RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN MEDIDAS PARA LA CONVIVENCIA VECINAL Y LA SEGURIDAD EN LOS DESARROLLOS URBANÍSTICOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DENTRO DEL TERRITORIO DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ

EL CONCEJO DE BOGOTA, D.C.

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el Decreto Ley 1421 de 1993, en su artículo 12, numeral 1º y 12º,

ACUERDA

Objeto y Definiciones

Articulo 1. Objeto. Por medio del presente Acuerdo se dictan medidas para fortalecer la convivencia entre vecinos y garantizar la seguridad de los ciudadanos, con ocasión de la realización de desarrollos urbanísticos o la construcción de obras dentro del territorio del Distrito Capital de Bogotá.

Para lo anterior, se establecen mecanismos para coadyuvar al cabal cumplimiento de las funciones de control y vigilancia del Distrito Capital y de las Alcaldías Locales, con el fin de que se observen de manera estricta las normas de protección en las construcciones, se garanticen las actuaciones oportunas sobre todas las obras de construcción que se desarrollen en la ciudad y se fortalezca el control social por parte de los ciudadanos, de conformidad con lo establecido en la Ley 388 de 1998 y los Códigos Nacional y Distrital de Policía.

Articulo 2. Mecanismos para el control y vigilancia de las obras de construcción. Para el ejercicio oportuno de las funciones de control y vigilancia que recaen en las alcaldías locales, y para el control social que permita la convivencia vecinal, créanse:

a. El registro local de obras

b. Las actas de vecindad

c. El aviso con información complementaria para el control social

d. El Horario único de trabajo en obras y el horario único de cargue y descargue de materiales con destino a desarrollos urbanisticos

Artículo 3. Del Registro Local de Obras. Es el que lleva cada Alcaldía Local, a través de su oficina asesora de obras o la que haga sus veces, por medio del cual se surten las acciones de seguimiento y control preventivo de las construcciones que se desarrollan en su jurisdicción, a través de las actuaciones administrativas que son competencia de la misma.

Es obligación de las curadurías urbanas con jurisdicción en Bogotá y de la Secretaría Distrital de Planeación, enviar cada dos (2) meses a cada Alcaldía Local con destino a la alimentación del Registro Local de Obras, copia de las licencias expedidas durante ese período para ejecutarse en la localidad. El Gobierno Distrital reglamentará la materia.

Parágrafo 1. Con el fin de hacer eficaz el control de las entidades distritales para mejorar la seguridad en las construcciones, es obligación de todos los titulares de licencias en las modalidades de urbanización, construcción e Intervención y ocupación del espacio público, establecidas en el artículo 2 del Decreto 564 de 2006, informar y registrar información básica de la obra ante la Alcaldía Local de la jurisdicción del predio, antes de comenzar la construcción para la cual fue otorgada la licencia.

Parágrafo 2. Para efectos del registro ante la Alcaldía Local, el titular de la licencia debe aportar copia del acta de vecindad, de la que habla el presente Acuerdo, suscrita con los propietarios o poseedores de los predios colindantes y del permiso de tráfico, cuando la ley 388 de 1997 y la ley 810 de 2003 lo obliguen a obtenerlo.

Parágrafo 3. La Alcaldía Local iniciará el proceso de seguimiento y control al momento del registro y lo terminará con la expedición del certificado de permiso de ocupación, consagrado en el artículo 46 del Decreto 564 de 2006.

Artículo 4. De las actas de vecindad. Es el documento privado, libre de formalidades, suscrito entre el titular de la licencia o el constructor y los propietarios o poseedores de los inmuebles colindantes al predio en que se desarrollará la obra, en el que se consignarán con máximo grado de detalle el estado en que se encuentran los inmuebles vecinos antes de comenzar la obra, con el fin de que de presentarse daños propios de la intervención, se harán las reparaciones o se tomarán las medidas que garanticen el estado normal y anterior de los bienes de terceros que podrían verse afectados por su el desarrollo constructivo.

Si por cualquier razón los vecinos son renuentes a la suscripción del acta de vecindad, se podrá efectuar el registro de la obra sin éste requisito, aportando copia de dos requerimientos del titular de la licencia o constructor al vecino, enviadas por correo certificado.

Las partes en el acta de vecindad buscarán solucionar de manera ágil y acudiendo a los medios alternativos de conflicto para solucionar sus diferencias en caso de daños derivados de las obras.

Artículo 5. Del aviso con información complementaria para el control social. Cada titular de la licencia o constructor deberá instalar durante el tiempo de ejecución de la obra un aviso que complementa la información consignada en la identificación de las obras prevista por la Ley 388 de 1997 y el Decreto 564 de 2006, con el fin de facilitar el control social ciudadano que garantice la convivencia en los barrios de la ciudad, durante la ejecución de las obras de urbanismo.

La dimensión mínima será de un metro con ochenta centímetros (1.80 m) de ancho por ochenta (80 cms) de largo, localizada en un lugar visible desde la vía pública más importante sobre la cual tenga frente o límite el desarrollo o construcciòn que haya sido objeto de la licencia. En caso de obras que se desarrollen en edificios o conjunto sometidos al régimen de propiedad horizontal se instalará un aviso en la cartelera principal del edificio o conjunto, o en un lugar de amplia circulación que determine la administración. En caso de obras menores se instalará un aviso de treinta (30 cms) de ancho por cincuenta (50 cms) de largo.

El aviso deberá indicar al menos:

1. La altura total de la edificación aprobada en la licencia, aclarando el número de pisos habitables y no habitables.

2. El horario de trabajo permitido.

3. El horario autorizado para carga y descarga.

4. Los números de teléfono del CAI de la jurisdicción y de la oficina asesora de obras de la Alcaldía Local, para denunciar la violación de los horarios y otras contravenciones a la convivencia so pena de sanción del Código de Policía.

Artículo 6. Del horario único de trabajo en las obras y de cargue y descargue de materiales. En uso de las atribuciones establecidas en los Código Nacional y Distrital de Policía, y con el fin de mejorar la convivencia en los barrios y la movilidad en las vías principales de la ciudad, establézcase para el Distrito Capital de Bogotá, el horario único de trabajo en obras privadas, únicamente en las Unidades de Planeamiento Zonal UPZ cuya vocación principalmente sea residencial. Las obras de construcción podrán desarrollarse de lunes a viernes entre las 7:00 am y las 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 am a 2:00 p.m.

De igual forma, con el fin de mejorar la movilidad en la ciudad establézcase el horario único de cargue y descargue y de mezcla de materiales en las vías y espacio público adyacente a desarrollos urbanísticos privados entre las 10:00 a.m. y las 3:00 p.m. La Secretaría Distrital de Movilidad reglamentará la materia y lo aplicará en los planes de tráfico.

Parágrafo. La Alcaldía Local y la Secretaría Distrital de Movilidad podrán expedir permiso para trabajar o cargar y descargar fuera del horario sólo cuando deban implementarse acciones urgentes para la mitigación de riesgos.

Artículo 7. Capacidad Institucional. La Secretaría Distrital de Gobierno será la responsable de dotar a las Alcaldías Locales de las herramientas técnicas y logísticas necesarias para el control urbanístico derivado del presente Acuerdo y de la Ley 388 de 1998.

Articulo 8. Medidas correctivas. La inobservancia de las anteriores disposiciones dará lugar a las medidas correctivas contenidas en el Libro Tercero, Título III del Código Distrital de Policía.

Artículo 9. Vigencia y Derogatoria. El presente Acuerdo Distrital rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las normas que le sean contrarias.

La situación económica del país se refleja en el dinamismo del sector constructor. El desarrollo urbano de Bogotá es un motor importante de la actividad económica de la ciudad y del país. No sólo es un indicador objetivo de los movimientos de la economía nacional, sino que es ante todo un indicador de la calidad de vida y de la capacidad económica de los habitantes de Bogotá, que materializan en los desarrollos urbanísticos sus anhelos patrimoniales a través de la vivienda digna o de la infraestructura para el desarrollo industrial y comercial en los que apuestan su capital a la generación de empleo e ingresos tributarios para beneficio personal y general.

La evolución de la situación económica que ha registrado el país en los últimos años, los incentivos tributarios para el desarrollo de proyectos inmobiliarios y las políticas de crédito hipotecario han permitido un buen desempeño para el sector de la construcción, que jalona el consumo de otros renglones de la economía.

Datos de Marzo 94 a Septiembre de 2007

Fuente: DANE, cálculos Depto. Estudios Económicos Camacol

El desarrollo urbano y constructivo de la ciudad afecta dimensiones distintas al crecimiento económico. Los retos urbanos para el distrito en materia de servicios públicos, infraestructura para la movilidad o usos dotacionales y equipamientos, implica la planeación y ejecución de políticas públicas eficientes sectoriales y distritales.

Fuente: Coordenada Urbana - Camacol

Las licencias de construcción expedidas en el último año equivalen a 6,1 millones de m2 en Bogotá de los 19,2 millones de m2 en el país.

Fuente: Coordenada Urbana - Camacol

Ese aumento acelerado en la construcción y urbanismo en la ciudad, principalmente en los barrios, genera problemas de convivencia entre los vecinos y los constructores, pues tener una obra en el barrio implica para sus habitantes, envuelve situaciones de ruido por efecto de las obras, congestión en las vías por la carga y descarga de materiales, seguridad para los peatones y los predios aledaños, entre otros.

Por ello, este proyecto se concentra en la oportunidad e idoneidad del control y vigilancia que ejercen las Alcaldías Locales y el Distrito a la operación material de la construcción, ya que la dimensión adicional a la económica, es la implicación cotidiana en la convivencia y seguridad que trae a la vida de la ciudad el positivo crecimiento del sector.

Cálculos Dpto. Estudios Económicos Camacol

Detrás de las cifras de nuevos metros cuadrados construidos o estadísticas de desempeño económico, hay historias ciudadanas de superación y logros, de generación de empleo y de retos de convivencia que el distrito, desde las alcaldías locales debe administrar oportunamente en cada barrio, UPZ y localidad.

La ciudadanía impulsa múltiples acciones de querella y reclamo por las dificultades de convivencia inherentes a la actividad constructiva. Las Alcaldías Locales ejercen sus facultades con la reducida capacidad institucional que les ha sido asignada por la Secretaría de Gobierno y con las limitaciones de los vacíos legales en la reglamentación del seguimiento y control, especialmente en lo relativo a las sanciones y medidas preventivas.

El significativo desarrollo urbano impone a la ciudad el reto de ejercer sus funciones oportunamente, siendo esto relativo y complejo de alcanzar en este momento.

Por último y más importante, frente a la situación actual, las Alcaldías Locales están divididas en su interior en dos áreas funcionales, (i) la Coordinación Jurídica y (ii) la Coordinación Administrativa y Financiera. Las competencias de control y vigilancia se ejercen desde la Coordinación Jurídica, a través de su oficina asesora de obras.

La oficina asesora de obras de una Alcaldía Local está compuesta por dos o tres profesionales del derecho que adelantan las actuaciones jurídicas, uno o dos arquitectos e ingenieros que realizan las visitas técnicas a las obras y los informes en los que soportan las decisiones administrativas y dos o tres personas como auxiliares administrativos.

Así las cosas, las alcaldías locales ejercen el seguimiento de las obras de construcción de la ciudad con unas ocho personas en promedio, por lo que podríamos estimar que 180 funcionarios públicos son los responsables del seguimiento, control y vigilancia de más de seis (6) millones de metros cuadrados que se licenciaron en Bogotá sólo en el último año.

Por indagación a algunas alcaldías locales, podemos estimar que en promedio anualmente siguen actuación administrativa de control e inspección de obras a 300 predios o inmuebles. Así las cosas, es insuficiente la cobertura de la inspección y vigilancia de las obras y desarrollos urbanísticos en Bogotá, como también es poco o nada eficiente y realista la capacidad institucional con que cuentan las Alcaldías Locales para esta función que les fue exclusivamente atribuida, y que es del máximo interés público por comprometer el patrimonio personal de muchos ciudadanos, el patrimonio público por la infraestructura, el orden social por el cumplimiento de las normas de ordenamiento territorial y por la seguridad y convivencia inherentes a la actividad.

Al Distrito Capital de Bogotá y a las Alcaldías Locales les fueron asignadas las atribuciones de control y vigilancia sobre las obras de urbanismo mediante el Decreto Ley 1421 de 1993 (Orgánico de Bogotá), Ley 388 de 1997, Ley 810 de 2003, Decreto 1052 de 1998, Decreto 564 de 2006 y Acuerdo 79 de 2003 (Código Distrital de Policía)

a. Decreto Ley 1421 de 1993:

El Estatuto Orgánico de Bogotá atribuye al Distrito Capital las funciones de reglamentación, control y vigilancia sobre el espacio público y el control urbanístico, de la siguiente manera:

a. Ley 388 de 1997 y Ley 810 de 2003:

La Ley 388 de 1997, modificada por la Ley 810 de 2003, establece en su artículo 99 que para adelantar obras de construcción, ampliación, modificación y demolición de edificaciones, de urbanización y parcelación en terrenos urbanos, de expansión urbana y rural, se requiere licencia expedida por el Distrito Capital o los curadores urbanos, según sea del caso, las cuales se otorgarán con sujeción al Plan de Ordenamiento Territorial.

Para efectos de la responsabilidad derivada de las infracciones urbanísticas con ocasión de la violación de las Leyes 9 de 1989, 388 de 1997, 810 de 2003 y del Código Distrital de Policía, la norma en comento establece la imposición de sanciones urbanísticas a los responsables, incluyendo la demolición de las obras, sin perjuicio de la eventual responsabilidad civil y penal de los infractores.

De igual manera la Ley 388 de 1997 considera igualmente infracción urbanística, la localización de establecimientos comerciales, industriales, institucionales y de servicios en contravención a las normas de usos del suelo, lo mismo que el encerramiento, la intervención o la ocupación temporal o permanente del espacio público con cualquier tipo de amoblamiento, instalaciones o construcciones, sin la respectiva licencia. En este caso, el Distrito establecerá qué tipo de amoblamiento sobre el espacio público requiere de licencia; y será el Alcalde o Alcaldesa Local el responsable de vigilar y controlar el ajuste a la norma, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Distrito Capital (Decreto Ley 1421 de 1993).

El Artículo 2 de la Ley 810 de 2003 que modificó el artículo 104 de la Ley 388 de 1997 estableció las siguientes sanciones urbanísticas:

Las anteriores sanciones deberán ser aplicadas por el Alcalde o Alcaldesa Local respectiva, como se dijo anteriormente. Sin embargo el problema radica en que ese funcionario no cuenta con las herramientas suficientes para ejercer de manera oportuna las actuaciones de control urbanístico en su jurisdicción, toda vez que no posee un sistema de información y comunicación con los curadores urbanos y la Secretaría de Planeación que le permitan saber el número exacto y las especificidades técnicas de las construcciones y obras que se adelantan en su territorio, y lo aprobado en la licencia, lo que muchas veces es aprovechado para violar la misma.

Por lo anterior, es necesario que tanto el Alcalde o la Alcaldesa Local como los vecinos puedan ejercer un control preventivo de los desarrollos urbanísticos de sus territorios, los cuales son tan importantes para la ciudad pero a la vez tan traumáticos en muchas ocasiones para los barrios.

b. Decreto 1052 de 1998:

Este Decreto sobre licencias urbanísticas establece la obligatoriedad de notificar a los vecinos sobre el desarrollo urbanístico que se pretende adelantar de la siguiente manera:

c. Decreto 564 de 2006:

El Decreto 564 de 2006, por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función pública que desempeñan los curadores urbanos; a la legalización de asentamientos humanos constituidos por viviendas de Interés Social, entre otras, determinó que las licencias urbanísticas son la autorización previa, expedida por el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente, para adelantar obras de urbanización, parcelación, loteo o subdivisión de predios; de construcción, ampliación, adecuación, reforzamiento estructural, modificación, demolición de edificaciones, y para la intervención y ocupación del espacio público, en cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación adoptadas en el Plan de Ordenamiento Territorial.

Para el caso, el artículo 2 del citado Decreto estableció que las licencias urbanísticas podrán ser de:

1. Urbanización.

2. Parcelación.

3. Subdivisión.

4. Construcción.

5. Intervención y ocupación del espacio público.

En el caso de Proyecto de Acuerdo que nos ocupa se plantea la obligación para que todos los titulares de licencias en las modalidades de urbanización, construcción e Intervención y ocupación del espacio público, establecidas en el artículo 2 del Decreto 564 de 2006, informen y registren la información básica de la obra ante la Alcaldía Local de la jurisdicción del predio, antes de comenzar la construcción para la cual fue otorgada la licencia.

Adicionalmente, los artículos 24 y 25 del Decreto que nos ocupa hablan de la convocatoria y citación a vecinos con el fin de que conozcan y hagan observaciones frente a la obra que se pretende realizar en su barrio, además de fijar un procedimiento de control ciudadano mediante la fijación de una valla con información básica de la construcción. Señala la norma:

Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito y se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud" (Subraya fuera de texto)

Finalmente, frente al tema de vigilancia y control, el artículo 104 de la norma establece que el alcalde municipal o distrital, o su delegado permanente, será el encargado de vigilar y controlar el cumplimiento de las normas urbanísticas por parte de los curadores urbanos, por lo cual se justifica el presente Proyecto de Acuerdo frente a la vigilancia de las obras de urbanismo en la ciudad.

d. Acuerdo 79 de 2003, Código Distrital de Policía:

Sin lugar a dudas esta es la norma que le da el soporte principal al presente Proyecto de Acuerdo, por cuanto el Código de Policía es la norma que rige para el Distrito Capital en materia de seguridad, y que le permite al Concejo de Bogotá como al ejecutivo Distrital, intervenir en las acciones que se hagan en el territorio para restringir las libertades individuales y económicas con el propósito de garantizar la convivencias pacífica entre los bogotanos y bogotanas y asegurar la garantía de los derechos fundamentales como la vida y la salud de los ciudadanos.

En este sentido el Código Distrital de Policía fomenta y protege los siguientes comportamientos que favorecen la seguridad y convivencia en el Distrito Capital de Bogotá, que son aplicables para el presente proyecto de Acuerdo:

ARTÍCULO 89. Movilidad. El ejercicio de la movilidad en todas sus manifestaciones es un derecho de todos los habitantes, moradores y visitantes, que asegura el libre desplazamiento de las personas y los vehículos de transporte, fortalece las relaciones entre los diferentes actores y propicia el uso adecuado de la infraestructura vial y del espacio público." (Subrayados fuera de texto).

En cumplimiento de lo anterior, el artículo 134 del Código Distrital de Policía, en armonía con el Código Nacional de Policía, estatuye el Poder de Policía, entendido como la facultad de expedir normas generales e impersonales que limitan o restringen los derechos individuales con fines de convivencia ciudadana; residual y subsidiariamente en cabeza del Concejo Distrital de Bogotá, razón por la cual se presente éste Proyecto de Acuerdo, además de ser la Corporación la máxima autoridad a nivel Distrital, tal como lo señala el Decreto Ley 1421 de 1993.

Adicionalmente, la inobservancia de los comportamientos establecidos en el Código Distrital de Policía, dará lugar a las medidas correctivas contenidas en el Libro Tercero, Título III de dicha norma, tal como lo recoge el presente Proyecto de Acuerdo, a saber:

1. Amonestación en privado y compromiso de cumplir las reglas de convivencia ciudadana;

18. Programas de reducción o mitigación de las fuentes generadoras de contaminantes.(…)" (Subrayado fuera de texto)

En el caso que nos ocupa, las medidas correctivas subrayadas en el texto jurídico transcrito serían las susceptibles de ser aplicadas por la autoridad de Policía en aplicación del presente Acuerdo, tal como lo señala el artículo 8 del articulado del Proyecto.

El presente Proyecto de Acuerdo busca garantizar la convivencia en los barrios entre vecinos, con el fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas de Bogotá, con ocasión de la realización de desarrollos urbanísticos o la construcción de obras en la ciudad, tal como se desprende del artículo 1 del documento. Lo anterior teniendo en cuenta que la realización de una obra genera expectativas entre los residentes del barrio, por lo que implica el paso de tráfico pesado con destino a la obra, el ruido en horas de descanso, los riesgos y contingencias referentes a fallas de la obra, como ha sucedido últimamente en la ciudad, en donde por defectos en la misma se han averiado y puesto en peligro los predios y la vida de los vecinos, la congestión vial y peatonal que genera la maquinaria y el material en el espacio público, entre otras.

En igual sentido, es importante señalar que las funciones de control y vigilancia que se ejercen desde las Alcaldías Locales y la Subsecretaría de Control de Vivienda, de la Secretaría Distrital del Hábitat, son insuficientes para (i) el cabal cumplimiento y observancia de las normas de protección en las construcciones, (ii) se garantice que las actuaciones administrativo-policivas del Distrito sean oportunas y se ejerzan sobre todas las obras de construcción que se desarrollen en la ciudad y (iii) se fortalezca el control social por parte de los ciudadanos.

En razón de estos propósitos, el Proyecto de Acuerdo crea un Registro Local de Obras, con el fin de que sea llevado por cada Alcaldía Local, a través de su oficina asesora de obras, y de esa manera poder hacer seguimiento y control preventivo de las construcciones que se desarrollan en su territorio. Dicho registro se alimentará de la información que le envíe la Secretaría Distrital de Planeación y las Curadurías urbanas, así como de la obligación de los titulares de la licencia de informar a la Alcaldía Local respectiva.

De igual forma, el artículo 4 del Proyecto de Acuerdo institucionaliza las Actas de Vecindad, las cuales en la actualidad son un mecanismo informal de concertación entre los constructores y los vecinos para la resolución de las preocupaciones que le surgen a estos últimos con ocasión de la construcción de una obra. La idea del presente Proyecto es precisamente formalizar y ampliar los alcances jurídicos de ese documento como un instrumento de autorregulación que además sirva de instrumento probatorio claro y expreso, para zanjar las diferencias que surjan con ocasión de fallas de la obra que afecten a sus vecinos o sus predios, o que interfieran con la tranquilidad y convivencia en los barrios. Adicionalmente, el acta de vecindad será un instrumento para que los constructores puedan inventariar o tener un estado físico de las viviendas y el espacio público aledaño antes de la obra.

Frente al tema de la participación y control social, el Proyecto de Acuerdo establece la necesidad de fijar un aviso que complementa la información consignada en la identificación de las obras prevista por la Ley 388 de 1997 y el Decreto 564 de 2006, con el fin de facilitar el control ciudadano. Este aviso deberá contener las especificidades contenidas en el artículo 5 del Proyecto y deberá indicar al menos:

1. La altura total de la edificación aprobada en la licencia, aclarando el número de pisos habitables y no habitables.

2. El horario de trabajo permitido.

3. El horario autorizado para carga y descarga.

4. Los números de teléfono del CAI de la jurisdicción y de la oficina asesora de obras de la Alcaldía Local, para denunciar la violación de los horarios y otras contravenciones a la convivencia so pena de sanción del Código de Policía.

Esto se regula debido a la necesidad de aumentar y potencializar el control social por parte de los vecinos, de tal forma que si un vecino oye ruidos de obra en horas fuera del horario de trabajo o ve maquinaria, volquetas, mezcladoras, entre otros, por fuera del horario único de carga y descarga, puede saber a dónde comunicarse para avisar de la violación a la convivencia y al desarrollo urbanístico, y la Alcaldía Local tenga elementos probatorios claros y transparentes para imponer medidas correctivas policivas al infractor.

Se impone también por medio del presente Proyecto de Acuerdo un horario único para realizar obras en los barrios residenciales y un horario único de cargue y descargue de materiales con destino a las obras en las principales vías de acceso a los barrios y de la ciudad, salvo para mitigación de riesgos. Lo anterior con el fin de no interrumpir la tranquilidad en los barrios cuya vocación es residencial con trabajo nocturno o en la madrugada, por un lado y por otro lado, evitar el tráfico y la inmovilidad vehicular en horarios pico, en las principales vías de acceso a los barrios y a la ciudad con ocasión de una mezcladora atravesada en la vía, o de materiales en la vía que se están cargando u algún otra causa, que sin lugar a duda aumentan los costos de transacción en la ciudad por generar trancones y retrasos no planeados por parte de los ciudadanos y ciudadanas.

Esos horarios se imponen en uso de las atribuciones establecidas en los Código Nacional y Distrital de Policía, que facultan al Distrito para facilitar la tranquilidad y convivencia barrial y para garantizar el derecho a la movilidad de todos y todas las ciudadanas.

Finalmente, los artículos 7 y 8 del Proyecto de Acuerdo facultan a la Secretaría Distrital de Gobierno para dotar a las Alcaldías Locales de las herramientas técnicas y logísticas necesarias para el control urbanístico derivado del presente Acuerdo y de la Ley 388 de 1998. Además se señala que la inobservancia de las disposiciones del Acuerdo dará lugar a las medidas correctivas contenidas en el Libro Tercero, Título III del Código Distrital de Policía, las cuales se transcribieron líneas arriba.

El presente proyecto de Acuerdo no implica impacto fiscal de conformidad con lo dispuesto en la Ley 617 de 2000.

El Concejo Distrital de Bogotá es competente de conformidad con el Decreto Ley 1421 de 1994, el cual en su artículo 12 numerales 1 y 12 señala:

Por todo lo anteriormente expuesto, se justifica el presente Proyecto de Acuerdo, e invito de manera respetuosa a todos y todas las colegas para que acompañen esta iniciativa, que sin lugar a dudas contribuirá de manera explícita a mejorar la vida en los barrios y a que la vigilancia urbanística se ejerza sobre todas las obras que se adelanten en la ciudad y se ajusten al Plan de Ordenamiento Territorial.

Cordialmente,

Concejal de Bogotá

Proyectó y elaboró: Carlos Quintana