Las Entidades Territoriales de Salud deben cumplir con las acciones descritas en los protocolos de vigilancia y la metodología de notificación inmediata y verificar las diferentes fuentes de información que pueden generar los Centros Reguladores de Emergencias y Desastres, los reportes de la Policía Nacional, del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre y medios de comunicación.
 

Establece responsabilidades de los gobernadores y alcaldes a través de sus direcciones departamentales, distritales y municipales de salud o entidades que hagan sus veces, en relación a acciones generales, acciones de inspección, vigilancia y control en materia de salud ambiental, agua y alimentos, acciones de vigilancia en salud pública, entre otras.
 

Establece instrucciones y requerimientos de información en el marco de la pandemia COVID-19, con el objeto de identificar los principales problemas que se vayan presentando a nivel del Sistema de Salud por la evolución y profundización de los impactos de COVID-19. Así mismo, determina el deber de consultar el enlace web mediante el cual el Ministerio de Salud y Protección Social publica normatividad, lineamientos, manuales, guías y protocolos, acerca del manejo del COVID-19.
 

Decreta que los recursos destinados al funcionamiento de las Secretarías de Salud territoriales o de quien haga sus veces, derivados de las rentas cedidas, también podrán ser utilizados para el pago de las atenciones de salud de la población pobre no asegurada, así como para el pago de los servicios que se hayan prestado o se presten por concepto de urgencias a la población migrante regular no afiliada o irregular.
 

Establece responsabilidades a las Direcciones territoriales de salud o secretarías de salud del nivel departamental y distrital de adoptar las medidas de protección de la población residente en su jurisdicción, con especial énfasis en los niños, niñas y personas mayores; Realizar el seguimiento epidemiológico a las personas que arriben a Colombia provenientes de los países de que trata artículo 1º del presente acto administrativo o hayan estado en los mismos los últimos catorce (14) días, según el registro que para el efecto les remita Migración Colombia, entre otras.
 

Establece la función de vigilancia sanitaria que deben realizar las secretarias de salud municipales, distritales y departamentales, en caso de no adopción y aplicación del protocolo de bioseguridad por parte del empleador, trabajador o contratista, para mitigar el Coronavirus  COVID  19.
 

Establece el deber de reportar al Ministerio de Salud y Protección Social eventos de infección respiratoria, declaraciones de salud de viajeros, alertas sanitarias, casos diagnosticados por laboratorio para COVID-19, registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud, defunciones con diagnósticos relacionados con infección respiratoria aguda y sospechosas de COVID-19, casos sospechosos y confirmados de COVID-19, capacidad instalada relacionada con camas en hospitalización, cuidados intermedios, cuidados intensivos, soporte de ventilación mecánica invasiva, y modalidad de servicios reportados por los prestadores de salud en el Registro Especial de Prestadores de Salud (REPS).