Recopila y reglamenta los delitos contra la eficaz y recta impartición de justicia, describe el tipo penal e impone la respectiva pena y multa. Se subdivide en los siguientes delitos: falsas imputaciones ante las autoridades, omisión de denuncia de particular, falso testimonio, infidelidad a los deberes profesionales, encubrimiento, fuga de presos, fraude procesal, y fraude a resolución judicial.
 

La Corte Constitucional explicó el hecho punible de omisión de denuncia de particular es una medida que impone un deber jurídico de actuar, que encuentra sustento constitucional en los mandatos de obrar conforme al principio de solidaridad social y de colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia. Como expresión de los deberes sociales de los particulares, este tipo penal se encuentra consagrado dentro de los delitos contra la eficaz y recta impartición de justicia y se cataloga como un delito de omisión propia, de mera conducta, que no admite tentativa y donde el sujeto activo es indeterminado.