El proceso de exclusión de quienes aspiran a ser beneficiarios de la Ley de Justicia y Paz, fue estructurado en el artículo 5° de la Ley 1592 de 2012, que a su vez adicionó un artículo 11A de la Ley 975 de 2005. La formalización legal de la exclusión dentro del proceso de justicia y paz, propuesta en la Ley 1592 de 2012, se explicó en el apartado anterior, tenía como propósito específico no solo buscar una mayor efectividad de dicho proceso, sobre la base de unificar criterios y brindar confianza a los operadores jurídicos en sus decisiones, sino también, lograr que el proceso se enfocara en las personas que en realidad estuvieren dispuestas a cumplir con los requisitos de elegibilidad y a contribuir con la reconstrucción de la paz, que es la finalidad que persigue la Ley 975 de 2005.