En lo que respecta a la regulación constitucional en materia de tributos, el punto de partida es el deber general de todas las personas de concurrir en los gastos del Estado, a través de los aportes fiscales previstos por el legislador. Es en ese sentido que el artículo 95-9 C.P. consagra dentro de los deberes de la persona y el ciudadano el de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad. Tales conceptos, a su vez, son desarrollados por el artículo 363 C.P., cuando estipula que el sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia, progresividad y no retroactividad. A esta previsión constitucional se suma, a su vez, lo previsto en el artículo 338 C.P. el cual consagra el principio de legalidad tributaria. Conforme a este precepto, en tiempos de paz solo el Congreso, las asambleas y concejos podrán imponer contribuciones fiscales y parafiscales.
 

Establece los lugares, plazos y descuentos para el cumplimiento de obligaciones formales y sustanciales de los tributos administrados por la Dirección de Impuestos de Bogotá - DIB de la Secretaría Distrital de Hacienda.