RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

Que el artículo 2° de la Constitución Política consagra que "Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares".

Que de conformidad con el artículo 35 del Decreto Ley 1421 de 1993, el Alcalde Mayor de Bogotá, D.C., es el jefe del gobierno y de la administración distrital, y como primera autoridad de policía impartirá las órdenes y adoptará las medidas para garantizar la seguridad ciudadana y la protección de los derechos y libertades públicas.

Que el numeral 17 del artículo 38 ídem establece como función del Alcalde Mayor: "Colaborar con las autoridades judiciales de acuerdo con la ley".

Que según lo dispuesto por el artículo 53 ibídem, el Alcalde Mayor como jefe de la administración distrital ejerce sus atribuciones por medio de los organismos o entidades que sean creados por el Concejo Distrital.

Que la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional dentro del trámite de las acciones de tutela interpuestas por los/as ciudadanos antes referidos, mediante el Auto de fecha 19 de enero de 2012, resolvió:

Igualmente para que indique, dentro del marco de sus facultades, y de las actuaciones de administraciones anteriores, todo lo referente a los hechos objeto de estudio y las soluciones que el Distrito puede ejecutar frente a la probable conculcación de las garantías invocadas en las solicitudes de amparo, en particular el derecho a la vivienda en condiciones dignas, indicándole que debe disponer vigilancia y seguimiento sobre las actuaciones en consideración, para evitar los riesgos y restablecer los derechos fundamentales amenazados o conculcados. (Negrilla y subrayado fuera de texto).

Que la Secretaría General de la Corte Constitucional mediante el oficio OPT-A-032/2012 de enero 20 de 2012, radicado con el No. 1-2012-2792 de la misma fecha, comunicó al Alcalde Mayor de Bogotá, D.C., el contenido del Auto del 19 de enero del mismo año.

Que la misma Corporación dentro del trámite de las citadas acciones de tutela, profirió el Auto de fecha 26 de enero de 2012, resolviendo:

Que la citada providencia fue puesta en conocimiento del Despacho del Alcalde Mayor, mediante el oficio A-117/202 de enero 27 de 2012, radicado con el No. 1-2012-3859 de la misma fecha.

Que la Corte Constitucional profirió el 31 de enero de 2012 una nueva providencia, la cual fue comunicada al Alcalde Mayor mediante el oficio OPT-A-078/2012 del 1° de febrero del presente año, del siguiente tenor literal:

1.1. Al Distrito Capital de Bogotá, por conducto del señor Alcalde Mayor, para que informe con destino a este proceso, cuáles han sido y hasta cuándo serán efectivas las medidas adoptadas para remediar la situación de la población que habitaba y la que todavía permanece en el terreno al cual se accede por la carrera 5J # 58T-14 sur y/o "CRA 5-I # 48Q-03" del suroriente de Bogotá".

Que el artículo 51 de la Constitución Política establece que todos los colombianos tienen derecho a la vivienda digna.

Que la Corte Constitucional ha emitido diversos pronunciamientos sobre los programas de atención a personas en situación de debilidad manifiesta así:

"Que Ha dicho esta Corporación que la asignación de los beneficios de los Programas de atención a personas en situación de debilidad manifiesta debe obedecer al ejercicio racional y razonable de la función pública y de la justicia como característica primordial del orden social, dentro del cual se observe, siempre y en todo momento el derecho al debido proceso administrativo por los servidores públicos que tienen esa responsabilidad.

De la misma forma la administración debe actuar con transparencia para facilitar a los usuarios su fácil acceso, un adecuado entendimiento que les brinde un trato digno y justo, y además debe suministrar de manera correcta y oportuna la suficiente información sobre el procedimiento que se debe seguir, en especial cuando se trata de la asignación o distribución de auxilios estatales, como en el presente caso, con el fin de permitir a todos los posibles beneficiarios la posibilidad de participar y ser seleccionados. Solo así se garantiza el principio de igualdad de trato a todos sus potenciales beneficiarios (art. 13 C.P.), el respeto a los principios que rigen la función pública (artículo 209, inciso 1, C.P.) y las condiciones para hacer efectivo el debido proceso administrativo como expresión del principio fundamental que garantiza a las personas la participación en las decisiones que los afectan e interesan (artículo 2 C.P.).". Sentencia T-523 de 2006.

Que la misma Corporación en la Sentencia T-958 de 2001, al referirse al derecho a la vivienda digna, ha considerado:

Las personas víctimas de situaciones sociales extremas o de los embates de la naturaleza, constituyen, entre el espectro de personas en situación de debilidad manifiesta, aquellas que los sufren en mayor medida, por razón del desarraigo, destrucción de la base material que sustenta su proyecto de vida, así como por la grave afectación del tejido social al cual pertenecen. De ahí que deban ser destinatarios de excepcionales mecanismos de protección, pues la capacidad real para realizar su proyecto de vida se ha visto sometida a una reducción incompatible con un Estado social de derecho. Ello no quiere decir que sus intereses se impongan sobre los intereses de grupos humanos que igualmente están en condiciones de debilidad, como ocurre con quienes padecen la pobreza estructural, los ancianos desatendidos, los niños, los enfermos o la población privada de la libertad. Sin embargo, estos deben ser los destinatarios de programas y proyectos permanentes, en el sentido de que deben permanecer como tales mientras existan condiciones materiales de desigualdad, en tanto que los primeros, han de ser los beneficiarios de mecanismos de atención de situaciones excepcionales (así la excepcionalidad se torne estructural, como ocurre con los desplazados, pues la miseria humana nunca podrá asumirse como algo admisible en el Estado social), por hallarse comprometido su mínimo vital". (Subrayado fuera del texto).

Que el artículo 2° del Acuerdo Distrital 308 de 2008, por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá, D. C., 2008 – 2012 "BOGOTÁ POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR", estableció dentro de los principios de política y de acción, los de la solidaridad, y la perspectiva de derechos, en virtud de los cuales, "El gobierno distrital promoverá que la sociedad, en un esfuerzo conjunto, acoja, privilegie e incluya en los beneficios del desarrollo a las personas y comunidades que se encuentran en desventaja manifiesta frente al ejercicio de sus derechos.", y de igual forma, "La acción pública se orientará a la promoción, reconocimiento, garantía y restitución de los derechos fundamentales, civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, y colectivos, de todas y todos los habitantes de la ciudad, sin distinción de etnia, culto o creencia, género o condición socioeconómica, con especial atención hacia los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas mayores y por condición especial de discapacidad".

Que dentro de las estrategias del objetivo estructurante "Ciudad de Derechos" del citado Plan de Desarrollo, se encuentra la de: "Desarrollar los planes de acciones afirmativas y demás acciones integrales que permitan reconocer, restituir y garantizar los derechos fundamentales de las personas, poblaciones, comunidades y sectores en condición de riesgo o vulnerabilidad. (…)".

Que mientras la Corte Constitucional se pronuncia de manera definitiva sobre las acciones de tutela impetradas por los/as ciudadanos/as Freidicio Rodríguez Melo, Carlos Arévalo Herrera, Ana Graciela Ramírez Martínez y José Hernando Murcia, se hace necesario adoptar medidas transitorias tendientes a garantizar el derecho a la vivienda digna de las personas que se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta, y que hubieren sido desalojadas del terreno ubicado en la Carrera 5 J No. 48T-14 Sur de la Localidad Rafael Uribe Uribe de Bogotá, D.C., con el fin de cumplir con el mandato superior previsto en el artículo 51, y de igual forma para acatar lo dispuesto por el Alto Tribunal Constitucional en el primer Auto citado.

Que de igual forma, se requiere dar cumplimiento a lo dispuesto por la Corte Constitucional en los Autos del 26 y 31 de enero de 2012.

Que el artículo 52 del Acuerdo Distrital 257 de 2006 asigna a la Secretaría Distrital de Gobierno, entre otras, las funciones de: "Liderar, orientar y coordinar la formulación de políticas, planes y programas dirigidos a garantizar la convivencia pacífica, el respeto de los derechos humanos, la seguridad ciudadana y la preservación del orden público en la ciudad", así como: "Liderar, orientar y vigilar la defensa y protección de los derechos constitucionales de los ciudadanos en todo el territorio distrital".

Que por lo anterior, para efectos de lo previsto en el artículo 33 del Decreto Distrital 714 de 1996, y las funciones previstas en el artículo 52 del Acuerdo Distrital 257 de 2006 y el Decreto Distrital 539 de 2006, se ordenará a la Secretaría Distrital de Gobierno coordinar con la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, las acciones para dar cumplimiento a las providencias de la Corte Constitucional.

Ver Auto de la Corte Constitucional 3238004 de 2012

Artículo 1º. Ordenar a la Secretaría Distrital de Gobierno coordinar con la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, todas las actuaciones para dar cumplimiento a las decisiones de la Corte Constitucional, en especial lo dispuesto en los Autos del 19, 26 y 31 de enero de 2012 y demás que se profieran dentro de las acciones de tutela T-3229964, T-3237891, T-3237991 y T-3238004, en particular las previstas en el inciso segundo del numeral 2° del primer auto citado, en el numeral 2° de la segunda providencia, y en el numeral 1.1 del tercer auto mencionado, así como aquellas que se deriven de la decisión definitiva que adopte el mismo Tribunal Constitucional.

Artículo 2°. Ordenar a la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe la identificación de las unidades residenciales habitacionales familiares del predio ubicado en la Carrera 5 J No. 48T-14 sur, de la Localidad Rafael Uribe Uribe de Bogotá, D.C., cuyos/as moradores/as y/o residentes hayan sido desalojados o que residan actualmente en el mismo, y que se encuentren en condición de debilidad manifiesta.

Artículo 3°. La Secretaría Distrital de Gobierno - Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, definirá/n el/los protocolo/s contentivo/s del/os valor/es, las condiciones y los requisitos para el otorgamiento, vigilancia y seguimiento de las soluciones que el Distrito Capital implementará en relación con la probable conculcación de las garantías invocadas en las solicitudes de amparo, en particular del derecho a la vivienda en condiciones dignas.

Artículo 4°. Comunicar el presente acto administrativo a la Secretaría de la Corte Constitucional dentro de las acciones de tutela T-3229964, T-3237891, T-3237991 y T-3238004; así como a la Personería Distrital, a la Defensoría del Pueblo, al Secretario Distrital de Gobierno y a la Alcaldesa Local de Rafael Uribe Uribe.

Artículo 5°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.