El artículo 2º de la Ley 1650 de 2013 modificó el artículo 88 de la Ley 115 de 1994 o ley general de la educación, en el sentido de incluir dos parágrafos adicionales en los que se precisó la prohibición de retener los títulos académicos por no encontrarse el interesado a paz y salvo con la institución, cuando exista imposibilidad de pago por justa causa. Sin embargo, se establecieron como presupuestos para su entrega tres condiciones: (i) demostrar que haya ocurrido un hecho que, con justa causa, afecte económicamente al interesado o a los miembros responsables de su manutención; (ii) probar la ocurrencia del hecho por cualquier medio probatorio, distinto de la confesión, que sea lo suficientemente conducente, adecuado y pertinente y, (iii) que el responsable del pago demuestre haber adelantado las gestiones necesarias para lograr el cumplimiento de las obligaciones pendientes con la respectiva institución. En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional confirma la sentencia por medio de la cual se negó la protección solicitada por el accionante, en favor de la menor, y ordena al colegio realizar un acuerdo de pago, procediendo a suscribir los títulos valores solicitados por la accionada.