RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

ARTÍCULO 7º. Establece que los municipios podrán crear entidades responsables de administrar, desarrollar, mantener y apoyar financieramente el espacio público, así como también podrán contratar con entidades privadas la administración, mantenimiento y aprovechamiento económico de los bienes de uso público.

De otro lado el Artículo 38º consagra que: "Las entidades públicas no podrán dar en comodato sus inmuebles sino únicamente a otras entidades públicas, sindicatos, cooperativas, asociaciones y fundaciones que no repartan utilidades entre sus asociados o fundadores ni adjudiquen sus activos en el momento de su liquidación a los mismos, juntas de acción comunal, fondos de empleados y las demás que puedan asimilarse a las anteriores, y por un término máximo de cinco (5) años, renovables."

d. Bienestar Social. Edificaciones y dotaciones destinadas al desarrollo y la promoción del bienestar social, con actividades de información, orientación y prestaciones de servicios a grupos sociales específicos, como familia, infancia, orfandad, tercera edad, discapacitados y grupos marginales. Agrupa, entre otros, los hogares para la tercera edad, los hogares de paso para habitantes de la calle, las casas vecinales, los salones comunales, los jardines comunitarios, los centros de atención integral al menor en alto riesgo y los centros de desarrollo comunitario. (Negrilla fuera texto)

Las entidades del Distrito Capital a cuyo cargo estén las zonas recreativas de uso público y las zonas viales, podrán contratar o convenir con particulares la administración, el mantenimiento y el aprovechamiento económico de las zonas viales y recreativas de uso público, incluidas las zonas de estacionamientos y el equipamiento colectivo que hacen parte integrante de las cesiones obligatorias gratuitas al Distrito Capital, ajustándose a los mecanismos legales que se fijen para el caso. (La negrilla es nuestra)

Artículo  51. Integración del Sector Gobierno, Seguridad y Convivencia. El Sector Gobierno, Seguridad y Convivencia está integrado por la Secretaría Distrital de Gobierno, cabeza del Sector, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP, el cual dará soporte técnico al sector, la unidad administrativa especial sin personería jurídica del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y por las siguientes entidades adscritas:

Este proyecto de acuerdo tiene por objeto reglamentar la administración, el mantenimiento y el aprovechamiento de los salones comunales del Distrito Capital, construidos tanto en zonas de uso público como en bienes fiscales.

Adicionalmente, se pretende que estos equipamientos colectivos se destinen efectivamente al desarrollo y la promoción del bienestar social, de manera tal que permita el desarrollo de actividades culturales, sociales, recreativas, atención comunitaria, capacitación y formación, actividades que garantizarán a la comunidad la utilización integral de estas edificaciones o dotaciones.

Actualmente en la ciudad, según información suministrada por el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Publico¹, existen 1.019 salones comunales, de los cuales el tipo de predio en el que se encuentran construidos se clasifica de la siguiente forma: 628 en bienes de uso público, 34 en bienes fiscales, 117 en bienes privados (excluidos de este proyecto de acuerdo por su naturaleza jurídica) y 180 no han sido determinados; este número significativo de edificaciones y dotaciones construidas para el servicio de la comunidad requieren de una normatividad que asegure y viabilice la eficiente utilización de estos lugares.

En este momento, de acuerdo con la información suministrada por la citada entidad², el Distrito Capital tiene suscritos solamente 37 contratos de administración, mantenimiento y aprovechamiento económico del espacio público sobre 902 salones comunales públicos reportados por la administración.

Así pues, la mayoría de salones comunales no están siendo utilizados o presentan un bajo nivel de aprovechamiento, en muchos casos por la inexistencia de una reglamentación que determine los usos autorizados, lo cual ha llevado a que las personas encargadas de su manejo, que en gran parte son integrantes de las juntas de acción comunal del barrio, desconozcan qué actividades pueden realizar en ellos.

Además, ante el temor de denuncias por aprovechamiento indebido de bienes de uso público, prefieren abstenerse de habilitar los espacios para que la comunidad pueda adelantar actividades que representan la obtención de un servicio a bajo costo, contando con el espacio adecuado para la materialización del mismo.

Teniendo en cuenta que el artículo 233 del Decreto 190 de 2004, que corresponde a la compilación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), clasifica los salones comunales como un equipamiento colectivo de Bienestar Social, que deben estar destinados al desarrollo y la promoción del bienestar social, con actividades de información, orientación y prestación de servicios a grupos sociales específicos, como familia, infancia, orfandad, tercera edad, discapacitados y grupos marginales, por ello se busca reglamentar todas las actividades que estén dirigidas -con el objeto planteado en el POT- a los citados grupos, con el propósito de clarificar y especificar los usos, de tal forma que la comunidad tenga plena claridad sobre los servicios en que se pueden aprovechar estos espacios y así derivar una mayor rentabilidad social de las inversiones realizadas en ellos.

Es importante destacar que la reglamentación que se considera en el presente proyecto de acuerdo, no restringe su utilización a las actividades señaladas anteriormente, por el contrario incluye otras adicionales como culturales, sociales, recreativas, de capacitación y atención comunitaria, ampliando las posibilidades de aprovechamiento de estos equipamientos.

Se propone la especificación de grupos organizados de ciudadanos como asociaciones de profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales y las demás que puedan asimilarse a estas, como posibles otros responsables del manejo y administración de los salones comunales.

Lo anterior con el propósito de habilitar a estos grupos organizados de ciudadanos para entrar a cumplir las funciones que hasta la fecha han venido asumiendo solamente las juntas de acción comunal, sin querer estipular que estas no puedan continuar con esta labor, pues de hecho se asume que corresponden a organizaciones de utilidad común.

Se requiere esta reglamentación, porque en muchos casos en donde las juntas de acción comunal no se logran organizar o no asumen la responsabilidad de darle una eficiente administración al salón comunal de su barrio, se demanda una alternativa para encontrar otra organización de la comunidad que esté dispuesta a asumir la administración del mismo y por ende posibilitar su aprovechamiento por parte de los habitantes del sector o del barrio.

En este orden de ideas, nos encontramos frente a la administración de unos espacios públicos, cuyos ingresos por su aprovechamiento económico también deben ser considerados dineros públicos (lo accesorio sigue la suerte de lo principal), por consiguiente es obligatorio que la administración distrital regule estos ingresos y ponga en cintura a todos los administradores de los salones comunales que se encuentran construidos o que se construyan en espacio público o en bienes fiscales, en caso contrario se estaría adoptando una conducta omisiva de cara a un aprovechamiento económico ilegal por terceros.

Así pues, estas organizaciones deberán suscribir contratos de administración, mantenimiento y aprovechamiento económico, con la el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Publico, entidad que deberá garantizar un proceso de selección objetiva, sin perjuicio de la Ley 80 de 1993 y sus Decretos Reglamentarios.

De otro lado, la Administración Distrital, a través del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, mediante oficio No. 2008EE2454 del 03-03-2008, destaca la bondad e importancia de los contratos de administración, mantenimiento y aprovechamiento económico del espacio público, así:

b. Recuperación de las zonas de cesión objeto de aprovechamiento económico ilegal por terceros. (Negrilla fuera de texto)

"Por ello, uno de los aspectos más destacados de este programa ha sido su capacidad de optimizar los recursos con los que cuentan los diferentes actores sociales y los que generan con ocasión del aprovechamiento económico de las zonas de espacio público entregadas en administración, los cuales son reinvertidos por las organizaciones contratistas en el mantenimiento y la sostenibilidad física de las áreas." (Negrilla fuera de texto)

El control social o ciudadano que obra en relación con la mencionada modalidad contractual, dispuesto por el &$Artículo 66 de la Ley 80 de 1993, que consagra en relación con los contratos de la administración pública, que las entidades u organismos estatales contratantes estarán sujetos a la vigilancia y control ciudadano a través de las asociaciones cívicas, comunitarias, de profesionales, benéficas o de utilidad común.

Además de lo anterior, conviene resaltar que también se impone la obligación de las autoridades para brindar especial apoyo y colaboración a las personas y asociaciones que emprendan campañas de control y vigilancia de la gestión pública contractual.

A su vez, el inciso del Artículo 5º del Decreto-Ley 1421 de 1993, contempla la posibilidad de que la ciudadanía y la comunidad organizada cumplan funciones de control y vigilancia en ejercicio de las atribuciones y competencias asignadas a las diversas autoridades públicas.

En este mismo sentido, el Artículo 6º del citado Estatuto Orgánico de Bogotá, establece que las autoridades distritales promoverán la organización de los habitantes y de las comunidades del Distrito y estimularán la creación de las asociaciones profesionales, culturales, cívicas, populares, comunitarias y juveniles que sirvan de mecanismo de representación en las distintas instancias de participación, concertación y vigilancia de la gestión distrital y local.

Es de anotar igualmente, que la Ley 850 del 18 de noviembre de 2003, reglamenta y desarrolla el aspecto normativo y legal para la creación, funcionamiento, procedimiento, objetivos, principios, instrumentos de acción, derechos y deberes de las veedurías ciudadanas, entre otros.

De esta manera se entiende por Veeduría Ciudadana el mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público.

Acorde con el mencionado ordenamiento legal, se tiene el Artículo 473 del Decreto Distrital 190 de 2004, que contempla la posibilidad para que las organizaciones cívicas debidamente reconocidas a nivel de agrupaciones o barrios, ejerzan acciones de veeduría ciudadana, de manera que se garantice el respeto y acatamiento a las disposiciones de orden territorial local que rigen en el respectivo sector.

En conclusión, la normatividad citada habilita a las diferentes veedurías ciudadanas y grupos sociales organizados de la comunidad para que ejerzan la vigilancia y control sobre los contratos de administración, mantenimiento y aprovechamiento económico del espacio público.

De otro lado, la administración debe estimular, fortalecer, formar y capacitar a estas organizaciones para que ejerzan el control social a la administración de los salones comunales por parte de los particulares (que hayan suscrito contrato) y respecto del funcionamiento de la administración pública.

La Constitución Política en el artículo 1º establece que Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales. Adicionalmente, el numeral 7 del Artículo.

Por otra parte, el artículo 287 ibídem señala que las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y la ley.

Para la Corte Constitucional³ la autonomía de las entidades territoriales se refiere a un poder de dirección política que tiene cada comunidad local, que se materializa en un poder de dirección administrativa "que presenta como principal objetivo la gestión de sus propios y particulares intereses" lo que se traduce en el derecho que ellas tienen de regular sus propios y particulares intereses locales.

La presente iniciativa encuentra su base de competencias en los siguientes artículos del Decreto 1421 de 1993:

Según el Sistema de Presupuesto Distrital –PREDIS-, Secretaría de Hacienda, Dirección Distrital de Presupuesto, la Entidad 127 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO –DADEP-, entre otros, en el EJE URBANO REGIONAL Código 3-3-1-12-02 cuenta con una apropiación de $4.811.218.000.oo y en el Código 3-3-7-12-02 cuenta con una apropiación de $2.278.406.349.13.

Así las cosas, el presente proyecto de acuerdo no genera un impacto fiscal para la administración, adicionalmente el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO –DADEP- dispone de los recursos necesarios para vigilar la administración de los salones comunales distritales.

Con base en lo expuesto anteriormente, y teniendo en cuenta la importancia que tiene la reglamentación de la administración, mantenimiento y aprovechamiento de los salones comunales del D.C., ponemos a disposición del Honorable Concejo de Bogotá la discusión y aprobación del presente Proyecto de Acuerdo.

Cordialmente,

ARTÍCULO PRIMERO: Los salones comunales construidos o que se construyan en zonas de cesión pública o en los bienes fiscales del Distrito Capital, son considerados como edificaciones y dotaciones destinadas al desarrollo y la promoción del bienestar social.

PARÁGRAFO: En los salones comunales descritos en este artículo se podrán desarrollar actividades culturales, sociales, recreativas, capacitación, formación y atención comunitaria.

ARTÍCULO SEGUNDO: Las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales y las demás que puedan asimilarse a las anteriores, que no repartan utilidades entre sus asociados o fundadores, ni adjudiquen sus activos en el momento de su liquidación a los mismos, podrán suscribir contratos de administración, mantenimiento y aprovechamiento económico del espacio público para garantizar la sostenibilidad de estas zonas.

PARÁGRAFO: En ningún caso estos salones comunales podrán ser entregados en administración, mantenimiento y aprovechamiento económico a entidades que persigan del uso del salón comunal un lucro para si mismos o para terceros.

ARTÍCULO TERCERO: Es obligatorio que los administradores de los salones comunales, relacionados en el Artículo Primero del presente acuerdo, suscriban contrato de administración, mantenimiento y aprovechamiento económico del espacio público con el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público o quien haga sus veces.

ARTÍCULO CUARTO: El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público o quien haga sus veces, diseñará, ajustará e implementará un programa que permita la selección, suscripción y seguimiento de los contratos de administración, mantenimiento y aprovechamiento económico del espacio público, sin perjuicio de la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios.

PARÁGRAFO: El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público o quién haga sus veces, establecerá el sistema y método de cobro para conceder el derecho al uso de estos salones comunales.

Se exceptúan del cobro establecido anteriormente, los eventos o actos culturales, deportivos o recreacionales que no se hagan con fines lucrativos o se realicen para fines benéficos.

ARTÍCULO QUINTO: El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público o quien haga sus veces, diseñará e implementará un mecanismo que garantice la participación ciudadana para el control social durante el proceso de selección y ejecución de los contratos de administración, mantenimiento y aprovechamiento económico, con el apoyo y colaboración de las entidades distritales.

ARTÍCULO SEXTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.