RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

La perención es un instituto de naturaleza procesal que sanciona la actitud omisiva, desinteresada y pasiva de la parte actora, cuando, teniendo que cumplir ciertas cargas procesales indispensables para el desarrollo del proceso, se abstiene de ejecutarlas. Así las cosas, se concreta en una forma anormal de terminación del proceso, ante la falta de impulso, vigilancia y supervisión del demandante, de acuerdo con lo previsto en el artículo 148 del Código Contencioso Administrativo. Para que opere esta figura jurídica, deben presentarse unos requisitos concurrentes, los cuales han sido señalados por esta Corporación, de la siguiente manera: "I) Que el expediente permanezca en secretaría, durante la primera o única instancia, por un término mínimo de seis meses, contados desde la notificación del último auto, o desde el día de la práctica de la última diligencia, o desde la notificación del auto admisorio de la demanda al Ministerio Público, según su caso; II) Que la causa de la paralización del proceso debe obedecer a la falta de impulso a cargo del actor, siempre y cuando éste no sea o la Nación o una entidad territorial o descentralizada por servicios; III) Que la inacción no tenga su causa en la suspensión legal del proceso; y IV) Que no se trate de un proceso de simple nulidad." En relación con el alcance de la perención, esta Corporación ha sostenido: "Por el carácter de esta figura procesal, su alcance se encuentra restringido y delimitado a aquellos eventos de inactividad de la parte actora para los cuales la ley tenga prevista dicha consecuencia jurídica. Por lo tanto, en estricto sentido, la perención sólo procede en aquellos eventos en los cuales el impulso del proceso corresponda, única y exclusivamente, a la parte demandante.

FUENTE FORMAL: CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTICULO 148

NOTA DE RELATORIA: En este sentido ver Corte Constitucional C-123 de 18 de febrero de 2003. Consejo de Estado Auto del 28 de abril de 2005, exp. 28001 y Auto del 19 de julio de 2006, exp. 29752

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra el auto de 7 de abril de 2010, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, mediante el cual se decretó la perención del proceso.

El 6 de julio de 2007, las señoras MARTHA CECILIA LONDOÑO MEDINA y MARIA NELLY MEDINA DE LONDOÑO y los señores PEDRO PABLO RODRIGUEZ RIVERA y CARLOS ARTURO CASTRO LONDOÑO interpusieron acción de reparación directa en contra de la Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación, con el fin que se la declare responsable por los perjuicios ocasionados como consecuencia de la privación injusta de la libertad de la señora MARTHA CECILIA LONDOÑO MEDINA.

El conocimiento del proceso correspondió en principio al Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá en donde fue admitido¹, sin embargo, al establecerse que se trataba de un asunto derivado de una falla en la administración de justicia, cuya competencia se radica en los Tribunales Administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia, fue remitido por tal razón al Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante auto del 23 de junio de 2009².

A través de auto del 9 de septiembre de 2009 el citado Tribunal admitió la demanda y, entre otros aspectos, ordenó a la parte actora consignar la suma de $126.000 pesos por concepto de gastos del proceso y notificaciones³, sin que dicha orden fuese cumplida.

A través de auto de 7 de abril de 2010, la Sección Tercera, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretó la perención del proceso con fundamento en que habían transcurrido más de 6 meses sin que la parte demandante consignara la suma correspondiente a los gastos del proceso y notificaciones⁴.

La parte demandante, dentro de la oportunidad legal, interpuso recurso de apelación contra el auto señalado⁵. Como sustento de ello, adujo la imposibilidad de realizar seguimiento electrónico al proceso con el número único de 23 dígitos y, por tanto, de enterarse de la existencia del auto que admitió la demanda y ordenó pagar la suma de dinero correspondiente a los gastos del proceso y las notificaciones.

El recurso sobre tales bases planteado se admitió mediante proveído del 25 de octubre de 2010⁶, por medio del cual se ordenó dejar el expediente a disposición de la parte contraria por el término de tres días, oportunidad en la que la Fiscalía General de la Nación, mediante escrito de 5 de noviembre de 2010, solicitó confirmar el auto apelado por considerar que no le asiste razón al demandante al alegar el desconocimiento del auto que ordenó el pago de los gastos del proceso y las notificaciones, toda vez que éste fue notificado en debida forma a las partes y al Ministerio Público.

Dentro del término dispuesto para ello, el Ministerio Público conceptuó que, una vez revisados los estados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, se podía observar que el día 15 de septiembre de 2009 se notificó a las partes del auto que impuso la carga al demandante de depositar la suma de dinero correspondiente, en razón de lo cual consideró que se debía confirmar la decisión del Tribunal a quo.

De conformidad con lo establecido en los artículos 129 y 181 numeral 1° del Código Contencioso Administrativo, la Sala es competente funcionalmente para conocer del presente asunto, como quiera que se trata de un auto interlocutorio proferido en primera instancia por un Tribunal de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Procede la Sala a verificar si opera el fenómeno jurídico de la perención en el presente caso, ante la omisión de la parte demandante de consignar las expensas correspondientes a los gastos del proceso y notificaciones, omisión que se prolongó durante más de seis meses.

La perención es un instituto de naturaleza procesal que sanciona la actitud omisiva, desinteresada y pasiva de la parte actora, cuando, teniendo que cumplir ciertas cargas procesales indispensables para el desarrollo del proceso, se abstiene de ejecutarlas.

Así las cosas, se concreta en una forma anormal de terminación del proceso, ante la falta de impulso, vigilancia y supervisión del demandante, de acuerdo con lo previsto en el artículo 148 del Código Contencioso Administrativo⁷.

Para que opere esta figura jurídica, deben presentarse unos requisitos concurrentes, los cuales han sido señalados por esta Corporación, de la siguiente manera⁸:

En relación con el alcance de la perención, esta Corporación ha sostenido⁹:

Ahora bien, sobre el caso particular se tiene que a través del auto de 9 de septiembre de 2009 proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se admitió la demanda y entre otras disposiciones se ordenó el depósito de ciento veintiséis mil pesos (126.000) por concepto de gastos del proceso y notificaciones.

Se observa, además, que la anterior decisión fue notificada al Ministerio Público el 14 de septiembre de 2009 y a la parte demandante por estado el 15 del mismo mes y año, sin que se hubiese generado oposición por su parte, por lo cual cobró ejecutoria, de manera que quedó vinculado al cumplimiento de la carga impuesta por el a quo, la que fue debidamente sustentada.

De conformidad con la anterior, se tiene en el expediente que la notificación al Ministerio Público¹⁰ se surtió el día 14 de septiembre de 2009, por lo que el término de 6 meses corría entre el 15 de septiembre del mismo año y el 15 de marzo de 2010, lapso que transcurrió sin que la parte demandante hubiera asumido la carga que se le impuso por parte del Tribunal a quo consistente en consignar los gastos del proceso y notificaciones y que conllevó el decreto de perención que motivó el recurso que hoy se resuelve.

Adicionalmente, en relación con el argumento de la parte demandante consistente en la imposibilidad de efectuar el pago de los gastos del proceso y notificaciones por falta de conocimiento acerca del auto que ordenaba cumplir con esa carga procesal, a juicio de la Sala no es razón que pueda enervar la configuración de la perención en el presente asunto, en tanto que, como se dejó expuesto, la notificación del auto en mención se surtió de conformidad con lo establecido en la Ley, esto es al Ministerio Público el 14 de septiembre de 2009 y a la parte demandante por estado el día 15 del mismo mes y año, circunstancia que no permite a la Sala tener por probado tal desconocimiento.

En estas condiciones, estima la Sala que en el presente asunto los supuestos fácticos para la operancia de la perención se encontraban cumplidos, toda vez que al 7 de abril de 2010, fecha en que el Tribunal declaró la perención del proceso, habían transcurrido más de 6 meses sin que la parte demandante cumpliera con la carga que le fue impuesta.

En consecuencia, la Sala considera que la decisión apelada se ajusta a la normatividad aplicable y a la realidad procesal, por lo que se impone su confirmación, como en efecto se hará.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

PRIMERO. CONFIRMAR el auto de 7 de abril de 2010 proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B.

SEGUNDO. Ejecutoriada esta providencia. ENVIAR el expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para lo de su cargo.