RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

Respetada Doctora

Por medio del presente oficio, remito a usted en medio físico y magnético el texto del Proyecto de Acuerdo de mi autoría: "POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONAN DOS NUMERALES AL ARTÍCULO 95 DEL ACUERDO 79 DE 2003, CÓDIGO DE POLICÍA DE BOGOTÁ D.C., Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", para que se surtan los trámites legales correspondientes para su discusión en la corporación durante las sesiones ordinarias de agosto de 2010.

Cordial saludo,

Actualmente, los vehículos particulares constituyen un 91% del parque automotor, (1´177.067 dentro del cual hay 710.165 automóviles), a lo que se le suma un 30% de vehículos matriculados en otras ciudades. La Secretaría Distrital de Movilidad ha revelado que para el 2010, en la capital se movilizan a diario más de 1’400.000 vehículos particulares².

La Ley 769 de 2002, "Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones", en su artículo 2 define al vehículo de servicio particular como aquel vehículo automotor destinado a satisfacer las necesidades privadas de movilización de personas, animales o cosas". Dentro de éstos, se incluyen los propiamente dichos automotores, motos, camiones, camionetas, camperos, motocarros, ciclomotos, entre otros.

Las ciudades grandes como Bogotá, sufren tendencias al aumento en materia de movilidad, el número de vehículos crece más rápido que la población, "de hecho, en el último año en Colombia se han alcanzado ventas record superiores a los 200.000 vehículos y Bogotá representa la mitad de ese mercado". ³

Todo esto, afecta la movilidad pues aumenta la congestión y promueve la accidentalidad, en donde el exceso de velocidad, la embriaguez y la violación a las normas de tránsito son las principales causas que ocasionan lesiones y muertes. ⁴

El consumo de bebidas embriagantes es una práctica cultural recurrente, ligada a actividades de celebración y diversión que son parte de nuestra idiosincrasia, y que se enmarcan en el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad como manifestación del albedrío de los sujetos de derecho.

No obstante, esta actividad trae consigo un deber de autorregulación de quienes las consumen, de cuidado y conciencia con la salud propia y la de los demás, mínimos necesarios para la sana convivencia y la vida en comunidad.

La División de Referencia de Información Pericial del Instituto de Medicina Legal, informó nuevamente que cuando hay ingesta de alcohol, los accidentes de tránsito son la segunda manera de muerte más frecuente, en casos en los que se ha practicado prueba de alcoholemia a cadáveres: ⁵

Para Medicina Legal, el peatón (48 casos), el conductor (26 casos) y el pasajero (5 casos) son quienes mayormente mueren por accidentes de tránsito en donde hay reporte de alcoholemia positiva, le siguen el motociclista (4 casos) y el ciclista (3 casos), para un total de 86 muertes en el 2009.

La Policía de Tránsito y Transporte también reportó una alarmante estadística de accidentalidad vial por embriaguez en Bogotá, a mayo 31 de 2010, así: ⁶

El número de accidentes de tránsito donde el licor hizo presencia, se ha mantenido constante a través de los últimos tres años y éstos han dejado como resultado ineludible lesiones en su mayoría, seguidas de decesos. Vale la pena destacar que los muertos por accidentes de tránsito en el 2009 crecieron respeto al 2008 (16 vidas más).

Los peatones y pasajeros han registrado el mayor número de muertes mientas que las lesiones han sido padecidas superiormente por conductores y pasajeros. El conductor embriagado y bajo el efecto de estupefacientes, es el causante más frecuente de estos nefastos eventos: para el 2008 hubo 1290 casos, para el 2009: 1054 y para el 2010: 351 a mayo; por esta razón 2.030 vehículos han sido inmovilizados en lo corrido del año y la Policía ha impuesto 9.291 comparendos en todo el país a conductores ebrios, frente a 8.735 del mismo lapso en el 2009. ⁷

Un estudio realizado por la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, señaló que entre 2007 y 2008, murieron 1.064 personas en accidentes de tránsito, (con ocasión de choques, atropellos, volcamientos, etc), esto es, 1,4 al día. ⁸

Lo anterior, le costó $176 mil millones al Distrito, resultado de lo que hubieran podido producir las víctimas, el salario promedio, su potencial, tiempo de trabajo, edad, sexo y expectativa de vida, daños de los vehículos, vías, tiempo de espera (trancón), despliegue policial, trámite, peritos y que debieron su causa, entre otras, a la imprudencia.

Las principales víctimas fatales de los accidentes de tránsito en Bogotá, son hombres (75%) entre los 15 y 45 años, seguido por las mujeres entre 35 y 39 años. El costo más alto lo representan las víctimas masculinas entre 0 – 4 años ($357.741.372), femeninas en igual rango de edad ($315.153.114), y el menor, hombres de 55 años o más ($25´396.707).

Se señaló que el 25,6% de las víctimas de accidentes de tránsito no usa puentes peatonales, el 18% no cruza por las cebras y el 21,2% no tiene en cuenta los semáforos, situación agravada por el incremento del parque automotor, pues de 676.203 vehículos reportados en el 2007, se pasó a 847.888 para el año 2008, lo cual aumenta las probabilidades de ocurrencia de siniestros.

Por su parte, se advirtió que los viernes y sábados son los días de mayor mortalidad por accidentalidad vial, especialmente en las últimas horas del día y de la noche, circunstancia que conlleva a adoptar medidas contundentes y de impacto para evitar que los estupefacientes o sustancias psicotrópicas o tóxicas y el alcohol sean los causantes, pues bien es sabido que es precisamente los fines de semana, cuando se consumen los mayores porcentajes.

La conducción es una actividad que demanda pericia, experticia y alta concentración por estar catalogada por el derecho como peligrosa, por ende, el consumo en el caso del alcohol por el conductor y/o los pasajeros, es un factor potencial de fatalidad. Su ingesta, causa distracción que puede ocasionar un accidente a los ocupantes, a los usuarios de la vía, y costos socioeconómicos al Distrito.

Bien es sabido, que toda persona es libre pero su derecho también implica obligaciones como el cuidado a su integridad corporal y en este sentido, está sujeta a la intervención y reglamentación de las autoridades para garantía de su seguridad y la de todas y todos. En materia de prevención de accidentes y de la protección de la vida resultan pocas las medidas preventivas que se adopten.

De conformidad con la Constitución Política, Colombia es un Estado de Derecho fundado en la solidaridad de las personas así como en la prevalencia del interés general y las autoridades de la República, como el Cabildo Distrital, están instituidas para proteger a las personas en su vida, derechos y libertades, a quienes se les garantiza el libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico.

Es así, como el mismo ordenamiento dispone que el Estado y la sociedad deben garantizar la protección integral de la población siendo uno de sus objetivos la atención y prevención normativa de los principales factores de riesgo para la salud y la promoción de condiciones y estilos de vida saludables.

No en vano, la Organización Mundial de la Salud "OMS", ha determinado que el uso nocivo de alcohol tiene profundas incidencias en los índices de violencia. Según esta entidad, "el consumo de alcohol está ligado al riesgo de que un individuo perpetre actos violentos o sea víctima de ellos, por cuanto su ingesta afecta la psiquis y la capacidad de discernir de quien lo consume, además que se mezcla con escenarios de alta conflictividad que se traducen en espacios de violencia con las consecuentes afectaciones que representa a la vida, honra y bienes de las personas.⁹

Para el mencionado organismo, "una proporción importante de la carga de morbilidad y la mortalidad atribuibles al uso nocivo del alcohol corresponde a los traumatismos, sean o no intencionados, en particular los resultantes de colisiones en las vías de tránsito y a los suicidios. Los traumatismos mortales atribuibles al alcohol tienden a afectar a personas relativamente jóvenes"¹⁰.

Aunque hay un compromiso de las autoridades para prevenir y sancionar a quienes conduzcan en estado de embriaguez por medio de retenes y pruebas de alcoholemia, la falta de conciencia de la ciudadanía hace que aún se presenten hechos desafortunados que traen consigo un alto número de víctimas evitables, con medidas de autorregulación que se hace necesario potenciar nuevamente por instancias distritales como el Concejo.

Descrito el alcance de la problemática, es imprescindible que desde la Capital se adopten medidas orientadas a generar la prevención necesaria con miras a reducir y eliminar los traumatismos derivados del consumo de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o tóxicas y alcohol que terminan en accidentalidad vial.

El Código Nacional de Tránsito y el Código de Policía de Bogotá, brindan un soporte normativo para frenar los efectos de la mezcla de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o tóxicas y alcohol con conducción, al establecer su no consumo en vehículos de transporte terrestre, público y sistemas de transportes masivos y fijarlo como comportamiento de conductores, conductores del servicio de transporte público individual, colectivo, escolar y de los pasajeros previo y durante la conducción o permanencia en el vehículo.

No obstante, cuando el Código de Policía de Bogotá se refiere al comportamiento de los conductores de vehículos particulares, nada dice del deber de abstenerse de consumir bebidas embriagantes, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o tóxicas cuando van a conducir o mientras conducen el vehículo privado señalamiento que si se hace expreso en otras normas, frente a otros eventos.

El Código de Policía de Bogotá, tampoco se refiere al porte de bebidas alcohólicas dentro de los vehículos particulares, especialmente los automotores, que como ya se indicó, son mayoría en cantidad en el tránsito de la ciudad, así como también son los mayores protagonistas de la accidentalidad vial por embriaguez.

De ahí, a que las medidas establecidas no sean suficientes y que la anterior iniciativa se haga necesaria para evitar el consumo de bebidas embriagantes dentro del vehículo particular automotor, utilizado por excelencia en el ámbito de las actividades exclusivas de las personas naturales y/o, jurídicas, mediante el requerimiento de portarlas, (selladas o abiertas, en cualquier empaque) en el baúl, pues la presencia del producto es capaz de inducir fácilmente a su consumo.

Esta medida, se propone como estrategia para desincentivar el consumo de alcohol en los automotores y evitar posibles distracciones en el conductor y en los pasajeros, pues es sabido que si se está bajo estos efectos existe el riesgo de muerte, lesión o daño, o que si el recipiente en el que se halla la bebida embriagante se encuentra a la mano, la probabilidad de ser consumida aumenta.

La propia OMS, recomienda que para incidir en la prevención del consumo de alcohol, deben adoptarse políticas para combatir la conducción de vehículos bajo sus efectos y tener en cuenta la eficacia de la legislación como medida disuasoria.¹¹. La Organización Panamericana de la Salud, en relación a la adopción de políticas sobre alcohol en América, señala de importancia establecer ENTORNOS LIBRES DE ALCOHOL, incluyendo a los automotores."¹²

Por ello, el generar estrategias para que el Distrito fortalezca el marco de normas que mitiguen la incidencia del consumo de bebidas embriagantes, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o tóxicas en la accidentalidad vial, debe ser ubicado como prioridad en la agenda pública como política de prevención.

Medidas como la propuesta van en consonancia con la tendencia internacional, por lo cual se hace imperioso fortalecer el marco normativo vigente en suma con el accionar del Distrito, con reglas de comportamiento de intención preventiva, complementada con una pedagogía impulsada por la Administración, que desincentive estos consumos en el momento de la conducción de un vehículo.

Considero importante desde el punto de vista normativo, incorporar disposiciones que lleven a proteger a la comunidad de los efectos del consumo de sustancias nocivas, que tiendan a la minimización del riesgo de accidentalidad y a la reducción del daño, como estrategia que conduzca al consumo responsable para la mejora y prosperidad del Distrito.