RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

"(…), ¿procede la devolución de la suma descontada al accionante por concepto de la multa contractual impuesta, ya sea en forma neta o indexada, como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los actos administrativos, que le servían de fundamento, no obstante, habérsele negado judicialmente, la indemnización de perjuicios, que frente a éste acápite el mismo accionante pretendía, a título de "restablecimiento del derecho"?"

"a) (…), como quiera, que con el fallo de segunda instancia proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se confirmó la declaratoria de nulidad de las Resoluciones Nº 357 y 525 de 2006 proferida por el Juzgado 36 Administrativo del Circuito de Bogotá D.C., el "(…), IDRD deberá devolver el valor retenido de la multa impuesta al contratista y para efectos de la actualización de dicho valor, deberá someterse a lo ordenado en el mismo fallo.

(…), si el contrato que originó la multa impuesta, fue ejecutado en su totalidad, como lo indica el acta de liquidación del caso, desaparecidas del ordenamiento jurídico las mencionadas resoluciones, no existiría título jurídico que habilite al IDRD, a seguir reteniendo el valor de la multa y por ende, deberá devolver su valor indexado."

"Se le critica en su planteamiento, (…) pues para el momento de la imposición de ésta (la multa), existían hechos evidentes y probados de incumplimiento de las obligaciones adquiridas por parte del contratista y que, en tal modo desconoce, las razones de su expedición para la época de los hechos y que la declaratoria de nulidad de las resoluciones Nº 357 y 525 de 2006, se basó específicamente, en torno a la normatividad vigente que definía la competencia para su "imposición" y "efectividad" y en modo alguno, en la "inexistencia" o "falta de sustento" de las razones fácticas de su acaecimiento o del "desconocimiento del derecho de audiencia de defensa" del inculpado."

1.* (…), En el caso particular, el fallo proferido sólo "establece" a futuro el mantenimiento del orden jurídico y no "retrotrae" los efectos jurídicos de dicha declaratoria, al haberse negado al actor, el restablecimiento del derecho en acto, ya consolidado.

2.* "(…), al caso específico, no aplica la generalidad de los efectos "ex tunc" de la nulidad de las sentencias proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues dicho efecto se genera, cuando concurre frente a actos de carácter particular y concreto la declaratoria de nulidad del acto administrativo respectivo y el consecuente restablecimiento del derecho; negado en el caso presente por el Despacho de Conocimiento.

3.* (…), la índole de dicha sentencia fue únicamente, de carácter "declarativo", como acontece en el contencioso de nulidad y no de "restablecimiento del derecho", como sucede, cuando se acogen y demuestran las pretensiones del actor, donde dicho fallo tiene un doble efecto: "declarativo", en el extremo de anular la decisión o el acto administrativo y de "condena", en cuanto, como consecuencia de esa nulidad, imponga una obligación, de dar, hacer o no hacer.

"Artículo 113º: Son Ramas del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva, y la judicial.

Además de los órganos que las integran existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines."

"Artículo 6º: Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones."

"Artículo 121º: Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley."

"Artículo 189º: Efectos de la sentencia. La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con la causa petendi juzgada. (…).

La sentencia proferida en procesos de restablecimiento del derecho aprovechará a quien hubiere intervenido en ellos y obtenido esta declaración a su favor.

Las sentencias ejecutoriadas serán obligatorias y quedan sometidas a la formalidad del registro de acuerdo con la ley. (…)."

"Artículo 174º: Las sentencias ejecutoriadas serán obligatorias para los particulares y la administración, no estarán sujetas a recursos distintos de los establecidos en este código, y quedan sometidas a la formalidad del registro en los mismos casos en que la ley lo exige para las dictadas por los jueces comunes."

"El principio de seguridad jurídica sólo tiene lugar entre los hombres libremente constituidos bajo la forma de Estado. Todo lo que tiende al orden social justo es una forma de estabilizar la libertad humana puesta en relación. Las formalidades jurídicas no son en estricto sentido algo que riñe con la materia, sino todo lo contrario: la expresión jurídica de un contenido que se debe en justicia. No tendría razón de ser un contenido sustancial sin la existencia adecuada de una forma jurídica proporcionada a dicha pretensión. Materia y forma jurídicas, pues, son indisolubles, y constituye una impropiedad improvisar formas no adecuadas a la exigencia misma del contenido material. Es por ello que el debido proceso no viene a ser otra cosa que la forma debida en justicia a todo hombre como garantía de la seguridad jurídica que merece.

Uno de los principios formales de la seguridad jurídica, (…), es el referente a la determinación legal para todos los actos de las autoridades, así como el de un margen de indeterminación con respecto a los particulares. Así las autoridades sólo pueden hacen aquello que esté permitido por la ley -de manera que no pueden crear formas jurídicas-, al paso que los particulares pueden hacer todo aquello que no esté prohibido legalmente. Mientras en el Estado de Derecho el particular es creativo, las autoridades sólo son aplicativas."