La totalidad de la función administrativa se ejecuta dentro del marco trazado por las normas aprobadas por el legislativo, lo mismo que las tareas de control fiscal, control disciplinario, organización logística de la administración de justicia, y ejercicio de la autoridad monetaria, cambiaria y crediticia, sin que en ninguno de estos casos pueda especularse sobre una supuesta infracción al principio de separación de poderes, ni una invasión a la autonomía de tales autoridades.