RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

En un estado social de derecho, como el nuestro, es a través de la inversión y del gasto público social que se puede hacer efectivo ese nivel de vida mínimo a que tiene derecho toda persona como aplicación directa del principio de dignidad humana que ilumina a toda nuestra Constitución y nuestras normas.

Intentando ser coherente con todo esto, el objetivo fundamental de este proyecto de acuerdo es garantizar que en el proceso de programación presupuestal que es el proceso mediante el cual se establecen los lineamientos, instrumentos y procedimientos para la elaboración, presentación, estudio y aprobación del presupuesto de las entidades distritales, se incluya una priorización en el gasto para que la mayor parte de los recursos adicionales que se obtengan con el incremento de impuestos como los aumentos de las tarifas de industria y comercio, avisos y tableros, se direccionen a la inversión social en educación, salud y bienestar social.

En el mismo sentido, con esta iniciativa se le da cumplimiento a la Constitución nacional de Colombia, en sus artículos 334 y 366:

Art. 334. El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos. También para promover la productividad y competitividad y el desarrollo armónico de las regiones.

Art. 366.- El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable.

El segundo inciso de este artículo 366, reitera la prioridad del gasto social en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, lo que implica la posibilidad de cuestionar o modificar las leyes, ordenanzas o acuerdos que no den prioridad al gasto social sobre cualquier otra asignación.

Se debe, entonces, Priorizar la financiación de lo social con recursos ciertos (ordinarios) y no con inciertos (pendientes de aprobar, gestionar o conseguir), por lo que los recursos adicionales como los que se obtengan por concepto de cobro de ICA deben ser gastados prioritariamente en inversión social.

En cuanto a los requerimientos jurídicos tenemos que el decreto 1421 del 21 de julio de 1993, por el cual se dictó el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, formulado por el Presidente de la República de Colombia en uso de las atribuciones que le confirió el artículo transitorio 41 de la Constitución Política, es claro en señalar en el Capítulo I del Titulo II, las atribuciones del Concejo Distrital:

ARTICULO 12o ATRIBUCIONES. Corresponde al Concejo distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley:

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito....

4. Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos;

Igualmente claro es cuando señala la iniciativa que los proyectos deben tener:

ARTICULO 13o INICIATIVA. Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los concejales y el alcalde mayor por conducto de sus secretarios, jefes de departamento administrativo o representantes legales de las entidades descentralizadas..

Sólo podrán ser dictados o reformados a iniciativa del alcalde los acuerdos a que se refieren los ordinales 2º, 3º, 4º, 5º, 8º, 9º, 14º, 16º, 17 y 21º del artículo anterior..

Por todo lo anterior, es fácil concluir, sin tener que realizar ningún análisis profundo de la norma, que esta iniciativa solo tendría viabilidad jurídica, si el Alcalde Mayor o el Secretario de Hacienda, quién preside el órgano de comunicación del Gobierno con el Concejo Distrital en materias presupuestales, que según el decreto 714 de 1996, es la Secretaría de Hacienda, la avalan.

No obstante, considerando que la administración distrital ha precisado en diversos medios y ocasiones la necesidad de financiar y darle sostenibilidad futura al gasto social en educación, salud y bienestar social.

Espero contar con la aprobación de la administración.

Cordialmente,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial las que le confieren los artículos 8 y 12 numerales 1 y 4 del Decreto Ley 1421 de 1993 y los artículos 334 y 366 de la Constitución Política de Colombia.

ARTICULO PRIMERO: A partir del proceso de programación para el presupuesto de la vigencia fiscal 2003, el Gobierno Distrital garantizará que como mínimo el 60% de los recursos adicionales que se generen por concepto de aumento de las tarifas de los tributos Distritales se orienten prioritariamente a atender el gasto público social en los sectores de educación, salud y bienestar social.

ARTICULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.