Declara inexequible la expresión El término para la reubicación de los servidores cuyos cargos se supriman, será de dos (2) años contados a partir de la supresión, del articulo 532 de la ley 906 de 2004.
 

La Corte encontró que la modificación del sistema de investigación, acusación y juzgamiento de los Magistrados de las Altas Cortes y del Fiscal General de la Nación en el Acto Legislativo No. 02 de 2015 sustituyó el eje definitorio separación de poderes y autonomía e independencia de la rama judicial. El desconocimiento de los límites competenciales del Congreso para reformar la Constitución se produjo dado que el régimen de suspensión, remoción y sanción de los Magistrados de las Altas Cortes y del Fiscal General de la Nación adoptado por el Congreso no es solo completamente novedoso, sino que resulta incompatible con los fines que perseguía el establecido en la Constitución de 1991, con el propósito de asegurar el equilibrio entre las ramas del poder público y la independencia de la Rama Judicial. Con fundamento en lo anterior, la Corte declara inexequible la expresión Miembro de la Comisión de Aforados, contenida en los artículos 2 (inciso 6º) y 9 (inciso 3º) del Acto Legislativo No. 02 de 2015, así como sus artículos 5 y 7 y también el nuevo artículo 178A adicionado por el artículo 8 del mismo acto reformatorio de la Constitución.
 

Cumple unas órdenes judiciales y adopta el protocolo de verificación de capturas, aprehensiones y traslados por protección de personas realizadas en el marco de actos de protesta social, en cumplimiento al ordinal sexto de la sentencia STC7641 del 22 de septiembre de 2020, proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil.
 

Adopta el Manual de Justicia Restaurativa y se dictan otras disposiciones para el funcionamiento de la mediación penal adicionalmente crea un grupo de trabajo al interior de la Fiscalía General de la Nación para la implementación de esta resolución.
 

Establece las disposiciones sobre la naturaleza y forma de implementación de la Política de Priorización en la Entidad y con este propósito presenta: Un contexto de los fundamentos legales y jurisprudenciales que amparan la implementación de la Política de Priorización en la Entidad, los lineamientos sobre las rutas, procedimiento, acciones, e instancias de priorización en la Fiscalía y las disposiciones para orientar el proceso de seguimiento y evaluación de los resultados de la política.