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PROYECTO DE ACUERDO 167 DE 2011 "Por medio del cual se establecen lineamientos para la creación del sistema agroalimentario basado en principios de economía solidaria y saberes ancestrales, en desarrollo de la política de seguridad alimentaria y nutricional del Distrito Capital" EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1. JUSTIFICACIÓN La importancia de que el concepto de Seguridad Alimentaria trascienda hacia un concepto más incluyente y estructurado como el de El mismo presidente Bush mencionó en su discurso de aprobación de Sin embargo, entidades y agentes estatales han creído tradicionalmente que, desarrollar el derecho a la alimentación es tan simple como llevarse algo a la boca, lo que margina no solo la discusión en torno al valor nutritivo de los alimentos sino también, el debate referido al desarrollo de los derechos fundamentales. El derecho a la alimentación debe estar caracterizado como derecho fundamental dada su vinculación esencial con el cumplimiento de otros derechos (salud, educación, etc). Sin embargo, el cumplimiento de este derecho se encuentra, también, muy ligado a los procesos y dinámicas de la tierra, pues es a partir de la propiedad y cultivo de ésta, que podemos garantizar una producción propia de alimentos y con ella, la alimentación de nuestra población con estos productos. "En el aspecto productivo, por ejemplo, es fundamental ver quiénes producen; cómo siembran, cuidan, levantan y cosechan los alimentos; cuál es la relación de tenencia, acceso y usufructo de los factores productivos; si lo que producen vía autoconsumo ayuda a su alimentación o termina beneficiando a otros agentes económicos; si están protegidos y reciben apoyo por parte del Estado para la producción de alimentos, etc"1. De acuerdo con ello, la búsqueda constante de que el concepto de Seguridad Alimentaria trascienda hacia el de Soberanía Alimentaria pretende la inclusión de algunos elementos esenciales observables en ambas definiciones. De un lado, "Seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y poder llevar así una vida activa y sana"; y de otro lado, Al revisar con atención ambos conceptos, elementos como: la protección al mercado interno contra la importación de productos a más bajo costo – dumping debilitando la producción y población agraria locales, la autonomía y derecho de pueblos y comunidades nativas y nacionales, la importancia del modo de producción de los alimentos y su origen; permiten considerar en extremo necesario, el generar mecanismos para una trascendencia paulatina de ese primer concepto de Seguridad hacia uno de Soberanía Alimentaria, por vía del fortalecimiento económico como nación soberana. Así, el concepto de Soberanía Alimentaria "trasciende la mera posibilidad de acceder a los alimentos de manera suficiente y en el momento oportuno. Trasciende la mirada restrictiva del acceso y del enfoque individual o familiar a un interés sobre lo colectivo en el sentido del poder decisorio frente al tema agrario y alimentario"2, lo que en últimas corresponde al ciclo agroalimentario. El derecho a la alimentación como derecho fundamental, es decir, fuera del esquema clásico de categorización de los DECS, dado que su violación quebranta también varios derechos fundamentales como el derecho a la vida digna, el derecho a la educación, el derecho a la salud, entre otros; y puesto que, éste derecho está reconocido internacionalmente en Es por ello que, nuestra apuesta esencial hacia el fortalecimiento y privilegio de una producción, comercialización y consumo de alimentos sanos, supone la recuperación y limpieza de los suelos que permita volver a la autonomía de la naturaleza bajo un concepto de armonía con "En el año de 1996, Jefes de Estados y de Gobiernos participaron de Desde ésta perspectiva, acogemos el concepto de Soberanía Alimentaria desarrollado en su primer momento por Vía Campesina en Por tanto el papel fundamental y dinámico de los pequeños productores entre campesinos, indígenas y organizaciones mutuales, en las distintas fases del ciclo agroalimentario, permiten un rescate efectivo de prácticas y saberes ancestrales, en las que la recuperación, cultivo y protección de semillas nativas y cultivos tradicionales se erigen como bandera garante de culturas y autonomías propias de estos pueblos. Así, la materialización del concepto y de la problemática del Hambre en América Latina dio sus primeros pasos en Brasil con el programa "Hambre Cero", lanzado en el 2003. Logrando su institucionalización a través del Viceministerio de Desarrollo Social y Combate al hambre. En Costa Rica, En ecuador, por ejemplo, se planteó un modelo de desarrollo alternativo forjando los llamados derechos del buen vivir con el mismo énfasis que la defensa de la naturaleza y su aprovechamiento inteligente. Además de incluir en el articulado de su Carta Constitucional de 2008 (artículos 1, 13, 276 y 400) el derecho fundamental a una adecuada alimentación, el fortalecimiento de la producción local y la protección y mejoramiento del área rural; concretó además, la necesidad de la convergencia de varias leyes específicas en Soberanía Alimentaria que aseguren que las distintas fases del ciclo agroalimentario – producción, transformación, comercialización y consumo de alimentos – se orienten hacia la concreción del objetivo de la misma dado su carácter multidimencional. En Bolivia, finalmente, Así mismo, la sociedad civil en algunos países del mundo (Chile, Uruguay, Brasil, Colombia, Alemania, Holanda, Bangladesh, etc.) ha tomado la iniciativa de constituir y fortalecer procesos de lucha contra el hambre y de apropiación de conocimientos y prácticas encaminados a obtener y consumir alimentos con importante énfasis en la construcción de Soberanía Alimentaria. Es por ello, que el propósito no debe ser la producción para la exportación en detrimento de la alimentación de la población local, sino justamente, privilegiar el fortalecimiento de la producción para consumo interno, bajo un esquema de consumo responsable de alimentos sanos y nutritivos que necesariamente ofrece mejores posibilidades de acceso a los alimentos, particularmente para aquellas personas y poblaciones que se hallan en condiciones de vulnerabilidad alimentaria. Sin embargo, se hace necesario retomar el concepto de integralidad del ciclo agroalimentario como base para el desarrollo de una cultura de producción y consumo responsable de alimentos, que implica considerar aspectos como la propiedad y distribución real y efectiva de Aquí se enmarca una parte importante de la acción del Estado, el sector privado y la sociedad civil; para garantizar el Derecho de acceso a una tierra productiva, lo cual es determinante para estos sectores en relación con la producción de alimentos para el autoconsumo y para el comercio; dado que la dinámica del monocultivo, los procesos de desarraigo y la irregularidad en la atención del Estado los ha alejado de la tierra y de la huerta; que son en el fondo la base que garantiza su derecho a no padecer hambre. En esencia, en este modelo la relación existente entre tierra, formas de producción y comercio, define un esquema de mercado fundamentado en la balanza importación/exportación de alimentos, privilegiando la primera, sin dar solución a problemáticas asociadas a la disponibilidad y el acceso a alimentos, constituyendo la base fundamental para que se presenten situaciones de hambre, mal nutrición y desnutrición en la población local. En alternativa a éste modelo, se plantea el fortalecimiento de un modelo económico centrado en la comercialización local de la producción propia. Lo cual, promueve el desarrollo rural/regional a través de un encuentro directo entre productores, distribuidores finales y consumidores, logrando mejor calidad y menor precio e incidiendo concretamente en el acceso, como mecanismo para ayudar a garantizar el derecho a no padecer hambre, tal como lo pretende el Plan Maestro de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria de Bogotá – PMASAB. No obstante, dicho modelo económico debe complementarse con un enfoque esencial de Autonomía y Soberanía Alimentaria plenamente justificado en nuestro país, dadas las particularidades de su enorme variedad de climas, suelos, pisos térmicos, una invaluable diversidad de especies, saberes y experiencias, surgidas de nuestros ancestros, que incluye un gran inventario de especies nativas de elevado valor nutricional y mejores condiciones de productividad, que finalmente inciden sobre la relación costo/beneficio de los alimentos. El uso de alimentos como la quinua y el amaranto, por ejemplo, podrían permitir realizar aportes de menor costo y mayor calidad en los diferentes programas de Solidaridad Alimentaria, constituyéndose en un mecanismo alternativo de óptimas condiciones en la lucha contra el hambre. En este sentido es importante tener en cuenta que hemos generado un patrón de consumo que no se corresponde con las condiciones de nuestra biodiversidad y tradición agroalimentaria. Al respecto, podríamos analizar la importancia y las implicaciones de ser el segundo país productor de frutas del mundo, contar con 150 variedades de hongos comestibles, una cantidad similar de variedades de papa y una enorme lista de semillas nativas y apropiadas, que podrían hacer parte importante de la canasta básica de alimentos con significativas ventajas nutritivas y de costo. Lo anteriormente planteado, tiene sentido y justificación en un principio fundamental: "Hambre no es sinónimo de incapacidad, indigencia ni indignidad". El hambre es una circunstancia derivada de alguna de las siguientes situaciones: 1. Carencia de las condiciones necesarias para producir alimentos y consumirlos, 2. Ausencia total o parcial de condiciones laborales que permitan contar con el ingreso necesario para adquirir los alimentos, 3. Presencia de limitaciones físicas o mentales que impidan desarrollar actividades productivas, que obliguen a una dependencia de programas de asistencia alimentaria. Por tal razón, cada una de estas situaciones debe ser tratada en función de sus particularidades. Ello conlleva a un análisis y búsqueda de soluciones de carácter integral que tiene respuesta de manera fundamental en ésta propuesta, de la articulación de los componentes del ciclo agroalimentario (producción, transformación, comercialización y consumo), bajo el enfoque planteado en el marco de Puesto que, la mayor cantidad de la población depende del empleo para poder generar ingresos que le permitan adquirir sus alimentos y los de su familia, el tema del acceso se constituye en un aspecto de carácter político que involucra tanto al Estado como a la empresa privada. El Estado debe cumplir con su responsabilidad de garantizar el derecho de los ciudadanos a no padecer hambre, así como el derecho al acceso a la tierra y a los demás recursos y medios de producción; adicionalmente le compete realizar la normatividad y el control que rigen la integración de los componentes y actores del ciclo agroalimentario incluyendo las responsabilidades de la empresa privada. Por su parte, la empresa privada debe reconocer su responsabilidad en la relación establecida entre el grado de acumulación de capital y el desplazamiento de los trabajadores, por razón de la incorporación de nuevas tecnologías en los procesos productivos y de prestación de servicios. En consecuencia, consideramos que la empresa privada debe asumir compromisos directos con unos mínimos en la vinculación laboral, que guarden proporción con el margen de utilidad de la actividad productiva; mientras de otro lado, se debe garantizar que la empresa privada destine un porcentaje de dichas utilidades para la constitución y funcionamiento de un fondo que tenga como finalidad promover e incentivar el desarrollo de iniciativas productivas, particularmente de Generación de Valor Agregado en Origen – GVAO relacionada con la transformación de alimentos (pequeña y mediana industria agroalimentaria). Con todo, la iniciativa busca que la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios en la ciudad, sea el resultado de la organización de la población en unidades económicas de actuación urbana y rural, construidas con un criterio de productividad y autosuficiencia, constituyendo así, sistemas de producción solidarios, asociativos y mutuales. 1.1. Diagnóstico Nacional Colombia, representada en 1.141.748 km² de área terrestre aproximadamente (114.285.714 Has), cuenta con 51.138.467 Has con posibilidades de explotación agropecuaria, de las cuales 14,4 millones de Has son aptas para la explotación agrícola intensiva en cultivos transitorios y perennes, sin limitaciones o con limitaciones que pueden ser corregidas mediante adecuaciones de bajo costo, no obstante, tan solo 7.25% (3.708.455 Has) está siendo usado con fines agrícolas como reza Nota: Ver la imágen No 1 por pestaña Documento En el caso de Colombia, entre la producción de biocombustibles, la sustitución de cultivos ancestrales por cultivos comerciales, el uso de semillas transgénicas y la explotación de las plantas sagradas de los indígenas como la coca o la amapola para la producción de drogas ilícitas, ha intensificado, no solo los conflictos por la tierra, sino el problema de la inseguridad alimentaría y de la pobreza de las zonas rurales. Aunado a esto existe una problemática asociada a la tenencia de la tierra producto de la escasa soberanía generada por los poderes centrales que han permitido la intensificación del conflicto, la contrarreforma agraria y los procesos de expropiación ilegal de la tierra. Existen 98.3 millones de hectáreas rurales escrituradas, donde la mitad de estos terrenos son de propiedad privada y tan solo el 0,06% de los propietarios poseen el 53,2% de las tierras productivas; el 32% está en posesión de comunidades indígenas, y el 16% pertenecen al Estado. Nota: Ver la imágen No 2 por pestaña Documento Según el informe de "la gestión de la reforma agraria y el proceso de incautación y extinción de bienes rurales" los narcotraficantes poseen el 48% de las mejores tierras del país, mientras que el 68% de los propietarios (pequeños campesinos) sólo posee el 5,2% del área. Según el PNUD y el DNE los narcotraficantes compraron tierras en 409 de los 1.039 municipios del país, así: 85% del Valle, Córdoba, 84%; Quindío, 75%; Risaralda, 71,4%, y Antioquia, 70,9%. Nota: Ver la imágen No 3 por pestaña Documento El fenómeno del narcotráfico intensifico la separación entre las zonas rurales y urbanas en el país. Grandes terratenientes han sustituido cultivos que garantizarían la soberanía alimentaría del país por cultivos rentables económicamente, lo que ha tenido como resultado que el 62% de la población rural viva en la pobreza, el 22% en la extrema pobreza y el 13,6% de la población se encuentre en estado de desnutrición. 1.2. Diagnóstico situacional del abastecimiento de alimentos en la región central, Cundinamarca. Sobre la composición del PIB de Cundinamarca, se tiene que el sector agropecuario durante el período 1990-2004 –aunque presenta una ligera disminución- se caracteriza por su decidida contribución a la economía departamental, aportando entre el 31.04% en el año 1995 y el 26.49% en el 2002. Las principales actividades agropecuarias de la región son: la producción de flores y capullos, la papa, los frutales, la caña panelera, la palma africana, el ganado vacuno y la avicultura Estudios de Lácteos, carnes y leguminosas, hortalizas y verduras, frutas y, cereales, tubérculos y la papa son algunos de los 33 alimentos básicos responsables del aporte nutricional identificados por el Plan Maestro de Abastecimiento de los 93 incluidos en la canasta básica determinada por el ICBF. Estos alimentos son producidos por 78% de pequeños productores en los departamentos con supremacía de la economía campesina como Boyacá, Meta, Tolima y Cundinamarca. A pesar de que la mayoría de alimentos provienen de un número elevado de productores campesinos, pequeños productores entre los que se encuentran los indígenas y afros; la distribución y comercialización de alimentos se encuentra centrada en pocas manos acopiándose principalmente en 10 Grandes Cadenas Integradas de Comercialización, las cuales corresponden a almacenes de cadena. Ese control de la comercialización influye en el precio final de los alimentos pues mientras un consumidor paga $100 pesos por un alimento que fue comprado en $35 pesos al pequeño productor, las ganancias de las grandes cadenas de almacenes pueden llegar al 43% 1.3. Caso Bogotá En el año 2002, Bogotá originó el 28.4% del PIB comercial del país, siendo su actividad productiva de la economía esencialmente su mercado interno, pues la demanda interna representa cerca del 80% de la demanda final. La caracterización del mercado bogotano está fundamentado especialmente en la producción campesina de la región central pues es ésta la que abastece a Desde el punto de vista del consumo, como lo mencionaron los H.C. Carlos Galán y Edgar A. Torrado en la ponencia positiva conjunta a éste proyecto de acuerdo "En el año 2003, la ciudad consumió 5.746 toneladas de alimentos por día. Pero, el ajuste en la composición de la canasta diaria, con base en las recomendaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de manera que ésta satisfaga los requerimientos nutricionales de la población, demanda un volumen de producción de 12.475 toneladas en el 2005 y 15.213 toneladas en el 2015"5. Sin embargo, los campesinos y pequeños productores que en estas zonas habitan se ven enfrentados con problemas generados por el mercado como: bajos precios de sus alimentos, desconocimiento de los canales de mercados adecuados, desconocimiento de los patrones de comportamiento del consumidor final y de los pequeños comerciantes distribuidores, y desconocimiento de relaciones que campesinos de otras regiones del país tienen con el mercado y, que inciden de alguna manera en sus resultados económicos. Es pues, justamente, tales desconocimientos, propiciada por los agentes intermediarios, por parte de los campesinos y pequeños productores los que termina marginándolos. Los intermediarios aún concentran pues, bastante poder dada la compra de productos, los préstamos de dinero sobre las cosechas y, la posesión de medios de transporte de los productos. Es ésta la inequidad y la irracionalidad en los procesos de producción, irracionalidad en los sistemas de distribución, acopio y transporte, basada en la desinformación, desagregación de la oferta y la demanda, y la escasa capacidad logística de la cuidad que ya está en manos de grandes multinacionales 1. OBJETIVO DEL PROYECTO Promover la integración de territorios y procesos, tanto rurales como urbanos, relacionados con las diferentes fases del ciclo agroalimentario, bajo un enfoque de fortalecimiento de la economía solidaria interna y a partir de una propuesta basada en el desarrollo de prácticas limpias y orgánicas, creando incentivos financieros para la producción agroecológica familiar y comunitaria, que impulsen el intercambio de saberes, la recuperación de las semillas y cultivos ancestrales, la conservación y protección del ambiente, y el consumo responsable. 2. ANTECENDENTES El presente proyecto de acuerdo presenta un antecedente en el 2010, cuando fue presentado con el N°324 al cual rindieron ponencia positiva conjunta con modificaciones, los Honorables Concejales Carlos Galán y Edgar Alfonso Torrado, de las bancadas Cambio Radical y Partido de 3. FUNDAMENTO JURÍDICO 3.1. La soberanía y la seguridad alimentaria en el ámbito internacional: El 25% de la superficie del planeta es tierra firme, con 149 millones de Km2 y 5 continentes, alberga un total de 6.477 millones de personas de las cuales 850 millones sufren de hambre crónica (Ver Gráfico 1), originada en la ausencia de políticas que antepongan la seguridad y soberanía alimentaria de los individuos a los intereses del mercado. Fuente: FAO. 2005 Nota: Ver la imágen No 4 por pestaña Documento La falta de incentivos a la producción autónoma y a la protección interna del proceso agroalimentario dadas las fluctuaciones de los precios en el mercado, el aumento de los costos del suelo derivado de la crisis económica mundial, así como la incapacidad de los Gobiernos locales para garantizar condiciones de vida dignas a los habitantes, ha incentivado a los organismos multilaterales y organizaciones internacionales, a establecer un marco normativo que inste a los Estados partes y firmantes, a considerar la importancia de la seguridad, soberanía y autonomía alimentaria, especialmente en los 32 países cuyas condiciones climáticas, económicas, geográficas y demográficas hacen imposible llenar los requerimientos alimentarios diarios de sus pobladores. Justamente, la búsqueda de la reducción de cualquier forma de dependencia alimentaría frente a productos provenientes de otras latitudes, así como la necesidad de garantizar el acceso a los alimentos, son ideas básicas a las que le apunta el presente proyecto de acuerdo, de tal suerte se encuentran consignadas en los siguientes instrumentos internacionales:
2. La soberanía y la seguridad alimentaria en el ámbito nacional El Estado colombiano cuenta con una serie de normas que regulan el uso de la tierra, el tema alimentario y nutricional del país las cuales se sintetizan a continuación:
3. IMPACTO FISCAL El presente proyecto de Acuerdo, no presenta impacto fiscal, pues se podrá ejecutar dentro las Metas de los Proyectos "Seguridad Alimentaria y Nutricional", "Alternativas productivas para la población rural de Bogotá", y "Atención integral a la ruralidad", contenidos en el Plan Distrital de Desarrollo Bogotá positiva: Para vivir mejor; y dentro de los presupuestos anuales de las entidades distritales, de conformidad con lo establecido en el artículo 7º de En virtud de lo aquí sucintamente expuesto me permito presentar a consideración del Concejo de Bogotá el presente proyecto, que considero una poderosa herramienta para fortalecer los procesos de economía local y nacional reduciendo el asistencialismo alimentario en la región haciendo hincapié en la autonomía y soberanía en las diferentes fases del ciclo agroalimentario. Cordialmente,
PROYECTO DE ACUERDO 167 DE 2011 "Por medio del cual se establecen lineamientos para la creación del sistema agroalimentario basado en principios de economía solidaria y saberes ancestrales, en desarrollo de la política de seguridad alimentaria y nutricional del Distrito Capital" EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C., En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente de las conferidas por los numerales 1, 7, 10 y 13 del artículo 12 del Decreto 1421 de 1993. A C U E R D A: TITULO I Objeto, Principios, Ejes estratégicos y Líneas de acción ARTICULO 1º. OBJETO. Créase el Sistema Agroalimentario para el Distrito Capital. El Sistema Agroalimentario hace referencia a un sistema económico de producción, transformación, comercialización, distribución y consumo de alimentos basados en principios que reafirman la soberanía alimentaria de los pueblos y la sustentabilidad ambiental. En el marco de este proceso, se deberán tomar las medidas necesarias para promover la integración de territorios y procesos, tanto rurales como urbanos, relacionados con las diferentes fases del ciclo agroalimentario, bajo un enfoque de fortalecimiento de la economía solidaria interna y a partir de una propuesta basada en el desarrollo de prácticas limpias y orgánicas, creando incentivos financieros para la producción agroecológica familiar y comunitaria, que impulsen el intercambio de saberes, la recuperación de las semillas y cultivos ancestrales, la conservación y protección del ambiente, y el consumo responsable. ARTÍCULO 2°. Principios. La iniciativa se regirá bajo los siguientes principios esenciales: Principios Económicos: Autonomía, Comercio Justo, Desarrollo rural/campesino, Eficiencia, Finanzas Solidarias Principios Políticos: Participación, Inclusión, Corresponsabilidad, Organización colectiva, asociatividad. Principios Éticos: Solidaridad, No discriminación, Interculturalidad, Inocuidad, Intercambio de saberes, Equidad, equidad de géneros. Principios Ecológicos: Agricultura orgánica o ecológica, Consumo responsable, Consumo cultural, Conservación y protección del ambiente, y precaución aplicable a la protección de las semillas agrícolas nativas. Todos con especial atención en la pequeña y mediana producción. ARTÍCULO 3°. Marco conceptual de referencia. El siguiente proyecto de acuerdo se interpretará de conformidad con las siguientes definiciones. Soberanía Alimentaria. Se entenderá por Soberanía Alimentaria la definición incluida por el decreto 315 de 2006 que expidió el Plan Maestro de Abastecimiento de alimentos y Seguridad Alimentaria para Bogotá Distrito Capital, en el marco del programa Bogotá Sin Hambre, propuesto en Semillas Nativas. Fundamento de la cultura y soberanía alimentaria de los pueblos. Especies (plantas, medicinas y alimentos) producidas naturalmente en un área geográfica específica o biogeográficamente definida, que no se corresponden directamente con las fronteras políticas y, que además, se constituyen en especies existentes anteriores a los impactos humanos sobre el suelo. Son un patrimonio colectivo de los pueblos, consideradas como un bien sagrado resultado del trabajo colectivo y acumulado de cientos de generaciones de agricultores entre campesinos e indígenas, que las han conservado, mejorado, criado, intercambiado y utilizado desde épocas inmemorables; producidas orgánicamente y con alta carga nutricional como la quinua, el amaranto, entro otros. Intercambio De Saberes, Saberes Ancestrales. Intercambio de visiones y prácticas ancestrales propias de los pueblos milenarios, referidas a todas las temáticas y prácticas de la vida cotidiana de los pueblos indígenas y las diferentes etnias. Comercio justo, alternativo o solidario. El comercio justo campo – ciudad – campo, o sur – sur se diferencia del tan difundido comercio justo norte – sur. El comercio justo sur – sur propone una reinvención de las lógicas del mercado local y regional, entre vecinos de un territorio, propone un Sistema de Garantías Participativo que fortalece la confianza relacional entre productores – distribuidores y consumidores. Este sistema de comercio sugiere la propiedad comunitaria de la logística de distribución, dicho de otra manera; los productores, distribuidores y consumidores pasan a ser copropietarios de la infraestructura de distribución agroalimentaria, es decir en lógicas de economía solidaria. Ésta práctica de comercio que se denomina también alternativo y solidario, tiene como horizonte la búsqueda de soluciones al problema de la pobreza, pero así mismo, plantea un cambio en las relaciones entre los diferentes actores de la cadena. Sistemas de Garantía Participativos-SGP y Sellos de Confianza. Los Sistemas Participativos de Garantía son sistemas de garantía de calidad de productos agroecológicos construidos a partir del empoderamiento de las comunidades sociales. La certificación de los productores es a partir de la activa participación de los actores involucrados y los sistemas se basan en la confianza, las redes sociales y el intercambio de conocimiento, con el objetivo de disponer de alimentos sanos, aptos para los consumidores urbanos y rurales. Los SPGs además de ser un sistema de garantía, son también un instrumento que contribuye a la construcción de una agricultura orgánica democrática, inclusiva y accesible para todos los productores y consumidores. Los Sistemas de Garantía Participativos están basados en normas reconocidas y de acceso público para la práctica ecológica, para verificar que los productores mantienen las normas de forma consistente, se encuentran instaurados procesos sistematizados. Así mismo, apoyan y animan a los grupos de productores a trabajar juntos y a mejorar sus prácticas agrícolas por medio del intercambio de conocimientos y experiencias. Esta certificación se otorga a través de sellos de confianza que garantizan la validez del proceso y la calidad de los alimentos. Agricultura Orgánica/Ecológica. En Colombia y como parte de las conclusiones del Taller Nacional "Agricultura Familiar Agroecológica Campesina: presente y futuro" celebrado en Buga entre el 1 y 3 de Septiembre de 2010, Equidad y Complementariedad De Género. Reconocimiento de la perspectiva de género toda vez que la mujer juega un papel fundamental en las prácticas de producción agropecuaria. El principio hace referencia al fomento y promoción de relaciones más equitativas entre hombres y mujeres, una justa distribución de responsabilidades al interior de todo el ciclo agroalimentario, así como un acceso equitativo a los recursos productivos y a los beneficios. Así mismo, el principio hace referencia en especial atención a las mujeres en condición de vulnerabilidad por sus condiciones de edad, bajos ingresos, espacios laborales de exclusión, desplazamientos, entre otros. Patrimonio cultural material e inmaterial. Se tomará la definición adoptada por Generación de Valor Agregado en Origen – GVAO. Representa el aporte de los diferentes sectores productivos y se mide por la suma de los valores agregados de cada uno de estos sectores al momento de la producción y transformación del alimento. Relevo Generacional. La construcción de un sistema agroalimentario en Bogotá Región soportado en los principios económicos, políticos, éticos y ecológicos ya expuestos, requerirá el trabajo educativo con y por muchas generaciones, es vital entonces, la vinculación orgánica de los/as niños, niñas y jóvenes, para asegurar la sostenibilidad social del proceso organizativo, productivo y de comercio justo campo-ciudad-campo. ARTÍCULO 4°. Ejes Estratégicos. 1. Procesos agroecológicos y prácticas ancestrales: incentivar o fortalecer el desarrollo de procesos agroecológicos, relacionados con la producción, trasformación y comercialización de alimentos, de manera que se reconozca, mantenga y fortalezca el intercambio de saberes, la recuperación, cultivo, protección, conservación y uso de prácticas y especies (semillas) ancestrales, como ejercicio de reconocimiento e inclusión de actores campesinos y de las diferentes etnias, estrechamente ligados a la producción de alimentos. 2. Propiedad sobre Patrimonio material e inmaterial: garantizar la protección a la propiedad intelectual y del material genético perteneciente a las comunidades ancestrales y derivado de sus saberes y prácticas además de, la biodiversidad nativa; así como aquellos, producto de los procesos de investigación y desarrollo que nos son propios. 3. Iniciativas productivas: impulsar iniciativas productivas que generen y mejoren el ingreso de productores de alimentos y el acceso en condiciones de comercio justo de los consumidores. Iniciativas productivas bajo esquemas de Redes de producción agroecológica, distribución ecológica, centros de acopio y transformación comunitaria, tiendas ecológicas y orgánicas en el marco del comercio justo. 4. Apoyo a los SGP y Sellos de Confianza en Bogotá. Desarrollar acciones para la generación de Sellos de confianza en la comercialización de productos y alimentos ecológicos en Bogotá. 5. Finanzas Solidarias: impulsar lo solidario en las finanzas, pues no se debe tomar sólo como un tema de especialistas ni sólo de las instituciones solidarias sino como una tarea del conjunto de la economía, del estado y del conjunto de las finanzas sean estas privadas, estatales y por supuesto del mismo sector social y solidario. Debemos abrir espacios de reflexión sobre la significación de las finanzas solidarias en el conjunto de la economía de Bogotá Región y su aporte al sistema agroalimentario. 6. Desabastecimiento de alimentos: desarrollar acciones que aseguren el suministro de alimentos en situaciones de emergencia, derivadas de catástrofes naturales, políticas, militares y económicas, que puedan causar eventual desabastecimiento alimentario. ARTÍCULO 4°. Líneas de acción. Tienen como propósito plantear la forma para materializar los ejes estratégicos, orientando acciones e intervenciones de los diferentes actores, referentes al fortalecimiento y promoción de prácticas autónomas, locales y agroecológica de alimentos, aunadas a las dinámicas del ciclo agroalimentario. 1. Procesos agroecológicos y prácticas ancestrales 1. Diseñar mecanismos y procedimientos participativos que permitan inventariar las especies nativas con potencial económico y nutricional, incluyendo aquellas ya adaptadas o apropiadas, de reconocida producción y utilización dentro de los sistemas de producción indígena y campesinos, que consoliden y fortalezcan Bancos de Semillas y así complementen la variedad de productos requeridos para garantizar una sana y adecuada alimentación y nutrición, con prioridad sobre alimentos importados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8° del Decreto 508 de 2007 y las normas que lo complementen y modifiquen. 2. Promover e impulsar el desarrollo de Escuelas Agroecológicas en las que sus programas facilitaran el reconocimiento, apropiación, difusión y conservación de las especies nativas, haciendo énfasis en los beneficios y ventajas económicas, ambientales y sociales de su cultivo, cuidado y reproducción; así como del consumo responsable. Dichos beneficios y ventajas deberán ser incluidos en los inventarios de especies nativas que hayan elaborado o lleguen a elaborar las instituciones académicas y centros de investigación, en desarrollo de lo dispuesto por el artículo 13° y 17° del Decreto 508 de 2007 y las normas que lo complementen y modifiquen. 3. Promover la producción y utilización de abonos orgánicos e insumos biológicos, desestimulando el uso de agroquímicos, así como la producción y consumo de transgénicos. 4. Establecer mecanismos de fortalecimiento y acercamiento de las relaciones urbano-rurales, encaminadas al consumo de alimentos propios de alto valor nutricional, como estrategia necesaria para garantizar la sostenibilidad en el autoabastecimiento nacional de alimentos como principio fundamental de la soberanía y autonomía alimentarias. 5. Promover el desarrollo de campañas de educación y socialización sobre la importancia de un consumo responsable basado en una alimentación sana y nutricionalmente balanceada, impulsando de manera particular el uso y consumo de especies ancestrales de alto Valor nutricional como elemento constitutivo de la canasta básica de alimentos. 2. Protección de 1. Estimular la generación de mecanismos y acciones pedagógicas, para facilitar el intercambio y difusión de saberes, prácticas y experiencias ancestrales, entre diferentes comunidades, culturas y pueblos; como elementos de apropiación y protección de éstos saberes 2. Promover mecanismos encaminados a fortalecer la diversidad de procedimientos, formulas y compuestos, de origen biológico/orgánico; mediante su estandarización y universalización 3. Garantizar la aplicación integral de la normatividad nacional e internacional, ratificada por Colombia, necesarias para garantizar el cumplimiento de los preceptos normativos establecidos en aspectos de propiedad intelectual y patentes sobre el patrimonio cultural material e inmaterial, provenientes del conocimiento ancestral y de la biodiversidad nativa, de manera que se conserve su permanencia como parte del acervo cultural de las comunidades locales, en desarrollo del Decreto 508 de 2007 y las normas que lo complementen y modifiquen. 4. Promover el desarrollar y la aplicación de tecnologías propias y apropiadas que permitan el uso racional de la tierra, cumpliendo con lo determinado en 3. Iniciativas productivas 1. Generar lineamientos de corresponsabilidad de la empresa privada, que conduzcan a la implementación de mecanismos que aseguren unos mínimos en la vinculación laboral y una ocupación productiva a las poblaciones a las cuales se dirige el presente proyecto de Acuerdo; guardando proporción con el margen de utilidad de su actividad productiva. 2. Garantizar que la empresa privada destine un porcentaje de dichas utilidades para la constitución y funcionamiento de un Fondo Agroalimentario, que será administrado por 3. Promover la implementación de procesos de valor agregado en origen, como un mecanismo para garantizar el mejoramiento de condiciones de empleo y de ingreso para el desarrollo rural, incentivando el emprendimiento empresarial de los pequeños y medianos productores, así como de las personas en situación de vulnerabilidad alimentaria como los usuarios de comedores comunitarios, en desarrollo de lo establecido por el artículo 16° del Decreto 508 de 2007 y las normas que lo complementen y modifiquen. 4. Apoyo a los SGP y Sellos de Confianza en Bogotá. 1. Implementar los SGP y los sellos de confianza para la comercialización de productos y alimentos agroecológicos en Bogotá. Se apoyarán las iniciativas que surjan de los productores y distribuidores campesinos, indígenas y populares. 5. Finanzas Solidarias 1. Impulsar escenarios autónomos de las diferentes etnias y comunidades en los que se lleven a cabo prácticas de trueque e intercambio de productos alimenticios, medicinales y artesanías 2. Promover y fortalecer procesos autóctonos de intercambio que incluyan la utilización de monedas locales o unidades alternativas de intercambio como las "unidades de intercambio solidario-UDIS", fortaleciendo así, sistemas alternativos de intercambio de alimentos, medicinas y demás productos propios de campesinos y las diferentes etnias. 6. Medidas para el desabastecimiento alimentario Las siguientes medidas deberán realizarse a través de un Comité Agroalimentario en el que tendrá participación 1. Realizar y actualizar constantemente, un inventario de la capacidad interna de suministro de alimentos del Distrito Capital, en un momento dado, representada en el stock de alimentos existentes en todas las instancias de almacenamiento inmediato o temporal de los mismos, como: despensas familiares, puntos comerciales de distribución de alimentos, centrales de abastecimiento, etc. 2. Promover la implementación de reservas alimentarias de periódica renovación, que incluya desde los hogares hasta las grandes plataformas comerciales, garantizando la existencia permanente de una cantidad y variedad de alimentos que permita suplir las necesidades de supervivencia para un periodo mínimo de 2 semanas, tiempo en el cual se considera que estaría disponible la asistencia alimentaria por parte de la cooperación en caso necesario. 3. Garantizar la existencia de reservas y fuentes hídricas al interior de la ciudad y, en la medida de lo posible, de su potabilidad, en condiciones de fácil acceso para todos los habitantes. 4. Diseñar procedimientos logísticos para la distribución y acceso equitativo de alimentos, a toda la población, en situaciones de emergencia. TITULO II Competencias ARTÍCULO 5. Responsables. El diseño e implementación del Sistema Agroalimentario será competencia de ARTÍCULO 6. Articulación interinstitucional y social. ARTÍCULO 7. VIGENCIA.- El presente acuerdo rige a partir de la fecha de sanción y publicación. Parágrafo: En el término de un (1) año, contado a partir de la publicación del presente Acuerdo, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE NOTAS DE PIE DE PÁGINA 1 Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. Segundo informe sobre la situación sobre el Derecho a la alimentación en Colombia "Hambre y vulneración del derecho a la alimentación en Colombia". Bogotá. 2010. P. 14 2 Ibídem 3 Informe de 4 Documento de Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Bogotá Distrito Capital. Comité Distrital Intersectorial de Alimentación y Nutrición. 2007. Pág. 47 5 Bogotá sin hambre y Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos, UESP. Nutrir a precio justo. Soporte técnico del Plan Maestro de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria de Bogotá. Bogotá, 2005. Inédito. 6 Ver: http://www.alcaldiabogota.gov.co:7772/sisjur/consulta_tematica.jsp |