RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

Bogotá D.C.,

Señora

Carrera 40 No. 10-23 Sur

Barrio Ciudad Montes.

Ciudad.-

Asunto: Contestación a su Solicitud de Consulta. Rad. Interno 1-2012-40947

Respetada Señora Vivian Rocío:

Hemos recibido por parte de la Veedora Distrital Delegada para la Atención de Quejas y reclamos la solicitud de concepto que usted le formulara respecto al asunto en referencia, sobre el cual nos permitimos manifestarle:

En primer lugar, las normas referentes a los términos para la contestación del Derecho de Petición por parte de las autoridades administrativas, se encuentran previstos de manera general en el Título II Capítulo I del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- Ley 1437 de 2011, el cual entró a regir a partir del 2 de Julio de 2012.

Advertimos que los artículos 13 al 33 del citado código (relacionados con el Derecho de Petición), fueron declarados inexequibles con efectos diferidos hasta el 31 de Diciembre de 2014, de conformidad con la sentencia C- 818 de 2011 proferida por la Corte Constitucional.

Ahora bien, una de los cambios realizados por la nueva normatividad, consiste precisamente en dar el tratamiento de Derecho de Petición a "toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades", sin que sea necesario por ella el invocarlo; por lo tanto a cualquier "requerimiento" se le deberá dar el trámite establecido para los Derechos de Petición en cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 13 de la Ley 1437 de 2011.

En segundo lugar, para determinar el término de respuesta con el que cuenta la entidad, es necesario distinguir si se trata de una simple petición, una petición de documentos, una consulta, una petición entre autoridades o una en la que se demande el reconocimiento de un derecho fundamental y se ponga de presente la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

Respecto a las tres primeras clases el término se encuentra previsto en el artículo 14 ibídem la cual expresa:

"Artículo  14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción.

Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad deberá informar de inmediato, y en todo caso antes del vencimiento del término señalado en la ley, esta circunstancia al interesado expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, el cual no podrá exceder del doble del inicialmente previsto." (subrayado fuera de texto)

Respecto a la resolución de peticiones entre diferentes entidades, el término legal para su resolución no podrá ser mayor al de diez (10) días (artículo 30 Ley 1437 de 2012).

Por otro lado con la entrada de vigencia del nuevo código se establece una prelación entre la contestación de los simples derechos de petición y aquellos en los cuales se pone de presente el cumplimiento o reconocimiento de un derecho fundamental y se alega su inmediata resolución, so pena de ocasionar un perjuicio irremediable; no obstante en este caso el peticionario deberá probar sumariamente la titularidad del derecho pretendido y el riesgo invocado (artículo 20 ibídem).

Debemos señalar que los término pertinentes se cuentan en días hábiles (artículo 62 de la Ley 4 de 1913 Régimen político y municipal) y empezarán a contarse a partir del día siguiente a la fecha de recibo de los mismos, bien sea de forma verbal, escrita o por cualquier medio idóneo para la comunicación o la transferencia de datos (artículo 15 ibídem), (Ver en la Página de Régimen Legal de Bogotá, Concepto Unificador de Doctrina No. 01 de Mayo 6 de 2011, Dirección Jurídica Distrital Atención de Derechos de Petición en las entidades y organismos distritales).

No obstante si bien la autoridad tiene la obligación de examinar integralmente la petición y en ningún caso podrá estimarla incompleta por falta de requisitos que no se encuentren dentro del marco jurídico vigente (artículo 16 Ley 1437 de 2011), la Ley prevé que en caso de que una petición este incompleta, se requiera al solicitante dentro de los 10 días siguientes a la radicación de la petición, para que la complete en el término máximo de un mes. Una vez el interesado complete la información requerida comenzará nuevamente a correr el término para decidir la solicitud (artículo 17 ibídem).

En el mismo sentido, en el caso en que se advierta la realización de una gestión o trámite por parte del peticionario necesaria para la resolución de fondo, se le requerirá con el propósito de que la realice en el término de un mes (prorrogable ha solicitud expresa hasta por un término igual), durante este lapso se suspenderá el término para decidir, siendo decretado el desistimiento y archivo del expediente por medio de acto motivado en el caso en que vencido el término no se haya cumplido con lo solicitado.

Ahora bien, si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, esta deberá informar de inmediato al interesado dentro de los 10 días siguientes a la recepción y remitirla al competente, enviando copia del oficio remisorio al peticionario, caso en el cual los términos para decidir se contarán al día siguiente de la recepción por parte de la autoridad competente.

Con relación a las peticiones oscuras o no claras, la ley objeto de estudio (artículo 19) establece la facultad para devolverla al solicitante solo en el caso en que no se comprenda su finalidad u objeto para que éste la corrija o aclare dentro de los 10 días siguientes; de no realizar dicha aclaración se procederá al archivo de la solicitud, debemos recordar que está expresamente prohibido negarse a recibir las peticiones o expedir constancias sobre las mismas (artículo 9 numeral 1 ibídem).

En cuanto a la posibilidad de desistimiento, la ley establece que se podrá desistir de la petición en cualquier tiempo, sin perjuicio de presentarla más adelante con el lleno de los requisitos legales, teniendo la posibilidad la autoridad de continuar con la actuación por motivos de interés público y por medio de resolución motivada.

Cabe anotar que el legislador en las normas anteriormente señaladas respecto al término para dar contestación a las peticiones o consultas, hace alusión a que la administración deberá "dar resolución o resolver" las mismas en el término legal, sin que se señale expresamente que dentro del este término deberá igualmente ocurrir la notificación al peticionario. Esta misma acción o verbo es tomado por el legislador al catalogar el grado de responsabilidad que ocasiona la omisión de dar respuesta oportuna a la solicitud cuando señala en el párrafo cuarto del artículo 86 de la Ley 1437 de 2011:

"La no resolución oportuna de los recursos constituye falta disciplinaria gravísima"

Sin embargo, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional por tratarse de la aplicación directa de un Derecho Fundamental, ha establecido que para dar efectiva y oportuna resolución de la solicitud, y como garantía al cumplimiento del Derecho, se deberá realizar la notificación de la respuesta al peticionario dentro del término señalado para cada clase de petición; la cual se podrá hacer a través de los diferentes medios físicos o electrónicos con los que asegure la satisfacción del mismo, independientemente de que la resolución sea favorable o desfavorable.

Es así como el máximo tribunal constitucional señaló en la  Sentencia T-164/98, Magistrado Ponente Dr. Fabio Morón Díaz:

En el mismo sentido en la Sentencia T-214/96, Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango Mejía se afirmó:

No en vano, han sido reiterativos los pronunciamientos de la citada Corte en los cuales se establece la notificación como uno de los requisitos de respuesta del Derecho de petición, como se señala en los siguientes pronunciamientos:

En Sentencia T-377 de 2000 la Corte sostuvo en este sentido que:

Reiterando la posición de la Corte en la Sentencia T-814 de 2005 se recuerda que el derecho de petición se concreta en dos momentos sucesivos, siendo ello la recepción y el trámite de la solicitud, y la respuesta la cual conlleva la necesidad de darla a conocer al peticionario:

Para concluir lo relacionado con este punto, traeremos a colación apartes de la Sentencia T-249/01 Magistrado Ponente Dr. José Gregorio Hernández, donde expresamente se establece el deber de realizar la notificación de la respuesta al interesado en forma oportuna y de fondo, constituyendo por tanto una violación al derecho de petición el omitir cualquiera de estas características inherentes a la contestación:

Por otro lado, debemos igualmente advertir que la Ley 1437 de 2011, hace referencia a la sanción administrativa que producirá omitir notificar la decisión que se haya proferido, caso en el cual se aplicará lo pertinente al silencio administrativo negativo o positivo tratados en el capítulo VII ibídem o en normas especiales, lo cual conllevará además la respectiva sanción disciplinaria al servidor público responsable.

Como complemento a lo anterior, por su parte, el artículo 35 de la Ley 734 de 2002 o Código Disciplinario Único, consagra dentro de las prohibiciones del servidor público el "Omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las peticiones respetuosas de los particulares o a solicitudes de las autoridades, así como retenerlas o enviarlas a destinatario diferente de aquel a quien corresponda su conocimiento".

Adicionalmente, el artículo 48 ídem consagra como falta gravísima dar lugar a la configuración del silencio administrativo positivo, mientras que el numeral 35 del artículo 44 ibídem estipula que el servidor público está sometido entre otras, a la sanción de destitución e inhabilidad general para las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima, determinando que habrá culpa gravísima cuando se incurra en falta disciplinaria por desatención elemental o violación manifiesta de las reglas de obligatorio cumplimiento.

De esta forma y de manera integral con la expedición del presente concepto

+damos contestación a su solicitud, agradeciendo su interés y esperando haber contribuido

con la actualización y mejoramiento en la aplicación de los procesos relativos a la atención del ciudadano, respecto a la resolución del derecho fundamental de petición.

Atentamente,

Director Jurídico Distrital

C.C. Dra.

María Catalina Parra Osorio. Veedora Distrital Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos.

Veeduria Distrital Av. Cra. 24 No.39-91.

Elaboró: Álvaro Camilo Bernate Navarro

Revisó: Dr. Luis Eduardo Sandoval Isdith

Aprobó: Dr. Jorge Ramírez Hernández