RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

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Ver el Concepto del D.A.P.D. 820 de 1998

1. La comunidad pretende encerrar ÁREAS DE CESIÓN TIPO A DESTINADAS A LA COMPLENTACIÓN DEL SISTEMA VIAL Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA, las cuales hacen parte de las denominadas Zonas Viales, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 77 del Acuerdo 6 de 1990, que dice:

    

   "ZONAS VIALES. Las Zonas Viales son las áreas destinadas al desplazamiento de vehículos, cargas y peatones, con sus bahías de parqueo ocasional y las respectivas áreas de control ambiental.

    

2. El inciso 3º del artículo 6º de la Ley 9 de 1989, dice:

    

   "Los parques y zonas verdes que tengan el carácter de bienes de uso público, así como las vías públicas, no podrán ser encerrados en forma tal que priven a la ciudadanía de su uso, goce, disfrute visual y libre tránsito. (Las sublíneas fuera de texto).

    

3. El Parágrafo del Artículo 82 del Acuerdo 6 de 1990 y el Artículo 71 del Decreto 323 de 1992, establecen que:

    

   "las Vías Públicas no podrán ser encerradas en forma tal que se prive a la ciudadanía de su uso y libre tránsito..."

    

4. El inciso 2 del Parágrafo del Artículo 82 del mismo Acuerdo, establece la posibilidad de autorizar el control de vías para efectos de seguridad, bajo condiciones especiales, "previa autorización y aprobación del diseño de cerramiento por parte del Departamento Administrativo de Planeación Distrital".

    

5. La autorización y aprobación de los diseños requeridos para ejercer el control corresponde impartirla al Taller del Espacio Público del Departamento Administrativo de Planeación Distrital, previo el correspondiente estudio. Al respecto el Parágrafo del Artículo 71 del Decreto 323 de 1992, preceptúa lo siguiente: "El Departamento Administrativo de Planeación Distrital estudiará y podrá aprobar el control de vías locales, para efectos de seguridad, siempre y cuando estas vías no representen continuidad y el tránsito vehicular o peatonal que soporten sea mínimo, previa solicitud de los interesados mediante Acta de la Asamblea General de la Comunidad en donde se demuestre que la solicitud efectivamente obedece a un sentir de la comunidad del sector."

Ahora bien, la Honorable Corte Constitucional, al emitir su fallo dentro de la acción de tutela, radicada bajo el No. T-518, protege y desarrolla el mencionado principio, haciendo énfasis en la indiscutible prevalencia del querer de la mayoría de los ciudadanos, tan prevalente que ni aún los organismos oficiales pueden de motu propio cerrar las vías, so pretexto de imponer medidas de seguridad. El espacio público y los bienes en el involucrados son para el buen uso, goce y disfrute de toda la comunidad sin limitación alguna.

Así se desprende del texto de la providencia que a continuación, parcialmente se transcribe:

"Una vía pública no se puede obstruir privando a las personas del libre tránsito por ella (incluido el vehicular), pues semejante conducta atenta contra la libertad de locomoción de la mayoría de los habitantes y lesiona el principio de prevalencia del interés general sobre el particular.

Además la obstrucción de las calles o su cierre constituye una apropiación contra el derecho al espacio público y un verdadero abuso por parte de quien pone en practica el mecanismo de cierre.".

De otra parte el artículo 82 de la Carta Magna, establece como deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por la destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular.

A su vez el artículo 63 ibídem, dispone:

"Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la Ley son inalienables, imprescriptibles e inembargables."

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Es comprensible que el querer de algunos ciudadanos, sino de todos, ante el acrecentamiento de la inseguridad en nuestra Capital, sea dar protección a su entorno domiciliario, para lo cual la ley dispuso de mecanismos apropiados para contrarrestar tal situación como son el control de vías locales (no cerramiento), para efectos de seguridad, siempre y cuando estas vías no representen continuidad y el tránsito vehicular o peatonal que soporten sea mínimo. Para lograr esto, los interesados deben proceder en la siguiente forma:

1. Presentar en esta dependencia, una solicitud acompañada del acta general de la comunidad en la que aparezca que la petición obedece a un sentir de la comunidad e indicando las vías que se pretenden controlar (parágrafo del artículo 71 del Decreto 323 de 1992).

    

2. Solicitar al Departamento Administrativo de Planeación Distrital, la aprobación de los diseños del equipamiento urbano, requeridos para el control de las vías (artículo 71 del Decreto 323 de 1992, concordante con el numeral 4º del Decreto 2111 de 1997).

    

3. Allegar concepto del Alcalde local sobre la situación de inseguridad en la zona y si se justifican los controles de seguridad (si no se aporta este concepto, el Departamento Administrativo de Planeación Distrital debe pedirlo). Teniendo en cuenta que los controles viales, según el inciso 2º del parágrafo del artículo 82 del Acuerdo 6 de 1990, proceden para efectos de seguridad y el D.A.P.D. por no ejercer funciones de policía no está en capacidad de establecer el grado de inseguridad de una determinada zona, es necesario entonces acudir al Alcalde local, quien de conformidad con el Acuerdo 18 de 1989, ejerce funciones de policía.

    

4. Suscribir un contrato con la Procuraduría de Bienes del Distrito Capital, sobre el mantenimiento y administración del área vial objeto del control de seguridad, con base en el Decreto 214 de 1997 y el inciso 2º del parágrafo del artículo 82 del Acuerdo 6 de 1990.

    

5. Solicitar a la Curaduría Urbana la licencia para la ocupación del espacio público con el amoblamiento diseñado para el control de seguridad, de conformidad con el inciso 2º del numeral 1º del artículo 99 de la Ley 388 de 1997.

Según los argumentos legales y constitucionales anteriormente expuestos, esta Subdirección conceptúa que no es posible el cerramiento de vías públicas, que de llegar a darse, constituiría a todas luces un procedimiento ilegal".

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Firma JORGE PABLO CHALELA ROMANO.