Las juntas administradoras y los alcaldes promoverán la participación de la ciudadanía y la comunidad organizada en el cumplimiento de las atribuciones que corresponden a las localidades y les facilitarán los instrumentos que les permitan controlar la gestión de los funcionarios. (Artículo 95)
 

La Corte Constitucional precisa que la participación ciudadana constituye un principio fundamental que ilumina todo el actuar social y colectivo en el Estado social de derecho y que en relación con el régimen constitucional anterior, persigue un incremento histórico cuantitativo y cualitativo de las oportunidades de los ciudadanos de tomar parte en los asuntos que comprometen los intereses generales. Por ello mismo, mirada desde el punto de vista del ciudadano, la participación democrática es un derecho deber, toda vez que le concede la facultad y a la vez la responsabilidad de hacerse presente en la dinámica social que involucra intereses colectivos. Para la Corte la democracia participativa impone a la adopción de decisiones de interés nacional que esté precedida de espacios para la deliberación social que promueva la exposición de razones reflexivas
 

Tiene especial relevancia en la comprensión de la participación ciudadana en materia ambiental. De una parte, el caso T-348 de 2012, en el que una comunidad de pescadores argumentaba que la construcción de una obra pública afectaba su modo de vida y su principal actividad productiva, y que esta fue tomada sin permitirles participar directamente, en espacios adecuados, y tratándose de un tema que, sin duda, tenía una repercusión directa sobre su proyecto vital. La Corte dio la razón a los accionantes y explicó la relevancia de la participación en la construcción de las políticas públicas, especialmente, en aquellas relacionadas con temas de naturaleza ambiental.
 

Tiene especial relevancia en la comprensión de la participación ciudadana en materia ambiental. De una parte, el caso T-348 de 2012, en el que una comunidad de pescadores argumentaba que la construcción de una obra pública afectaba su modo de vida y su principal actividad productiva, y que esta fue tomada sin permitirles participar directamente, en espacios adecuados, y tratándose de un tema que, sin duda, tenía una repercusión directa sobre su proyecto vital. La Corte dio la razón a los accionantes y explicó la relevancia de la participación en la construcción de las políticas públicas, especialmente, en aquellas relacionadas con temas de naturaleza ambiental.
 

La Corte ha expresado que el derecho de participación política se caracteriza por ser universal, bajo el entendido de que compromete diversos escenarios, procesos y lugares dentro de la esfera pública y privada, y además, porque el concepto de política sobre el que descansa se nutre de todo lo que le puede interesar a la persona, a la comunidad y al Estado, lo que justifica la injerencia en la distribución, el control y la asignación del poder social. Adicionalmente, su naturaleza es expansiva, porque su dinámica comprende el conflicto social y busca encauzarlo a partir del respeto y la constante reivindicación de un mínimo de democracia política y social, la cual debe ampliarse de manera progresiva con la finalidad de conquistar nuevos ámbitos y profundizar permanentemente en su vigencia, lo que exige de los principales actores públicos y privados, un ineludible compromiso con su efectiva construcción.
 

La participación de la ciudadanía en los Presupuestos Participativos no se agota con la priorización de proyectos y la destinación de recursos públicos, sino que se extiende al seguimiento y fiscalización por parte de la sociedad civil para que la concertación definida en los Acuerdos Participativos, efectivamente se incorpore, para su ejecución, en el presupuesto anual. Así las cosas, la ciudadanía debe verificar que los proyectos votados y priorizados por la comunidad estén contenidos en los Acuerdos Participativos e incorporados como tales, en el presupuesto anual de la respectiva entidad territorial o local, con el fin de que puedan ser objeto de control social, disciplinario, jurisdiccional y político, pues, si no están incorporados en el presupuesto anual no se podrá exigir su ejecución y cumplimiento.
 

Establece que el Comité Local de Libertad Religiosa, Culto y conciencia de la Localidad de Antonio Nariño será un Comité de participación ciudadana y hace las veces de instancia consultiva de la administración Local en materia de libertad religiosa, cultos y conciencia en la Localidad de Antonio Nariño.
 

Promueve la participación ciudadana en la gestión del espacio público con el objetivo de fortalecer la generación, sostenibilidad y defensa del espacio público. Adicionalmente, atribuye la competencia a la Administración Distrital referente a promover la creación de veedurías ciudadanas del espacio público.
 

Adiciona un Capítulo al Decreto 1066 de 2015 Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, para adoptar la Política Pública de Participación Ciudadana.