RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

Los elementos del espacio público, como por ejemplo, el número de vendedores ambulantes y estacionarios, el número de peatones, el sistema de seguridad, el estado del mismo espacio público son parte de la presentación de la ciudad ante el mundo y ante el papel de modernización del Estado - Nación.

Con este precepto, los gobiernos distritales han elaborado planes de Desarrollo y los proyectos prioritarios que buscan el mejoramiento en el espacio público, embelleciendo el paisaje, adecuando el espacio público para los visitantes y para los peatones. A partir de 1998 la administración distrital ha impulsado la recuperación del espacio público, desalojando a los vendedores informales de los andenes del centro de la ciudad y otros sectores altamente transitados por peatones, generando un enfrentamiento permanente con los trabajadores informales que obtienen su sustento del trabajo realizado en la calle.

Hay que tener muy en claro que en el área urbana de la ciudad existen cerca de 1.500.000 personas que viven de la economía informal (57% de la actividad económica total) y se calcula que hoy en día existen cerca de 79.000 vendedores informales o ambulantes distribuidos en 19 localidades. Para el año 2004 se calculaba que existían cerca de 105.000 vendedores informales.

En los estudios preliminares realizados por Planeacion distrital en el año 2004 para el plan maestro cuyo decreto ya se aprobó, se llegó a hablar de 200.000 personas vendedoras informales, mientras que Fenalco, la Federación de Comerciantes, en el mismo año se hablaba de 25.000 a 30.000 personas. Una de las tareas desarrolladas por la Administración Garzón fue precisar el número de vendedores ambulantes. Esta aproximación cuantitativa se hizo a partir de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) para Bogotá realizada por el Dane en junio de 2003, que cuantificó el número de vendedores informales en 79.290 (el 2,6% de la población ocupada en la capital).

Los resultados de la encuesta socioeconómica impulsada por el Fondo de Ventas Populares en 2004 así lo demuestran: el 57% de los vendedores ambulantes estuvo previamente empleado, el 55% quiere cambiar el actual trabajo en ventas que realiza en el espacio público, y el 43% realizó alguna actividad para conseguir empleo en el último año.

Las ventas informales en el espacio público fuerón durante muchos años un elemento dinámico de la economía de la Capital, fuera de ello era soporte para disminuir el nivel de desempleo de la ciudad, ya que, en las estadísticas estos trabajadores callejeros eran parte de la economía informal y trabajadores independientes, al poseer algún tipo de trabajo, sin ser legal.

Referirse a los vendedores ambulantes en un país como Colombia significa evocar la problemática socio económica que ha padecido la nación a lo largo de los últimos años. Según un estudio promovido por Colciencias y realizado por la Universidad Nacional, "el desempleo hace parte de los problemas críticos del estado". Bajo esa carencia de oportunidades que se vislumbran en el país, surge otra opción de vida y de trabajo para aquella población de pocos recursos, es así, como mediante la economía informal muchas personas se abren camino con el propósito de huir de la miseria y del hambre. En Bogotá, por ejemplo, las ventas ambulantes se convirtieron en la alternativa perfecta para salir del "desocupe". Se refleja de tal manera la problemática social y económica del país, que como vendedores informales encontramos personas de la tercera edad, niños, desplazados por la violencia y madres cabeza de familia. Igualmente es tan heterogénea la población y sus necesidades que se necesitan una serie de alternativas a su problema, que no sólo comprenden la reubicación o compra de locales comerciales, sino que deben brindar acciones y actividades paralelas a las mismas que les permita integrarse a la economía formal.

En Febrero de 1980, Pilar Lozano escribió un articulo titulado "Cada día de trabajo una jornada de combate", en el que describía que el comerciante callejero desempeña un importante papel como canal de distribución, aún de las grandes empresas. Un alto porcentaje de los chicles, dulces y chocolatinas se vende a través de ellos. El director de ventas de Grancolombiana de Dulces, que agrupa a Charms, Savoy y Ruby, afirmó que tal sector es fundamental para esta industria. Grancolombiana cuenta con 23 distribuidores encargados exclusivamente de proveer los pequeños puestos de Bogotá. Infinidad de industrias caseras de dulces, cueros o confecciones deben su existencia a los vendedores ambulantes y estacionarios.

Un estudio realizado por el centro de investigaciones para el desarrollo de la Universidad Nacional asegura que "la problemática del vendedor ambulante y estacionario comprende aspectos políticos, sociales, económicos y culturales cuya solución exige el esfuerzo mancomunado de entidades públicas y privadas de nivel nacional y territorial para diseñar e implementar, de manera concertada, soluciones que tengan en cuenta las características y capacidades de la población objetivo".

Se considera que el origen de las ventas ambulantes y estacionarias corresponde a la expresión de factores de naturaleza social y cultural, como el desempleo, el desplazamiento, la violencia y el incumplimiento de las obligaciones familiares; sin embargo, en la realidad, desde el punto de vista de la capacidad económica y la actividad comercial, hay comerciantes informales que realizan un gran volumen de ventas, incluso superior al de un alto porcentaje de los negocios formales y por haber ejercido esa actividad durante años han logrado constituir patrimonios que superan en mucho al de un empleado promedio, también hay vendedores que desarrollan una típica economía de subsistencia¹.

El problema de Espacio Público en la ciudad no se limita únicamente a la usurpación del mismo, se ha acentuado a tal grado que existen mafias organizadas que reparten mercancías por toda la ciudad, lo que reproduce un negocio ilegal que no les brinda ni seguridad social ni garantías laborales a los vendedores. Parcelan y arriendan el espacio público, trafican con mercancías robadas y de contrabando y amenazan a quien se atreva a denunciarlas, a tal grado que el Gobierno Nacional ha solicitado la atención de las autoridades Distritales

Las actuaciones de los gobiernos distritales se han enmarcado dentro de la normatividad vigente, es decir dentro de los parámetros de la sentencia de la Corte Constitucional T. 772 de 2003², en la cual se hace énfasis en los derechos de los ciudadanos en especial de los derechos al Trabajo y al Espacio Público de manera armonizada.

Adicional a ello existe la disposición de la sentencia Unificada SU-360/99 de la Corte Constitucional en la cual hace imperante el hecho de que la reubicación no puede ser el único método dado a los vendedores ambulantes.

A partir de la sentencia T 772 el gobierno Distrital adopto el Decreto 098 de 2004 en el cual determino las "Disposiciones en relación con la preservación del espacio Público y armonización con los derechos de los vendedores informales que lo ocupan":

Desde esta dinámica, el gobierno Distrital del actual Alcalde Garzón determinó en el plan de desarrollo una serie de acciones en pro de la rehabiliatación del espacio público así:

Dentro de las estrategias que se definieron por parte del Fondo de ventas Populares hoy Instituto para la Economía Social están:

1. Asesorias profesionales.

2. Actividades de capacitación.

3. Línea crédito con tasa de Interés preferencial.

4. Participación económica en los proyectos.

5. La caseta feria Popular.

Con estas alternativas se esperaba que la población vendedora informal, dependiendo de sus posibilidades y expectativas, utilizarán una o varias alternativas, pero, para el año 2003, la Contraloría Distrital afirmó que tan solo el 2% de la población afectada estaba siendo realmente beneficiada, ya que se encontraban con dificultades culturales y financieras para que el informal se convirtiera en comerciante formal.

A diciembre de 2003, existían en funcionamiento 28 proyectos de reubicación de vendedores ambulantes y estacionarios y en trámite 10 nuevos proyectos en trámite. Los 28 proyectos daban solución a 3.794 vendedores, equivalentes a sólo al 3.6% de ambulantes de la ciudad. Los restantes 10 proyectos beneficiaban a 647 vendedores. La inversión realizada entre los años 1998 a 2003 en las diferentes alternativas sumaba cerca de $42.450 millones de pesos.

Una de las preocupaciones que cobija al sector de vendedores informales es la sostenibilidad de los proyectos estatales, origen de este proyecto de Acuerdo, que busca que el Gobierno distrital construya un política pública alrededor de los vendedores informales y la recuperación del espacio público en la cual existan las pautas claras de las estrategias que deben ejecutarse en el tiempo y con las cuales deben accionar las futuras administraciones, pautas concertadas con los gremios y asociaciones de vendedores y con la población civil creando un imaginario de ciudad dinámica en el cual el espacio público sea realmente de todos como lo han realizado grandes ciudades en el mundo como Nueva York, Madrid o Paris.

*Como se explica en la sentencia de la Corte Constitucional T-772 de 2003, "la simple existencia de los diversos programas de reubicación y demás alternativas económicas, resulta insuficiente para solventar la situación de quienes deben dedicarse al comercio informal por la necesidad inaplazable de sobrevivir en medio de la crisis actual.

*Debe definirse en forma clara la política del Vendedor Informal. Con esa finalidad hay que adoptar unas reglas de juego conocidas y aceptadas por todos los ciudadanos, como expresión de la concertación que se ha propiciado;

*Hay que reconocer el drama social que se teja alrededor de la informalidad para asumir con responsabilidad sus soluciones. Seguir e iniciar procesos de formalización, organización cooperativa, y gremial, que les permitan acceder a la seguridad social y demás garantías constitucionales;

*La problemática del vendedor ambulante y estacionario comprende aspectos políticos, sociales, económicos y culturales cuya solución exige el esfuerzo mancomunado de entidades públicas y privadas de nivel nacional y territorial para diseñar e implementar, de manera concertada, soluciones que tengan en cuenta las características y capacidades de la población objetivo.

*Más que un diagnostico se requieren acciones concretas acompañadas de recursos;

*Los Vendedores Ambulantes pueden ser auxiliares cívicos para la ciudad.

*Se necesita la reglamentación urgente alrededor del Plan Maestro de Espacio Público y su armonización con una Política Pública del vendedor Informal.

*Nos encontramos nuevamente ante el conflicto de que es más importante un espacio público para el peatón y la belleza paisajística versus la pobreza y la miseria ó un espacio público planificado y que de contraprestación a la ciudad con bogotanos trabajando organizadamente en ella y aportando a la economía nacional.

*La Constitución Política determina el derecho al trabajo y el derecho al espacio público, con base en ello la Corte Constitucional ha ordenado mediante la Sentencia T772 la armonización de los derechos privilegiando la necesidad de brindar opciones y alternativas a la persona. De allí se expiden los decretos 462 de 2003 "Por el cual se dictan los procedimientos para la preservación y recuperación del espacio público construido en el Distrito Capital", el 463 de 2003 "Por el cual se reglamenta la administración, el mantenimiento y el aprovechamiento económico del espacio público construido y sus usos temporales en Bogotá, D.C." y por último el decreto 098 de 2004 "Por el cual se dictan disposiciones en relación con la preservación del espacio Público y armonización con los derechos de los vendedores informales que lo ocupan".

*Los vendedores informales organizados se encuentran en muchos casos inconformes por las bajas ventas que han obtenido y por la participación de personas que no pertenecen al sector pero se han aprovechado de los programas de la Administración, por lo cual piden que exista un control sobre el censo de vendedores que posee el Instituto para la Economía Social –IPES.

Articulo 1º. En concordancia con la sentencia T. 772 de 2003, el gobierno distrital, adelantará acciones a favor de los vendedores informales en sus diferentes clasificaciones acorde al Decreto Distrital 098 de 2004, a través una política pública, con la cual se mantenga en el tiempo las condiciones de favorabilidad, reubicación y oportunidades laborales.

Articulo 2º. En los procesos de contratos de administración, mantenimiento y aprovechamiento del espacio publico, se realizará la distribución de esté, entre los inscritos en la base de datos de vendedores informales de la ciudad, que posee el Instituto para la Economía Social.

Articulo 3º. Las Entidades Distritales y los grupos de vendedores informales tendrán como objetivos:

1. Procurar la inserción de la población objeto en el sector real de la economía.

2. Democratizar los permisos y licencias que se den en el espacio público de Bogotá DC.

3. Apoyar a la población objetivo de este Acuerdo en sus gestiones ante otros sectores y entidades, que puedan ofrecerles alternativas de capacitación, formación empresarial y mejores ingresos.

4. Eliminar el analfabetismo, la deserción escolar y la desprotección de niños y jóvenes que viven de la venta informal.

5. Constituir y apoyar la conformación de organizaciones representativas de los intereses de la población objetivo de este Acuerdo y dar su legitima representación democrática ante las Entidades del Distrito.

Articulo 4º. El gobierno Distrital reglamentara el presente Acuerdo y diseñara la Política Pública.

Articulo 5º. El presente Acuerdo rige a partir de su publicación.