RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

La sociedad CONSORCIO INMOBILIARIO S.A., por conducto de apoderado y en ejercicio de la acción de reparación directa instaurada en contra del DISTRITO CAPITAL DE SANTAFE DE BOGOTA, solicitó que se declare a la demandada patrimonialmente responsable de los daños y perjuicios a ella ocasionados como consecuencia de la expedición del Decreto Distrital No. 677 del 31 de octubre de 1994, el cual asignó tratamiento de conservación arquitectónica al inmueble de su propiedad, ubicado en la avenida 22 No. 41-63 al 41-69 de esta ciudad, razón por la cual no pudo desarrollar el proyecto inmobiliario que denominó "Portal de la Soledad".

Consecuentemente solicitó se lo condene a pagar a su favor los perjuicios consistentes en las utilidades que la sociedad ha debido obtener en el evento de haber podido terminar el proyecto que venía adelantando en dicho inmueble.

En subsidio de lo anterior, solicitó que se ordene pagarle los gastos en que incurrió para comenzar el proyecto de vivienda.

Como fundamentos fácticos de sus pretensiones expuso los que la Sala se permite resumir de la manera que sigue:

Asegura la demanda que en desarrollo de su objeto social, el 21 de julio de 1994, adquirió el inmueble ubicado en la avenida 22 No. 41-63 al 41-69 de esta ciudad, destinado a la ejecución de un plan de vivienda denominado Proyecto Portal de la Soledad, consistente en la construcción y posterior venta de un edificio de apartamentos, para lo cual adelantó los trámites urbanísticos correspondientes y constituyó un contrato de fiducia de administración de recursos con la Fiduciaria Skandia S.A., contrato éste destinado al manejo de los dineros necesarios para la ejecución del proyecto.

Dice la sociedad demandante en su libelo que en desarrollo del contrato de fiducia se alcanzaron a suscribir convenios con los futuros propietarios de algunos de los inmuebles que conformaban el proyecto, el cual tenía una viabilidad económica asegurada en razón de su ubicación y la bonanza en el sector de la construcción que se vivía en la época.

Afirma la demanda que el proyecto se vio frustrado con la expedición del Decreto Distrital No. 677 de 31 de octubre de 1994, en virtud del cual el inmueble quedó cobijado bajo el régimen de conservación arquitectónica, normatividad que, a pesar de su licitud, le produjo perjuicios.

La demanda presentada el 31 de octubre de 1996¹, fue admitida por auto del 21 de noviembre de la misma anualidad², el que se notificó en legal forma al Ministerio Público el 10 de diciembre de 1996³ y al Distrito Capital de Santafé de Bogotá, el día 24 de abril de 1.997⁴.

El Distrito Capital de Santafé de Bogotá contestó la demanda para oponerse a las pretensiones⁵, manifestando que la demandante reconoce que el Decreto Distrital fue expedido en debida forma, bajo los parámetros fijados por el Concejo Distrital, a quien le compete dictar normas sobre uso y conservación del suelo en el Distrito.

Igualmente consideró que la acción procedente en este caso era la de nulidad y restablecimiento del derecho, en vista de que el perjuicio por el cual reclama se dice causado por un acto administrativo de carácter particular, situación que torna la demanda en indebida, sin que pueda considerarse que ocurrida la caducidad de ésta acción, sea posible acudir posteriormente a la de reparación directa.

Finalmente señaló el ente demandado que se debe establecer si la parte actora, a la fecha de expedición del Decreto Distrital No. 677 de 1994, tenía licencia de construcción para el edificio, ya que si no fuese así, mal podría construir y, mucho menos, instaurar una demanda por tal razón.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante auto del 4 de noviembre de 1997, abrió el proceso a pruebas y decretó las solicitadas por las partes⁶.

Concluido el término probatorio, por auto de 6 de julio de 2.000, se corrió traslado para alegar de conclusión⁷, oportunidad procesal que aprovechó la parte actora para insistir en sus pretensiones y señalar que los perjuicios reclamados aparecían debidamente acreditados con la prueba pericial que se practicó en el proceso, la que discriminó los costos en que se incurrió para adelantar el proyecto inmobiliario y la utilidad dejada de percibir ante la imposibilidad de su culminación.

El Distrito Capital de Santafé de Bogotá, de igual manera, reiteró lo expuesto en la contestación de la demanda, para solicitar se nieguen las pretensiones formuladas en la demanda.

El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.

El Tribunal Administrativo de Descongestión con Sede en Bogotá, Sección Tercera, mediante sentencia proferida el 25 de enero de 2.001⁸, resolvió denegar las pretensiones de la demanda.

Frente al planteamiento de la ineptitud de la demanda que considera el demandado se configura en este caso por haberse impetrado una acción improcedente, señaló que el Decreto Distrital No. 677 de 1994 es un acto administrativo de carácter general, razón por la cual, en atención a la jurisprudencia, cuando de esta clase de actos se deriven perjuicios resulta procedente la acción de reparación directa.

A continuación, tras reseñar los pronunciamientos de esta Corporación referidos al régimen de responsabilidad por daño especial, consideró que, a partir de la adquisición del inmueble por la demandante, el desarrollo del proyecto habría tenido viabilidad si hubiera cumplido al menos con dos requisitos: tener la propiedad sobre el inmueble o la facultad de disposición del mismo bajo cualquier título; y, tener autorización para iniciar obras o demolición al tratarse de obra nueva, junto con la certificación de delineación urbana para el predio correspondiente, expedida previo el cumplimiento de los requisitos por el Departamento de Planeación Distrital.

Estimó que el recaudo probatorio no daba soporte a las pretensiones principales ni subsidiaria de la demanda.

Concluyó que la demandante, quien afirmó tener más de 20 años de experiencia en construcción, fue negligente al pretender llevar a cabo su proyecto sin antes obtener las licencias y autorizaciones respectivas, sin prever que su inmueble ubicado en la zona de La Soledad, y por su aspecto de antigüedad podía quedar afectado con una decisión administrativa, como bien de conservación arquitectónica.

Finalizó diciendo que dicha negligencia y falta de cuidado no se le puede trasladar a la administración, por lo que en este caso se rompía el nexo causal entre los supuestos gastos de iniciación del proyecto y el contenido del Decreto Distrital No. 677 de 1994, ya que la solicitud de una licencia para realizar una actividad no constituye un derecho adquirido, sino una simple expectativa que se concreta en el momento en que la administración la otorgue, posibilidad de la cual no se puede derivar una indemnización como la pretendida en la demanda.

La parte demandante, inconforme con la decisión, interpuso recurso de apelación en contra de la providencia de primera instancia⁹.

Manifestó sus reparos frente al fallo en cuanto al señalamiento de su actuación negligente por iniciar el proyecto inmobiliario antes de obtener la licencia y afirmó que el trámite de obtención de una licencia de construcción y certificado de delineación urbana es reglado, por lo que al haberse presentado con el lleno de los requisitos legales era deber de la administración concederla.

Dijo que la solicitud se radicó 18 días antes de la expedición del Decreto Distrital No. 677 de 1994, habiendo pagado el impuesto de delineación urbana 24 días antes de la expedición del citado Decreto, por lo que el Consorcio no sólo confiaba, sino que estaba plenamente seguro de tener el derecho a la concesión de la licencia, ya que al momento de la solicitud el inmueble no se encontraba sujeto al régimen de conservación arquitectónica ni tenía limitación que afectara su uso, goce y disposición, es decir, si la administración hubiera estudiado oportunamente la petición, habría tenido que otorgarla.

Frente a la demostración de los perjuicios ocasionados, se refirió nuevamente a las conclusiones del dictamen pericial realizado en el proceso, destacando que no fue objetado por parte de la Entidad demandada, por lo cual los consideró suficientemente acreditados, con carácter de ciertos, reales y directos, afirmando que los gastos previos ya estaban causados y pagados, mientras que muchos de los apartamentos fueron negociados sobre planos y los estudios de factibilidad arrojaban excelentes pronósticos de venta en una época donde el sector inmobiliario atravesaba un excelente momento comercial.

1. El trámite de segunda instancia

El recurso planteado en los términos expuestos, fue admitido por auto del 5 de julio de 2.001¹⁰ y, mediante proveído del 27 de julio del mismo año,¹¹ se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto de fondo.

En esta oportunidad procesal la parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio.

La parte actora alegó de conclusión, reiterando en su integridad los argumentos expuestos en la sustentación del recurso de apelación, los que se tienen por reproducidos en gracia de brevedad.

La Sala, al no encontrar causal de nulidad alguna que pudiera invalidar lo actuado, procede a resolver de fondo el asunto.

La Sala es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida el 25 de enero de 2.001 por el Tribunal Administrativo de Descongestión con Sede en Bogotá, Sección Tercera, en proceso con vocación de doble instancia ante esta Corporación, dado que la demanda se presentó el 31 de octubre de 1996 y la pretensión mayor se estimó en la suma de novecientos millones de pesos ($900.000.000) en consideración a la utilidad dejada de percibir con el proyecto inmobiliario, mientras que el monto exigido en ese año para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia era de $13.460.000 (Decreto 597 de 1988).

Debe precisarse que, en vista de que el fallo apelado denegó las pretensiones de la demanda y la apelación se formula por la parte actora, la Sala no ve limitada su competencia para decidir, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil¹².

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble por causa de trabajos públicos.

En el sub examine la responsabilidad administrativa que se demanda se origina en la afectación del inmueble de propiedad de la sociedad demandante, bajo el régimen de conservación arquitectónica dispuesto a través del Decreto Distrital No. 677 de 31 de octubre de 1994 y, como quiera que la demanda se interpuso el 31 de octubre de 1996¹³, resulta evidente que la acción se propuso dentro del término previsto por la ley.

En el presente proceso, la Sociedad Consorcio Inmobiliario S.A. alega que se le causó un daño, imputable al Distrito Capital de Santafé de Bogotá, como consecuencia de la expedición del Decreto Distrital No. 677 del 31 de octubre de 1994, el cual asignó tratamiento de conservación arquitectónica al inmueble de su propiedad ubicado en la avenida 22 No. 41-63 al 41-69 de esta ciudad, que determinó que no pudiera desarrollar el proyecto inmobiliario denominado "Portal de la Soledad".

De acuerdo con lo anterior, debe establecerse en primer término, si se produjo el daño alegado en la demanda para luego entrar a definir si el mismo es antijurídico y si le es imputable a la parte demandada.

Según se afirma en el texto de la demanda y se mencionó en acápite anterior, el daño que se pretende sea reparado consiste en la pérdida de las utilidades que la sociedad pudo haber obtenido si hubiera podido terminar el proyecto que –afirma- venía adelantando, así como el valor de los gastos en que incurrió para comenzar el citado proyecto de vivienda.

Ahora bien, tal como lo tiene suficientemente establecido la jurisprudencia de la Sala, para la acreditación de los derechos reales sobre bienes inmuebles, es decir, la propiedad¹⁴, se requiere, de manera indispensable, la aportación del título y el modo, dualidad inescindible que debe comprobarse en los procesos judiciales en los cuales se pretenda hacer valer algún derecho real derivado de la propiedad raíz.

De igual manera, la Sala ha señalado que ante la no acreditación de alguno de los elementos enunciados, esto es el título o el modo, mediante los documentos exigidos por la ley para el efecto, se entenderá que la propiedad no se encuentra acreditada¹⁵. En otras palabras, para que una persona sea tenida como propietaria o titular de derechos reales sobre bienes inmuebles debe exhibir título y modo, es decir, la escritura pública o cualquier otro medio idóneo que tenga la virtualidad de disponer, enajenar, afectar o mutar derechos reales sobre una cosa inmueble más la correspondiente inscripción de dicho título en el registro inmobiliario¹⁶.

Sobre la propiedad del inmueble al que se refieren los hechos de la demanda, se tiene que con el libelo se allegó copia auténtica de la escritura pública No. 2.111, de 21 de julio de 1994¹⁷, contentiva de la compraventa que la Sociedad Consorcio Inmobiliario S.A. realizó sobre el inmueble ubicado en la avenida 22 No. 41-63 y 41-69, de la Urbanización La Soledad. Así mismo, dentro de la documentación remitida por el Departamento Administrativo de Planeación de la Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá¹⁸, obra certificado de tradición con la correspondiente anotación registrada ante la oficina de registro de instrumentos públicos el 3 de agosto del mismo año¹⁹, por lo que la propiedad en cabeza de la demandante para la época de los hechos se encuentra acreditada.

Respecto de la prueba de la decisión de dar tratamiento de conservación arquitectónica por parte de la Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá, entre otros, respecto del inmueble ubicado en la avenida 22 No. 41-63 y 41-69, de la Urbanización La Soledad, fue allegada al proceso, copia auténtica del Decreto 677 de 31 de octubre de 1994 y sus anexos²⁰.

Igualmente se tiene que obran en el proceso copias auténticas de la Resolución No. 0187 de 31 de enero de 1.995²¹, que negó la solicitud de licencia de construcción elevada por la parte actora, así como las Resoluciones No. 533 de 12 de abril de 1995 y No. 1021 de 28 de junio de 1.995, mediante las cuales fueron resueltos los recursos de reposición y apelación, para negar las peticiones formuladas en vía gubernativa en contra de la primera Resolución²².

En cuanto a las utilidades esperadas y la inversión efectuada para adelantar el proyecto de vivienda "Portal de La Soledad", ha de decirse que de la prueba pericial decretada por el Tribunal a quo²³ resulta que los peritos discriminaron los gastos o costos que se hicieron para la ejecución del mencionado proyecto, causados entre marzo 4 de 1994 y enero de 1997, así como las ganancias esperadas de tal inversión, dictamen que, a pesar de no haber tenido oposición de las partes, merece las siguientes consideraciones frente a sus conclusiones.

En primer lugar, los peritos discriminaron dos clases de perjuicios causados: el daño emergente, constituido por el valor de los costos o gastos del proyecto inmobiliario y, el lucro cesante, consistente en la utilidad dejada de percibir por cuenta de tal proyecto.

Frente al daño emergente, aparecen detallados y soportados los costos por concepto de gastos del inmueble para adecuación y adaptación a la construcción proyectada; los gastos del proyecto que incluyen estudios de pre - factibilidad y factibilidad y los honorarios de abogados cancelados por las gestiones adelantadas ante autoridades judiciales y distritales con ocasión del trámite de la licencia de construcción. Dichos ítems fueron indexados desde la fecha de su causación, para arrojar un monto total de $331.830.360,76.²⁴

Considera la Sala que esta conclusión se ajusta a los fines de la pericia y se encuentra debidamente soportada en los anexos de la misma²⁵, por lo que no tiene reparo, además de lo anterior los peritos realizaron un segundo cálculo tendiente a establecer -sobre la anterior suma- un reconocimiento de intereses, para lo cual dieron aplicación a una fórmula de matemáticas financieras que dio como resultado una suma de $95.167.206.36²⁶.

De otra parte, en cuanto al establecimiento del lucro cesante por la utilidad dejada de percibir, las conclusiones de los peritos señalan haber tomado como base el estudio de factibilidad realizado por la sociedad demandante, procediendo a reformarlo en concordancia con lo ejecutado del proyecto (Gestión y gastos), recalculando las cifras y creando un nuevo estudio de factibilidad²⁷, para fijar este punto en la suma de $994.535.043.02²⁸.

Teniendo en cuenta que la prueba dirigida al establecimiento del daño, lo fue el dictamen pericial, con los resultados que anteceden, estima la Sala que se encuentra demostrada la existencia de los perjuicios que se reclaman, teniendo en cuenta la inversión realizada sin éxito por la demandante.

Ahora bien, debe analizarse si este daño deviene antijurídico y si además resulta imputable a la Entidad demandada.

El daño antijurídico cuya definición no se encuentra en la Constitución ni en la ley, sino en la doctrina española, particularmente en la del profesor Eduardo García de Enterría, ha sido reseñado en múltiples sentencias desde 1991²⁹ hasta épocas más recientes³⁰, como el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo.

En el presente caso, para establecer la naturaleza antijurídica del daño, es pertinente destacar que la demandante vendió el inmueble a través de escritura pública de 26 de septiembre de 1996, anotación que fue registrada en el certificado de tradición el 1° de octubre de 1.996³¹, por lo que no es dable considerar que en este caso la alegada afectación pudiera tener origen en la limitación de la libre disposición del inmueble al propietario, por haber sido cobijado por el régimen de conservación arquitectónica³², sino exclusivamente en el monto determinado como daño emergente, por la inversión realizada para iniciar el proyecto inmobiliario.

En este contexto, debe recordar la Sala que el argumento central de la apelación gira en torno al hecho de haberse pagado el impuesto de delineación urbana y radicado la solicitud de licencia de construcción, unas semanas antes de la expedición del Decreto Distrital No. 677 de 1994, por lo que, en criterio del apelante, debió estudiarse oportunamente la petición y conceder la licencia al cumplir con todos los requisitos exigidos, en virtud del carácter reglado de dicho trámite.

Frente a lo anterior, es de manifestar que la existencia de un desequilibrio del principio de igualdad ante las cargas públicas para el propietario del inmueble sometido al régimen de conservación, no conlleva per se el rompimiento del citado principio frente a la mera expectativa de adelantar un proyecto inmobiliario en el inmueble, pues en el presente caso no se trata de un derecho adquirido que se vea menoscabado con ocasión de la voluntad de la administración, expresada mediante un acto administrativo de carácter general.

Es así como el acto de presentación de la solicitud de licencia de construcción y el haber cumplido con el requisito de pagar el impuesto de delineación urbana, no genera un derecho adquirido, a pesar de que a juicio de la demandante, tuviera plena seguridad del otorgamiento de la licencia, por el contrario, en esta etapa sólo existe una mera expectativa y nada más, ya que es a la Administración a quien le corresponde evaluar la petición y el cumplimiento de los requisitos para pronunciarse sobre ella a través de un acto administrativo.

Sobre la diferencia entre un derecho adquirido y una mera expectativa, la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación señaló³³:

"Por derecho adquirido, conocido también como situación jurídica concreta o subjetiva, han entendido la jurisprudencia y la doctrina aquel derecho creado y definido bajo el imperio de una ley, que por lo mismo ha ingresado y forma parte del patrimonio de una persona.

Como mera expectativa, igualmente denominada situación jurídica abstracta u objetiva, se ha considerado aquella situación en la cual el texto legal que la ha creado aún no ha concretado o definido sus efectos en favor o en contra de una persona.

Estas dos nociones son opuestas. Mientras una nueva ley no puede vulnerar o desconocer los derechos adquiridos con arreglo a la anterior, las meras expectativas o esperanzas de lograr los efectos de un texto legal pueden resultar fallidas o pospuestas, en virtud de una modificación que ordene discrecionalmente el legislador.

(…)

2.3 El derecho adquirido no es tal por el transcurso del tiempo, sino porque se trata de una situación subjetiva, consolidada con arreglo a una ley, en favor de una persona determinada."

Estas consideraciones resultan igualmente aplicables en tratándose de la actividad de la administración, exteriorizada a través de actos administrativos, bien sean ellos de carácter general o particular.

Ahora bien, en términos generales, ha señalado esta Corporación que la concesión de una licencia no constituye un derecho adquirido, ya que se trata de un derecho temporal, sujeto a la regulación legal y reglamentaria respectiva³⁴, que se mantiene mientras se cumplan las exigencias legales sin que puedan considerarse indefinidas, absolutas o ilimitadas³⁵, que puede ser suspendida o dejada sin efecto por la autoridad que la otorgó³⁶.

Para el caso de la licencia de construcción, es claro que, una vez otorgada y construida la obra, se hace imposible dejarla sin efecto para que las cosas vuelvan a su estado anterior, sin embargo, ante circunstancias sobrevinientes como la ocurrida en el sub lite -asignación de tratamiento de conservación arquitectónica- y cuando no se haya iniciado la obra, es viable que la administración disponga lo necesario para evitar el menoscabo del patrimonio protegido, evento en el cual no puede hablarse de un derecho adquirido, sino de una situación jurídica de carácter particular modificable en aras del interés general.

En esta última hipótesis, -que no ocurre en el sub lite- al otorgarse una licencia de construcción y actuar el propietario al amparo de una situación jurídica que tiene sustento en un acto administrativo, se vería concretada una ruptura del principio de igualdad ante las cargas públicas, ya que el interés individual debería ceder ante el interés social, materializándose la ocurrencia de un daño con carácter antijurídico.

Como ya se dijo anteriormente, en el asunto debatido la solicitud de licencia de construcción elevada por la demandante fue denegada por el Distrito a través de la Resolución No. 0187 de 31 de enero de 1.995³⁷, acto que fue confirmado en vía gubernativa con las Resoluciones No. 533 de 12 de abril de 1995 y No. 1021 de 28 de junio de 1.995³⁸, por lo que a juicio de la Sala, no se generó una situación jurídica de carácter particular que cristalizara la expectativa de la demandante para el desarrollo del proyecto inmobiliario.

En estas condiciones, las inversiones realizadas por la actora y que ahora reclama, constituían una erogación necesaria para que la solicitud de licencia de construcción cumpliera con los requisitos señalados en el artículo 41 del Decreto No. 600 de 7 de octubre de 1993³⁹, regulador de la expedición de licencias y permisos de urbanización y construcción en el Distrito Capital, sin embargo, estos gastos y el cumplimiento de los requisitos constituyen una mera expectativa frente al otorgamiento de la licencia, pues como se desprende del contenido del artículo 2° del Decreto Distrital No. 677 de 31 de octubre de 1994⁴⁰, las solicitudes en curso de licencias o permisos regulados por el Decreto No. 600 de 1993, se decidirían con base en las normas vigentes para el tratamiento de conservación arquitectónica, lo que reafirma que el estudio de la petición debía fundarse en la normatividad vigente al momento de decidir y no a la fecha de la solicitud, de manera que la realización del proyecto constituía una mera expectativa para la demandante.

Las anteriores afirmaciones son plenamente compatibles con el conjunto de principios y reglas que en el ordenamiento nacional, han fijado la manera en que la ley se aplica en el tiempo, criterios igualmente aplicables a los Actos Administrativos como manifestaciones de la actividad reguladora del Estado. Entre las disposiciones que sobre la materia contempló la Ley 153 de 1887, vale la pena recordar el tenor literal de las siguientes:

"Artículo 17. Las meras expectativas no constituyen derecho contra la ley nueva que las anule o cercene".

Artículo 18. Las leyes que por motivos de moralidad, salubridad o utilidad pública restrinjan derechos amparados por la ley anterior, tienen efecto general inmediato.

Si la ley determinare expropiaciones, su cumplimiento requiere previa indemnización, que se hará con arreglo a las leyes preexistentes ...

(...)

Artículo 28. Todo derecho real adquirido bajo una ley y en conformidad con ella, subsiste bajo el imperio de otra; pero en cuanto a su ejercicio y cargos y en lo tocante a su extinción, prevalecerán las disposiciones de la nueva ley".

De acuerdo con el análisis que antecede, concluye la Sala que el daño sufrido por la demandante no puede catalogarse como antijurídico, habida cuenta de que se deriva de una mera expectativa, de un alea que el constructor solicitante asume, muy a pesar de que considere asegurado el otorgamiento de la licencia, razón que conlleva el deber de soportar las consecuencias adversas, pues como ya se indicó, la radicación de la solicitud no constituye una situación jurídica de carácter particular que determine el sentido de la decisión de la administración.

Por tal razón, en el presente asunto no hay lugar a examinar la imputabilidad de un daño que no es antijurídico, por lo que no prosperan los argumentos de la apelación y se impone confirmar la decisión de primera instancia, con fundamento en las precisas consideraciones expuestas en esta providencia.

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, debido a que ninguna procedió de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

PRIMERO: CONFIRMASE la sentencia proferida el 25 de enero de 2.001, por el Tribunal Administrativo de Descongestión con Sede en Bogotá, Sección Tercera, de conformidad con las consideraciones expuestas en esta providencia

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.