RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

Acogiendo el anterior lineamiento, procedemos a atender la petición en los términos y condiciones vistas:

Tanto las causales de inhabilidad como las de incompatibilidad están expresa y taxativamente contempladas en la Constitución Política y la Ley y así deben ser interpretadas y aplicadas, de suerte que no permiten hacer analogía alguna o aducirse razones para hacerlas extensivas a casos no comprendidos en la respectiva norma, pues de hacerlo podrían vulnerarse derechos ajenos e intereses sociales que exigen la sujeción estricta al texto de la disposición prohibitiva.

En general las inhabilidades e incompatibilidades son requisitos negativos para acceder a la función pública, o permanecer en ella, los cuales buscan rodear de condiciones de transparencia, imparcialidad, igualdad y moralidad el ingreso y permanencia en el servicio público.

Específicamente la inhabilidad es la circunstancia que impide a una persona ejercer u obtener algún empleo, cargo o ventaja. Por su parte, la incompatibilidad es lo que no puede poseerse o ejercerse a un tiempo por una misma persona, partiendo de la existencia de una investidura que es ejercida por alguien, investidura que hace que determinados negocios o actividades no puedan realizarse por su titular, en virtud de estar reñidos con las funciones inherentes a la misma.

La facultad de fijar las calidades y requisitos para el desempeño de la función pública está atribuida al legislador, conforme a los artículos 6°, 123 y 150 numeral 23 de la Constitución Política, los cuales establecen:

Como vemos, salvo casos expresamente señalados por el Constituyente, corresponde a la ley determinar las calidades y requisitos para acceder a la función pública, dentro de parámetros de razonabilidad y proporcionalidad, los cuales se determinan teniendo en cuenta el cargo, las condiciones del servidor público, las atribuciones y competencias que le hayan sido asignadas y sus responsabilidades.

En tal virtud el legislador puede configurar con un amplio margen de discrecionalidad, las inhabilidades e incompatibilidades para el ingreso y permanencia en el servicio público, armonizando, por un lado la defensa de los intereses colectivos implícita en las causales de inelegibilidad y, de otro lado, el derecho político de acceder a los cargos públicos. No ocurre lo mismo con el operador jurídico, quién debe dar una estricta y restrictiva aplicación a dichas normas prohibitivas, por tratarse de excepciones legales al derecho de las personas a acceder a cargos públicos.

Respecto del tema objeto de la consulta formulada, las inhabilidades e incompatibilidades establecidas para los Concejales de Bogotá, D.C, se encuentran contenidas en el estatuto Orgánico de Bogotá, D.C y en la ley 617 de 2000, así:

Decreto Ley 1421 de 1993:

"Artículo 28. Inhabilidades. No podrán ser elegidos concejales:

Quienes en cualquier época hayan sido condenados por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos.

Quienes hayan sido secretarios, Jefes de Departamento Administrativo o Gerentes de Entidades Descentralizadas Distritales, dentro del año anterior a la fecha de la elección; como empleados públicos hayan ejercido autoridad política, civil, militar o judicial en el Distrito dentro de los seis (6) meses anteriores a la elección o se hubieren desempeñado como empleados o trabajadores oficiales en el Distrito, dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de la elección.

Quienes hayan intervenido en la gestión de negocios ante entidades distritales o en la celebración de contratos con ellas o hayan sido representantes legales en el Distrito de entidades que administren tributos o contribuciones parafiscales, todo dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de la elección.

Quienes hayan perdido la investidura de miembros de una Corporación de elección popular.

Quienes  en cualquier época hayan sido excluidos del ejercicio de una profesión o sancionados por faltas a la ética profesional o a los deberes de un cargo público, y

Quienes estén vinculados por matrimonio o unión permanente o tengan parentesco en tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad o primero civil, con funcionarios que ejerzan autoridad en el Distrito."

Artículo 29. Incompatibilidades. Sin perjuicio de las actuaciones correspondientes a las funciones propias del cargo y del ejercicio del derecho de petición, está prohibido a los Concejales:

1. Gestionar, en nombre propio o ajeno, asuntos ante las entidades distritales o ser apoderados de las mismas o celebrar con ellas, por sí o por interpuesta persona, contrato alguno, y

2. Ser apoderados o defensores en los procesos en que sean parte del Distrito, sus entidades descentralizadas o cualesquiera otras personas jurídicas en las que aquél o éstas tengan participación.

Para todos los efectos, las incompatibilidades de los concejales tendrán vigencia desde el momento de su elección hasta el vencimiento del período respectivo. En caso de renuncia se mantendrán durante el año siguiente a su aceptación, si el lapso que faltare para la terminación del período fuere superior. Quien fuere llamado a ocupar el cargo de concejal, quedará sometido al mismo régimen de incompatibilidades a partir de su posesión.

La infracción de lo impuesto en este artículo constituye causal de mala conducta."

Por su parte la Ley 617 de 2000, "Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional", establece en el artículo 60 que las disposiciones en materia de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones para ser elegido a cargo o corporación de elección popular para el nivel municipal y Distrital contenidas en el capítulo quinto de dicha norma, rigen para el Distrito Capital, así:

Del contenido de las normas se colige que a pesar de las restricciones anotadas la ley no impide el ejercicio de actividades privadas, aunque por razón del cargo encuentra limitada su actuación, para que el interés particular no ponga en peligro los fines o cometidos estatales en cuyo cumplimiento se encuentra comprometida su actuación como Concejal de Bogotá, D.C, sentido en el cual se pronunció la Corte Constitucional, sentencia C-307de 1996.M.P. Dr Vladimiro Naranjo Mesa, en la que puntualizó:

"La condición de servidor publico que cobija también, como se ha dicho, a los Concejales y a los miembros de las juntas administradoras locales, le da a la persona que ejerce la función, una gran capacidad de influencia sobre quienes manejan dineros públicos o deciden asuntos de estado, con lo cual se podría generar un conflicto de intereses entre dichos servidores y la administración, en perjuicio del interés general y de los principios que regulan la función publica. El objetivo de esas disposiciones resulta entonces bastante claro, en cuanto que trata de impedir que se mezcle el interés privado del servidor publico, con el interés publico, y evitar por tanto que pueda valerse de su influencia, para obtener cualquier provecho en nombre propio o ajeno "

(....)

"Así entonces, y a pesar de las restricciones anotadas, la norma acusada no impide el ejercicio de la profesión de abogado ni el derecho al trabajo, como lo afirma el demandante, pues le permite actuar como litigante, como catedrático o ejercer en el ámbito privado, aunque evidentemente y por razón del cargo, encuentra limitada su esfera de actuación. Esta limitación se encuentra justificada en el cumplimiento de los principios de moralidad, eficacia e imparcialidad señalados en el articulo 209 de la Constitución Política, que persiguen el cumplimiento de los fines y funciones del estado en relación con las conductas de los servidores públicos que los puedan afectar o poner en peligro (artículos 123 y 133 de la C.P.)."

Analizado el tema objeto de consulta con sujeción a la restrictiva interpretación y aplicación que debe darse al marco legal transcrito y, en el contexto del criterio jurisprudencial citado, se observa que respecto de los Concejales el ejercicio de la representación legal de una Sociedad Comercial de carácter privado, no constituiría, en principio, causal de inhabilidad; no obstante, podría encontrarse incurso en causal de inhabilidad quien en ejercicio de dicha representación legal y dentro del año anterior a la elección, hubiere gestionado negocios con entidades públicas del Distrito o participado en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el Distrito Capital.

En relación con la posible incompatibilidad para el ejercicio coetáneo del cargo de Concejal con el de representante legal de una sociedad de carácter privado y, en tal condición, de miembro de una Junta Directiva de una Sociedad, también privada, no se configuraría causal alguna de las contempladas en las normas expuestas, como quiera que el legislador al establecer para los Concejales la incompatibilidad de que trata el artículo 41 de la Ley 617 de 2000, referida a ser representante legal o miembro de juntas o consejos directivos, la circunscribe a que dicha investidura se posea respecto de empresas que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el respectivo municipio, que para el evento que se analiza sería el Distrito Capital. No obstante ha de señalarse como posible incompatibilidad la gestión, en nombre propio o en calidad de representante legal o miembro de Junta Directiva, de asuntos ante las entidades distritales o ser apoderado de las mismas o la celebración de contratos con ellas, salvo las excepciones expresamente contempladas en la ley.

Por último, cabe agregar que quien asume el cargo de Concejal adquiere el carácter de servidor público y como tal se encuentra sujeto al Estatuto Disciplinario contenido en la Ley 734 de 2002, ordenamiento que incorpora las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflicto de intereses señalados en la constitución y la ley, de lo cual se colige que no solo las causales expresamente contempladas en las normas antes citadas, han de tenerse como constitutivas del régimen aplicable a los concejales, sino todas aquellas relativas a los servidores públicos.

El anterior concepto se rinde bajo los lineamientos del artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, por tanto su contenido no compromete la responsabilidad de la Entidad que lo emite ni será de obligatorio cumplimiento o ejecución, constituyéndose tan sólo en un criterio auxiliar de interpretación.

Cordialmente,

OFICINA ASESORA JURIDICA