Establece directrices sobre las intervenciones frente al control de constitucionalidad sobre las medidas adoptadas por el gobierno nacional y para la intervención del Distrito Capital en dichas actuaciones y en el trámite del control inmediato de legalidad de los actos propios en virtud dela emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19.
 

Emite lineamientos a las entidades del Distrito Capital que ejercen la representación judicial en los procesos relacionados con su objeto y funciones, para que se vinculen activamente al cumplimiento de la meta 487 del Plan Distrital de Desarrollo, obteniendo un nivel de éxito procesal del 83% como mínimo, en la defensa del patrimonio distrital.
 

Fija lineamientos de los perfiles requeridos para la contratación de apoderados en tribunales de arbitramento, particularmente respecto del conocimiento jurídico y tiempo exigido de experiencia profesional en el ejercicio del Derecho, y determina la información que debe ser remitida sobre potenciales árbitros en controversias que hagan parte entidades u organismos distritales.
 

LINEAMIENTOS FRENTE A LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE APODERADOS SIN VINCULACIÓN LABORAL O CONTRACTUAL VIGENTE.
 

Reglamenta la facultad de ejercicio del poder preferente en materia de representación judicial y extrajudicial a nivel central, descentralizado y local en el Distrito Capital.
 

Fija los criterios para la selección de abogados externos que ejerzan representación judicial en nombre de Bogotá Distrito Capital.
 

Informa que la Dirección Distrital de Gestión Judicial de la Secretaria Jurídica Distrital, programó, dos jornadas de capacitación operativa de la herramienta, dirigidas a los apoderados que ejercen representación judicial y extrajudicial del distrito y que alimentan el SiprojWeb.
 

Presenta el instrumento denominado Manual para el Seguimiento y Representación Judicial del Distrito Capital como Víctima en el Marco del Ordenamiento Jurídico Penal Colombiano, el cual contiene un procedimiento eficaz en el que se definen las actuaciones que corresponden a la representación judicial como víctima o parte civil dentro de los procedimientos penales vigentes, fundamentado en el marco legal y la jurisprudencia nacional.