RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

Debido a los problemas de inseguridad y violencia que se han venido presentando en la red de bibliotecas y en los establecimientos educativos, tanto de colegios públicos como privados, como consecuencia del ingreso de armas de fuego y armas blancas, que han ocasionado muertes tanto a estudiantes como a profesores, atracos y lesiones por pandillas que se vienen creando en esos planteles, se hace indispensable la instalación de detectores de metales y la implementación de herramientas tecnológicas y especializadas que coadyuven a la fuerza pública a garantizar la seguridad de la ciudadanía usuaria de estos establecimientos.

La instalación de las mencionadas herramientas tecnológicas buscan detectar la presencia de cualquier tipo de armas que atenten contra la integridad y la vida de los ciudadanos usuarios de estos servicios y se ubicarían al ingreso de los Colegios y de las Bibliotecas que están a cargo de la Secretaria de Educación, con el fin de combatir estos hechos y brindar seguridad tanto a los docentes, directivos, ciudadanos como a los alumnos en los Planteles Educativos del Distrito Capital.

La Policía de Menores, según lo dijo el Teniente Alexander García sub comandante de la misma, a la emisora Radio Santa fe, inició una serie de operativos en los colegios de Bogotá para evitar el porte de armas entre los estudiantes, como respuesta a la petición realizada por algunos padres y directivos. En la primera inspección realizada en febrero del 2007 a un colegio de San Cristóbal se encontraron 7 armas blancas y 2 objetos corto punzantes¹.

Viene a colación el caso del rector Jaime Rojas, del Colegio Distrital de Naciones Unidas, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, "asesinado por estudiantes, del plantel, con armas blancas" en la oficina que ocupaba en la institución el pasado 20 de abril de 2007. Al respecto el Gerente del Cadel de Ciudad Bolívar, Ricardo Almanza, dijo: "es la primera vez en 30 años que se presenta un caso de esta índole en los Colegios de la Ciudad y considero que es muy preocupante que la violencia estudiantil esté llegando a esos extremos". Los jóvenes implicados estarían entre los 16 y 18 años de edad, según datos que en ese momento entregó la Unidad de Reacción Inmediata².

Los mencionados anteriormente tan sólo son algunos de los varios casos reportados, lo cual respalda la urgente necesidad de tomar medidas que realmente sean eficientes a la hora de controlar el ingreso a instituciones de orden educativas públicas y privadas de armas de cualquier tipo.

La presencia de armas en los colegios es algo que va en aumento, y aunque no siempre son portadas con un fin violento, únicamente la presencia de las mismas genera un gran riesgo. Tal como el caso ocurrido el 17 de abril del año pasado en el Colegio Don Bosco, en donde un disparo interrumpió la clase de matemáticas y un alumno fue herido; al investigar, el estudiante le había hurtado una pistola calibre 44 a su padre y pretendía venderla en el colegio, "Lo estaba probando cuando se le disparó³".

Actos como el mencionado en el párrafo anterior, son objeto del Derecho Penal y por tanto, al tratarse de una conducta punible, deber ser penalizado.

Así mismo, en el Colegio Distrital Camilo Torres, a finales del año pasado, por motivos de amenazas a los profesores por parte de los alumnos, se hizo una requisa que alarmó por el número de armas incautadas, según informó el diario "El Tiempo", esta requisa permitió saber que al interior funcionaban bandas que atracan y agreden a sus compañeros, al igual que amenazan a profesores cuando "los califican mal"⁴.

Un caso no menos asombroso, ocurrió en agosto del 2007 en el colegio Villa Dindalito en el sur occidente de Bogotá, cuando un joven de 16 años asesinó a otro de 12 años a tiros a la salida del colegio, días después "los de la limpieza" llamados así en el barrio mataron al de 16 años. Pero la historia continua a la semana siguiente y en la puerta del plantel educativo un joven líder juvenil recibió un tiro a quemarropa que le inhabilito una de sus manos y lo obligó a retirarse de la institución. Según fuente de la Policía este ataque fue una retaliación por haber reprendido a un compañero, amigo, que dañó un pupitre⁵.

En el seminario "Violencia en los Colegios" el Secretario de Educación de Bogotá, Francisco Cajiao, señaló que "los niños que generan violencia en los Colegio del Distrito son básicamente menores involucrados con organizaciones delincuenciales" esta información esta complementada con datos de la Secretaria de Gobierno de Bogotá, según los cuales el 54% de los delincuentes de la ciudad, inician su actividad delincuencial entre los 11 y los 15 años de edad. Las cifras resultan escalofriantes si se tiene en cuenta, que según la misma entidad, el 10% de la delincuencia bogotana inicia su "carrera" entre los 6 y los 11 años, cuando deberían estar en la escuela primaria. Pero esta violencia sólo es visible para el resto de la ciudad cuando ocurren casos como los mencionados anteriormente.⁶

Es tal la necesidad de la instalación de los detectores de metales, que en escuelas británicas, después de que varios adolescentes perdieran la vida el año pasado a raíz de incidentes con cuchillos, han implementado el registro corporal de los alumnos para detectar armas blancas, como medida por los actos violentos ocurridos. Esta disposición obedece a la Ley Contra la Reducción del Delito Violento, con la que el Gobierno de Londres pretende proteger a escolares de una posible agresión. Esta acción ha sido implementada por maestros y personal de seguridad, pero aunque se han reducido las agresiones, no han cesado⁷, lo cual indica que un registro corporal no es suficiente para prevenir y proporcionar seguridad a los alumnos, profesores y ciudadanos.

Instalar detectores de metales al ingreso de la Red de Bibliotecas de la ciudad y de los establecimientos educativos públicos que están a cargo de la Secretaria de Educación, con el fin de evitar hechos violentos detectando la presencia de cualquier tipo de armas y de material explosivo que atenten contra la integridad y la vida de los mismos.

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 2 establece: "Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares". Negrilla y Subrayado fuera de texto.

Igualmente nuestra Carta Magna determina en su artículo 11 "El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte." El derecho a la vida "como supremo derecho fundamental, es el soporte sobre el cual se desarrollan los demás derechos y su efectiva protección corresponde a la plena vigencia de los fines del Estado Social de Derecho…. Es obligación prioritaria de las autoridades la de proteger a todas las personas residentes en Colombia en sus vidas y en sus demás derechos, entre ellos el de la integridad personal, tal como lo reclama el artículo 2º de la Constitución. Allí radica en gran parte la justificación de la existencia y actividad del Estado, por cuanto sería nulo todo esfuerzo por sostener la vigencia de un conjunto de instituciones sin el presupuesto indispensable de que los organismos existentes gozan de la capacidad necesaria para poner a salvo los más elementales derechos de toda persona. Así, en lo que concierne específicamente al derecho a la vida, de nada sirve todo un complejo normativo y orgánico de altísimo costo si no existen cuando menos motivos razonables y dignos de crédito para pensar que el engranaje institucional operará de modo oportuno para brindar a los asociados un mínimo de protección."⁸ Negrilla y Subrayado fuera de texto.

En este sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional, así: "Derecho a la vida y a la seguridad social. La salud y la integridad física son objetos jurídicos identificables, derivados de la vida humana que los abarca de manera directa. Por ello, cuando se habla del derecho a la vida se comprende necesariamente los derechos a la salud e integridad física, porque lo que se predica del género cobija a cada una de las especies que lo integran. No solamente el Estado es responsable de proteger la vida a los asociados, sino que el derecho a la vida como todos los derechos fundamentales es también responsabilidad constitucional de los particulares. La protección a la persona humana se concreta frente a los actos u omisiones del Estado como de los particulares."⁹

Igualmente nuestra Carta Magna en su artículo 44 establece que "Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado, el amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia… Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás." (Subrayado y negrilla fuera de texto). En igual sentido el artículo 45 de la carta política determina, "…El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral…"

En concordancia con lo anterior, la Ley 1098 de 2006 "Código de la Infancia y la Adolescencia", en su artículo 7define la protección integral de los niños, niñas y adolescentes como "el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración (...)La protección integral se materializa en el conjunto de políticas, planes, programas y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal con la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y humanos." (Subrayado y negrilla fuera de texto).

La mencionada ley en su artículo 18 establece el derecho a la integridad personal así: Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra todas las acciones o conductas que causen muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. En especial, tienen derecho a la protección contra el maltrato y los abusos de toda índole por parte de sus padres, de sus representantes legales, de las personas responsables de su cuidado y de los miembros de su grupo familiar, escolar y comunitario." (Subrayado y negrilla fuera de texto)

De igual forma el artículo 43 de la ley en mención determina la obligación ética fundamental de los establecimientos educativos para lo cual establece que "Las instituciones de educación primaria y secundaria, públicas y privadas, tendrán la obligación fundamental de garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la convivencia escolar. Para tal efecto, deberán:

2. Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de maltrato, agresión física o sicológica, humillación, discriminación o burla de parte de los demás compañeros y de los profesores.

3.… Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de carácter disuasivo, correctivo y reeducativo para impedir la agresión física…." (Subrayado y negrilla fuera de texto)

De otra parte, El Código de Policía en su artículo 149 referente al Registro de Personas, determina: "Los miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá D.C. podrán efectuar el registro de las personas y de sus pertenencias en los siguientes casos: … 3. Para prevenir la comisión de una conducta punible o contraria a la convivencia;". En este mismo sentido, el artículo 177 del código determina la competencia de los Inspectores de Policía para realizar el decomiso de los elementos utilizados por una persona para incurrir en un comportamiento contrario a la convivencia, en casos como: "1. Elementos tales como puñales, cachiporras, manoplas, caucheras, ganzúas y otros similares;" Negrilla y Subrayado fuera de texto.

Según el artículo 49 de la Constitución Política, corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.

Conforme lo establece el artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, corresponde al Concejo Distrital…"1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y eficiente prestación de los servicio a cargo del Distrito."

De acuerdo a la ley 819 de 2003-Articulo 7 "ANALISIS DEL IMPACTO FISCAL DE LAS NORMAS".En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, debera hacerse explicito y deberá ser compatible con el marco fiscal de mediano plazo."Los proyectos de ley de iniciativa gubernamental, que plantee un gasto adicional o una reducción de ingresos, deberán contener la correspondiente fuente sustitutiva por disminución de gastos o aumento de ingresos, lo cual deberá ser analizada y aprobada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

El impacto fiscal del Proyecto de Acuerdo no genera desequilibrio fiscal en el sentido que las inversiones que representa el presente proyecto están contempladas dentro del presupuesto del sector educativo del Distrito Capital para su seguridad. En virtud de lo anterior no se hace necesario implementar modificaciones en el presupuesto de ingresos, ni de gastos del Distrito Capital.

Este Proyecto de Acuerdo fue presentado el pasado 5 de febrero de 2008, radicado con el número 007 de 2008 "por medio del cual se establece la obligatoriedad de la instalación de detectores de metales en los colegios públicos y en la red de bibliotecas del distrito" y no alcanzó a agendarse para los correspondientes debates durante el primer período de sesiones ordinarias.

El 25 de febrero de 2008, el Honorable Concejal Ponente Dr. Fernando Lopez Gutierrez, rindió PONENCIA POSITIVA, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones, que me permito transcribir a continuación:

Parágrafo Primero: En el evento que sea necesario realizar una requisa a las personas, o se requiera la incautación de los elementos anteriormente mencionados, éstas, serán realizadas por las autoridades de Policía competentes.

Parágrafo Segundo: En el evento que se requiera la requisa a un menor de edad, o la incautación de algunos de los elementos mencionados en el articulo primero del presente Acuerdo, estos procedimientos, sólo podrán ser ejecutados por la Policía de menores de conformidad con los establecido en la normatividad vigente.

ARTÍCULO TERCERO. Medidas Correctivas. Las medidas correctivas, se regirán conforme a lo consagrado en el Código de Policía de Bogotá. La imposición, aplicación y seguimiento, deberán comunicarse según el caso, a sus representantes legales, y en su defecto, a la Comisaría de Familia, o al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - I.C.B.F. -, toda vez que garantizarán el control para prevenir, y proporcionar seguridad a los alumnos, profesores y en general a toda la comunidad educativa.

ARTÍCULO CUARTO. Responsables. La implementación y supervisión de las medidas preventivas que garanticen la integridad física de las personas que se encuentren al interior de los establecimientos descritos en este acuerdo, será responsabilidad de los Rectores de las IED, de los Coordinadores de Sub-sedes, de los Directores de Bibliotecas Mayores, de los Coordinadores de Bibliotecas Locales y de Barrios.

ARTÍCULO QUINTO. El no acatamiento de las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo, acarreará la imposición de medidas establecidas en el Código Penal y en el Código de Policía, por infringir los comportamientos que favorecen la seguridad de las personas y de las cosas.

ARTICULO SEXTO. La Administración Distrital reglamentará lo pertinente para el cumplimiento del presente Acuerdo.