El registro o inscripción de los instrumentos públicos tiene principalmente los siguientes objetos: servir de medio de tradición del dominio de los bienes raíces y de los otros derechos reales constituidos en ellos, de que se ha hecho mención en el capítulo 3, título De la tradición; dar publicidad a los actos y contratos que trasladan o mudan el dominio de los mismos bienes raíces o le imponen gravámenes o limitaciones al dominio de estos, poniendo al alcance de todos el estado o situación de la propiedad inmueble; y las demás relacionadas en el presente código.
 

La Ley 1579 de 2012 es la norma por medio de la cual se incorpora al ordenamiento jurídico el estatuto de registro de instrumentos públicos y en ella se regula lo concerniente a la inscripción, corrección y cancelación de asientos registrales de las matriculas inmobiliarias de los inmuebles rurales o urbanos. Referente a la función registral se tiene que la Ley 1579 de 2012 estableció en su artículo 3º los principios que rigen la actuación de los registradores, a saber: (i) rogación, (ii) especialidad, (iii) prioridad o rango, (iv) legalidad, (v) legitimación y (vi) tracto sucesivo
 

Los actos de inscripción son actos administrativos que corresponden a la autonomía dada a los Registradores de Instrumentos Públicos por el Decreto 1250 de 1790, dichos actos pueden ser susceptibles de adecuarse o corregirse en cualquier tiempo conforme al artículo 35 de la normatividad citada, de acuerdo a la cadena traditiva que tenga el inmueble, acorde con los documentos registrados y que reposan en los archivos de la oficina correspondiente, para que el folio de matrícula presente en todo momento la verdadera y real situación jurídica del respectivo bien que identifique conforme al artículo 82 ibídem [&]