(Febrero 14)

Por la cual se modifica la Resolución CRT 1763 de 2007

LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES,

en ejercicio de sus facultades legales y en especial las que le confiere la Ley 1341 de 2009, y

CONSIDERANDO:

Que según lo dispuesto en el artículo 334 de la Constitución Política, la dirección general de la economía estará a cargo del Estado, el cual intervendrá de manera especial, por mandato de la Ley en los servicios públicos y privados, con el fin de racionalizar la economía, en aras del mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo.

Que el artículo 365 de la Constitución Política establece que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, conforme lo disponen los artículos 1° y 2° de la Constitución Política.

Que según lo dispuesto en el artículo antes mencionado corresponde al Estado ejercer las funciones de regulación, control y vigilancia de dichos servicios.

Que la función de regulación es un instrumento de intervención del Estado en los servicios públicos de telecomunicaciones y debe atender las dimensiones social y económica de los mismos y, en consecuencia, debe velar por la libre competencia y por los derechos de los usuarios, asunto respecto del cual la honorable Corte Constitucional se pronunció en Sentencia C-150 de 2003.

Que la facultad de intervención del Estado en la economía ha sido ampliamente analizada por la honorable Corte Constitucional, como por ejemplo en la Sentencia C-186 de 2011, donde explicó que corresponde al Estado establecer limitaciones, correctivos y controles a la iniciativa privada en procura del interés general.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Resolución 432 de 2000 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, los cargos de interconexión deben ser consistentes con los criterios de costos más utilidad razonable, de que trata la regulación vigente.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 1341 de 2009, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) es el órgano encargado de promover la competencia, evitar el abuso de posición dominante y regular los mercados de las redes y los servicios de comunicaciones, con el fin que la prestación de los servicios sea económicamente eficiente y refleje altos niveles de calidad.

Que para tal finalidad, la Ley en mención determina que la CRC debe adoptar una regulación que incentive la construcción de un mercado competitivo que desarrolle los principios orientadores de la misma.

Que teniendo en cuenta lo previsto en la Ley 1341 de 2009, la CRC tiene, entre otras, la función de promover y regular la libre competencia para la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, y prevenir conductas desleales y prácticas comerciales restrictivas, mediante regulaciones de carácter general o medidas particulares, así como expedir toda la regulación en las materias relacionadas con precios mayoristas y con la remuneración por el acceso y uso de redes e infraestructura, bajo un esquema de costos eficientes.

Que la Ley 1341 de 2009, en el parágrafo del artículo 23 determina que la función de intervención de la CRC deberá guardar "énfasis en la regulación de mercados mayoristas".

Que el artículo 10 de la Ley 1341 de 2009 estableció que la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, que es un servicio público bajo la titularidad del Estado, se habilita de manera general, la cual comprende, la autorización para la instalación, ampliación, modificación, operación y explotación de redes de telecomunicaciones, se suministren o no al público, excluye el derecho al uso del espectro radioeléctrico y se entiende formalmente surtida con el Registro de proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones.

Que en virtud de lo anterior, a partir de la expedición de la mencionada Ley 1341, cualquier proveedor estará habilitado a prestar cualquier tipo de servicio -con excepción de los servicios de televisión y radiodifusión sonora-, a través de cualquier red, propia u operada por terceros, y sin que, legalmente, se impongan condiciones de prestación del servicio, como lo sería el montaje de determinada red, la división del país en zonas geográficas, la existencia de un número máximo de proveedores, o incluso respecto de una cobertura específica de municipios, etcétera.

Que el artículo 73 de la Ley 1341 de 2009 consagra que sin perjuicio del régimen de transición previsto en dicha Ley, quedan derogadas todas las disposiciones que le sean contrarias y, en especial, aquellas normas expedidas con anterioridad a su entrada en vigencia "exclusivamente en cuanto hagan referencia a los servicios, las redes, las actividades y los proveedores", y en cuanto resulten contrarias a las normas y principios contenidos en la referida Ley.

Que el citado artículo 73 de la Ley 1341 de 2009 prevé que a las telecomunicaciones, y a las empresas que prestan los servicios de telefonía pública básica conmutada, telefonía local móvil en el sector rural y larga distancia no les será aplicable la Ley 142 de 1994 respecto de estos servicios, salvo en el caso de estas empresas, lo establecido en los artículos 4º sobre carácter esencial, 17 sobre naturaleza jurídica de las empresas, 24 sobre el régimen tributario, y el Título Tercero, artículo 41, 42 y 43 sobre el régimen laboral, garantizando los derechos de asociación y negociación colectiva y los derechos laborales de los trabajadores.

Que en línea con lo anterior, cabe mencionar que la clasificación de servicios no desapareció por virtud de la Ley 1341, toda vez que la misma corresponde a criterios esencialmente técnicos y se rigen bajo principios naturalísticos, es decir, relativos a la naturaleza misma del servicio que se presta. De conformidad con lo anterior, la clasificación de los servicios de telecomunicaciones ya no obedece a una mera categorización jurídica, sino que corresponden a la identidad técnica propia del servicio, al otorgamiento facilidades asociadas a otro servicio, a las funciones de los equipos terminales utilizados, etcétera.

Que en este sentido, si bien el marco jurídico ya no adopta la clasificación legal de los servicios, esto no implica que hayan desaparecido los servicios como tales, en tanto que la existencia de los mismos atiende a una realidad técnica propia de los distintos bienes y servicios que se encuentran sujetos a la regulación expedida por la Comisión desde múltiples perspectivas, no sólo desde la técnica, sino además desde la económica, propias de un mercado en competencia.

Que el numeral 19 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, confiere a esta Comisión la potestad de requerir para el cumplimiento de sus funciones información amplia, exacta, veraz y oportuna a los proveedores de redes y servicios de comunicaciones, según los términos allí previstos.

Que en el año 2007 la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, hoy Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), expidió la Resolución CRT 1763 de 2007 "por medio de la cual se expiden las reglas sobre cargos de acceso y uso a redes fijas y móviles, y se dictan otras disposiciones", en la que se fijaron, entre otros aspectos, los esquemas y valores asociados a los cargos de acceso a redes fijas (TPBCLE).

Que en el artículo 4º de la mencionada Resolución CRT 1763 dispone que la remuneración de las redes fijas (TPBCLE) por parte de los proveedores de larga distancia y de servicios móviles, y por parte de los proveedores de redes y servicios sobre redes fijas (TPBCL y TPBCLE) que sean responsables de la prestación del servicio sobre redes fijas (TPBCLE), por concepto de la utilización de sus redes en sentido entrante y saliente que hagan dichos proveedores, será definida de mutuo acuerdo entre las partes.

Que el mismo artículo de la Resolución CRT 1763 de 2007, establece que en caso de que los proveedores no lleguen a un acuerdo, las redes fijas (TPBCLE) se remunerarían por minuto real, para lo cual se aplicaría el cargo de acceso local de que trata el artículo 2º de la misma resolución y un cargo por transporte que no podrá ser superior a $135 por minuto real, expresado en pesos constantes de 30 de junio de 2007, advirtiéndose además que la actualización de los pesos constantes a pesos corrientes se realizaría, a partir del 1° de enero de 2009, conforme al Anexo 01 de la referida resolución.

Que el modelo "Herramienta Computacional HC- TPBCLE", empleado por la CRC para valorar las redes de TPBCLE, se encuentra publicado en la página web de la Comisión desde el 26 de febrero del año 2007, junto con el respectivo documento sectorial, los formatos de cargue de información y la guía para el correcto diligenciamiento de los mismos y que, respecto a los resultados que arrojó el mencionado modelo, dentro del proceso de socialización, discusión y ajustes, los proveedores llevaron a cabo el proceso de cargue de la información en dicha herramienta, información que fue usada para los cálculos del proyecto regulatorio que culminó con la expedición de la Resolución CRT 1763 de 2007.

Que en diciembre de 2008, la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, hoy CRC, publicó el documento denominado "Propuesta regulatoria para la Definición de Mercados Relevantes de Telecomunicaciones en Colombia", que culminó con la expedición de la Resolución CRT 2058 de 2009, que incorpora de manera integral las condiciones, metodologías y criterios para la definición de mercados relevantes de servicios de telecomunicaciones en Colombia.

Que a través de la mencionada Resolución CRT 2058, se procedió a la definición de los criterios y condiciones para determinar mercados relevantes de telecomunicaciones, se identificaron los mercados susceptibles de regulación ex ante, los proveedores con posición dominante y las medidas regulatorias pro competitivas aplicables en los mismos.

Que en esta medida, la Resolución CRT 2058 de 2009, cuyos fundamentos legales fueron ratificados en el numeral 4 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 que establece que es función de la CRC "regular el acceso y uso de todas las redes y el acceso a los mercados de los servicios de telecomunicaciones (…) hacia una regulación por mercados", estableció como uno de los mercados relevantes susceptibles de regulación ex ante el mercado mayorista de "terminación de llamadas fijo–fijo en cada municipio del país", tal y como consta en el Anexo 02 de la Resolución CRT 2058 de 2009.

Que el mercado mayorista de "terminación de llamadas fijo–fijo en cada municipio del país" comprende el segmento de la terminación en redes fijas de Telefonía Pública Básica Conmutada Local Extendida (TPBCLE).

Que dentro del marco del proyecto regulatorio de mercados relevantes en mención respecto de las comunicaciones fijo–fijo, los análisis y conclusiones de los estudios que acompañaron la Resolución CRT 2058 de 2009, en cuanto a los mercados de terminación se refiere, reiteraron respecto de las comunicaciones fijo–fijo, que el problema en la terminación de las llamadas se debe al monopolio que tiene cada proveedor en la terminación de las llamadas en su red, esto es, llamadas telefónicas con destino a sus usuarios y a la baja elasticidad del cargo que cobra un proveedor por terminar dicha llamada.

Que tal y como fue manifestado por la CRC en el documento "Lineamientos sobre la revisión de mercados relevantes en 2011" publicado en el mes de febrero de 2011, en virtud de la constante dinámica de evolución de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el parágrafo 2° del artículo 9º de la Resolución CRT 2058 de 2009 dispuso que la Comisión, en un período no inferior a dos (2) años, revisaría las condiciones de competencia en los mercados susceptibles de regulación ex ante.

Que para tal fin, la Agenda Regulatoria de la CRC para la vigencia 2011, consideró la revisión de las condiciones de competencia en los mercados relevantes con el ánimo de desarrollar lo dispuesto en la Resolución CRT 2058 de 2009 y, además, efectuar una revisión completa de todos los mercados relevantes identificados que así lo ameriten, en el marco de las facultades conferidas a esta Entidad a través de la Ley 1341 de 2009.

Que en esta medida, la revisión del mercado relevante de terminación en redes fijas y del mercado de terminación de llamadas de larga distancia internacional en todo el territorio nacional hace parte de la revisión establecida en el parágrafo 2° del artículo 9° de la Resolución CRT 2058 de 2009, lo cual fue informado al sector en diciembre de 2010 a través de la publicación de la Agenda Regulatoria de la Comisión para el año 2011.

Que en el mes de abril de 2011 la CRC requirió a los proveedores Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P., EDATEL S.A. E.S.P., UNE EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P. y Empresa de Recursos Tecnológicos S.A. E.S.P., la información de tráficos e ingresos de interconexión de las redes fijas (Telefonía Pública Básica Conmutada Local Extendida –TPBCLE) y una muestra representativa estadísticamente al 95% de nivel de confianza de llamadas originadas en sus redes fijas (TPBCLE) y terminadas en otras redes, información que fue solicitada para el período junio de 2009 a marzo de 2011 bajo el radicado CRC número 201151167.

Que teniendo en cuenta lo expuesto, el 18 de octubre de 2011, la CRC publicó el documento "Revisión del mercado relevante de terminación en redes fijas y del mercado de terminación de llamadas de larga distancia internacional en todo el territorio nacional", el cual contiene el análisis del mercado mayorista de terminación de llamadas fijo–fijo en cada municipio del país, definido en el numeral 5.1.A. del Anexo 01 de la Resolución CRT 2058 de 2009, dentro del cual se analiza lo correspondiente a la terminación en redes fijas (TPBCLE -Telefonía Pública Básica Conmutada Local Extendida como un segmento de este mercado), específicamente en lo que respecta al cargo por transporte que pagan los proveedores de redes y servicios por terminar las llamadas en dichas redes, así como también comprende la revisión de la medida regulatoria impuesta por esta Comisión a través de la Resolución CRC 2585 de 2010.

Que una vez analizado el mercado en comento, la CRC concluyó que el cargo por transporte constituye una fuente de estrechamiento estructural con implicaciones en mercados relacionados, que en el entorno de mercado actual genera una falla de mercado estructural que limita la competencia efectiva, dadas las condiciones regulatorias del mercado de terminación de llamadas en redes fijas (TPBCLE).

Que una vez analizado el mercado mayorista de terminación de llamadas fijo–fijo en cada municipio del país que comprende el segmento de la terminación en redes fijas (TPBCLE), se evidenció que la mencionada falla de mercado tiene efectos sobre el mercado mayorista de terminación de llamadas móvil–fijo en cada municipio del país, definido en el numeral 5.1.B del Anexo 01 de la Resolución CRT 2058 de 2009, en el mercado minorista de voz saliente (fija y móvil) de larga distancia nacional, listado en el numeral 2.2 del Anexo 01 de la citada Resolución CRT 2058, así como en el mercado minorista de voz saliente (fija y móvil) de local extendida, contenido en el numeral 3.1 perteneciente al precitado anexo y el mercado minorista de terminación de llamadas fijo–móvil en todo el territorio nacional, establecido a través del numeral 4.1 del citado anexo.

Que del análisis adelantado, la CRC constató que el esquema de fijación del cargo por transporte regulado fijado en el artículo 4° de la Resolución CRT 1763 de 2007, ha reconocido explícitamente los beneficios socioeconómicos de las inversiones de densificación de redes fijas en la mayor cantidad de municipios del país, y que el CAPEX regulatorio del mismo ha sido debidamente remunerado de manera agregada con flujos de ingresos asociados con la aplicación minorista y mayorista (interconexión) del cargo por transporte, por lo que no es factible mantener dicha remuneración adicional en el largo plazo y debe plantearse un cambio en el esquema de remuneración sustentado en cargos por transporte.

Que si bien la CRC propuso la eliminación inmediata del cargo por transporte dada la evidencia encontrada en lo referente al estrechamiento estructural y sus implicaciones en mercados relacionados, por lo cual dicho cargo no es sostenible en el mediano y largo plazo, esta Comisión considera necesario definir una senda de disminución gradual del cargo por transporte, teniendo en cuenta que el establecimiento de la misma, por un lado, minimiza los posibles efectos colaterales que pueda traer consigo para el bienestar del usuario si el impacto de la reducción del cargo por transporte implica un "efecto cama de agua" en el que los proveedores se podrían ver forzados a incrementar los precios minoristas para compensar la menor cantidad de ingresos de interconexión y, por otro lado, para mantener la estabilidad regulatoria en el sector y minimizar los posibles impactos financieros que dicha medida pueda generar sobre los proveedores de redes y servicios, permitiendo que los proveedores puedan ajustar sus decisiones y estrategias comerciales frente a la eliminación gradual del cargo por transporte.

Que no obstante lo anterior, es importante señalar que dicha gradualidad se encuentra orientada a la eliminación del cargo por transporte por las razones antes expuestas.

Que de conformidad con los estudios llevados a cabo, la CRC encuentra necesario aplicar una regulación de carácter general consistente en la eliminación gradual del cargo por transporte, que implica desde la perspectiva regulatoria un cambio en el esquema de remuneración fijado para estas redes.

Que en razón a lo anterior, esta Comisión considera pertinente establecer un senda de reducción gradual hacia la eliminación del cargo por transporte, consagrado en el artículo 4° de la Resolución CRT 1763 de 2007, en un lapso de tres (3) años, definiendo una primera reducción correspondiente a una tercera parte del valor del cargo por transporte vigente en 2011 y en los siguientes dos años la reducción será lineal hasta llegar a la eliminación del cargo por transporte en el año 2015.

Que con ocasión de la expedición de la presente regulación de carácter general, en el evento en que los cargos por transporte acordados entre los proveedores en sus relaciones de interconexión vigentes, sean mayores a los cargos máximos fijados en la senda prevista en la presente resolución, estos cargos serán sustituidos por los valores definidos en el presente acto administrativo, lo anterior sin perjuicio de que los proveedores de redes y servicios puedan acordar cargos por transporte menores a los máximos fijados en el referido artículo 4° de la Resolución CRT 1763 de 2007.

Que en los estudios adelantados por la Comisión en el año 2008 para la definición de mercados relevantes de telecomunicaciones en Colombia, se identificaron municipios con mark up negativo y que a partir de los mismos, la CRC calculó la población promedio, excluyendo aquellos municipios con población mayor de 100 mil habitantes, los cuales de manera predominante pertenecen a las áreas metropolitanas de ciudades principales, y efecto de ello se benefician de las economías de escala de dichas localidades.

Que dicha población promedio corresponde aproximadamente a 10 mil habitantes, razón por la cual para aquellas redes fijas (TPBCLE) de municipios que se encuentren por debajo de tal valor, resulta pertinente mantener el cobro del cargo por transporte.

Que la política de servicio universal está migrando de un esquema de subsidios a los servicios de voz hacia un esquema de fomento para el despliegue de infraestructura, a través de diversos proyectos entre los que se encuentra el Plan Nacional de Fibra Óptica del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Que a través del referido Plan Nacional de Fibra Óptica se ha proyectado interconectar de manera gradual a todos los municipios del país, reduciendo entre otros, los costos de transmisión para cada uno de las municipios que aún no tienen una conexión de fibra óptica nacional.

Que mientras se cumple el Plan Nacional de Fibra Óptica resulta pertinente mantener un valor de cargo por transporte para aquellas redes fijas (TPBCLE) de municipios con población superior a 10 mil habitantes, que no tienen una conexión de fibra óptica.

Que en el momento en que aquellas redes fijas (TPBCLE) de municipios con población superior a 10 mil habitantes estén conectadas a la red de fibra óptica nacional, a partir del 1º de enero del año siguiente, se les aplicará la senda de eliminación del cargo por transporte establecida en la presente resolución con base en el valor aplicable en tal momento, teniendo en cuenta que los costos de transporte, operación y mantenimiento son mínimos en virtud que la tecnología de fibra óptica ofrece capacidades más altas.

Que como consecuencia de la aplicación de la senda de eliminación gradual del cargo por transporte y de la expedición de la presente regulación de carácter general, se hace necesario (i) modificar la Resolución CRT 1763 de 2007 en el sentido de modificar el artículo 4° de dicha resolución y (ii) establecer las condiciones en las que la regulación expedida relacionada con la eliminación gradual del cargo por transporte, afectarán las relaciones de interconexión vigentes.

Que dadas las modificaciones en el mercado mayorista bajo análisis, las mismas tienen incidencia en el mercado minorista de voz saliente (fija y móvil) de local extendida, definido en el numeral 3.1 del Anexo 01 de la Resolución CRT 2058 de 2009.

Que la CRC ha estimado pertinente establecer un plazo razonable para la implementación de la eliminación gradual del cargo por transporte de que trata la presente resolución, la cual se tornará exigible a partir del 1º de abril de 2012.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 9° del Decreto 2696 de 2004, la Comisión de Regulación de Comunicaciones publicó el 18 de octubre de 2011, la propuesta regulatoria denominada "Revisión del mercado relevante de terminación en redes fijas y del mercado de terminación de llamadas de larga distancia internacional en todo el territorio nacional", respecto de la cual se recibieron comentarios hasta el 18 de noviembre de 2011.

Que en atención al documento publicado por esta Comisión, se recibieron comentarios por parte de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones Avantel S.A.S, Comunicación Celular S.A. – COMCEL, Colombia Móvil S.A. E.SP., Edatel S.A. ESP, Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P., Telefónica Colombia S.A., Telmex Telecomunicaciones S.A. y UNE EPM Telecomunicaciones S.A., aportes estos que hicieron parte de los análisis desarrollados por la CRC para la construcción del presente acto administrativo y que fueron publicados en la página web de esta Comisión el 21 de noviembre de 2011, para conocimiento del sector.

Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 8° del Decreto 2897 de 2010 y la Resolución SIC 44649 de 2010, una vez diligenciado el cuestionario correspondiente, esta Comisión encontró que la respuesta al numeral 2 literal a) relacionada con si la regulación que se pretende expedir controla o influye sustancialmente sobre los precios de los bienes o servicios o el nivel de producción fue afirmativa, por lo cual puso en conocimiento de dicha Entidad la presente propuesta regulatoria, mediante comunicación del 5 de diciembre de 2011.

Que en respuesta, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) conceptuó que el proyecto de resolución remitido para su concepto no constituye una ampliación de las barreras de entrada a los mercados relevantes de terminación de redes fijas, de terminación de llamadas internacional, así como de otros mercados relacionados como lo son el mercado minorista de voz saliente (fija y móvil) de larga distancia nacional, mercado minorista de terminación de llamadas fijo-móvil en todo el territorio nacional y el mercado de terminación mayorista de llamadas móvil fijo y que no obstante, la eliminación del cargo por transporte significa la eliminación de un componente del costo mayorista, considera justificadas las razones para la eliminación del cargo por transporte. Así mismo, esta Entidad señaló que el proyecto regulatorio presentado a su consideración, no presenta restricciones a la libre competencia en el mercado.

Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo del artículo 10 del Decreto 2696 de 2004, una vez finalizado el plazo definido por la CRC para recibir comentarios de los diferentes agentes del sector, se elaboró el documento que contiene las razones por las cuales se acogen o no acogen en forma parcial o total las propuestas allegadas, el cual fue aprobado por el Comité de Comisionados de la CRC, según consta en Acta número 797 del 14 de diciembre de 2011 y, posteriormente, presentado a los miembros de la Sesión de Comisión de la CRC, según consta en Acta número 264 del 27 de diciembre de 2011.

Que en virtud de lo anterior,

Artículo  1°. Modificar el artículo 4º de la Resolución CRT 1763 de 2007, el cual quedará así:

A partir del 1° de enero del año siguiente a aquel en que estas redes estén conectadas a la red de fibra óptica nacional, se les aplicará a las mismas el valor de cargo por transporte que se encuentre vigente en tal momento, de conformidad con lo establecido en la "Tabla senda cargo por transporte" del presente artículo. Estos municipios serán incluidos en el Anexo 03 de la presente resolución.

Artículo  2°. Adicionar el Anexo 03 a la Resolución CRT 1763 de 2007, así:

Artículo 3°. A partir del 1° de abril de 2012, los cargos por transporte acordados entre los proveedores, que sean mayores a los cargos máximos fijados en esta resolución se reducirán y serán sustituidos por los valores aquí definidos, según aplique.

Lo anterior, sin perjuicio de que los proveedores de redes y servicios puedan acordar cargos por transporte menores a los máximos fijados en esta resolución.

Artículo  4°. Modificar el literal b) del numeral 1° del Anexo 01 de la Resolución CRT 1763 de 2007, el cual queda así:

(…)

Artículo 5°. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial, y modifica en lo pertinente el artículo 4º de la Resolución CRT 1763 de 2007, adiciona el Anexo 03 a la Resolución CRT 1763 de 2007 y deroga todas aquellas normas que le sean contrarias.

Las obligaciones contempladas en los artículos 1°, 2° y 3º entrarán a regir el 1° de abril de 2012. El artículo 4° entra a regir a partir del 1° de enero de 2013.