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  Sentencia SU-1010 de 2008 Corte Constitucional
 
  Fecha de Expedición: 16/10/2008  
  Fecha de Entrada en Vigencia:  
  Medio de Publicación: Gaceta de la Corte Constitucional  


 
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SENTENCIA SU-1010/08

Sala Plena

Referencia: Expedientes T-1.410.120,

T-1.540.637, T-1.541.417, T-1.541.805, T-1.546.704, T-1.546.830, T-1.548.002, T-1.550.439, T-1.550.854, T-1.553.717, T-1.557.174, T-1.559.660, T-1.570.640, T-1.572.628, T-1.572.853, T-1.573.598, T-1.573.600, T-1.573.681, T-1.573.787, T-1.574.070, T-1.574.078, T-1.574.079, T-1.575.094, T-1.575.659, T-1.579.196, T-1.618.168, T-1.619.105, T-1.619.182, T-1.621.210, T-1.621.497, T-1.621.898, T-1.621.963, T-1.622.627, T-1.622.802, T-1.622.835, T-1.622.894, T-1.623.944, T-1.624.749, T-1.625.827, T-1.631.213, T-1.632.319, T-1.632.544, T-1.635.364, T-1.639.727, T-1.639.736, T-1.828.809, T-1.828.810, T-1.828.811, T-1.836.549.

Peticionarios:

Armando Díazgranados Pretel y otros.

Entidades accionadas:

ELECTRICARIBE S.A., E.S.P. y otras.

Magistrado Ponente:

Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL

Bogotá, D.C., dieseis (16) de octubre de dos mil ocho (2008)

LA SALA PLENA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL,

en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente,

SENTENCIA

en el proceso de revisión de los fallos adoptados por los respectivos juzgados de instancia, dentro de los asuntos de la referencia.

I. ANTECEDENTES

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala Octava de Selección de la Corte Constitucional, mediante Auto del treinta y uno (31) de agosto de dos mil seis (2006), resolvió seleccionar para revisión el proceso de tutela T-1.410.120 y repartirlo a la Sala Quinta de Revisión.

En cuanto el tema planteado en dicha acción, relacionado con la facultad sancionatoria de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, no había recibido un tratamiento uniforme por las distintas Salas de Revisión de la Corte Constitucional que decidieron casos similares, la Sala Quinta de Revisión puso el asunto a disposición de la Sala Plena para que fuera decidido mediante sentencia de unificación de jurisprudencia.

En sesión celebrada el día veintidós (22) de noviembre de dos mil seis (2006), la Sala Plena decidió asumir el conocimiento de dicho expediente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 54 A del Acuerdo 05 de 19921. De igual manera, dispuso que todos los asuntos de tutela relacionados con el mismo tema fueran acumulados por las distintas Salas de Selección al expediente T-1.410.120, ordenando la suspensión de términos hasta que la Sala Plena adoptara la decisión de unificación.

1. Delimitación temática del presente pronunciamiento

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución Política, la revisión que le corresponde efectuar a la Corte Constitucional sobre los fallos de tutela, tiene carácter eventual y cumple con el fin primordial de delimitar el alcance de los derechos fundamentales. Por tal razón, esta Corporación ha señalado que es posible que la Corte limite o circunscriba el estudio de las sentencias objeto de revisión, a determinados temas de interés, con el fin de unificar la jurisprudencia constitucional en torno al alcance de los derechos fundamentales, sin que ello implique dejar de lado el deber de protección de tales derechos en el caso concreto.

Al respecto ha establecido esta Corporación que en el trámite de revisión de los fallos de tutela, la Corte Constitucional "no tiene el deber de estudiar en detalle todos los aspectos y puntos planteados por el actor en su solicitud (…), pues no constituye una tercera instancia en la resolución de esta clase de controversias. En efecto, si una función básica de la revisión es unificar la doctrina constitucional sobre los derechos fundamentales, y si la Corte tiene la potestad discrecional de seleccionar qué casos merecen revisión para tal efecto, entonces es claro que la Corte goza también de una razonable discrecionalidad para delimitar los temas que en el caso concreto ameritan un examen en sede de revisión."2

La posibilidad de delimitar el tema a ser debatido en las sentencias de revisión, como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional, puede hacerse de dos formas: (i) a través de referencia expresa en la sentencia, cuando en ella se circunscribe claramente el objeto de estudio, o (ii) de manera tácita, cuando en el cuerpo de la sentencia se abstiene de pronunciarse en relación con algunos aspectos que no tienen relevancia constitucional.

En el presente asunto y en ejercicio de la facultad en mención, la Sala Plena de esta Corporación limitará el estudio de los casos objeto de revisión al tema de la facultad de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios para imponer sanciones de contenido pecuniario, no solo por cuanto éste constituye el debate central en torno al cual giran todas las acciones de tutela acumuladas, sino además, porque la razón que llevó al Pleno de la Corte a asumir el conocimiento de tales procesos, fue la necesidad de consolidar la jurisprudencia constitucional en torno a ese tema.

En consecuencia, la exposición que a continuación se efectúa de los hechos de las demandas de tutela, de las intervenciones de las empresas de servicios públicos accionadas, y de los pronunciamientos de los jueces de instancia, se limitará al asunto atrás señalado.

2. Identificación de los asuntos objeto de revisión

En cumplimiento a lo dispuesto por la Sala Plena de la Corte Constitucional, cuarenta y ocho (48) expedientes fueron acumulados al proceso de tutela T-1.410.120.

El número de radicación de las acciones de tutela que fueron acumuladas por las distintas Salas de Selección, el nombre de los peticionarios y la identificación de los demandados se presentan a continuación:

 

Expediente

Demandante

Demandado

1

T-1.410.120

Armando Diazgranados Pretel.

Electrificadora del Caribe, Electricaribe S.A., E.S.P.

2

T-1.540.637

Armando Nel Pachón Cañón.

Gas Natural S.A.

3

T-1.541.417

Everardo Aragón Jaramillo.

Electrificadora del Meta S.A., E.S.P. (EMSA)

4

T-1.541.805

Rafael González.

Electrificadora del Caribe, Electricaribe S.A., E.S.P.

5

T-1.546.704

Martha Lucía Durán, actuando como agente oficiosa de su madre, Licelia Varón de Durán.

Compañía Energética del Tolima, Enertolima S.A., E.S.P.

6

T-1.546.830

Luís Arturo Méndez Ortiz, actuando como agente oficioso de su madre, Lelia Ortiz de Méndez.

Codensa S.A., E.S.P.

7

T-1.548.002

Fanny Rodríguez Álvarez.

Electrificadora de la Costa Atlántica, Electrocosta S.A., E.S.P.

8

T-1.550.439

Rosa Lilia Vargas de Cárdenas.

Compañía Energética del Tolima, Enertolima S.A., E.S.P.

9

T-1.550.854

Sandra María Casabuenas Pinzón.

Compañía Energética del Tolima, Enertolima S.A., E.S.P.

10

T-1.553.717

Toribia Cueto Ospino.

Electrificadora del Caribe, Electricaribe S.A., E.S.P.

11

T-1.557.174

José Edgar Rengifo Acosta.

Compañía Energética del Tolima, Enertolima S.A., E.S.P.

12

T-1.559.660

William Ramiro Barragán Molina.

Compañía Energética del Tolima, Enertolima S.A., E.S.P.

13

T-1.570.640

María Ortiz de Oyola.

Compañía Energética del Tolima, Enertolima S.A., E.S.P.

14

T-1.572.628

Álvaro Casas Murcia.

Codensa S.A., E.S.P.

15

T-1.572.853

Orlando Vives Campo, representante legal de la sociedad ORLANDESCA S.A.

Electrificadora del Caribe, Electricaribe S.A., E.S.P.

16

T-1.573.598

Enrique Otero Ramírez.

Gases del Caribe S.A. E.S.P.

17

T-1.573.600

Darly Beatriz González.

Electrificadora del Caribe, Electricaribe S.A., E.S.P.

18

T-1.573.681

Rosa María Echavarría Usura.

Etaservicios S.A. E.S.P.

19

T-1.573.787

Sara Coavas Gómez.

Electrificadora de la Costa Atlántica, Electrocosta S.A., E.S.P.

20

T-1.574.070

Gustavo Adolfo Hernández Araque.

Electrificadora del Caribe, Electricaribe S.A., E.S.P.

21

T-1.574.078

Eduardo Noriega Herrera.

Electrificadora del Caribe, Electricaribe S.A., E.S.P.

22

T-1.574.079

Miguel Salas.

Electrificadora del Caribe, Electricaribe S.A., E.S.P.

23

T-1.575.094

Edgar Penagos Berrio.

Electrificadora del Caribe, Electricaribe S.A., E.S.P.

24

T-1.575.659

Álvaro Osma Rodríguez.

Electrificadora del Caribe, Electricaribe S.A., E.S.P. y Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

25

T-1.579.196

Arístides Bello Castellanos.

Electrificadora del Meta S.A., E.S.P. (EMSA)

26

T-1.618.168

Cenayda Medina Arias.

Electrificadora del Tolima S.A., E.S.P. en liquidación. (Electrolima S.A., E.S.P.) y Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

27

T-1.619.105

Oscar Marín Rodríguez.

Electrificadora del Caribe, Electricaribe S.A., E.S.P.

28

T-1.619.182

Jaime Trujillo Cortes.

Compañía Energética del Tolima, Enertolima S.A., E.S.P.

29

T-1.621.210

Ricardo Vergara Sánchez.

Codensa S.A., E.S.P.

30

T-1.621.497

Alba Marina Palma.

Compañía Energética del Tolima, Enertolima S.A., E.S.P.

31

T-1.621.898

Amilcar Rafael Carrillo Baquero.

Empresa de servicios públicos de Valledupar, Emdupar S.A., E.S.P.

32

T-1.621.963

Adiela Esther Hinojosa.

Electrificadora del Caribe, Electricaribe S.A., E.S.P.

33

T-1.622.627

Pedro David Lizarazo Rubio.

Electrificadora del Caribe, Electricaribe S.A., E.S.P.

34

T-1.622.802

Marino Montes Bravo.

Electrificadora de la Costa Atlántica, Electrocosta S.A., E.S.P.

35

T-1.622.835

Yudit del Carmen Ortiz García.

Electrificadora de la Costa Atlántica, Electrocosta S.A., E.S.P.

36

T-1.622.894

Hernando Devia.

Compañía Energética del Tolima, Enertolima S.A., E.S.P.

37

T-1.623.944

José Angel Serna Arriaga.

Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A., E.S.P.

38

T-1.624.749

Luis Hernández Guillén.

Codensa S.A., E.S.P.

39

T-1.625.827

Martha Giraldo Orjuela.

Empresas Municipales de Cali, EMCALI E.I.C.E., E.S.P.

40

T-1.631.213

Leopoldo Villadiego Cantillo.

Electrificadora de la Costa Atlántica, Electrocosta S.A., E.S.P.

41

T-1.632.319

Rumualdo Turizo Galvis.

Electrificadora de la Costa Atlántica, Electrocosta S.A., E.S.P.

42

T-1.632.544

Stella Jaramillo de Martínez.

Electrificadora de Santander S.A., E.S.P.

43

T-1.635.364

Pedro Joaquín Martínez Naranjo.

Electrificadora de Santander S.A., E.S.P.

44

T-1.639.727

Ana Lucía Díaz Sarmiento.

Electrificadora del Caribe, Electricaribe S.A., E.S.P.

45

T-1.639.736

Jesús Emilio Vergara.

Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región S.A., E.S.P.

46

T-1.828.809

Rosa Isabel Terán de Castillo.

Empresa de servicios públicos de Valledupar, Emdupar S.A., E.S.P.

47

T-1.828.810

Lester Quintana.

Empresa de servicios públicos de Valledupar, Emdupar S.A., E.S.P.

48

T-1.828.811

Deudis Quintana.

Empresa de servicios públicos de Valledupar, Emdupar S.A., E.S.P.

49

T-1.836.549

Navis Alberto Oviedo.

Electrificadora del Caribe, Electricaribe S.A., E.S.P.

Debido a la gran cantidad de procesos de tutela que fueron acumulados al expediente T-1.410.120, la información relacionada con las autoridades judiciales que intervinieron en primera y en segunda instancia, junto con el sentido de las decisiones proferidas y la indicación de algunas observaciones particulares relevantes en cada caso, aparecen especificados en el cuadro que se anexa a esta sentencia, el cual hace parte integral de la misma.

3. Hechos relevantes. Relación temática de los expedientes acumulados

Como se señaló con anterioridad, la Sala Plena de la Corte Constitucional decidió asumir el conocimiento de estos procesos frente a la necesidad de consolidar la jurisprudencia constitucional en torno a la facultad que tienen las empresas de servicios públicos domiciliarios para imponer sanciones de contenido pecuniario a los usuarios del servicio.

Por esta razón, en todos los procesos de tutela sub exámine, salvo en cinco expedientes a los que se hará referencia con posterioridad3, se plantea una controversia entre usuarios de servicios públicos domiciliarios y determinadas empresas prestadoras de los mismos, como consecuencia del cobro de sumas de dinero que, según alegan los actores, corresponden a la imposición de una sanción pecuniaria por parte de las empresas accionadas.

En los asuntos objeto de revisión, las demandadas decidieron realizar unas inspecciones técnicas de los aparatos de medición de consumo de los servicios públicos domiciliarios que prestan, en los inmuebles de propiedad de los peticionarios o que se encuentran bajo su tenencia en calidad de arrendatarios.

Como consecuencia de lo encontrado en dichas revisiones, las empresas iniciaron procesos administrativos en contra de los usuarios del servicio, con el fin de determinar si éstos habían incurrido en un incumplimiento del contrato de condiciones uniformes. Dichos procesos terminaron con la expedición de Decisiones Empresariales en las que se impuso el pago de sumas de dinero a los usuarios.

Las razones por las cuales los accionantes estiman vulnerados sus derechos, se relacionan fundamentalmente con dos argumentos: en primer lugar, todos los demandantes sostienen que los cobros que les fueron imputados corresponden a la imposición de sanciones de contenido pecuniario, en ejercicio de una potestad que el legislador no le ha reconocido expresamente a las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, lo que constituye, en su sentir, una vulneración de su derecho fundamental al debido proceso; en segundo término, algunos accionantes afirman que durante el trámite del proceso administrativo, las empresas demandadas incurrieron en distintas irregularidades generadas por la inobservancia de los requisitos establecidos para este tipo de procesos, tanto en el contrato de condiciones uniformes como en diversos pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre el tema.

Teniendo en cuenta que, tal como ya se estableció, la presente providencia tiene por objeto unificar la jurisprudencia constitucional en torno a la facultad de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios para imponer sanciones de contenido pecuniario, y, en consecuencia, el pronunciamiento de la Corte se limitará a este asunto, a continuación se expondrán las razones en las que los accionantes fundamentan su posición en relación con este tema. Por su parte, en el cuadro anexo a la presente providencia se encuentran los argumentos aducidos por los actores en referencia a las supuestas irregularidades procesales en las que incurrieron las empresas accionadas.

De manera general, los accionantes afirman, con fundamento en algunas sentencias proferidas por la Corte Constitucional4, que las empresas de servicios públicos domiciliarios no tienen facultad legal para imponer sanciones de tipo pecuniario a sus usuarios.

En efecto, sostienen que no existe ninguna norma de carácter legal que las autorice para el ejercicio de dicha prerrogativa, lo que, a su juicio, resulta necesario como quiera que ésta constituye una manifestación del poder punitivo del Estado. Por tal razón, consideran que no es de recibo que las empresas pretendan fundamentar este tipo de actuaciones en las cláusulas del contrato de condiciones uniformes o en normas de carácter reglamentario.

Adicionalmente, estiman que el hecho de que no exista ninguna norma legal que habilite a las empresas de servicios públicos domiciliarios en tal sentido y que establezca los presupuestos mínimos para su ejercicio, implica que la determinación de las conductas a sancionar y el procedimiento a seguir en estos casos, quede al arbitrio de las empresas, lo que, en su criterio, constituye un abuso de posición dominante frente a los usuarios del servicio.

Por tal razón, consideran que las decisiones empresariales mediante las cuales se les han impuesto sanciones de contenido pecuniario, constituyen vías de hecho frente a las cuales la acción de tutela resulta procedente, en aras de proteger el derecho fundamental al debido proceso de los usuarios.

Finalmente, algunos peticionarios sostienen, además, que, de aceptar que las empresas de servicios públicos domiciliarios tienen facultad para imponer sanciones por el uso no autorizado o fraudulento del servicio, se estaría sometiendo a los usuarios a una doble sanción de contenido pecuniario: por un lado, la impuesta por la empresa y, por el otro, la multa establecida en el artículo 256 del Código Penal, el cual consagra el delito de defraudación de fluidos.

Cabe señalar que en los expedientes T-1.548.002, T-1.618.168 T-1.619.105 y T-1.632.544, los accionantes firmaron con las empresas de servicios públicos accionadas acuerdos de pago, en los tres primeros casos, y un contrato de transacción, en el último expediente referido, en relación con el valor de la sanción impuesta.

Por su parte, en los expedientes T-1.410.120, T-1.550.439, T-1.618.168 y T-1.619.182, las decisiones administrativas que se acusan de ser violatorias del derecho al debido proceso de los accionantes, fueron objeto de pronunciamiento por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Ahora bien, respecto de los expedientes T-1.621.898, T-1.828.809, T-1.828.810, T-1.828.811 y T-1.836.549, la Sala encuentra que la situación fáctica en ellos planteada difiere sustancialmente de la causa general de los casos objeto de estudio en esta providencia, esto es, del debate respecto de la facultad de las empresas de servicios públicos domiciliarios para la imposición de sanciones.

En efecto, a pesar de haber sido acumulados al expediente T-1.410.120, lo cierto es que el problema jurídico de estos procesos se relaciona, en realidad, con el cobro promedio que realizan las empresas de servicios públicos domiciliarios, en aquellos casos en los que no se ha instalado el medidor de consumo del servicio en los inmuebles.

Por tal razón, a continuación se presenta un resumen general de los argumentos expuestos por los accionantes en estos expedientes:

Los demandantes, quienes aducen ser usuarios de los servicios públicos domiciliarios que prestan las accionadas, sostienen que las empresas no han instalado los medidores de consumo en sus inmuebles, razón por la cual desde hace un largo tiempo las facturas de cobro del servicio se han expedido con fundamento en un promedio mensual que ha sido definido por las propias entidades. Según afirman, esta situación constituye un incumplimiento de la obligación que tienen las empresas de instalar los equipos de medición en un plazo máximo de seis (06) meses contados a partir de la instalación de la acometida.

Así las cosas, en su criterio, la conducta desplegada por las accionadas se enmarca dentro del supuesto establecido en el artículo 146 de la Ley 142 de 1994, según el cual la falta de medición del consumo, por acción u omisión de la empresa, le hará perder el derecho a recibir el precio. Por tal razón estiman que, independientemente de que se hayan realizado conexiones fraudulentas por parte de los usuarios, las entidades accionadas no pueden cobrar las facturas que adeudan, ya que el valor en ellas establecido corresponde a un estimado del consumo promedio y no a la medición real del servicio prestado5.

En relación con el expediente T-1.836.549, el usuario afirma, además, que el predio respecto del cual se está efectuando el cobro por parte de Electricaribe S.A., E.S.P., no cuenta con el servicio de energía eléctrica y que, actualmente, se encuentra deshabitado.

4. Pretensiones formuladas por los accionantes

4.1. Con fundamento en los hechos atrás relacionados, los demandantes solicitan que el juez constitucional disponga dejar sin efectos las decisiones empresariales mediante las cuales se les impuso el pago de unas sumas de dinero que, según afirman, se realizaron a título de sanción pecuniaria.

En relación con los expedientes T-1.575.659 y T-1.618.168, en los cuales se demanda tanto a las empresas prestadoras como a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el accionante del primero de ellos solicita que se le ordene a dicha autoridad que le dé trámite al recurso de apelación que interpuso en contra del acto administrativo sancionador; por su parte, la demandante del proceso referenciado con el número T-1.618.168, pretende que la decisión mediante la cual la Superintendencia confirmó el acto apelado, sea dejada sin efectos.

Por su parte, en el expediente T-1.572.853 el actor solicita a la autoridad judicial, además de dejar sin efectos las decisiones sancionatorias que ha expedido la entidad, la protección de su derecho de petición, como quiera que a pesar de haber requerido a la empresa para que le entregara copia de algunos documentos que hacen parte del trámite adelantado por la entidad, ésta no ha dado respuesta a su solicitud.

4.2. En relación con los expedientes T-1.621.898, T-1.828.809, T-1.828.810, T-1.828.811 y T-1.836.549, los demandantes solicitan que sean anuladas las facturas mediante las cuales las empresas accionadas pretenden efectuar el cobro del servicio prestado durante el tiempo que no se había instalado el medidor.

5. Respuesta de las entidades accionadas

5.1. Argumentos expuestos por las empresas de servicios públicos accionadas

Las empresas de servicios públicos domiciliarios demandadas solicitan que se denieguen las pretensiones de los accionantes, con fundamento en las siguientes consideraciones.

- En primer lugar, todas las empresas accionadas sostienen que ellas están facultadas para imponer sanciones de tipo pecuniario a los usuarios, frente al uso no autorizado o fraudulento del servicio respectivo.

A su juicio, dicha facultad encuentra sustento, de manera particular, en el artículo 142 de la Ley 142 de 1994, según el cual, cuando la entidad ha procedido a suspender o cortar el servicio por causas imputables al usuario, éste deberá eliminar la razón de la medida, pagar todos los gastos que genere la reconexión y "satisfacer las demás sanciones previstas (…)", de lo que se deriva que ellas sí tienen la facultad de imponer sanciones, dentro de las cuales se encuentran las de contenido pecuniario.

Las entidades accionadas sostienen, además, que dicha potestad se encuentra establecida en el Decreto 1303 de 1989. Respecto de esta norma, afirman que a pesar de la discusión que se ha presentado en torno a su vigencia, lo cierto es que, tal como lo sostuvo el Consejo de Estado en sentencia de ocho (8) de septiembre de dos mil cinco (2005)6, ésta no fue derogada por la Ley 142 de 1994, ya que se trata de una norma especial que no resulta contradictoria con los mandatos establecidos en el actual régimen de los servicios públicos domiciliarios.

Dicha prerrogativa, según afirman, ha sido avalada por algunas sentencias proferidas por la Corte Constitucional, particularmente la sentencia T-224 de 2006, y por diversos conceptos emanados de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

De esta manera, y frente a algunos pronunciamientos de la Corte Constitucional en donde se ha sostenido que las empresas de servicios públicos domiciliarios no tienen facultad legal para imponer sanciones pecuniarias, las accionadas afirman que éstos no pueden constituir el fundamento para determinar que ellas carecen de tal prerrogativa como quiera que, de una parte, su alcance es simplemente inter partes y, de otra, no existe un criterio unificado al interior de la Corporación.

Ahora bien, en el caso de las empresas que prestan los servicios de energía eléctrica y gas, las accionadas sostienen que la imposición de sanciones pecuniarias a los usuarios encuentra fundamento tanto en las normas atrás mencionadas, como en la Resolución 108 de 1997, expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG-, "por la cual se señalan criterios generales sobre protección de los derechos de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible por red física, en relación con la facturación, comercialización y demás asuntos relativos a la relación entre la empresa y el usuario, y se dictan otras disposiciones". En efecto, las accionadas aluden al contenido normativo del artículo 57 de la Resolución en cita, el cual establece que para proceder a la reconexión del servicio, el usuario deberá satisfacer las sanciones que, en estos eventos, se hayan establecido en el contrato de condiciones uniformes.

Pero, adicionalmente, las empresas accionadas aducen que aun cuando se concluyera que ellas carecen de facultad legal para imponer sanciones pecuniarias, la potestad de cobrar sumas de dinero a título de sanción se deriva legítimamente de los contratos de condiciones uniformes celebrados con los usuarios del servicio.

Así, afirman que la prestación de los servicios públicos domiciliarios no corresponde, esencialmente, al ejercicio de una función administrativa, ya que se trata de una actividad que es en parte estatutaria y en parte contractual. Así las cosas, sostienen que, si bien la relación existente en este tipo de contratos se encuentra regulada por la Ley 142 de 1994, también se sujeta a las normas de derecho privado, tal y como lo dispone el artículo 132 de la citada ley.

En este sentido, afirman que tanto en el Código de Comercio como en el Código Civil se encuentra establecida la posibilidad de pactar la imposición de cláusulas penales de contenido pecuniario frente al incumplimiento en el que incurra uno de los contratantes. En consecuencia, en el marco del contrato de condiciones uniformes es posible que los usuarios y las empresas prestadoras celebren este tipo de acuerdos, por lo que, en estos casos, no se trata en realidad del ejercicio de una función administrativa, sino de una facultad para imponer sanciones que tiene asidero en la órbita del derecho privado.

De esta manera, la suscripción del contrato por parte de los usuarios implica que ellos han aceptado la posibilidad de que las empresas inicien actuaciones administrativas para determinar el incumplimiento del contrato de servicios públicos domiciliarios y la procedencia del cobro de las sanciones que correspondan.

A pesar de las anteriores consideraciones, las empresas accionadas afirman que no hay lugar a debatir mediante el mecanismo de amparo constitucional si en efecto ellas se encuentran habilitadas o no para la imposición de sanciones, asunto que, a su juicio, debe ser definido por la jurisdicción contencioso administrativa.

- Por su parte, algunas de las empresas demandadas sostienen que los cobros que han efectuado no han sido a título de sanción, sino que se trata simplemente de la recuperación del servicio consumido y dejado de facturar, posibilidad que se encuentra legalmente establecida en los artículos 149 y 150 de la Ley 142 de 1994; respecto de dicha facultad, afirman, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido pacífica en torno a su reconocimiento.

- En torno a las supuestas irregularidades que los peticionarios manifiestan que se presentaron en los procedimientos adelantados por las empresas accionadas, todas coinciden en afirmar que en el desarrollo de dichos trámites no se incurrió en ningún tipo de actuación que comportara una violación del derecho al debido proceso de los afectados; por el contrario, sostienen que siempre se respetaron integralmente todas las garantías establecidas en la Constitución y en la ley a favor de los usuarios.

- Finalmente, las empresas accionadas sostienen que cualquier inconformidad de los afectados respecto de los cobros que ellas están efectuando, debe ser controvertida a través del ejercicio de los recursos de que disponen en la vía gubernativa y de las acciones judiciales ordinarias que se han previsto en el ordenamiento jurídico para el efecto. En este sentido, a su juicio, la acción de tutela no es procedente para definir los debates aquí planteados, por tratarse de asuntos de contenido netamente patrimonial.

- Ahora bien, frente a algunos casos particulares, las empresas expusieron los siguientes argumentos:

En relación con el expediente T-1.618.168, la Electrificadora del Tolima afirma que de producirse en sede de tutela una decisión adversa a sus intereses, ésta no podría cumplirse por cuanto dicha entidad se encuentra en proceso de liquidación, por orden de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. En este sentido, manifiesta, para satisfacer cualquier reclamación de contenido económico, el acreedor debió hacerse parte dentro del proceso liquidatorio desde el 17 de septiembre al 17 de octubre de 2003, termino que expiró y que por tanto no podría hacerse efectiva una orden de pago a la accionante.

Por su parte, EMCALI E.I.C.E. E.S.P., demandada en el proceso de tutela T-1.625.827, asevera que si bien la Corte Constitucional se ha pronunciado acerca de la potestad sancionatoria de las empresas de servicios públicos, en el sentido de indicar que éstas carecen de dicha facultad, este pronunciamiento se hizo respecto de las empresas de carácter privado, por lo que dichos fallos no tienen alcances frente al caso en concreto, como quiera que EMCALI deriva la facultad de imponer sanciones de su calidad de persona jurídica de derecho público.

- Expedientes T-1.621.898, T-1.828.809, T-1.828.810, T-1.828.811 y T-1.836.549:

En relación con estos expedientes, las empresas de servicios públicos domiciliarios accionadas, sostienen que el hecho de que los predios no cuenten con medidores no se debe a una causa atribuible a ellas, sino a la actuación desplegada por los accionantes, quienes han incumplido con sus obligaciones contractuales de manera reiterada.

Así, sostienen que la Ley 142 de 1994 establece que en caso de mora del usuario la empresa debe proceder a suspender el servicio, retirar el equipo de medición del inmueble y realizar todas las gestiones pertinentes para lograr la recuperación de la cartera. En aplicación de tal disposición y frente a la falta de pago por parte de los usuarios, las empresas han retirado los medidores de los predios y suspendido el servicio; sin embargo, éstos han efectuado reconexiones directas del mismo, lo que las ha obligado a realizar las facturaciones del mismo con base en los promedios de consumo registrados.

Señalan, además, que los actores no han sido diligentes en la defensa de sus derechos económicos, por cuanto no ejercieron los recursos para cuestionar las facturas expedidas por la empresa. En este orden, aun cuando contaban con un término máximo de cinco (05) meses para efectuar dichas reclamaciones, los usuarios no manifestaron ninguna inconformidad respecto de las facturas sino que decidieron acudir directamente a la acción de tutela.

Sostienen, además, que los actores no demostraron que las empresas hayan incurrido en una vulneración de sus derechos fundamentales, ni tampoco la ocurrencia de un perjuicio de carácter irremediable, razón por la cual, frente a la existencia de otros medios de defensa judicial, la acción de tutela es improcedente para controvertir los actos administrativos de cobro.

Por su parte, la empresa EMDUPAR S.A., E.S.P. aclara que dentro de las facturas que ellos expiden se incluyen los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, los dos primeros prestados por ella y el último por la empresa Interaseo, entidad absolutamente independiente, por lo que si los accionantes se encuentran inconformes con los cobros efectuados en relación con el servicio de aseo, es necesario que dirijan su reclamo también en contra de ésta.

De la misma forma, explica que, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1713 de 2002, el valor facturado por los servicios de alcantarillado y aseo no se encuentra ligado a ningún instrumento de medición y no pueden ser objeto de suspensión.

Finalmente y respecto del expediente T-1.828.811, la empresa sostiene que no existe legitimación para actuar en la demandante, ya que quien figura como usuario del servicio es una persona distinta.

5.2. Respuesta de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios fue demandada por los accionantes de los procesos T-1.575.659 y T-1.618.168.

En relación con el primero de dichos expedientes la entidad no dio respuesta a la acción; sin embargo, sí participó en el trámite del expediente T-1.618.168, solicitando que se denieguen las pretensiones del accionante ya que, a su juicio, la potestad de las empresas de servicios públicos domiciliarios encuentra sustento jurídico específicamente en la Resolución No. 108 de 1997, expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, "Por la cual se señalan criterios generales sobre protección de los derechos de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible por red física, en relación con la facturación, comercialización y demás asuntos relativos a la relación entre la empresa y el usuario, y se dictan otras disposiciones".

En este sentido, la Superintendencia se refiere en particular al artículo 54 de dicha Resolución, en el cual se hace referencia expresa a la facultad que tienen las empresas de servicios públicos domiciliarios para la imposición de sanciones de contenido pecuniario, norma en la que, a su juicio, encuentra sustento la actuación de las entidades accionadas.

En consecuencia, la Superintendencia solicita denegar el amparo solicitado, ya que, según afirma, ni su actuación ni la adelantada por la empresa accionada comportaron una vulneración de los derechos fundamentales del actor.

II. DECISIONES JUDICIALES QUE SE REVISAN

1. Tal como se anotó en el acápite correspondiente a la identificación de los asuntos objeto de revisión, en el cuadro anexo a esta sentencia aparecen las decisiones adoptadas por los diferentes despachos judiciales que conocieron en primera y en segunda instancia de las acciones de tutela objeto de este pronunciamiento. De manera que, para efectos de verificar las determinaciones que fueron adoptadas en cada caso concreto, habrá que remitirse al mencionado cuadro.

No obstante lo anterior, como quiera que en gran medida las decisiones judiciales coincidieron en denegar o rechazar las pretensiones invocadas utilizando los mismos fundamentos de derecho, la Corte estima necesario referirse brevemente a ellas, haciendo énfasis en los casos que difieren del planteamiento general y en los pocos que concedieron la tutela.

- La mayoría de las autoridades judiciales que denegaron o declararon improcedentes las acciones de tutela de la referencia, no entraron a analizar el fondo de las cuestiones planteadas por los demandantes, ya que, a su juicio, la ac