La línea jurisprudencial de la Corte demuestra un precedente reiterado de forma pacífica y uniforme con la finalidad de proteger el pluralismo, la diversidad e integridad étnica, cultural, social y económica de las comunidades indígenas y tribales y su derecho de participación en las decisiones administrativas que los afecten. Para la jurisprudencia constitucional es claro que la obligatoriedad de la licencia ambiental para la ejecución de proyectos de explotación de recursos naturales tiene un doble propósito: proteger el ambiente y garantizar que las comunidades indígenas y tribales se pronuncien sobre su tramitación, sus impactos y otras cuestiones que riñen con su identidad cultural y sus costumbres.
 

La justicia ambiental hace relación al tratamiento justo y la participación significativa de todas las personas independientemente de su raza, color, origen nacional, cultura, educación o ingreso con respecto al desarrollo y la aplicación de las leyes, reglamentos y políticas ambientales. Así mismo se señala que ningún grupo de personas, incluyendo los grupos raciales, étnicos o socioeconómicos, debe sobrellevar desproporcionadamente la carga de las consecuencias ambientales negativas como resultado de operaciones industriales, municipales y comerciales o la ejecución de programas ambientales y políticas a nivel federal, estatal, local y tribal.
 

La Corte ha insistido en que la licencia ambiental resulta ser el instrumento mediante el cual se puede guardar la integridad y forma de vida de las comunidades étnicas que habitan un territorio que va a ser afectado por un proyecto, y en consecuencia, el otorgar una licencia ambiental que no incluya la consulta previa cuando la actividad autorizada puede afectar a comunidades étnicas, constituye una fuente de vulneración de derechos fundamentales.