 

Finalmente, esta sala no puede pasar desapercibido que en una de las visitas realizadas al establecimiento de comercio que es objeto de cuestionamiento en este proceso, la policía encontró a 4 mujeres venezolanas prestando servicios sexuales. Dicha situación es, a todas luces, preocupante. La trata de mujeres es un delito cotidiano que debe combatirse con todo el rigor del ordenamiento nacional e internacional. Las autoridades colombianas están llamadas a realizar las investigaciones pertinentes para establecer que no se trata de prostitución ilícita. Ahora bien, situaciones particulares de carácter socio-económico son las que seguramente han llevado a estas mujeres venezolanas a migrar hacia Colombia para realizar esta clase de actividades, viendo en el paso de la frontera una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida. Estos eventos hacen que estas últimas estén en una situación de vulnerabilidad que facilita su explotación sexual, e incluso la trata de personas.
 

Adopta los lineamientos de la política pública de Bogotá D.C. para la lucha contra la trata de personas.
 

Adopta la Política Pública de Lucha Contra la Trata de Personas, orientada a la prevención, asistencia y protección a las víctimas y posibles víctimas, y el acompañamiento en las etapas de investigación, judicialización y sanción de los tratantes de personas, en Bogotá Distrito Capital durante el periodo comprendido entre el año 2022 al 2031.