La Corte ha sostenido reiteradamente que las personas en situación de desplazamiento, y en general todas las víctimas del conflicto armado, son sujetos de especial protección constitucional. Por ello, sostiene que la razonabilidad de los trámites y de los tiempos deberá ser analizada de manera estricta, propendiendo siempre por trámites sencillos, que no impongan cargas desproporcionadas a las víctimas y que se desarrollen en tiempos breves. La interpretación rigurosa de la razonabilidad en estos casos es la forma de asegurar que la protección especial que la Constitución otorga a sujetos especialmente protegidos sea una realidad y no simplemente un enunciado vacío.