RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

"Por medio del cual se insta a la Administración Distrital a derogar parcialmente el Acuerdo 180 de 2005 y se dictan otras disposiciones"

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Tal y como lo establece el Acuerdo 7 de 1997 la contribución por valorización es un gravamen real sobre las propiedades inmuebles sujeta a registro destinado a la construcción de una obra, plan o conjunto de obras de interés público que se impone a los propietarios o poseedores de aquellos bienes inmuebles que se beneficien con la ejecución de las obras.

Esto significa que el pago por valorización es precisamente una "contribución de carácter especial que debe generarse según el beneficio que se genere al contribuyente.

La jurisprudencia y la doctrina han coincidido en determinar el cobro de valorización, como "contribución especial"; de hecho la Corte Constitucional, en la Sentencia C-144 de 1993, Magistrado Ponente. Eduardo Cifuentes Muñoz. Definió que el carácter especial de esta, surge pues la asignación de la misma, se compensa por el beneficio directo que se obtiene, como consecuencia de un servicio u obra realizada por una entidad.

La Corte ha explicado el alcance de esta y sus características especiales en los siguientes términos:¹ "La contribución de valorización no es un impuesto, porque no grava por vía general a todas las personas, sino un sector de la población que está representado por los propietarios o poseedores de inmuebles que se benefician, en mayor o menor grado, con la ejecución de una obra pública ".

Es precisamente uno de los sustentos para solicitar derogar un cobro que en la ejecución de obras, por percepción de la ciudadanía no los beneficia de manera directa, o peor aún se han generado asignaciones por concepto de obras que no han sido ejecutadas, lo que conlleva a concluir que no ha existido una correcta inversión de los recursos.

Un factor que es conveniente resaltar frente la asignación de este cobro, es el respeto por uno de los principios constitucionales en los que se fundamenta un Estado Social de Derecho, como el estado colombiano tales como la prevalencia del interés general. El Artículo primero de la Constitución Política de Colombiana, establece que nuestro Estado se fundamente entre otros principios, en de prevalencia del Interés General. En un estudio realizado, frente al tema que se trae como referencia, se evidencia la necesidad de congruencia en las acciones del estado para garantizar el interés general;" En el Estado Social de Derecho Colombiano (…)es necesaria la búsqueda del equilibrio entre los principios generales y abstractos con aquellos particulares y concretos" "(…) el Estado tiene la responsabilidad de propiciar y defender el interés general sobre el interés particular, sin que ello sirva, obviamente para arrogarse la facultad de desconocer, vulnerar y violar derechos fundamentales de las personas"²

Se considera entonces que el beneficio general en la distribución de la contribución de valorización, no es consecuente al beneficio relativo de obras generadas y desconoce la prevalencia del interés general por no atender el criterio de reparto de cartas públicas, la capacidad económica de los contribuyentes y no generar legitimidad en la asignación del monto frente a los beneficios directamente generados.

Finalmente y entendiendo la condición del carácter real de esta contribución; y la exigibilidad tributaria de la contribución de valorización; es necesario que la norma que se expida y aún más los actos que generen contribuciones como esta, contemplen la capacidad económica de los contribuyentes, pues si bien se entiende que este cobro se genera al predio y no a la persona, pues si se considera que el nivel socioeconómico y la capacidad de pago objetivamente. De hecho la Corte Constitucional a nivel tributario manifiesta en la sentencia C-424 de 2005, la necesidad de gravar a las personas en función de su capacidad de pago; y que esa capacidad contributiva debe medirse con arreglo al patrimonio o la renta del sujeto pasivo; es decir se debe determinar el poder contributivo de los contribuyentes; hecho que no se visualizó en la asignación de las contribuciones para las Fase I y II del Acuerdo 180.

Dentro del Proyecto de Acuerdo 261 de 2012, el Instituto de Desarrollo Urbano manifestó:

El Acuerdo 180 de 2005, autorizó la financiación de un plan de ciento treinta y siete (137) obras, siguiendo el marco de la Contribución de Valorización por Beneficio Local, como modelo de financiación de los Sistemas que tienen relación con la Conectividad, Movilidad y el Espacio Público, acorde con la ideología de planeación integral contenida en el Plan de Ordenamiento Territorial para cumplir los objetivos Ambientales, Económicos, Sociales, Físicos y de Armonización con los planes de desarrollo, propuestos en el Artículo 1 del citado Plan. Las obras ejecutadas a través del mecanismo de la Contribución de Valorización por Beneficio Local, han generado en la Ciudad un impacto sustancial en la consolidación del subsistema vial, en el componente de malla vial arterial y en la totalidad del Sistema de Movilidad y del Espacio Público Construido, avanzando de forma significativa en la implementación del modelo de Ciudad previsto por el Plan de Ordenamiento Territorial para el Distrito Capital.

Por tanto, el Acuerdo 180 de 2005 fue aprobado por parte del Cabildo Distrital, en el marco de sus funciones constitucionales, establecidas en el artículo 317 y 338 de la C.P y del artículo 157 del Decreto Ley 1421 de 1993, por el cual se establece el Estatuto Orgánico del Distrito Capital de Bogotá. Dicho Acuerdo dividió la asignación del monto total aprobado de contribución en 4 fases, en los años 2007,2009, 2012 y 2015; sin embargo dichos plazos de asignación fueron modificados por el Acuerdo 445 de 2010 y las asignaciones debían realizar en el 2012 Fase II, en el 2014 Fase III y en el 2016 Fase IV. Estas asignaciones debían cubrir el costo total de las obras, los estudios técnicos y de viabilidad de la siguiente fase y adicionalmente cubrir el costo de los predios que debían ser adquiridos para la ejecución de las obras.

A su vez este acuerdo divido el grupo de las 137 obras que en total debían ser ejecutadas con lo asignado por este cobro de valorización, en 4 grupos, de la siguiente forma

* El Grupo 1 contemplaba la realización de

1. 12 vías

2. 6 intersecciones viales

3. 13 puentes peatonales

4. 9 andenes

5. 5 parques

* El grupo 2 contempla la realización de

1. 12 vías

2. 4 intersecciones viales

3. 9 puentes peatonales

4. 10 andenes

5. 11 parques

* El grupo 3 contempla la realización de

1. 8 vías

2. 9 intersecciones viales

3. 4 peatonales

* El grupo 4 contempla la realización de

1. 13 vías

2. 7 intersecciones viales

3. 5 peatonales

Sin embargo, y aún contemplado unos términos en el acuerdo para la ejecución de los grupos de obras contemplados en el Acuerdo 180 de 2005. La realidad ha sido otra, hoy después de haber sido asignada la primera fase el 30 de noviembre de 2007 y de la necesidad de cumplir con un término de 2 años para la iniciación de las obras proyectadas, se evidencian varios inconvenientes que se relacionan a continuación:

1. Del total de obras de la Fase I: 2 obras se encuentran en ejecución, a uno de los contratos se les declaro caducidad y 2 obras se encuentran sin iniciar

a) La Av. Laureano Gómez: Es una obra que a la fecha se encuentra suspendida, además tiene un inconveniente de fondo para su realización, puesto que, por donde se debe realizar la misma pasa un viaducto, por lo tanto, la obra en principio se ha incrementado en unos 40 mil millones de peso y a la fecha no se cuenta con una solución clara para la culminación de la misma

b) La Av. Mariscal Sucre: A la fecha esta obra se encuentra suspendida, se declaró caducidad contractual en el 2011, es una obra que a la fecha se ha incrementado en 3 mil millones.

c) Av Santa Lucia (TV42) desde la Avenida General Santander (39ª Sur), hasta la Jorge Eliecer Gaitán(AK33): Esta obra a la fecha se encuentra en un 65% de ejecución y aún se encuentra en etapa de adjudicación de contratos para ser terminada

d) Obras Av. Ferrocarril entre la 93 y la 100, y la Av Ciudad de Cali entre la 86 y 22: Frente a estas obras se ampliado el plazo de ejecución ya en dos oportunidades; mediante el Acuerdo 500 de 2012 por petición de los contribuyentes de Fontibón. El Concejo aprobó modificación de 2 años más de plazo para su iniciación, de lo contrario debían devolver el dinero a los contribuyentes

e) Adicionalmente el tema de la construcción de parques en la ciudad es un tema complicado, que no solo hace parte de la Fase I, por el contrario es una problemática que surge en principio por el incumplimiento en la ejecución de las obras planteadas y adicionalmente en que presupuestalmente si bien se han modificado los montos para la ejecución de otras obras, los parques desde 2005 que fue aprobado el acuerdo, no ha sido indexado o reajustado el valor, lo que controvierte la justificación de la administración en lo referente a que los costos de las obras. Lo más preocupante es que el presupuesto requerido para el cumplimiento de estas obras, no está asignado en el presupuesto anual del Instituto Distrital de Recreación y Deporte.

Como si fuera poco el escenario en la ejecución de las obras contempladas para ser realizada con la asignación de la Fase I, no es muy alentador, puesto que obras ejecutadas no tuvieron el resultado esperado, porque no quedaron bien hechas; un ejemplo de esto son los andenes realizados en la 19 desde la Avenida 134 hasta la 161.

Mediante Resolución VA 18 del 28 de Diciembre de 2012, fue asignado el cobro por concepto de valorización correspondiente a las Fase II del Acuerdo 180 de 2005, por un valor de $850.906.388.587 , gravando aproximadamente a 1.705.000 predios. Dicho monto deberá cubrir el costo total ³ de los componentes de construcción y ejecución de 46 obras, de estudios y diseños para la realización de las obras que contempla el grupo 3 y adicionalmente la compra de predios para la ejecución de dichas obras.

Sin embargo la realidad es que la asignación realizada, no alcanza para cubrir el costo de construcción de las obras, los estudios técnicos y la adquisición de predios para fase III. Tal como lo demuestran las respuestas del Instituto Distrital de Desarrollo Urbano a las proposiciones presentadas por el Cabildo Distrital en el ejercicio de Control Político. Así pues, el déficit que conllevan a la desfinanciación presupuestal para el cumplimiento del Acuerdo, solo en el componente de construcción alcanza un valor de 387.037.515.630 ( trescientos ochenta y siete mil treinta y siete millones quinientos quince mil seiscientos treinta millones de pesos); si a eso se adiciona el déficit en componentes de estudios técnicos según información dada por el IDU también el déficit para la ejecución de estas obras y por lo tanto para cumplirle a la ciudad alcanza unos $400 mil millones de pesos.

A continuación se anexa cuadro, donde el IDU presenta el presupuesto de las obras, el valor asignado que fue asignado mediante el cobro de la segunda fase del Acuerdo 180 y el déficit de cada obras.

La legitimidad de la gestión fiscal de la administración se sustenta por lo expuesto en el principio de legalidad -trasunto de la soberanía popular-, al cual se adiciona en el momento presente, la eficacia, eficiencia y economía. El interés general que en todo momento debe perseguir la administración hasta el punto que su objeto y justificación estriban en su satisfacción y sólo se logra realizar si la administración administra los recursos del erario ciñéndose al principio de legalidad y a los más exigentes criterios de eficacia, eficiencia y economía. (Corte Constitucional. Sentencia C-167.1995. Gaceta Corte Constitucional)

Otro criterio que conviene resaltar y que enmarca el contexto en que fue asignada la contribución de valorización, por concepto de la Fase II, es conveniente resaltar como se demostrara a continuación mediante la comparación de los resultados que abordan los estudios de capacidad de pago, determinado por un promedio máximo que debía ser asignado como monto de contribución, frente a las asignación en las diferentes localidades de la ciudad.

A continuación se anexan los cuadros en mención:

( Cuadro realizado mediante la comparación de datos de las asignaciones en promedio anuales máximas que arroja el estudio de capacidad de pago- frente al valor asignado por contribución, alimentado por datos aportados por la comunidad)

Con fundamento en lo anterior es necesario resaltar que mediante la asignación se vulneraron los principios de equidad y progresividad, tal y como lo determina el Concejo de Estado en la S-17556, donde se expone que es necesario evitar cargas excesivas y sobretodo que en las contribuciones tributarias no se debe afectar el principio constitucional de equidad a los contribuyentes

Entendemos además que en el marco legal establecido, es el Concejo quien tiene la facultad de establecer esta contribución con el fin de general la construcción y recuperación de vías y otras obras públicas garantizando el beneficio general de la ciudad, sin embargo la iniciativa debe ser presentada por el Alcalde de la ciudad, tal como lo establece el Art 13 del Decreto Ley 1421- Estatuto Orgánico de Bogotá.

Sin embargo, se considera que esta Corporación como suprema autoridad del Distrito y en el marco de sus funciones misionales de garantizar el desarrollo armónico de la ciudad y velar por la eficiencia administrativa, pone a consideración la presente iniciativa, con el objetivo de ofrecerle una solución inmediata a la ciudad, para garantizar que existan soluciones de fondo que permitan que el instrumento de valorización sea práctico y técnicamente posible, generando una contribución más equitativa y menos gravosa para la economía de los ciudadanos; garantizando ser un mecanismo efectivo para el financiamiento de obras públicas de la ciudad.

Por lo tanto, al considerar que este Acuerdo presenta inconveniencias en su ejecución desde la Fase I; y que adicionalmente en la asignación realizada en fase II no se garantiza el equilibrio económico de las obras, se vulneran principios constitucionales tales como la igualdad y la garantía del beneficio general y se quebranta el equilibrio de las cargas públicas, la objetividad en la capacidad de pago de los contribuyentes. El Acuerdo 180 debe ser derogado parcialmente; y adicionalmente se debe revisar de manera integral el Acuerdo 7 de 1987 - Estatuto de Valorización con el fin de sumar más errores a los inconvenientes que se han tenido con este mecanismo para garantizar la legitimidad del instrumento.

La ley destinará un porcentaje de estos tributos, que no podrá exceder del promedio de las sobretasas existentes, a las entidades encargadas del manejo y conservación del ambiente y de los recursos naturales renovables, de acuerdo con los planes de desarrollo de los municipios del área de su jurisdicción.

Artículo 338. En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos.

La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos.

Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo.

Artículo 242º.Los Departamentos, el distrito Especial de Bogotá y los municipios establecerán los recursos administrativos sobre las contribuciones de valorización, en la vía gubernativa y señalarán el procedimiento para su ejercicio.

Artículo 2. El establecimiento, la distribución y el recaudo de la contribución de valorización se harán por la respectiva entidad nacional, departamental o municipal que ejecuten las obras, y el ingreso se invertirá en la construcción de las mismas obras o en la ejecución de otras obras de interés público que se proyecten por la entidad correspondiente.

En cuanto a la Nación, estos ingresos y las correspondientes inversiones funcionarán a través de un Fondo Rotatorio Nacional de Valorización dentro del Presupuesto Nacional.

Cuando las obras fueren ejecutadas por entidades diferentes de la Nación, los Departamentos o los Municipios, el tributo se establecerá, distribuirá y recaudará por la Nación a través de la Dirección Nacional de Valorización, de acuerdo con las mencionadas entidades, salvo las atribuciones y facultades legales anteriores de las mismas entidades en relación con este impuesto.

Artículo 9. Para liquidar la contribución de valorización se tendrá como base impositiva el costo de la respectiva obra, dentro de los límites del beneficio que ella produzca a los inmuebles que han de ser gravados, entendiéndose por costo todas las inversiones que la obra requiera, adicionadas con un porcentaje prudencial para imprevistos y hasta un treinta por ciento (30%) más, destinado a gastos de distribución y recaudación de las contribuciones. El Consejo Nacional de Valorización, teniendo en cuenta el costo total de la obra, el beneficio que ella produzca y la capacidad de pago de los propietarios que han de ser gravados con los contribuciones, podrá disponer, en determinados casos y por razones de equidad, que sólo se distribuyan contribuciones por una parte o porcentaje del costo de la obra.

Artículo 12 Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley:

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito. (…)

3. Establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas: ordenar exenciones tributarias y establecer sistemas de retención y anticipos con el fin de garantizar el efectivo recaudo de aquéllos.

Artículo 13 Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los concejales y el alcalde mayor por conducto de sus secretarios, jefes de departamento administrativo o representantes legales de las entidades descentralizadas. El personero, el contralor y las juntas administradoras los pueden presentar en materias relacionadas con sus atribuciones. De conformidad con la respectiva ley estatutaria, los ciudadanos y las organizaciones sociales podrán presentar proyectos de acuerdo sobre temas de interés comunitario.

Sólo podrán ser dictados o reformados a iniciativa del alcalde los acuerdos a que se refieren los ordinales 2o., {3}o., 4o., 5o., 8o., 9o., {14}, 16, 17 y {21} del artículo anterior. Igualmente, sólo podrán ser dictados o reformados a iniciativa del alcalde los acuerdos que decreten inversiones, ordenen servicios a cargo del Distrito, {autoricen enajenar sus bienes y dispongan exenciones tributarias o cedan sus rentas}. El Concejo podrá introducir modificaciones a los proyectos presentados por el Alcalde.

La propuesta se votará en plenaria entre el tercero y décimo día siguientes a la terminación del debate. Aprobada la moción, por el voto de la mitad más uno de los miembros de la Corporación, se comunicará al Alcalde. Si fuere rechazada, no podrá presentarse otra sobre la misma materia, amenos que hechos nuevos la justifiquen.

Conforme al procedimiento señalado en este artículo el Concejo podrá observar la conducta o las decisiones del Contralor o del Personero.

La contribución de valorización por beneficio general únicamente se puede decretar para financiar la construcción y recuperación de vías y otras obras públicas. A título de valorización por beneficio general no se puede decretar suma superior al cincuenta por ciento (50%) de los ingresos corrientes del Distrito recaudados en el año anterior al de inicio de su cobro.

La Secretaría Distrital de Gobierno- Dirección de Seguimiento y Análisis Estratégico- determinará cuáles son los Sectores responsables de emitir los comentarios a los Proyectos de Acuerdo de iniciativa no gubernamental, de conformidad con su competencia, entre los cuales designará un Sector como Coordinador y pondrá a disposición el texto de los Proyectos de Acuerdo y demás documentos relacionados con su trámite.

El/Los Sector/es, y en particular el/los designados como Coordinador/es, es/son responsable/s de emitir las observaciones a los proyectos de Acuerdo. Para tal efecto, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud de comentarios, deberá/n realizar el análisis jurídico, presupuestal y técnico correspondiente y definir con claridad si apoya/n o no el proyecto y bajo qué condiciones, los cuales se remitirán a la Secretaría Distrital de Gobierno- Dirección de Seguimiento y Análisis Estratégico por correo electrónico y en medio impreso utilizando el Formato Único para Emisión de Comentarios establecido mediante Circular 004 de 2010 o la que lo modifique.

En el análisis jurídico se establecerá:

a. La competencia del Concejo de Bogotá D.C., para presentar y aprobar la iniciativa.

b. Su concordancia con el marco legal y reglamentario sobre la materia de que se trate, la viabilidad jurídica de lo que se pretende reglamentar y en los eventos en que se señalen funciones, la competencia del Sector para asumirlas.

En el análisis técnico se debe determinar, si se puede ejecutar y si el Sector a quien se le asigna la atribución cuenta con los insumos técnicos, tecnológicos y logísticos para su implementación, o la viabilidad de su implementación acorde con los programas y proyectos a ejecutar o en ejecución del Plan de Desarrollo.

el Sector coordinador verificará la consistencia de la exposición de motivos en cuanto a la presentación y ordenación de los gastos que demande la implementación o ejecución de la iniciativa; y determinará si con los recursos apropiados en el presupuesto de la vigencia en curso puede priorizar o no las acciones requeridas para este efecto.

En el evento que del análisis se desprenda que el Concejo de Bogotá, D.C. carece de competencia, o que el tema es de iniciativa de la Administración Distrital de acuerdo con lo reglado en el articulo 13 del Decreto Ley 1421 de 1993, el Sector coordinador emitirá concepto negativo.

La Secretaría Distrital de Gobierno, a través de la Dirección de Seguimiento y Análisis Estratégico, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de los comentarios unificará y consolidará la posición de la Administración Distrital a partir de los comentarios emitidos por los Sectores responsables, y remitirá al/la -los/las autor/a autores/as ponente/s y comisión correspondiente los comentarios de la Administración sobre la iniciativa.

En caso de discrepancia jurídica entre los Sectores competentes de emitir los comentarios a los Proyectos de Acuerdo, la Secretaría Distrital de Gobierno, a través de la Dirección de Seguimiento y Análisis Estratégico, para definir la posición de la Administración Distrital, solicitará a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, resolver la misma dentro del término de cinco (5) días hábiles contados a partir de la solicitud.

La Secretaría Distrital de Gobierno a través de la Dirección de Seguimiento y Análisis Estratégico será la encargada de integrar las mesas de trabajo para el estudio de los Proyectos de Acuerdo, cuando ello fuere pertinente. En tal evento, dicha entidad convocará a los Sectores responsables de la emisión de concepto, quienes deberán participar con delegados con capacidad de decisión.

En las sesiones del Concejo de Bogotá D.C., en las cuales se discutan Proyectos de Acuerdo de iniciativa de los Concejales, los/las Secretarios/as, Directores/as y Representantes Legales de las entidades Distritales podrán delegar su participación en el nivel directivo o asesor con amplio conocimiento del tema de discusión.

El Decreto 1421 de 1993 en su Artículo 12 Literal 1. Ordena que: ARTÍCULO.- 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley:

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

El Presente Proyecto de Acuerdo no ocasiona Costo Fiscal en los términos del Artículo 7º. de la Ley 819 de 2003 que dice. IMPACTO FISCAL. Teniendo en cuenta el Artículo 7º de la ley 819 de 2003 "Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo."

Cordialmente,

AUTORES.

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución Política y el Decreto Ley 1421 de 1993 en sus artículo 12 Literal 1º.

Artículo Primero: La Administración Distrital en cabeza del Instituto de Desarrollo Urbano IDU, presentara al Concejo de Bogotá una iniciativa que derogará parcialmente el Acuerdo 180 de 2005 en lo concerniente a las fases 3 y 4.

Artículo Segundo: El IDU presentara ante el Concejo de Bogotá una iniciativa normativa, para actualizar técnica y financieramente el costo de las obras y la metodología para el cálculo del monto distribuible y la asignación de la Fase 2, garantizando el equilibrio económico de las obras de las que trata del Acuerdo 180 de 2005. Enmarcando la actuación administrativa en los principios de equidad y progresividad tributarios.

Artículo Tercero: La administración Distrital tomara las medidas técnicas y jurídicas necesarias para revocar el acto administrativo que realizó la asignación del monto distribuible de la contribución de valorización de la Fase 2 de la que trata el Acuerdo 180 de 2005.

Artículo Cuarto: La administración Distrital garantizará la adecuada inversión de los recursos Distritales recaudados para la compra de predios y la realización de los estudios y diseños que fueron asignados mediante la Fase 1 del Acuerdo 180 de 2005.

Parágrafo1: La iniciativa de la que habla el Artículo segundo del presente Acuerdo será concordante con los estudios y diseños y la compra de predios realizada con la asignación de la Fase 1 del Acuerdo 180 de 2005.

Parágrafo 2: Para todos los efectos dichos estudios y diseños podrán ser actualizados, sin que dicho ejercicio resulte más gravoso para los contribuyentes.

Artículo Quinto: El Presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las normas que le sean contrarias.