RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

PROYECTO DE ACUERDO No. 054 DE 2013

Ver Acuerdo Distrital 523 de 2013 Concejo de Bogotá, D.C.

“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENAN MEDIDAS URGENTES PARA CONJURAR LA CRISIS SOCIOECONÓMICA GENERADA POR EL COBRO DE LA VALORIZACIÓN EN BOGOTÁ D.C.”

Señora Presidenta, Honorables Concejales,

EXPOSICION DE MOTIVOS

La ciudad está sufriendo una severa crisis de gobernabilidad agravada en las dos últimas semanas por el desafortunado y mal planificado cobro de la Valorización realizado por el Alcalde Petro a través del IDU a Un millón Setecientos veintiunmil (1.721.000) hogares. Los Bogotanos nos encontramos desconcertados y furiosos por la desfachatez del gobierno de proceder al segundo cobro de valorización para construir unas 35 obras, entre parques, vías, andenes y puentes peatonales, y se realizarán los diseños para otras 21. Estas obras como las anteriores no han sido adecuadamente planificadas, diseñadas y técnicamente estructuradas para realizarse. Hay obras sin entregar de hasta tres valorizaciones anteriores y de casi todas las de esta que se inició a cobrar hace 15 dias.

La crisis de gobernabilidad no arrancó con el IDU, pero si es este Instituto el detonante de una situación de inconformidad social y política que vive la ciudad por cuenta de las decisiones a veces apresuradas, en otras anti técnicas o desfinanciadas que de manera descuidada ordena la administración. Bastaron unos pocos dias para que la ciudadanía que ya estaba en alerta por el fracasado inicio del programa “Basura Cero” y de la empresa pública que el alcalde pretende crear para el efecto sin pasar por el Concejo de Bogotá, montara en cólera y decidiera salir de nuevo a las calles a protestar esta vez por el escandaloso y confiscatorio cobro de la Valorización para obras que la gente ya no cree que el IDU sea competente para realizar, debido a los permanentes fracasos anteriores y de este gobierno. Barrios enteros y miles de ciudadanos decidieron por la protesta ante la falta de atención rápida y adecuada por parte de la Directora del IDU, con sobrada razón la gente está exigiendo que el IDU termine primero las obras y luego si cobre la contribución. Es de anotar que todavía el IDU, no ha entregado culminadas las obras del primer grupo y eso que su cobro lo realizó en el año 2007.

Otra preocupación de los ciudadanos es que no existe claridad sobre las obras que se están cobrando, sobre la existencia de diseños, estudios técnicos, financieros y ambientales y tampoco hay satisfacción ciudadana sobre la obligación de pagar por obras que según afirman los enfurecidos ciudadanos están muy lejos de sus propiedades o estarían claramente sobreestimadas en su costo.

La crisis de gobernabilidad empeora como efecto de las declaraciones de la Directora del IDU María Fernanda Rojas, quien por calmar el inconformismo ciudadano declara culpables donde no los hay y señala los fracasos de esta y las dos anteriores administraciones en esta materia de la valorización como hechos sobrevinientes que ella misma reconoce como perversos cuando dice: “Percibo que la gente sí quiere las obras, pero también exige, con toda razón, después de haber padecido los problemas pasados de contratación, que los recursos se inviertan con transparencia y eficiencia”. Transparencia  y eficiencia que este gobierno no ha logrado mostrar, o como explica que hoy el IDU esté pensando en como solucionar el problema de falta de capacidad de carga del recién inaugurado puente de la carrera séptima a la altura de la calle 26, así como los problemas que este gobierno generó en materia de obras por valorización en el borde norte de la ciudad al suspender caprichosamente el Plan Zonal Norte.

La directora del IDU en su afán de encontrar culpables , está buscando razones del incumplimiento en la construcción de las 134 obras de este programa de valorización en el Gobierno de Antanas Mockus, Luis Eduardo Garzón y Samuel Moreno, se olvida la Señora Rojas de husmear detrás de la puerta de su despacho, en las direcciones y subdirecciones de su dependencia, entidad que en mas de un año no solucionó los problemas que le dejaron gobiernos de su misma tendencia , pero sin haber solucionado esos problemas procedió tal vez por el afán que embarga a su jefe Petro por asuntos como el de la revocatoria del mandato y las citaciones en la Procuraduría y la Fiscalía, a salir de manera apresurada y sin los debidos fundamentos técnicos, financieros y ambientales a cobrar para tratar de hacer algo con los programas sociales que otros dejaron aprobados, como ya ocurrió con el mínimo vital de agua, subsidio que se aprobó antes de Petro pero que reclama como suyo, no en vano la Directora del Partido que le dio vida política a Petro La Doctora Clara López le reclamó a Petro seriedad y justicia al momento de entregar a la ciudadanía obras que según ella lo afirmó en carta enviada al Concejo son del Polo y no de Petro. Al parecer Petro le hizo raponazo al Polo con lo del subsidio del mínimo vital y a los otros partidos con el subsidio para estudiantes y tercera edad en la tarifa de TransMilenio. A la Directora del IDU se le debe reconocer el interés de ayudar a su jefe Petro a calmar las angustias que lo afligen, pero no se le puede aceptar  que por sacar del hueco a Petro hunda en el abismo de la incertidumbre económica y social a millones de Bogotanos, que aunque no hubieren votado por  Petro, el gobierno les debe respeto y consideración, no solo por su condición de ciudadanos sino porque el cobro excesivo de contribuciones e impuestos es altamente perjudicial para la prosperidad de la ciudad, al tiempo que conduce a la miseria económica y la inestabilidad familiar a millones de hogares que cada vez tienen que pagarle a la ciudad unos impuestos que superan su capacidad económica y lo empobrecen fatalmente. Por eso Honorables Concejales y Señores funcionarios, yo JORGE DURAN SILVA, nunca estoy de acuerdo con aumentar los impuestos por encima del IPC y siempre me he opuesto, lamentablemente sin lograr el apoyo de los colegas Concejales para negar las contribuciones onerosas, los impuestos confiscatorios y las mal llamadas revitalizaciones tributarias que siempre han terminado en nuevas cargas impositivas para los agobiados ciudadanos por los sesgos tributarios y los atajos legales que este gobierno en especial despliega con bastante suficiencia electorera.

Manifiesto en esta exposición de motivos y para que conste ante los ciudadanos de Bogotá D.C., que no voté favorablemente el hoy Acuerdo No. 180 de 2005, ni las modificaciones que se le han realizado a los acuerdos de Valorización, como se puede comprobar por quien esté interesado en conocer la verdad leyendo el Acta No. 074 de fecha 08 de Septiembre de 2005 en donde quedó registrada mi intervención en los siguientes términos:

“Honorables concejales, les voy a explicar porqué me ubico aquí, porque voy a hacer un análisis de las ponencias de los honorables concejales Gilma Jiménez, Emel Rojas y María Angélica Tovar y me gusta mirar de frente cuando hago críticas u observaciones.”

“Concejales hace más de diez días radiqué el estudio relacionado con el proyecto de acuerdo que nos ocupa hoy, como es extenso no voy a exponerlo todo para que no digan que el concejal Durán está torpedeando la discusión, pero por lo menos voy a enunciar los títulos de las diferentes consideraciones de mi estudio, después de haber hecho un esfuerzo con los profesionales del apoyo normativo por lo menos que ellos queden satisfechos que ustedes conocieron los títulos de los estudios de cada parte de la exposición que voy a hacer, claro que hay unos concejales a quienes les entregué personalmente el estudio como se lo entregué al Personero, que no comparto su posición, pero la respeto y al Contralor.

Como aquí siempre hay responsabilidad del concejal Durán y no me gusta que me critiquen de manera malévola y mal intencionada.

El documento está ceñido con fecha de 26 de agosto de 2005.

El 26 de agosto del presente año radiqué este estudio dirigido al Presidente de esta comisión. El estudio está subdividido de la siguiente forma, el colega que quiera que profundice con mucho gusto.

1. Introducción. El Ordenamiento Territorial en Bogotá.

2. Plan de Ordenamiento Territorial y Plan de Desarrollo.

H.C. FERNANDO ROJAS RODRÍGUEZ: Concejal Durán ese es interesante.

H.C. JORGE DURÁN SILVA: Con gusto. Les leo lo que ustedes me digan, excepto, no puedo leerlo todo porque me gasto más de los veinticuatro minutos que tengo y soy respetuoso del reglamento, excepto las observaciones respetuosas que le hago las tres ponencias.

El concejal Rojas quiere que lea el plan de ordenamiento territorial y plan de desarrollo.

“En Bogotá no ha sido posible establecer con claridad los objetivos de desarrollo sobre los cuales se debe basar una visión futura de la ciudad. No obstante de existir los lineamientos políticos definidos en la Constitución Política, que permiten determinar una orientación general de carácter estratégico, el Distrito Capital sigue desorientado y proponiendo la realización de obras monumentales, que no han logrado mejorar sustancialmente la movilidad urbana y servir como determinante del crecimiento social. En materia de vías la ciudad sigue afrontando el problema originado en décadas de retraso que no parece tener solución a lo largo del actual Plan de Ordenamiento Territorial. El debate no se centra en el crecimiento productivo de la ciudad sino en la incorporación de amplias zonas de conservación a la construcción inmobiliaria y a la concentración de riqueza, mediante la realización de importantes obras de desarrollo social en sectores exclusivos de estratos cinco y seis, que ahondan la brecha entre pobres y ricos.

- Y esta administración no la quiere ahondar sino profundizarlas.-

El Cabildo Capitalino tiene la oportunidad con este Proyecto de Acuerdo de Inducir la reorganización Político - Administrativa de la ciudad, dentro de un régimen de crecimiento igualitario y sostenible, como base para el logro de la autonomía de las localidades, la descentralización y el fortalecimiento de la participación democrática.

-que no hubo en este proyecto de acuerdo-

Revisando los documentos técnicos de soporte del Plan de Ordenamiento Territorial, se presenta en ellos "la síntesis del diagnóstico del Ordenamiento Territorial vigente en Bogotá", de los cuales voy a mencionar el Capítulo Tercero: "Territorio regional en proceso de articulación" el cual se concentra en el tema regional, diferenciando cuatro aspectos:

1º. "La Sabana: territorio de la cuenca alta del Río Bogotá". Describe aspectos

ambientales de la red hidrográfica, los humedales, páramos y cerros.

2º. "Crecimiento urbano-regional". Presenta la situación a partir de los factores de dinamismo, la baja redistribución del empleo, la intensidad con que actúan las fuerzas centrípetas, el patrón seguido por la ciudad, contrario a la reversión de la polarización y la persistencia en la concentración de las actividades generadoras de empleo en la ciudad, lo cual, probablemente se explica por la persistencia de factores que inhiben el despliegue de fuerzas centrípetas.

3º. "Región urbana en proceso incipiente de consolidación". Se presenta la "clara tendencia" de la región Bogotá D.C. - Sabana a "consolidarse como una aglomeración metropolitana". Se identifican como elementos básicos: el núcleo central, la zona de Soacha, dos centros regionales (Facatativá y Zipaquirá), tres conurbaciones (norte, occidente y sur: de nuevo Soacha), los usos "perirurbanos", y los suelos rurales.

4º. "Territorio rural desarticulado". El territorio rural se divide en tres zonas: Cerros Orientales, Valle del río Tunjuelito y Páramo del Sumapaz. Se menciona una interacción importante con la ciudad a través de los Cerros Orientales, pero la mayor extensión hacia el sur está desarticulada de la ciudad propiamente dicha.

Es clara la preocupación por el crecimiento de las áreas de vivienda en la Sabana sin un "incremento proporcional del equipamiento funcional de los municipios", el deterioro del medio ambiente, la disminución de la producción agrícola, la conurbación con los municipios vecinos, la falta de integración y mejor articulación en el espacio regional  y el patrón de ocupación del suelo disperso.

Esta valorización propuesta por el Gobierno en el Proyecto de Acuerdo No. 264, no es un conjunto de obras que se haya escogido para cumplir con un compromiso trazado en el Plan de Ordenamiento Territorial, de incorporar unas Localidades al crecimiento sectorial , dentro del marco del crecimiento global sostenible, sino que aparecen como unas obras desarticuladas que se realizarían para satisfacer necesidades aisladas sin mayor compromiso con el fortalecimiento de lo social y de la productividad frente a los retos Distritales con la Ciudad Región y la internacionalización de la economía, pues esto sería como pavimentar una vía que no tiene alcantarillado sanitario, que no mejora las condiciones de salubridad y calidad de vida  de la población ni valoriza los predios afectados. En consecuencia conmino a la Administración Distrital a rediseñar el proyecto insertándolo en un plan de crecimiento local acorde con las metas del POT.

Hasta ahí va este tema. Después viene otro subtítulo que dice: Concepto y Origen de la valorización. El concejal Fernando López solicitó ese estudio y se lo entregué, ya todos lo conocen y aquí se ha hablado de eso.

Elementos jurídicos de valorización. Aquí se han hecho unas observaciones desde el punto de vista jurídico del tema de este tema. Lo he planteado sobre el tema de las audiencias públicas.

El Artículo 24 del proyecto de acuerdo que nos ocupa lo titulan efectividad de la asignación, ahí se le dan unas facultades amplias imprecisas a la dirección del IDU. No sé se dentro de cinco años todavía esté el ilustre ingeniero Gutiérrez, pero señor director estas facultades son ilegales.

El concejal Carlos Romero especialista en Derecho Constitucional en la Universidad Universidad Libre sabe que las facultades extraordinarias que se le dan al ejecutivo son protempore y precisas, y estas facultades que piden en el Artículo 24 antes mencionado, no son precisas, son ambiguas, concejal Romero.

Ese Artículo en el momento del estudio del articulado, les solicito, respetuosamente, a los compañeros de la Comisión de Presupuesto, que sea revisado sino lo revisan, no es culpa del concejal Durán.

También, se han hecho otras observaciones relacionado por el tiempo, la valorización es una contribución, pero una valorización por más de una década se convierte en un impuesto, eso es discutible que se debe plantear ante los tribunales si este proyecto de acuerdo hace transito y no se corrige, se podría plantear jurídicamente ese tema relacionado con el tiempo de más de una década de este proyecto, también, se han hecho unas observaciones por parte del señor Contralor sobre el tema, señor Director del IDU, que no me extiendo ni profundizo, por respecto la Administración tendrá que contestar las observaciones presentadas por el Contralor, muy ceñidas a la Constitución y la ley.

Ahora, no vayan a decir que es que el Contralor es perverso, que se está sacando el clavo por algo contra esta Administración, lo que pasa es que uno tiene que ser imparcial y entre más quiera respaldar una Administración más claro debe ser con esa Administración para colaborar, el mal amigo, el pésimo amigo es el áulico, que todo esta bien del amigo y nunca hay nada mal.

Veo que el señor Contralor se ha portado como todo un amigo con  esta Administración, porque no ha servido de áulico, al contrario sensun del señor Personero no hizo un estudio vino y habló cinco minutos de semejante proyecto de acuerdo con la envergadura que tiene de más de una década que se presenta por más de dos billones de pesos. Exactamente, aprendió la lección del Pibe Valderrama, todo bien, todo bien. Muy bien por el señor Personero, esos son elementos jurídicos sobre la valorización y hay que ponerle cuidado a las observaciones del señor Contralor.

Honorables concejales de la Comisión de Presupuesto, cómo un estrato 1, va a pagar cincuenta mil pesos y sino paga cuánto vale el cobro de esos cincuenta mil pesos de aquí a diez años, vale más el proceso que hay que hacerle a ese ciudadano que la deuda que tiene pro contribución con el Distrito, ojo con eso, porque ahí podría entrar en esa época…yo no sé si todavía estará el profesor Gutiérrez, podría entrar en un proceso de detrimento patrimonial, porque más vale el collar que el perro, así dicen en el Huila.

Se discutió aquí por parte del doctor Jaime Castro si esto era una valorización general o una valorización local, no comparto la posición del doctor Jaime Castro que sea una valorización por beneficio general.

La valorización por beneficio general, concejales, es la que pagamos los dueños de inmuebles, esa es la valorización general, es decir en más de un millón quinientos mil propietarios que tenemos aquí una casa, como por ejemplo, el concejal Jorge Durán que tiene una casa en el Policarpo donde vive, entonces me toca que pagar y todos los que viven en los diferentes barrios de la ciudad, ese es un beneficio general, pero cuando se toma por determinados ejes, no llega, doctor Jaime Castro, a ser beneficio general.

Es para que se den cuenta que yo soy imparcial, a mí no me tuerce el pescuezo nadie a si sea mi amigo, esas críticas se las hice ayer como se lo dije al doctor Jaime Castro, “su estudio fue muy serio, pero estamos en un tema de valorización ha debido hacer el análisis hasta la sobretasa, hasta ahí estaba muy bien, ese tema del Transmileno va a ser  otra discusión diferente, también, tengo muchas dudas, señor Director, que se va a cobrar valorización por obras que ya han pagado valorización.

Esa es otra duda jurídica que tengo, eso es como si al concejal Durán Silva lo condena la nación por un impuesto que lo hice de determinadas circunstancias en mi declaración de renta y ya la pagué y compruebo ante la nación que ya pagué ese impuesto y vuelven y me lo cobran, esa es otra duda jurídica que tengo relacionada con el tema del proceso que viene diseñado en este proyecto de acuerdo señor Director.

El Concejo de Bogotá, concejal Romero, tiene facultades expresas en la Constitución y la ley y los decretos reglamentarios tanto nacionales como los de Bogotá, en los estatutos de valorización, de estudiar, discutir, aprobar, o negar este proyecto de acuerdo, no nos estamos extralimitando en ninguna de nuestras funciones que está diseñada en esas normas antes mencionadas.

Tengo bastante jurisprudencia relacionada y sentencias de la honorable Corte Constitucional sobre el tema que nos ocupa y siempre se ha reiterado en estas jurisprudencias que las asambleas, el Congreso, los concejos distritales y municipales tenemos esa facultad.

También, hay algo muy importante para la Comisión de Presupuesto, que les voy a proponer, el concejal Elvar Rojas hizo una observación muy seria sobre el cobro que siempre se ha efectuado para la recolección de la cartera, como estamos señor Secretario en un Gobierno muy serio y en cabeza de un hombre supremamente estricto de la Cartera Política, que es el señor Secretario de Gobierno, dejo este mensaje así no sea tenido en cuenta. Debemos de buscar la economía para la Administración, debemos de ser austeros, no debemos seguir, enriqueciendo a la Banca privada, por qué razón la Banca privada tiene que manejar la cartera del Instituto de Desarrollo Urbano, yo propongo dos cosas, señor Secretario de Gobierno y señor Director.

Primero, que esta Cartera sea manejada por la Secretaría de Hacienda, segundo que se saque una licitación, no se cómo lo hará allá el señor Director en su libre albedrío si pública o privada, proponiéndole a la Banca privada para que maneje esta cartera y se la entreguen a esa Banca, sino se la entregan a la Secretaría de Hacienda, a la que menos le cobre al Instituto de Desarrollo Urbano, y así bajar costos y que alcance más los recursos de este proyecto de acuerdo si se aprueba, que estoy casi seguro que para esos lados van y tendría unos recursos importantes de economía el Instituto de Desarrollo Urbano, sin necesidad, señor Director, que otros directores vengan y le echen la culpa a usted que está gastando el cinco por ciento más de su presupuesto directo para cubrir el déficit, precisamente, de la recolección de cartera.

Hay que contestarle algo, concejal Bruno Díaz, al señor Contralor, es eficiente o no es eficiente el Instituto de Desarrollo Urbano para manejar, precisamente, este proyecto de contribución a más de diez años, porque aquí lo manifestaba el señor Contralor que las anteriores administraciones no han sido capaces de manejar en una forma clara, precisa, concisa y honesta, valorizaciones por montos que no han llegado ni siquiera a quinientos mil millones de pesos.

Le presento un saludo muy respetuoso a la doctora Leonor Serrano, bienvenida, candidata a la Alcaldía de Bogotá, no le estoy hacienda cuña, he escuchado por los medios de comunicación, claro que hay medios de comunicación torticeros, que no la quieren, no sé si  la quieren meter en ese lío, pero, mire si usted va a ser la Alcaldesa, le van a dejar platica, claro, que muy comprometida ya, porque esta Administración va a tener dos años tres meses para comprometer estos recursos, no se haga mucha ilusión, doctora Leonor, no de que sea  alcaldesa sino que va a tener muchos recursos de este Acuerdo.

Entonces, señor Director, hay que contestarle por dignidad, por decencia, por decoro, por  hombría, al Contralor, si usted sí tiene la capacidad y los futuros funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano si tienen la capacidad administrativa para poder llevar a cabo la destinación correcta y el manejo correcto y la recolección de cartera en su momento oportuno, antes de que se utilicen esas facultades ambiguas e inconstitucionales que establece el Artículo 24.

Entro honorables concejales para no fatigarlos, porque el concejal Durán Silva levanta, como dicen en el Departamento del Huila, mucho carranchín cuando hago estas observaciones, ese carranchín se produce para la burguesía corrupta colombiana en urticaria y para la clase media lo llaman no urticaria sino una que se levanta un poquito la piel como la de los caimanes o la de las babillas que cambian de color.

Concejal Gilma, entro muy respetuosamente, a hacerle las observaciones a su ponencia estudiada con mucha seriedad y con toda voluntad hacia el Gobierno de la Administración del señor Alcalde.

En cuanto a la afirmación realizada por la concejala Gilma Jiménez, en la que señala: “…que con el mismo énfasis y tono con el que adelantamos los debates de control político cuando consideramos que el Gobierno no está cumpliendo sus compromisos o cuando el avance de los proyectos no es el adecuado; con ese mismo énfasis y tono acompañamos las iniciativas del Gobierno que consideramos positivas para la ciudad, concretamente este proyecto que permitirá mejorar las condiciones de vida de los más pobres y vulnerables, que son los grupos de población que requieren de mejores condiciones físicas de la ciudad para su uso y disfrute. Esta iniciativa cumple entre otros, con este objetivo”. Le Pregunto con todo respeto a la concejala Gilma Jiménez ¿en qué parte del Plan Financiero del Plan de Desarrollo Bogotá Sin Indiferencia, un compromiso de todos, encontró inscrita esta valorización que ahora con tanto énfasis y tono, como usted misma lo afirma, lo defiende?.

Esa es una pregunta o interrogante que la concejala en el momento de la discusión de las ponencias respetuosamente me la contestara con bases legales.

En primer lugar, porque es un requisito legal que este proyecto esté inscrito en el Plan de Desarrollo para que se pueda realizar y allí no se encuentra. Tampoco está demostrado que las obras cumplan en su totalidad con los siguientes principios definidos en el Decreto Distrital 190 de 2004, para las inversiones en proyectos de recuperación, mantenimiento, adecuación y construcción de infraestructura vial y de transporte, los cuales dice el mencionado Decreto deberán responder a las siguientes directrices:

1. Priorizar las inversiones en proyectos que completen la malla vial arterial e intermedia y el sistema de espacio público ya construidos, para mejorar la conectividad entre el centro, las centralidades y la región.

2. Priorizar los recursos para mejorar, adecuar y construir vías y equipamientos de integración en las áreas donde se realicen operaciones estratégicas de integración urbana y regional.

3. Destinar eficientemente los recursos captados por la aplicación de los instrumentos de financiación derivados de las actuaciones urbanísticas, con particular referencia a la participación en las plusvalías, las compensaciones por parqueaderos y cesiones al espacio público, así como al aprovechamiento económico de este último, para mantener, adecuar y construir la malla vial de la ciudad y los equipamientos de integración.

La determinación y actitud positiva hacia el Gobierno, perjudica las finanzas de los más pobres con el argumento de la favorabilidad en la realización de obras públicas de infraestructura que están claramente orientadas a construir y construir por construir, afectando la movilidad de la ciudad y el medio ambiente que  es el programa bandera de la bancada por la “Bogotá que Queremos”.

Con todo respeto, no es cierto como se afirma en la ponencia que: “…se hace necesario anotar, que está plenamente comprobado que el desarrollo físico de la ciudad se encuentra estrechamente ligado con la  superación de la pobreza, con el desarrollo social, con la construcción de equidad y con el mejoramiento de la calidad de vida de todos sus habitantes, particularmente la de los más pobres.” , por cuanto de acuerdo con los elementos señalados en la ponencia, se parte de la corresponsabilidad en la eficiencia del gasto público y cofinanciación de la plataforma para la competitividad. Frente a lo cual, hay que determinar si este Proyecto de Valorización se articula con los cinco subprogramas  definidos en el  Decreto Distrital 190 de 2004, para que se de la correcta corresponsabilidad necesaria para un crecimiento sectorial armónico.

Si bien es cierto, que el crecimiento social esta directamente relacionado con  el desarrollo de obras que aporten bienestar, calidad de vida, movilidad, infraestructura, adecuación de redes y equipamiento urbano, especialmente en los sectores más vulnerables y con mayor número de necesidades básicas insatisfechas, también lo es, que estas no deben generar un costo social que termine gravando y empobreciendo más a la población, pues este tipo de proyectos deben contemplar la sostenibilidad de las obras, aspecto que no se menciona en ninguna parte por la Administración Distrital ni por los concejales Gilma Jiménez y Elmer Rojas.

Señor Director del IDU e ilustre Directora de Recreación y Deporte, el gran error del Gobierno Nacional durante muchos años y del Gobierno Distrital es hacer obras monumentales sin dejar la sostenibilidad hacia el futuro de estas obras por eso se deterioran en tiempo relativamente corto. Esto lo digo yo en mis tratados de derecho administrativo durante más de veinticuatro años como concejal.

No creo que la ciudad deba seguir aceptando la realización de obras por las que nadie responde ni en su calidad ni en su sostenibilidad. Esos errores de cálculo y planeación le cuestan después a los bogotanos mucho dinero, para lo cual cito tres ejemplos recientes; la reconstrucción de la troncal de Transmilenio de la Autopista Norte, la construcción del puente de las Delicias que tuvo un sobrecosto  aproximadamente treinta mil millones de pesos y el Eje Ambiental de la Avenida Jiménez, para no devolvernos al gobierno del hoy embajador en Washington cuando se construyó el puente de la 92 cuya historia de despilfarro y malos manejos es parte de la historia del IDU.

Ese puente de la 92 no solamente fue mal construido, sino que causó muchos muertos por fallas técnicas en ese viaducto o puente, en donde hicieron un mal peralte, me acuerdo que fue en 1990 y si mi memoria no me falla por una firma de apellido Duarte.

La ponencia rendida desconoció la realidad de la situación social, económica, de pobreza y marginalidad de los habitantes de nuestra ciudad, pues según la encuesta de calidad de vida realizada para el año 2003, se demostró que uno de cada cinco de jefes de hogar perdió su empleo en los últimos cinco años y en casi un millón de esas familias, alguno de sus miembros dejo de consumir las tres comidas diarias al menos una vez a la semana, por cuanto la pobreza aumento de treinta y cinco a cincuenta por ciento, entonces me pregunto si la Administración Distrital realizo un estudio de viabilidad financiera y capacidad de pago de los habitantes de la ciudad para el cubrimiento de la estudiada valorización, pues es claro, que simplemente se acudió a priorizar la realización de unas obras, a cuantificar los costos para su realización y trasladar este costo a las localidades, sin tener en cuenta la situación económica de los bogotanos, quienes en un gran porcentaje no tienen ni siquiera con que cubrir sus necesidades básicas insatisfechas e inclusive en muchos casos dejan de consumir una de las tres comidas diarias, entonces con esta iniciativa tendrán que destinar los ingresos de manutención y estudio de los hijos, la recreación y el bienestar de la familia para pagar una contribución más al Distrito.

No voy a leer el cuadro que muchos ya lo tienen sobre el ingreso promedio sacado de las estadísticas del DANE.

Para la bancada Peñalosista las cifras anteriores  se explican por sí mismas, aunque en realidad, por los datos presentados, parece ser que las cifras hubieran sido equivocadas, para poder mostrar una cifra de ingreso per cápita de seiscientos setenta y tres mil doscientos sesenta y tres pesos, lo que en la práctica no ocurre, pues en los estratos 1, 2 y 3 la cifra es inferior a la presentada por la bancada que para esta ponencia representa la concejala Jiménez.

Honorables concejales, no hace falta preguntar de donde pagarán la nueva contribución los bogotanos, por algo en el informe de cuentas de valorización pendientes de cobro, figura un alto porcentaje de hogares de estratos altos, la realidad es que ellos tampoco tienen suficientes recursos para pagar.

El concejal Elvar Emel Rojas, rinde ponencia positiva, enderezándole el Proyecto de Acuerdo a la Administración, en aspectos de forma, contenido y procedimiento, que en un momento dado podrían generar vicios de inconstitucionalidad e ilegalidad del proyecto, parece ser que a través de la ponencia del concejal Rojas, la administración encontró el camino adecuado para corregir, ajustar y viabilizar el proyecto, que inicialmente presentaba grandes inconsistencias que ponían en riesgo el futuro del proyecto, en los siguientes aspectos:

1. Ajustar el tiempo  en la ejecución de las obras, de acuerdo con la vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial.

2. Reducir el tiempo del desarrollo de notificación para el inicio de las obras, ya que reduce el tiempo de ejecución de las mismas.

3. Reduce el costo de administración del recaudo del diez por ciento al ocho por ciento con el fin de que la diferencia del valor presentado sea incluida en el costo de las obras.

La parte IV – Otras Disposiciones – Capitulo  1. Se elimina del articulado debido a que podía entenderse vulnerado con estas disposiciones el principio consagrado en el Artículo 158 de la Constitución Nacional, en lo relativo a la unidad de Materia; estimándose necesario que la administración presente un compendio general a nivel de Estatuto de Valorización al Concejo de Bogotá.

Se modifica el contenido del Artículo 17 del proyecto, señalando la obligatoriedad de presentar informes anuales, ejecución de obras y el recaudo del tributo en ejercicio del control político.

Finalmente, la ponencia del concejal Rojas, trae un elemento importante de discutir con relación a los espacios de uso público y zonas de cesión, aunque dichas áreas no cuenten con escritura pública a nombre del Distrito Capital. A través de la Defensoría del Espacio Público, todas las zonas debidamente demarcadas en la cartografía aprobada por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital y por las curadurías urbanas, estas cesiones tipo a, ingresaron al inventario del Distrito Capital, aún cuando no exista titularidad alguna, por que las normas del Acuerdo 22 de 1972, establecen que “Basta con el solo señalamiento que se haga en un plano debidamente aprobado por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital para que estas queden afectas al uso público”.

Sobre eso hay unas jurisprudencias del Consejo de Estado relacionados con la titularidad de predios que no han sido escriturados al Distrito y que no se reconocen precisamente por el señalamiento que su señoría hace.

La tercera ponencia, la concejala Maria Angélica Tovar, presenta ponencia negativa, de la cual, debe destacarse el estudio juicioso y detallado que realiza sobre fuentes de financiación, capacidad de pago, monto distribuible, plan de obras, relación costo por beneficio y un estudio jurídico, con sustento en todos los antecedentes de la contribución y del requerimiento de las obras objeto del proyecto. Son de destacar los cuestionamientos que se realizan en la ponencia, tales como: El desarrollo de obras anteriores, el manejo contractual del desarrollo de las obras, la forma de ejecución de las mismas, el carácter oneroso de los gravámenes tributarios del Distrito, la efectiva recuperación vial, el estado actual de las obras fruto de las anteriores valorizaciones y el compromiso de vigencias futuras; aspectos que debieron ser tenidos en cuenta en forma objetiva por los concejales Gilma Jiménez y Elvar Emel Rojas, quienes contrario sensu a su deber legal, se dedicaron a buscar la viabilidad del proyecto con gran conveniencia, por parte de la bancada Peñalosista y en el otro caso, a ajustarlo al procedimiento y contenido legal requerido, para rescatar la viabilidad del mismo, en nombre de la Administración Distrital, de los cual destaco los siguientes aspectos:

1. Dentro de la lectura que se hace del texto del articulado, se infiere la modificación, adición o derogatorias del Estatuto de Valorización, en virtud de lo cual, la iniciativa de la Administración no presente una Unidad de Materia, de acuerdo con lo establecido  en el Artículo 158 de la Constitución Política concordante con el Artículo 21 del Decreto Ley 1421 de 1993 y el Artículo 64 del Acuerdo 095 de 2003,  a partir de lo cual y de acuerdo con la posición asumida por la Corte Constitucional “…el título de la ley debe hallarse en consonancia con su contenido, de manera tal que, sin hacerle concesiones al rigorismo exegético, permita identificarla en relación con sus temas o finalidades dentro del piélago normativo que la contiene”. 

2. Frente a la fijación del monto distribuible, señala la concejala  Maria Angélica Tovar que no debe incurrirse en la situación que se presento en años anteriores, en donde falto planeación, calculo en las proyecciones de los ingresos, falta de previsibilidad técnica de las obras y ligereza en la toma de decisiones y errores administrativos, como en su oportunidad lo señalo la Contraloría de Bogotá en su Auditoria Gubernamental para el año 2003. Por lo tanto y contando con las experiencias de Gobiernos anteriores, el Concejo de Bogotá, no puede ser imprudente con la ciudad, trasladando a los administrados los errores  e imprudencias en sus actuaciones.

3. Existen reformas tributarias a nivel nacional y local que se vienen proyectando y que gravan a los ciudadanos, ante lo cual, es muy gravoso en términos económicos establecer más cargas impositivas que superan su capacidad de pago; para esto se hace necesario que el monto a distribuir sea más austero, para darle un equilibrio a las diferentes obligaciones que deban cumplir los ciudadanos.

4. Ya hable de la Contraloría Distrital sobre la cartera morosa de los veintiún millones que sube a setenta y seis mil con los intereses.

Doctor Pedro Rodríguez, creo que toda esa maña se las aprendió a Mockus, se rasgo las vestiduras, doctor Pedro Rodríguez y dijo, esta es la única fuente nueva de ingresos, la valorización y se reía, aquí ya se hablo de las nuevas fuentes de ingresos, de las descapitalizaciones de que hablo el ex alcalde, pero le traigo una de mi cosecha.

PAGARÉS DE REFORMA URBANA:

Son títulos de deuda pública libremente negociables, emitidos hace ocho años; devengan intereses por semestre vencido, equivalente al ochenta por ciento de la variación porcentual del IPC y están exentos de impuestos de renta y complementarios, es decir, quien compre esos bonos la inversión que hagan están exentos de renta tributaria.

Se destinan a la indemnización o pago de inmuebles adquiridos por enajenación voluntaria o expropiación.

Hay otra figura muy importante establecida por la ley.

SECRETARIA: Registro la presencia del concejal SALAMANCA CORTÉS JORGE ERNESTO.

BONOS DE REFORMA URBANA:

Son títulos de deuda pública, sin garantía de la Nación que se destinan a la financiación de proyectos de remodelación urbana, reajuste de tierras, construcción, mejoramiento y rehabilitación de vivienda de interés social, construcción, ampliación, reposición, mejoramiento de redes de acueducto y alcantarillado, infraestructura urbana, planteles educativos y puestos de salud, centros de acopio, plazas de mercado y ferias, mataderos, instalaciones recreativas y deportivas, tratamiento de basuras y saneamiento ambiental.

¿QUIÉN LOS EMITE?

Son emitidos por las entidades públicas nacionales, departamentales, metropolitanas y municipales o Distritales. Este es un aporte que hago en estas críticas constructivas que he planteado hoy.”

Es importante que se sepa por la ciudadanía y por el Gobierno cuál es la posición mía, la del Concejal JORGE DURAN SILVA, con relación al cobro reiterado que todos los gobiernos distritales quieren hacer de la valorización. En esa contribución han encontrado la gallina de  los huevos de oro para financiar sus propuestas de campaña, y las formulan sin criterio técnico, financiero y ambiental sustentable, no guardan concordancia con el POT de la ciudad, pero pareciera que a nadie le importa desconocer el mandato del Plan de Ordenamiento territorial.

En materia tributaria y de contribución de valorización la ciudad llegó a su límite y pasarán como mínimo 15 años, antes de que los Bogotanos vuelvan a tener capacidad económica suficiente para financiar con valorización obras de infraestructura que si bien necesita la ciudad no pueden seguir presionando las finanzas de los Ciudadanos hasta llevarlos a la quiebra económica y a la crisis de gobernabilidad que hoy padecemos. En mi intervención que he transcrito pongo en discusión otras formulas para recaudar recursos y financiar obras públicas. Ahora contamos con otra herramienta privilegiada y poderosa, se trata de las Alianzas Público privadas, esencia del crecimiento de ciudades importantes y modernas en el mundo, ¿Por qué no recurrir a esa modalidad de contratación para la construcción de infraestructura vial y de transporte?, esa es tal vez la única opción de la ciudad en una década o dos y no podemos dejarla pasar como si nada, aprovechémosla.

También debo referirme a las afirmaciones del Alcalde Gustavo Petro y la Señora Rojas en el Sentido de que el Concejo es el responsable de esta crisis que se vive en la ciudad por cuenta de la valorización, algunos Concejales de manera tendenciosa también salen a decir que de nada sirve que un concejal vote de forma negativa un proyecto de acuerdo porque según el la responsabilidad de la aprobación del proyecto de acuerdo de valorización es corporativa y no individual. Le aclaro a quienes eso piensan que la Ley de Bancadas fue expedida para impedir que quienes votan a favor de las propuestas del gobierno y en contra del pueblo puedan escudarse en la corporación para después salir a decir que la responsabilidad es de todos como cuerpo corporativo. La responsabilidad es de los partidos y los concejales y votar negativamente el proyecto de Acuerdo 180 de 2005 me exime a mi JORGE DURAN SILVA de toda responsabilidad frente a esta crisis que vive la ciudad. Yo no respondo por actos que contra el pueblo se aprueben en este Concejo por quienes pretendan ampararse en la Corporación eludiendo la responsabilidad política de los Partidos y el deber de sus alcaldes cuando lo han tenido de revisar y objetar por inconvenientes o ilegales acuerdos como el 180 de 2005 que ordenó esta valorización.  Así pues señora Rojas que usted no tiene derecho a vincularme a mí como coautor responsable de esta crisis de gobernabilidad, el Alcalde Petro tampoco tiene ese derecho porque les bastaría a ambos con leer antes de hablar y haciéndolo con el Acta 032 del 30 de Septiembre de 2005, que es la que recoge la votación en segundo debate al Proyecto de Acuerdo No.264 de 2005 que luego de ser sancionado por el Alcalde Mayor se convirtió en el Acuerdo 180 de 2005, de que mi voto fue negativo en los siguientes términos: “mi voto es SI a la ponencia negativa de la doctora María Angélica Tovar.” El subrayado es mío.

El primer grupo de obras del acuerdo 180 de 2005 realizó el cobro de sus obras en el año 2007. El IDU recaudó los dineros mas de $718 mil millones y aun así no ha podido hasta la fecha cumplir sus obligaciones vamos para tres años de retraso y sin ninguna consideración con la ciudadanía ahora se realiza el segundo cobro, circunstancia que con justificada razón ha disgustado a los ciudadanos al punto de llevarlos a realizar protestas públicas que con el correr de los días y ante la pasividad del gobierno para encontrar caminos de solución a la crisis que el mismo generó van tomando ribetes preocupantes y peligrosos para la seguridad de los ciudadanos. Ante esta situación Honorables Concejales consciente de mi responsabilidad como Concejal de la Ciudad y pensando en el bienestar de los Bogotanos presento para estudio del Concejo y del Alcalde Mayor este Proyecto de Acuerdo cuyo único objetivo es el de conjurar la crisis de gobernabilidad que hoy se ha desatado como efecto del cobro de valorización realizado por el gobierno del alcalde Petro. La solución transitoria está en la suspensión inmediata del cobro de valorización la devolución de los dineros recaudados hasta el momento para este segundo grupo de obras del Acuerdo 180 de 2005 y la suspensión del cobro de los grupos de obra 3 y 4.

El Gobierno tiene que pensar en la necesidad de recurrir a otros mecanismos de financiación diferentes a valorización por beneficio local o general para obras como el tranvía, dado que la capacidad de pago de los ciudadanos no es suficiente para financiar este tipo de obras, que a última hora fueron propuestas por el gobierno para sustituir las que dejó planificadas parcialmente el gobierno anterior.

Otra modificación que debe realizarse al modelo de valorización es el de la forma de pago de la contribución por parte de los ciudadanos. No puede seguirse cobrando obras que no se hacen en los plazos y precios establecidos. Las obras deben cobrarse una vez estén terminadas. El concejo no debe aprobar hacia el futuro ninguna valorización cuyas obras no cuentes con estudios técnicos, financieros, ambientales  aprobados y finalizados, así como con un presupuesto definitivo de la obra y la obligación del IDU de cumplir con unos plazos y precios fijos.

ASPECTOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS

En cumplimiento de las atribuciones conferidas al Concejo de Bogotá D.C en el Artículo 12 literal 1. del Decreto 1421 de 1993,  el Concejo de Bogotá D.C. debe dotar a la Administración de recursos administrativos y normativos que le permitan atender con eficacia y prontitud sus deberes misionales. Ante la crisis de gobernabilidad por la que atraviesa la ciudad en estos momentos, generada pro el cobro de la valorización ordenada en el Acuerdo 180 de 2005 es urgente que el Gobierno cuente con las herramientas necesarias para conjurar dicha crisis de manera eficiente y para evitarle mayores daños a la ciudad y a los ciudadanos.

El Instituto de Desarrollo Urbano por su parte debe revisar cuidadosamente los aspectos técnicos, financieros y ambientales de la valorización ordenada en el Acuerdo 180 de 2005 con el objeto de que proponga al Concejo Distrital la revisión de este Acuerdo, si es preciso su derogatoria y la adopción de uno nuevo en el que se adopten soluciones a los problemas que se evidencian en el Plan de Obras contenido en el Acuerdo 180 de 2005, sus zonas de influencia y la financiación de dichas obras sin caer en el protagonismo politiquero de ofrecer sin el suficiente estudio y análisis de conveniencia rebajas y subsidios a los estratos 1 y 2 de manera indiscriminada. Todo subsidio que se entregue significa un incremento de la carga impositiva o de la contribución de valorización para otros sectores, así sea que esos subsidios se paguen con transferencias de la Administración central o con recursos del crédito, en definitiva son los ciudadanos mediante el reconocimiento y pago de sus tributos los que terminan financiando esos subsidios que en la mayoría de los casos están mal diseñados y peor distribuidos.

La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital deberá entregar el censo depurado y actualizado de predios que se propongan dentro de los  límites de las zonas de influencia de la valorización y se congelará para efectos de la valorización al momento de su decreto que la autoriza el valor de los predios y hasta el momento en que se terminen las obras, con el propósito de impedir que cuando se programen las obras de valorización el gobierno tenga unos predios afectados que tienen un determinado valor Catastral pero por las demoras del gobierno en realizar las obras y recurriendo a formaciones catastrales dudosas, aumenta el valor de dichos predios para cobrarles mas de lo que inicialmente se ordenó.

ASPECTOS JURIDICOS

El Decreto 1421 de 1993 en su Artículo 12 Literal 1. Ordena que: ARTÍCULO.- 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley:

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

COSTO FISCAL

El Presente Proyecto de Acuerdo no ocasiona Costo Fiscal en los términos del Artículo 7º. de la Ley 819 de 2003 que dice:

ARTÍCULO 7o. ANÁLISIS DEL IMPACTO FISCAL DE LAS NORMAS. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en cualquier tiempo durante el respectivo trámite en el Congreso de la República, deberá rendir su concepto frente a la consistencia de lo dispuesto en el inciso anterior. En ningún caso este concepto podrá ir en contravía del Marco Fiscal de Mediano Plazo. Este informe será publicado en la Gaceta del Congreso.

Los proyectos de ley de iniciativa gubernamental, que planteen un gasto adicional o una reducción de ingresos, deberá contener la correspondiente fuente sustitutiva por disminución de gasto o aumentos de ingresos, lo cual deberá ser analizado y aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En las entidades territoriales, el trámite previsto en el inciso anterior será surtido ante la respectiva Secretaría de Hacienda o quien haga sus veces.

Cordialmente:

JORGE DURAN SILVA

CONCEJAL DE BOGOTÁ

PROYECTO DE ACUERDO _____ DE 2013

“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENAN MEDIDAS URGENTES PARA CONJURAR LA CRISIS SOCIOECONÓMICA GENERADA POR EL COBRO DE LA VALORIZACIÓN EN BOGOTÁ D.C.”

EL CONCEJO DE BOGOTÁ D. C.

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución Política y el Decreto Ley 1421 de 1993 en sus artículo 12 Literal 1º.

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: SUSPENSIÓN DEL ACUERDO 180 DE 2005. El Alcalde Mayor de Bogotá D.C. con el propósito de conjurar la crisis de gobernabilidad generada por el cobro de la valorización ordenada en el Acuerdo 180 de 2005, podrá Decretar la suspensión del cobro de valorización para los grupos de obras 2-3 y 4 y ordenar la devolución de lo recaudado conforme al cobro realizado por el IDU para el grupo dos (2) de obras ordenadas en el Acuerdo, siempre y cuando con la devolución de lo recaudado no se cause daño económico al patrimonio distrital.

ARTICULO SEGUNDO. ESTATUTO DE VALORIZACIÓN. El Alcalde Mayor presentará al Concejo en las sesiones ordinarias del mes de Mayo de 2013 un proyecto de acuerdo que modifique el Actual marco regulatorio Distrital de la Valorización contenido en el “Estatuto de Valorización del Distrito Capital”  en donde proponga soluciones de fondo a los problemas evidenciados en la aplicación de los acuerdos de valorización. El proyecto de Acuerdo deberá proponer que:

1. Los Proyectos de Acuerdo de  valorización que se presenten para aprobación del Honorable Concejo Distrital contengan  anexos con los estudios técnicos, financieros, ambientales y de participación ciudadana, de cada una de las obras que se presente para ser aprobada su realización con financiación por el Sistema de Contribución de Valorización, sea general o Local.

2. Que la zona de influencia de cada obra haya sido presentada y socializada con los propietarios de los predios que se propone influenciar con dicha obras, se obtenga la aprobación de la comunidad , la que deberá conocer el costo proyectado de dicha obra durante el proceso de socialización.

3. Que los subsidios, descuentos u otras prerrogativas que se proponga conceder a comunidades de estratos económicos bajos, cuenten con los siguientes requisitos y estudios previos que deberán anexarse al proyecto de acuerdo:

a. Estudio Socioeconómico realizado por la Secretaría Distrital de Planeación, de la comunidad de propietarios o del propietario independiente que se proponga como beneficiario de subsidios, descuentos o prerrogativas, en donde se demuestre la incapacidad del propietario o de la comunidad de propietarios para cancelar la contribución de valorización.

4. CENSO DE PREDIOS. La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital deberá entregar el censo depurado y actualizado de predios que se propongan dentro de los  límites de las zonas de influencia de la valorización. Los predios clasificados dentro de la zona de influencia de la valorización no podrán ser autoavaluados, ni formados catastralmente mientras dure el proceso de cobro de la valorización.

ARTICULO TERCERO. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El presente Acuerdo rige a partir de su publicación y deroga las normas contenidas en Acuerdos Distritales que le sean contrarias.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.