RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

SENTENCIA C-469 DE 2016

 

CIRCUNSTANCIAS QUE EL JUEZ DEBE VALORAR PARA ESTABLECER SI LA LIBERTAD DEL IMPUTADO REPRESENTA UN PELIGRO PARA LA COMUNIDAD-Caben dentro del margen de configuración normativa del legislador y resultan acordes con las finalidades que persigue la medida de aseguramiento que tienen sustento constitucional

 

PROTECCION A LA COMUNIDAD COMO JUSTIFICACION PARA DETENER PREVENTIVAMENTE AL IMPUTADO-No vulnera el derecho a la libertad personal

 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Detención preventiva del imputado para evitar que obstruya el proceso y evada la acción de la justicia frente a la protección de los miembros de la comunidad no es excluyente

 

CIRCUNSTANCIAS PARA DETERMINAR CUANDO LA LIBERTAD DEL IMPUTADO REPRESENTA UN PELIGRO FUTURO PARA LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD-No contrarían el derecho a la libertad personal pues ésta no es absoluta

 

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos/DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Cargos deben ser claros, ciertos, específicos, pertinentes y suficientes

 

JUEZ DE CONTROL DE GARANTIAS-Requisitos para decretar medida de aseguramiento/MEDIDA DE ASEGURAMIENTO-Requisitos

 

LIBERTAD DEL IMPUTADO-Valoración de las circunstancias para determinar cuándo representa un peligro futuro para la seguridad de la comunidad

 

POTESTAD DE CONFIGURACION DEL LEGISLADOR EN MATERIA PROCESAL PENAL-Reiteración de jurisprudencia/POTESTAD DE CONFIGURACION DEL LEGISLADOR EN MATERIA PROCESAL PENAL-Límites

 

DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL-Alcance/DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL-No es absoluto/DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL-Restricciones

 

MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO-Implicaciones/MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO-Incidencia constitucional/MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO-Injerencias a la libertad personal

 

MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN EL PROCESO PENAL-Límites formales y sustanciales

 

LIMITES FORMALES DE LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO-Reserva de ley para la procedencia de la privación o limitación del derecho a la libertad personal

 

LIMITES FORMALES DE LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO-Reserva judicial para la imposición de una restricción a la libertad

 

LIMITES SUSTANCIALES DE LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO-Principio de Estricta legalidad

 

LIMITES SUSTANCIALES DE LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO-Principio de excepcionalidad

 

LIMITES SUSTANCIALES DE LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO-Principio de proporcionalidad

 

LIMITES SUSTANCIALES DE LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO-Principio de necesidad

 

LIMITES SUSTANCIALES DE LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO-Principio de gradualidad

 

NORMAS SOBRE PRIVACIONES O LIMITACIONES A LA LIBERTAD-Deben ser interpretadas restrictivamente y su aplicación debe ser necesaria, adecuada, proporcional y razonable

 

MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN LA LEY 906 DE 2004-Aspectos fundamentales

 

MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO-Fines

 

MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN LA LEY 906 DE 2004-Resultan ajustadas a las garantías constitucionales

 

BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Reiteración de jurisprudencia/BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Doctrina constitucional

 

BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD EN SENTIDO ESTRICTO Y EN SENTIDO LATO-Alcance

 

BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos

 

BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Función integradora y función interpretativa

 

BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Fuerza vinculante

 

CONVENCION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Deber de armonización interpretativa

 

CONVENCION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Interpretación armónica y sistemática/CONVENCION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Fuerza vinculante

 

CONVENCION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Interpretación de los derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia

 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Causal de justificación de la detención preventiva fundada en la protección de la comunidad

 

CONVENCION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Protección de la comunidad como justificación de las medidas de aseguramiento

 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Garantías del procesado frente a normas que establezcan privaciones arbitrarias de la libertad

 

PROTECCION DE LA COMUNIDAD-Encuentra plena justificación en el principio de la prevalencia del interés general y en el fin del Estado de asegurar la convivencia pacífica

 

PROTECCION DE LA COMUNIDAD EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL COMO FIN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO-Respaldo constitucional

 

Referencia: Expediente D-11214

 

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 310 (parcial) de la Ley 906 de 2004, modificado por los artículos 24 de la Ley 1142 de 2007, 65 de la Ley 1453 de 2011 y 3 de la Ley 1760 de 2015.

 

Actor: Salustiano Fortich Molina

 

Magistrado Ponente:

 

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

 

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil dieciséis (2016).

 

LA SALA PLENA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL,

 

en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las previstas en el artículo 241, numeral 4 de la Constitución Política, y cumplidos todos los trámites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente sentencia.

 

I. ANTECEDENTES

 

En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241, numeral 4 de la Constitución Política, el demandante solicita a la Corte declarar inexequibles de los numerales 2) al 7) y, parcialmente, el numeral 1) del artículo 310 del Código de Procedimiento Penal.

 

El Magistrado Alberto Rojas Ríos, a quien inicialmente correspondió elaborar la ponencia dentro del presente asunto, mediante auto de ocho (8) de febrero de 2016, dispuso admitir parcialmente la demanda por considerar reunidos los requisitos previstos en el Decreto 2067 de 1991[1], corrió traslado al Procurador General de la Nación y comunicó el inicio del proceso al Presidente de la República, al Fiscal General de la Nación y al Defensor del Pueblo. De igual forma, invitó a participar a las Facultades de Derecho de las Universidades Externado, Libre y Nacional de Colombia, Javeriana, Sergio Arboleda, del Rosario, de la Sabana, de Los Andes, de Antioquia, de Cartagena, del Valle, Eafit de Medellín, y Santo Tomás, sede Bogotá.

 

Así mismo, invitó al Centro de Estudios sobre Derecho, Justicia y Sociedad –Dejusticia- y a la Comisión Colombiana de Juristas, con el objeto de que emitieran concepto técnico sobre la demanda, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Decreto 2067 de 1991. El Magistrado sustanciador puso a consideración de la Sala Plena el proyecto de fallo. Sin embargo, debido a que la ponencia no obtuvo la mayoría de votos necesaria para ser aprobada, la elaboración del texto de la providencia correspondió al suscrito Magistrado ponente, de conformidad con el inciso 2º, regla 8ª, del artículo 34 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional. 

 

II. NORMA DEMANDADA

 

A continuación, se transcribe el artículo demandado, subrayado en los fragmentos y numerales objetos de impugnación.

 

LEY 906 de 2004

 

(agosto 31)

 

Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.

 

El Congreso de la República

 

DECRETA

 

(…)

 

“ARTÍCULO 310. PELIGRO PARA LA COMUNIDAD. Artículo modificado por el artículo 3 de la Ley 1760 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Para estimar si la libertad del imputado representa un peligro futuro para la seguridad de la comunidad, además de la gravedad y modalidad de la conducta punible y la pena imponible, el juez deberá valorar las siguientes circunstancias:

 

1. La continuación de la actividad delictiva o su probable vinculación con organizaciones criminales.

2. El número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos.

3. El hecho de estar disfrutando un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad, por delito doloso o preterintencional.

4. La existencia de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o preterintencional.

5. Cuando se utilicen armas de fuego o armas blancas.

6. Cuando el punible sea por abuso sexual con menor de 14 años.

7. Cuando hagan parte o pertenezcan a un grupo de delincuencia organizada”.

 

III. LA DEMANDA

 

El demandante considera que los apartados acusados contravienen los artículos 28 y 93 de la Constitución Política y 7 (núm. 2, 3 y 5) y 8 (núm. 1 y 2) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Sostiene que en Colombia resulta válido privar de la libertad al imputado durante el proceso penal, pero ello no puede ser arbitrario pues está sometido a estrictas exigencias constitucionales y legales, cuya observancia es impuesta al Estado en aras de salvaguardar al ciudadano de injerencias indebidas.

 

En este sentido, señala que el Código de Procedimiento Penal habilita la imposición de la detención preventiva en todos aquellos supuestos en que, además de una inferencia razonable acerca de la posible responsabilidad del imputado, esa medida de aseguramiento i) se muestre necesaria para evitar que este obstruya el debido ejercicio de la justicia ii) resulte probable que el procesado no comparecerá al proceso o no cumplirá la sentencia o iii) que el mismo “constituye un peligro para la seguridad de la sociedad”.

 

Para el actor, este último criterio es, sin embargo, contrario al bloque de constitucionalidad y en especial a la interpretación del artículo 7.3. de la CADH que ha llevado a cabo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El impugnante cita un informe de este organismo internacional, sin identificarlo, y subraya algunos fragmentos, conforme con los cuales, la imposición de la prisión preventiva debe tomar en consideración los principios de presunción de inocencia y libertad y, por consiguiente, solo puede ser ordenada en dos situaciones: cuando exista riesgo de que el procesado eludirá la acción de la justicia y ante la probabilidad de que obstaculice la investigación penal. 

 

Según el informe, la prisión preventiva está sometida a criterios de excepcionalidad y necesidad y no puede basarse en la peligrosidad del imputado, en la posibilidad de que cometa delita en el futuro o en la repercusión social del hecho, por cuanto estas justificaciones se apoyan en criterios de derecho penal material, no procesal, propios de la respuesta punitiva. Tales fines, así mismo, se fundarían en la evaluación del hecho pasado, no responderían al propósito de toda medida cautelar, que intenta prever o evitar hechos relacionados exclusivamente con la investigación penal, y menoscabarían de tal manera la presunción de inocencia. 

 

El actor referencia también el Informe 2 de 1997 de la CIDH, según el cual, las autoridades judiciales nacionales deben basar la imposición de la prisión preventiva, con ciertos ajustes, en la razonable presunción de que el procesado ha cometido un delito, en el peligro de fuga, en el riesgo de comisión de nuevas conductas punibles, en las necesidades de la investigación y las posibilidades de colusión, en el peligro de presión sobre los testigos y la preservación del orden público.

 

Con fundamento en los citados informes, el demandante sostiene que el fin de la medida de aseguramiento es la evitación de riesgos de carácter esencialmente procesal, que incidan en la recta y cumplida administración de justicia. La probabilidad de no comparecencia (fuga) y obstrucción de la justicia previstos en la Ley se identificarían con ese propósito. En cambio, no ocurriría lo mismo con el “peligro para la comunidad” contemplado en la disposición acusada y excluido de los informes de la CIDH. Según el actor, salvo la continuación de la actividad delictiva, ninguno de los indicadores de peligrosidad contenidos en el artículo impugnado estaría asociado a fines procesales, sino a criterios penales sustantivos y peligrosistas.

 

Las circunstancias de los numerales 1, 2, 5, 6 y 7 del artículo 310 C.P.P., ligadas a la probable vinculación del investigado con organizaciones criminales, el número de delitos y su naturaleza, el uso de armas blancas o de fuego y la edad de la víctima (menor de 14 años) corresponderían a evaluaciones propias de la sentencia de fondo, sobre la comisión de otros delitos y la estructuración de la conducta punible. A su vez, los indicadores de peligrosidad previstos en los numerales 3 y 4 ídem, derivados de antecedentes y sustitutos penales vigentes, estarían relacionados con elementos sustantivos para la concesión de beneficios punitivos.

 

De esta manera, en tanto las circunstancias anteriores no constituirían factores de riesgo procesal, desconocerían la interpretación de la Convención llevada a cabo por la CIDH. El demandante añade que “los criterios de necesidad de una medida de aseguramiento se deben compadecer con los principios e interpretaciones que se efectúan del ordenamiento supra-nacional por los organismos internacionales autorizados para tal fin… resulta obligatorio para el Estado colombiano, por exigencia expresa del bloque constitucional, acoger la interpretación que las autoridades competentes  hacen de las normas internacionales e integrar dicha interpretación al ejercicio hermenéutico de la Corte Constitucional…”

 

Con apoyo en jurisprudencia de esta Corporación y abundante doctrina nacional, el actor agrega que en el artículo acusado el legislador excedió su margen de configuración y desconoció el derecho a la libertad personal, al establecer restricciones a su ejercicio basadas en criterios opuestos a mandatos internacionales sobre derechos humanos. A partir de los anteriores argumentos, solicita a la Corte declarar inexequibles los apartados demandados.

 

IV. INTERVENCIONES

 

4.1. Ministerio de Justicia

 

1. La Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia intervino para censurar la aptitud sustantiva de la demanda y, al mismo tiempo, defender la constitucionalidad de los apartes demandados.

 

En primer lugar, el representante del Ministerio considera que el objeto del cargo de inconstitucionalidad es una proposición jurídica incompleta, puesto que el criterio de peligrosidad para la comunidad contenido en el 310 del C.P.P. solo es un desarrollo del numeral 2 del artículo 308 ibídem, que específicamente prevé la peligrosidad del imputado para la sociedad como uno de los elementos que permiten al juez de control de garantías decretar la medida de aseguramiento, disposición que, da a entender, debió haber sido conjuntamente impugnada. 

 

Así mismo, la regulación acusada se encontraría estrechamente relacionada con los artículos 306 (solicitud de imposición de medida de aseguramiento), 307 (medidas de aseguramiento), 311 (peligro para la víctima), 313 (procedencia de la detención preventiva) y 318 (solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento) del mismo Código, artículos sin los cuales la norma censurada carecería de sentido. Por lo anterior, el representante del Ministerio estima que se configura ineptitud sustantiva de la demanda, derivada de la proposición jurídica incompleta, lo que conduce, a su juicio, a un fallo inhibitorio.

 

2. En todo caso, el interviniente proporciona algunos argumentos para sustentar la constitucionalidad de los apartados acusados. Advierte que en el estatuto procesal penal existen medidas de aseguramiento restrictivas y no restrictivas de la libertad y que estas solo pueden ser impuestas bajo estrictos criterios de necesidad, adecuación, razonabilidad y proporcionalidad. Señala que la Ley 1760 de 2015 que modificó, entre otros, el artículo demandado, reitera la excepcionalidad de la detención preventiva, establece límites específicos de tiempo y la obligación de tomar en cuenta la naturaleza del delito como criterio para determinar si el imputado se halla dentro de algunas de las causales prevista en el artículo 308 C. P. 

 

De modo específico, plantea que la disposición demandada se encuentra en armonía con el artículo 250 C.P., norma que permite la adopción de medidas cautelares dentro del proceso, entre otros fines, para la protección de la comunidad, como lo puso de presente la Sentencia (sic) C-1098 de 2008. Al invocarse este fin, señala, no basta la gravedad y modalidad de la conducta, así como la pena a imponer, sino que también deben tenerse en cuenta precisamente los criterios de determinación de la peligrosidad del imputado impugnados en este caso.

 

Con base en los anteriores argumentos, el representante del Ministerio solicita a la Corte declararse inhibida para fallar por ineptitud de la demanda y, en su defecto, declarar la exequibilidad del artículo acusado.  

 

4.2. Universidad Santo Tomás de Aquino

 

La Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás de Aquino, sede Bogotá, intervino para justificar la constitucionalidad del artículo impugnado. Los intervinientes en representación de la Facultad citan varias sentencias de la Corte sobre el carácter preventivo, no sancionatorio, de las medidas de aseguramiento dentro del proceso penal, la protección de la comunidad, como fin constitucional de aquellas y la reserva de ley de las condiciones bajo las cuales la Constitución permite ordenar restricciones a la libertad personal.

 

De la misma manera, sostienen que según el artículo 7 de la CADH y la jurisprudencia reiterada de la Corte IDH, existen un conjunto de limitaciones al ejercicio del derecho a la libertad, pero las mismas están sujetas a reserva de ley y a la observancia de los procedimientos que objetivamente y en sentido material y formal son definidos en las regulaciones nacionales de los Estados. De acuerdo con todo lo anterior, concluyen que la privación preventiva de la libertad debe ser la excepción, no la regla general, y que las razones que permiten decretarla han de encontrarse previstas en la Constitución o en la ley, conforme a lo previsto en el artículo 7 de la CADH.

 

Con arreglo a los precedentes argumentos, consideran que los numerales demandados son ajustados a la Carta y solicitan a la Corte declararlos exequibles.

 

 4.3. Universidad Libre, sede Bogotá

 

El Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, sede Bogotá, intervino para cuestionar la aptitud sustantiva de la demanda y, en todo caso, para respaldar la constitucionalidad del artículo acusado. Los intervinientes en representación del Observatorio señalan que el actor hace una “relación extensa, confusa, sin especificidad ni pertinencia, sobre las razones que lo llevan a considerar” que los enunciados acusados son contrarios al bloque de constitucionalidad, lo que debería conducir a que la Corte se inhiba de emitir pronunciamiento de fondo.

 

Con todo, los intervinientes consideran que no le asiste razón al demandante. Con fundamento en jurisprudencia de esta Corporación y en los artículos 28 y 93 C.P., y 7 y 8 de la CADH y subrayan que, si bien todo individuo tiene derecho a la libertad personal, conforme a tales disposiciones esa facultad no es absoluta, dado que puede ser objeto de restricciones, por causas y en las condiciones fijadas con anterioridad por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o en las leyes dictadas conforme a ellas.

 

Así mismo, señalan que la citada medida cautelar no desconoce el principio de la presunción de inocencia en razón de su carácter meramente preventivo, de que se decreta, entre otros fines, para la protección de la comunidad y de que su imposición está sujeta a un conjunto de presupuestos. De manera especial, afirman discrepar de que el artículo acusado sea inconstitucional, pues la Carta misma permitiría la imposición de la medida de aseguramiento con el fin de proteger a la comunidad y, según las Sentencias C-121 de 2012 y C-1198 de 2008 y el artículo demandado, para estimar si la medida resulta justificada en dicho fin se debe valorar la gravedad y modalidad de la conducta punible.

 

Con base en los anteriores argumentos, los intervinientes solicitan a la Corte declarar la exequibilidad del artículo (parcialmente) demandado.

 

4.3. Universidad de Cartagena

 

La Facultad de Derecho de la Universidad de Cartagena intervino para objetar la aptitud sustantiva del cargo y defender la constitucionalidad de los enunciados normativos impugnados.

 

El docente que actúa en representación de la Universidad estima que no fueron presentados argumentos concretos contra los numerales acusados del artículo 310 C. P. P., de modo que no se satisfacen los presupuestos de suficiencia y especificidad del cargo.

 

De otro lado, sostiene que de acuerdo con el artículo 250 C.P. y la jurisprudencia constitucional, la peligrosidad del imputado para la comunidad es un criterio admisible como fin de la detención preventiva. Considera que el demandante hizo una lectura aislada del precepto acusado, pues conforme a una interpretación sistemática con otras normas del mismo Código y jurisprudencia de la Corte, la imposición de la detención preventa solo puede ser excepcional, necesaria y racional, sujeta a una base probatoria mínima sobre la responsabilidad del imputado y a unos específicos fines procesales con justificación constitucional.

 

Por las anteriores razones, el representante de la Universidad señala que el artículo impugnado es constitucional y, en consecuencia, solicita declarar su exequibilidad.

 

4.4. Universidad Externado de Colombia

 

La Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia intervino para justificar la constitucionalidad de las disposiciones acusadas. El docente que interviene en representación del centro educativo considera que no le asiste razón al demandante. Argumenta que la interpretación de la demanda sobre las justificaciones de la detención preventiva que tiene establecido “el sistema interamericano de derechos humanos es en extremo inflexible” al no permitir otras circunstancias como el peligro del imputado para la comunidad.

 

Según el interviniente, el demandante ignora que el informe 2 de 1997 de la CIDH, citado también en la demanda, contempla como justificación para la procedencia de la detención preventiva la razonable sospecha de culpabilidad. Así mismo, que para determinar la probabilidad de fuga, admite la valoración de la seriedad (gravedad) del delito y de la pena (aunque no suficientes luego de cierto plazo), los valores morales de la persona, su ocupación y los vínculos familiares o de otro tipo que puedan determinar la comparecencia o ánimo de evasión.

 

El docente subraya que el citado Informe también permite evaluar el peligro de reincidencia o la comisión de nuevos delitos, a partir de la gravedad del crimen y la constatación de los antecedentes penales del imputado, así como su personalidad y carácter. La complejidad del caso autorizaría, de igual forma, la prisión provisional, como aquellos eventos en que se requieren interrogatorios difíciles o donde el procesado ha conspirado, demorado o entrabado el curso normal del trámite. La justificación basada en la preservación del orden público, por la “generación de disturbios” que la libertad del procesado podría ocasionar, sería igualmente susceptible de ser empleada para sustentar limitaciones a la libertad del imputado.

 

Adicionalmente, el interviniente pone de presente que los indicadores de peligro para la comunidad demandados coincidirían con las justificaciones permitidas en el informe de la Comisión. Mediante cuestionamientos, sostiene que la vinculación con organizaciones criminales o la existencia de condenas vigentes por delitos dolosos o preterintencionales previstas en el artículo acusado están asociada a la probable comisión de un delito, necesaria para adoptar la medida de aseguramiento según la CIDH; y el delito sexual con menor de catorce años está relacionado con la preservación del orden público, también admitida como justificación de la medida cautelar.

 

El interviniente concluye que la inconstitucionalidad observada por el impugnante se deriva de una interpretación restrictiva que hace de la CADH y subraya que, a partir del Informe 2 de 1997 de la CIDH, resulta claro que la norma acusada se acompasa con el bloque de constitucionalidad y en especial con el derecho fundamental a la libertad personal previsto en el artículo 28 C. P. En consecuencia, solicita a la Corte declarar exequible el artículo demandado.

 

V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

 

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 242-2 y 278-5 de la Constitución Política, mediante concepto 006087 de 25 de abril de 2016, el Procurador General de la Nación solicitó a la Corte declararse inhibida para pronunciarse de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda, en razón de la presunta falta de certeza, pertinencia y suficiencia del cargo formulado por el actor.

 

Argumenta que “las deducciones que construye el demandante” no son claras y en algunos apartes están fundadas en meros supuestos, a partir de los que se efectúan interpretaciones subjetivas de la disposición impugnada, sin tener en cuenta otras normas procesales concordantes con el artículo modificado, en las cuales se establecen criterios que el juez de control de garantías debe tomar en cuenta al decidir si impone al imputado una medida de aseguramiento privativa de la libertad. 

 

Advierte que al prever la valoración del conjunto de circunstancias demandadas, el legislador no necesariamente lesiona el derecho fundamental a la libertad personal, como lo supone el actor, puesto que la detención preventiva no siempre comporta la privación de la libertad, dado que para su imposición se requiere examinar la gravedad y modalidad de la conducta y de la pena eventualmente aplicable, los antecedentes penales del procesado y el cumplimiento de los fines constitucionales de la medida cautelar.

 

La Vista Fiscal considera, así, que la demanda no contiene una comparación entre la regulación acusada y las disposiciones alegadas como vulneradas y, en contraste, incluye cuestionamientos que responden a una preocupación personal relacionada con el hacinamiento en las cárceles del país. En este orden de ideas, afirma que el cargo carece de certeza y, como consecuencia, solicita a la Corte declararse inhibida para fallar. 

 

VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

6.1. Competencia

 

1. La Corte Constitucional es competente para resolver la demanda de la referencia, en los términos del artículo 241-4 C.P., puesto que se trata de la acción pública de inconstitucionalidad contra disposiciones contenida en una ley de la República.

 

6.2. Cuestión previa. Aptitud sustantiva de la demanda

 

6.2.1. Antes de indicar el problema jurídico que debe ser resuelto y la estructura que seguirá la justificación de la decisión, es necesario determinar la aptitud sustantiva de la demanda, pues los intervinientes en representación del Ministerio de Justicia y de las Universidades de Cartagena y Libre de Colombia, así como el Procurador General de la Nación consideran que no cumple con los requisitos mínimos para ser estudiada y solicitan a la Corte inhibirse de emitir pronunciamiento de fondo.

 

6.2.1.1. De conformidad con el artículo 2 del Decreto 2067 de 1991, la demanda de inconstitucionalidad debe contener: “(i) el señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales, su trascripción literal por cualquier medio o un ejemplar de la publicación oficial de las mismas; (ii) el señalamiento de las normas constitucionales que se consideren infringidas; (iii) las razones por las cuales dichos textos se estiman violados; (iv) cuando fuere el caso, el señalamiento del trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado y la forma en que fue quebrantado; y (v) la razón por la cual la Corte es competente para conocer de la demanda”.

 

A la luz de lo anterior, la demanda debe contener por lo menos una argumentación básica que, desde el punto de vista lógico, plantee dudas de incompatibilidad, de manera inteligible y precisa, de una norma de nivel legal con una de rango constitucional. Los cargos, por lo tanto, deben reunir ciertos requisitos, para que se ajusten a la naturaleza normativa, abstracta y comparativa del control que realiza la Corte y permitan comprender mínimamente el problema de transgresión constitucional que se propone. Esto ha sido resumido en la necesidad de que los cargos sean claros, específicos, pertinentes, suficientes y satisfagan la exigencia de certeza.

 

La claridad hace relación a que los argumentos sean determinados y comprensibles y permitan captar en qué sentido el texto que se controvierte infringe la Carta. Deben ser entendibles, no contradictorios, ilógicos ni anfibológicos. Conforme la exigencia de la certeza, de una parte, se requiere que los cargos tengan por objeto un enunciado normativo perteneciente al ordenamiento jurídico e ir dirigidos a impugnar la disposición señalada en la demanda y, de la otra, que la norma sea susceptible de inferirse del enunciado acusado y no constituir el producto de una construcción exclusivamente subjetiva, con base en presunciones, conjeturas o sospechas del actor.

 

La especificidad de los cargos supone concreción y puntualidad en la censura, es decir, la demostración de que el enunciado normativo exhibe un problema de validez constitucional y la explicación de la manera en que esa consecuencia le es atribuible. Es necesario que los cargos sean también pertinentes y, por lo tanto, por una parte, que planteen un juicio de contradicción normativa entre una disposición legal y una de jerarquía constitucional y, por la otra, que el razonamiento que funda la presunta inconstitucionalidad sea de relevancia constitucional, no legal, doctrinal, político o moral.

 

Tampoco el cargo es pertinente si el argumento en que se sostiene se basa en hipótesis acerca de situaciones de hecho, reales o de hipotética ocurrencia, o ejemplos en los que podría ser o es aplicada la disposición. Y, por último, la suficiencia implica que el razonamiento jurídico contenga un mínimo desarrollo, en orden a demostrar la inconstitucionalidad que le imputa al texto demandado. El cargo debe proporcionar razones, por lo menos básicas, que logren poner en entredicho la presunción de constitucionalidad de las leyes, derivada del principio democrático, que justifique llevar a cabo un control jurídico sobre el resultado del acto político del legislador[2].

 

Así, es indispensable que demanda de inconstitucionalidad satisfaga las mencionadas exigencias mínimas, para que la Corte se adentre en el análisis de fondo planteado por el actor. En caso contrario, no poseerá aptitud sustantiva y la Sala deberá inhibirse para emitir pronunciamiento el respectivo pronunciamiento.

6.2.1.2. En el presente caso, el demandante impugna los números 2 al 7[3]  y parcialmente el 1[4] del artículo 310 del C.P.P., como circunstancias que, además de la gravedad y modalidad del delito y la pena imponible, deben ser valoradas para determinar si la libertad del imputado representa un peligro para la seguridad de la comunidad. Considera que en tanto indicadores de esa circunstancia, dichos enunciados desconocen los artículos 28 (derecho a la libertad) y 93 (bloque de constitucionalidad) de la Carta y 7 (derecho a la libertad personal) y 8 (garantías judiciales) de la CADH, pues según la interpretación de la CIDH, la prisión preventiva solo procede para evitar la obstrucción de la justicia y la no comparecencia del imputado al proceso.

 

Los representantes de la Universidades Libre y de Cartagena señalan, sin ofrecer ulteriores argumentos, que el cargo carece de especificidad, pertinencia y suficiencia. La Sala observa, sin embargo, que el cargo satisface todos los requisitos para ser estudiado. Contiene una acusación y sustentación clara dirigida a cuestionar las circunstancias previstas en los numerales demandados, como indicadores de peligrosidad del imputado para la comunidad, por ser presuntamente contrarias al bloque de constitucionalidad y en especial a la interpretación que de las disposiciones de la CADH ha llevado a cabo la CIDH.

 

Cumple, del mismo modo, las exigencias de especificidad y certeza puesto que, de un lado, es planteado en orden a censurar los numerales indicados del artículo 310 del C.P.P., en relación con las disposiciones superiores mencionadas y, del otro, para hacerlo, parte de una interpretación razonable de ambos conjuntos de normas, apoyado, en el caso de las normas internacionales, en informes de la CIDH. El cargo es también pertinente debido a que la acusación de los enunciados normativos legales se funda en el presunto desconocimiento de normas de rango constitucional y no de otro nivel o en consideraciones de naturaleza no normativa.

 

Por último, cumple con el requisito de suficiencia, dado que contiene un planteamiento básico e inteligible, que explica con razonable amplitud, la razón por la cual los enunciados normativos demandados serían contrarios a la Convención Americana, de modo que logra generar una duda mínima sobre su compatibilidad con las normas superiores invocadas.

 

6.2.1.3. Ahora, el representante del Ministerio de Justicia sostiene que el demandante impugna una proposición jurídica incompleta, pues los apartados acusados adquieren sentido en conjunto con otros artículos del mismo Código de Procedimiento Penal y, de hecho, solo constituyen un desarrollo del artículo 308 ídem, con lo que sugiere que también dichos preceptos debieron ser demandados.

 

Los números 2 al 7 y el 1 del artículo 310 del Código de Procedimiento Penal son circunstancias que, además de la gravedad y modalidad del delito y la pena imponible, deben ser valoradas para determinar si el imputado constituye un peligro para la seguridad de la comunidad. La utilidad de estas circunstancias y la obligación para el juez de control de garantías de apreciarlas como criterios están previstas en el encabezado del artículo, el cual, sin embargo, no fue objeto de impugnación.

 

Para la Sala es claro que el referido encabezado del precepto permite comprender el papel de las citadas circunstancias y el contenido del deber que pesa sobre el juez. Pese a esto, las situaciones contenidas en los numerales demandados tienen sentido propio y autónomo y configuran una proposición jurídica completa. Esto porque solo basta una interpretación sistemática o del contexto general del artículo, incluido el encabezado, para comprender integralmente el contenido normativo de aquellas, sin necesidad de que otras disposiciones y ni dicho encabezado hayan tenido que ser expresamente impugnados. Cada una de ellas tiene un campo de regulación específico, separable entre sí, como indicador de la causal justificante impugnada.

 

Por las razones anteriores, la Corte concluye que la demanda en su integridad posee aptitud sustantiva para ser estudiada. 

 

6.3. Problema jurídico y esquema de la decisión

 

6.3.1. El artículo 308 del C.P.P. establece que el juez de control de garantías decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios se infiera razonablemente que el imputado puede ser responsable del delito, siempre y cuando se cumpla uno de los siguientes requisitos: 1. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia; 2. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima. 3. Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia.

 

El citado numeral 2, a su vez, es desarrollado por el artículo 310 del C.P.P. parcialmente impugnado en esta ocasión. Según esta disposición, con el fin de estimar si la libertad del imputado representa un peligro futuro para la seguridad de la comunidad, además de la gravedad y modalidad de la conducta punible y la pena imponible, el juez deberá valorar: “1. La continuación de la actividad delictiva o su probable vinculación con organizaciones criminales. 2. El número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos. 3. El hecho de estar disfrutando un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad, por delito doloso o preterintencional. 4. La existencia de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o preterintencional. 5. Cuando se utilicen armas de fuego o armas blancas. 6. Cuando el punible sea por abuso sexual con menor de 14 años. 7. Cuando hagan parte o pertenezcan a un grupo de delincuencia organizada”.

 

La demanda se dirige contra los numerales 2 al 7 y el fragmento subrayado del numeral 1. El argumento del demandante es, sin embargo, general y omnicomprensivo. Sostiene que la peligrosidad del imputado para la seguridad de la comunidad, como criterio de necesidad de la medida de aseguramiento en el trámite del proceso penal, es contrario al derecho fundamental a la libertad personal consagrado en los artículos 28 C.P., a la luz de la interpretación del artículo 7º de la CADH desarrollada por la CIDH.

 

Basado en un informe del organismo, argumenta que el fin general de la medida de aseguramiento solo puede ser la evitación de riesgos que afecten el óptimo desarrollo del proceso penal, por lo que su imposición únicamente es procedente de existir la probabilidad de que el imputado eluda la acción de la justicia o de que obstaculice la investigación. No se podría, en particular, apelar a criterios como la peligrosidad del imputado, la posibilidad de que cometa delitos en el futuro o la repercusión social del hecho, por cuanto estas justificaciones se apoyarían en criterios de derecho penal material, no procesal, propios de la respuesta punitiva que, por ende, desconocerían la presunción de inocencia y el derecho a la libertad personal.

 

Por lo tanto, dado que el legislador recurre al criterio de peligrosidad del agente para justificar la medida cautelar en cuestión, el actor sostiene que las normas demandadas desconocen el artículo 28 C.P., conforme a la interpretación del artículo 7 de la CADH sostenida por la CIDH.

 

Todas las instituciones intervinientes solicitan la declaratoria de exequibilidad de las disposiciones objetadas. El representante del Ministerio de Justicia y los miembros del Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Universidad Libre y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cartagena consideran que la peligrosidad del imputado para la comunidad, como criterio para la imposición de la medida de aseguramiento, se encuentra acorde con el artículo 250 C.P. que permite la adopción de medidas cautelares dentro del proceso, entre otros, con dicho fin general, como también lo pusieron de presente las Sentencias C-1198 de 2008 y C-121 de 2012.

 

Las dos primeras instituciones y el Procurador subrayan, además, que al invocarse el citado fin, el juez debe valorar la gravedad y modalidad de la conducta, así como la pena imponible, los propósitos constitucionales de la medida y los criterios objetivos, precisamente de peligrosidad, contenidos de los numerales 1 al 7 del artículo demandado. Por su parte, los intervinientes de la Universidad Santo Tomas afirman que, de conformidad con el artículo 7 de la CADH y jurisprudencia reiterada de la Corte IDH, las limitaciones a la libertad personal están sujetas a reserva de ley y a la observancia de los procedimientos definidos en las regulaciones nacionales de los Estados, por lo cual, las normas acusadas no son contrarias a la Constitución.

 

El interviniente de la Universidad Externado de Colombia adopta una línea de argumentación diferente a las anteriores. Sostiene que la interpretación del demandante acerca de las justificaciones de la detención preventiva en el sistema interamericano es extremadamente “inflexible”, al excluir la peligrosidad del imputado, y señala que deja de lado que, según el informe 2 de 1997 de la CIDH, citado en la propia demanda, son criterios para la procedencia de la detención preventiva la razonable sospecha de culpabilidad, el peligro de reincidencia, la complejidad del caso e incluso la preservación del orden público.

 

Así mismo, el demandante ignoraría que conforme al citado informe, para para determinar el riesgo de fuga del imputado, se permite apreciar la gravedad del delito y de la pena, los valores morales de la persona, su ocupación, personalidad y vínculos familiares. De acuerdo con el interviniente, todos estos criterios de necesidad admitidos en el informe 2 de 1997 de la CIDH coincidirían, a su vez, con los indicadores de peligrosidad acusados de inconstitucionales por el actor.

 

Como se observa, el problema de constitucionalidad que debe ser resuelto gira en torno a la admisibilidad, o no, de la peligrosidad del imputado para la comunidad, como criterio para la imposición de una medida de aseguramiento en el trámite del proceso penal. Según el demandante, en la interpretación que la CIDH hace del artículo 7 de la Convención Americana, esto no es admisible, por cuanto dicha medida cautelar solo podría tener dos propósitos: evitar la obstrucción del proceso y garantizar la comparecencia del procesado. El criterio basado en la peligrosidad del agente se encontraría excluido, por cuanto no tendría relación alguna con la intangibilidad del proceso y su comparecencia y supondría una mera anticipación de la reacción punitiva.

 

El representante de la Universidad Externado pone de manifiesto que el demandante deja de lado que la CIDH también ha admitido otros criterios para la imposición de la medida de aseguramiento que, a su vez, se identifican con los impugnados en este asunto. A su vez, para varios intervinientes, el artículo 250 de la Constitución expresamente permite la imposición de la medida cautelar con el propósito de proteger la comunidad. En estos términos, el problema jurídico que debe ser resuelto es si vulnera el derecho a la libertad personal que la peligrosidad del imputado para la sociedad constituya un criterio con base en el cual el juez de control de garantías puede imponer una medida de aseguramiento de detención preventiva.    

 

6.3.2. A fin de ilustrar los aspectos centrales del debate propuesto y adoptar la decisión de fondo, se procederá de la siguiente manera. La Sala reiterará su jurisprudencia sobre la potestad de configuración del legislador en materia procesal penal y sus límites generales (i), así como los límites formales y sustanciales a la creación de medidas de aseguramiento (ii). Enseguida, expondrá la regulación general de las medidas de aseguramiento en el Código de Procedimiento Penal (iii) y recordará brevemente la doctrina de la Corte sobre el bloque de constitucionalidad (iv) y el valor de las interpretaciones de la CADH realizadas por la Corte IDH y la CIDH en el ámbito interno (v). Por último, se analizará la constitucionalidad de las normas acusadas (vi).

 

7. Fundamentos

 

i. La potestad del legislador en materia procesal penal y sus límites generales. Reiteración de jurisprudencia[5].

 

1. De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, el legislador cuenta con la competencia para regular de manera detallada los diversos sectores del ordenamiento jurídico, a través de la expedición de Códigos y de la interpretación, reforma, derogación de sus disposiciones, conforme a los numerales 1 y 2 del artículo 150 de la Constitución Política. Específicamente en materia procesal, el legislador goza de una amplia facultad de configuración en orden a diseñar los procedimientos judiciales de cada ámbito de regulación, los términos, competencias, poderes, cargas, etapas, recursos, modalidades de notificaciones, plazos, fases de los trámites y todos los demás aspectos considerados pertinentes[6].  

 

2. De manera específica, en ejercicio de la potestad oficial de sancionar, el legislador dispone de un margen de autonomía, no solo para penalizar conductas, sino también para elaborar modelos de procesamiento acordes con la política criminal que pretenda promover, con los momentos y requerimientos de tipo histórico y político y las razones de conveniencia pública que crea aconsejable atender. Puede optar, así, por diseñar sistemas de proceso penal con rasgos definidos de uno u otro modelo teórico, con diversas fases, medidas cautelares, competencias y procedimientos de investigación[7]. Así mismo, con esquemas de garantías orgánicas y procesales que considere útiles o adecuadas y con técnicas particulares de investigación y juzgamiento.

 

3.  Pese a lo anterior, en un Estado constitucional como el fundado en la Carta Política de 1991, en especial en materia penal, el legislador está rígidamente sometido a un conjunto de límites y vínculos que condicionan la validez de la producción normativa y restringen de manera importante su libertad de configuración[8]. Por un lado, el modelo de proceso penal no puede contemplar injerencias irrazonables a los derechos fundamentales y principios protegidos por la Constitución. Esta es una cláusula derivada del mandato de supremacía constitucional que, en general, vincula la acción política del Congreso en este y otros campos del orden jurídico[9].

 

Cobran aquí especial relevancia el derecho a ser tratado conforme a la dignidad humana, la afirmación general del principio de libertad y la absoluta excepcionalidad de su restricción, la inviolabilidad de comunicaciones y de domicilio, los derechos a la igualdad, la intimidad personal y familiar, la honra, la libertad de conciencia y el buen nombre. Así mismo, la prohibición de ser sometido a desaparición forzada, a torturas y a tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes; así como la interdicción de detenciones, prisión o arresto por deudas y de penas y medidas de seguridad imprescriptibles.

 

4. Por otro lado, al construir un modelo de proceso penal para la persecución y el juzgamiento de los delitos, el legislador no le está permitido desconocer el debido proceso y los principios para el ejercicio del ius puniendi legados de la tradición democrática y liberal, igualmente sancionados en la Carta Política y ampliamente desarrollados en la jurisprudencia de la Corte. En consecuencia, no está habilitado para restringir sin estricta justificación constitucional la libertad del procesado, la plenitud de las formas de la investigación y el juicio, la presunción de inocencia, los principios de estricta legalidad, juez natural, publicidad, imparcialidad, defensa técnica, doble instancia y la prohibición de doble incriminación, prisión perpetua, destierro y confiscación, entre otros[10].

6. Tampoco el Congreso puede llevar a cabo limitaciones indebidas e injustificadas a los derechos que les asiste a las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación[11] y, en íntima conexión con estos, a su derecho a un recurso judicial efectivo[12] y su participación eficaz dentro del trámite procesal, prerrogativas reconocidas en el derecho y la jurisprudencia internacionales y en la doctrina constitucional de esta Corte, con fundamento en los artículos 229, 29 y 93 y 251 C.P.[13]. Además, al legislador no le es consentido realizar intromisiones desmedidas y arbitrarias en las garantías como el debido proceso, el derecho de defensa, el juez natural, la publicidad, etc.[14], que, en virtud del principio de bilateralidad, les asiste también a las víctimas[15].

 

7. En síntesis, al legislador le asiste autonomía política para establecer los procedimientos judiciales en los diversos campos de regulación del sistema jurídico, incluido el del proceso penal (i). Posee una amplia competencia para adoptar modelos de investigación, de acusación y juzgamiento, con instituciones y estructuras propias (ii). Sin embargo, particularmente en este ámbito le está impedido, por una parte, crear intromisiones desproporcionadas en las libertades constitucionales fundamentales, en especial, en aquellas que con mayor probabilidad pueden ser puestas en riesgo durante los procedimientos (iii) y, por otra parte, le está proscrito injerir injustificadamente en las garantías procesales que disciplinan el ejercicio del derecho de castigar (iv).

 

Sobre esto último, está inhabilitado para anular o restringir sin justificación constitucional, en particular, la libertad del procesado, la plenitud de las formas de la investigación y el juicio, la presunción de inocencia, los principios de estricta legalidad, juez natural, publicidad, imparcialidad, defensa técnica, doble instancia y la prohibición de doble incriminación, prisión perpetua, destierro y confiscación (v). Las garantías procesales protegen no solamente a quien eventualmente se le siguen indagaciones y formalmente se le procesa y somete a juicio, sino también a las víctimas de los delitos, compatibles con su condición, en virtud del principio de bilateralidad (vi).

 

8. Los límites más importantes con que se enfrenta el legislador al construir el proceso penal surge en el diseño de las medidas cautelares destinadas a afectar los derechos fundamentales del procesado en el curso del trámite seguido en su contra.

 

ii. Las medidas de aseguramiento dentro del proceso penal y sus límites constitucionales.

 

ii.i. Las medidas de aseguramiento

 

8. Legado de la tradición liberal, uno de los derechos fundamentales básicos en el Estado constitucional y democrático de derecho es la libertad personal, que implica en general la posibilidad y ejercicio efectivo de todas las acciones dirigidas a desarrollar las aptitudes y elecciones individuales que no pugnen con los derechos de los demás ni entrañen abuso de los propios. Correlativamente, supone la prohibición de todo acto de coerción física o moral, oficial o proveniente de particulares, que interfiera o suprima la autonomía de la persona, la sojuzgue, oprima o reduzca indebidamente[16].

9. No obstante lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el derecho a la libertad personal no es absoluto sino que se está sujeto a privaciones y restricciones temporales[17]. Las privaciones legítimas a la libertad son llevadas a cabo por esencia en el marco del proceso penal, bajo la forma de sanciones contra el acusado, como consecuencia de su declaratoria de responsabilidad penal. Sin embargo, también en el trámite de la actuación el Estado puede afectar la libertad personal a través de decisiones cautelares, denominas medidas de aseguramiento, transitorias, decretadas con fines preventivos[18].

 

10. Las medidas de aseguramiento implican la privación efectiva del derecho a la libertad personal, restricciones a su ejercicio o la imposición de otras obligaciones, con el objeto general de garantizar el cumplimiento de las decisiones adoptadas dentro del trámite, la presencia del imputado en el proceso y asegurar la estabilidad y tranquilidad sociales, de modo que se contrarresten hipotéticas e indeseables situaciones como producto del tiempo transcurrido en la adopción de la decisión y las medidas de fondo a que haya lugar.

 

Las medidas de aseguramiento adquieren, sin embargo, una particular incidencia constitucional debido, ante todo, a su capacidad para afectar de manera intensa la libertad personal. El agente sufre un temporal, preventivo y, sin embargo, ostensible impacto en el derecho a su libertad. Por estos innegables efectos, de acuerdo con la Constitución y la jurisprudencia de la Corte, la creación de las medidas de aseguramiento debe ser estrictamente excepcional y se encuentra sometida a un conjunto de límites, diseñados en orden a salvaguardar el principio de la dignidad humana y la prevención del exceso en su utilización.

 

11. En suma, la libertad personal, consustancial al Estado constitucional y democrático de derecho no es, sin embargo, un derecho absoluto sino que está sujeto a restricciones (i). Estas tienen lugar esencialmente en el marco del proceso penal, en la forma de sanciones, pero también de manera relevante a través de medidas cautelares, denominadas medidas de aseguramiento (ii), en general, con propósitos preventivos, como garantizar la presencia del imputado, el cumplimiento de las decisiones y la tranquilidad social (iii). 

 

Las medidas de aseguramiento implican la privación o la limitación a la libertad personal o la imposición de otras obligaciones que garantizan fines legal y constitucionalmente admisibles (iv). Sin embargo, su incidencia más importante radica en las intensas injerencias a la libertad personal (v). Debido a este particular impacto, las medidas de aseguramiento se hallan sometidas a un conjunto de límites, que funcionan como garantías para la salvaguarda de la dignidad humana y la proscripción del exceso en su utilización (vi).

 

ii.ii Los límites constitucionales de las medidas de aseguramiento

 

12. La Corte Constitucional ha elaborado una doctrina sólida y consistente acerca de los límites a la creación irrazonable e indiscriminada de las medidas de aseguramiento que afectan las personas sometidas a la acción penal del Estado. En la jurisprudencia de la Corte es posible visualizar un conjunto de límites formales y un grupo de límites de carácter sustancial que sujetan la potestad del diseño normativo del Congreso en la materia.

 

Límites formales

 

13. Pueden identificarse dos límites formales, ambos derivados del artículo 28 C.P.: la reserva de ley en la creación de las medidas que privan o restringen la libertad personal y la reserva judicial en la imposición de la respectiva medida cautelar.

 

Reserva de ley

 

14. Luego de sancionar el derecho a la libertad de todo individuo, el citado artículo 28 establece que nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley[19]. El precepto constitucional contempla la denominada reserva de ley en el establecimiento de las condiciones y razones para la procedencia de la privación o limitación del derecho a la libertad personal[20].  La Corte ha sostenido:

 

Tratándose de la libertad personal, la Constitución Política establece una estricta reserva de ley, siendo entonces el legislador el llamado a establecer los casos y a fijar las condiciones que tornen viable la privación de la libertad, tarea que redunda en beneficio del derecho en la medida en que los asociados cuentan con la definición de los eventos en los cuales resulta posible afectarlo (…).

 

…Al definir las causales de detención preventiva el legislador, actuando bajo el marco de la carta y en atención a la política criminal que adopte, utiliza los criterios que estima adecuados al logro de las finalidad de esa especifica medida de aseguramiento…”[21].

 

Según la Corte, los supuestos y requisitos para la privación de la libertad o su limitación corresponde definirlos únicamente al legislador, como exigencia especial de salvaguarda de seguridad de los ciudadanos, pues permite que estos conozcan previamente las condiciones y circunstancias en las cuales pueden ser objeto de afectaciones en su derecho. Esta potestad debe ser ejercida por el Congreso de la República con arreglo a los fines de política criminal que crea conveniente perseguir, siempre que tanto ellos como los medios empleados sean compatibles con los mandatos constitucionales.

 

15. De conformidad con el citado artículo 28 C.P., el legislador debe establecer los motivos y las condiciones bajos las cuales procede la afectación a la libertad personal. Esto significa que si bien se trata de una atribución constitucional, de un poder jurídico que con exclusividad se halla radicado en dicha autoridad, se convierte también en un garantía para el ciudadano, no solo por la seguridad que ella posibilidad, sino porque el Congreso no puede delegar en otro órgano o rama del poder púbico la fijación de los motivos y requisitos bajo los cuales se impone una restricción a la libertad personal.

 

El órgano de representación popular está facultado, pero al mismo tiempo obligado, a crear tales supuestos de forma estricta y precisa y le está prohibido, por ejemplo, atribuir a una autoridad administrativa, a los jueces o a un órgano de representación popular descentralizado esa potestad constitucionalmente conferida. No le es está permitido, tampoco, crear una regulación general o conjunto de supuestos que hagan determinable por otros funcionarios las razones y exigencias para fijar dichas limitaciones a la libertad. No le es consentido, en suma, autodespojarse ni siquiera parcialmente de esa específica atribución. Debe establecer de modo claro y exacto tanto las formalidades como los motivos que permiten al juez emitir una medida de aseguramiento[22].

 

Reserva judicial

 

16. El segundo límite formal que se deriva del artículo 28 C.P. es la reserva judicial para la imposición una restricción a la libertad. Sobre esta exigencia ligada también a un elemento de competencia jurídica, la Corte ha indicado:

 

En materia del derecho a la libertad personal, el constituyente ha estructurado una serie de garantías sin antecedentes en nuestra tradición jurídica. La Constitución establece una reserva judicial en favor de la libertad individual, siendo indispensable el mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley, para que una persona pueda ser reducido a prisión, arresto o detención (CP art. 28). En adelante, solamente las autoridades judiciales tienen competencia para imponer penas que conlleven la privación de la libertad. En consecuencia, a la autoridad administrativa le está vedado imponer motu proprio las penas correctivas que entrañen, directa o indirectamente, la privación de la libertad, salvo mandamiento escrito de la autoridad judicial competente[23].

 

Según lo anterior, la libertad personal solo puede ser jurídicamente intervenida mediante mandamientos emitidos por autoridades judiciales, no por otros funcionarios u órgano pertenecientes a ramas distintas del poder público. Exclusivamente en los jueces reside la competencia para privar o decretar restricciones a la libertad en un proceso penal, con las formalidades previstas en la ley y en virtud de motivos previamente definidos por el mismo legislador.

 

15. Lo anterior se traduce en un segundo límite formal frente a la potestad de configuración legislativa de las medidas de aseguramiento. En términos generales, el legislador puede fijar las formalidades y requisitos que estime convenientes para la procedencia de la privación o limitación de la libertad. Sin embargo, no puede establecer que al momento de su aplicación tales exigencias sean evaluadas, justificadas ni la decisión de decretar la medida cautelar adoptada por una autoridad diferente a la judicial. Al legislador le está expresamente vedado por el artículo 28 C.P. radicar en un funcionario distinto a un juez, como por ejemplo, una autoridad administrativa, esa orden de intervención en la libertad[24].

 

16. En resumen, los límites formales de las medidas de aseguramiento consisten en (i) la reserva de ley en la creación de sus supuestos y (ii) la reserva judicial en su imposición. (iii) La reserva de ley implica la atribución exclusiva al legislador del diseño de las medidas de aseguramiento y, como correlato, la prohibición de delegar esta función a otra autoridad. (iv) La reserva judicial, por su parte, limita al legislador al establecer el funcionario competente para decretar las medidas de aseguramiento, que no puede ser uno diferente que el juez.

 

Límites sustanciales

 

17. Los límites formales representan las condiciones elementales de la legítima afectación oficial del derecho a la libertad. Sin embargo, es claro que, aunque indispensables, estos son también compatibles con usos indiscriminados e irrazonables de las medidas de aseguramiento, por cuanto están asociados solamente a las autoridades de las que debe provenir su diseño y aplicación, pero no someten materialmente la utilización misma de esa competencia. Los límites garantías sustanciales, en cambio, revisten una mayor capacidad para contrarrestar los excesos en el uso de las ordenes cautelares, pues están dirigidos a su contenido y a las estrictas justificaciones constitucionales en que deben estar soportadas. 

 

18. La jurisprudencia de la Corte ha precisado esencialmente cuatro límites sustanciales: la determinación inequívoca de los motivos por los cuales procede la restricción de la libertad (estricta legalidad de las medidas de aseguramiento), la excepcionalidad, proporcionalidad y gradualidad de las medidas aflictivas de la libertad personal. 

 

Estricta legalidad

 

19. De la misma manera que la estricta legalidad impone al legislador la redacción de figuras punibles y sanciones claras, precisas e inequívocas que proporcionen seguridad al ciudadano[25], la Corte ha señalado que los motivos establecidos para la privación o la afectación transitoria de la libertad deben estar definidos de manera unívoca y específica por el legislador[26]. La razón de ser de la exigencia del lenguaje legal semánticamente estricto en ambos casos es la misma: de su precisión depende en gran medida la imposición de consecuencias jurídicas restrictivas de la libertad, al margen de que en un caso la medida tiene carácter sancionatorio, en tanto que en el otro adquiere sentido preventivo.

 

20. En términos generales, el legislador no puede emplear lenguaje especialmente vago, ambiguo o indeterminado, de tal manera que la identificación de los supuestos de afectación de la libertad en realidad quede en poder del juez. Es claro, sin embargo, que las mencionadas exigencias de técnica legislativa en materia penal cobijan aspectos diferentes cuando someten al legislador en el plano del derecho sustancial que cuando lo hacen en el marco de la definición de las circunstancias por las cuales tiene lugar la imposición de una medida de aseguramiento. 

 

En materia sustancial, la precisión del lenguaje legal incide en la definición de las figuras delictivas y en la respectiva sanción penal. En el contexto de las medidas cautelares que restringen la libertad, por su parte, esa rigurosidad tiene que ver con la determinación de los motivos en virtud de los cuales procede la medida de aseguramiento. Con la expresión “motivos”, sin embargo, el constituyente hace referencia a una serie de elementos diferentes que deben ser previstos para la previsión de la medida, frente a los cuales la exigencia del lenguaje estricto tiene aplicaciones sutilmente diferentes.

 

En realidad, el legislador debe establecer con claridad en qué consiste la medida aseguramiento en cuestión, en presencia de cuáles delitos procede, el estándar de carácter probatorio y el nivel de certeza sobre la responsabilidad del imputado requeridos y, en especial, los fines buscados y los criterios de necesidad que habilitan la restricción de la libertad. Además de esto, también debe definir con especial concreción las circunstancias que tienen como efecto la prolongación de la restricción de la libertad o la negación de su revocatoria o sustitución.

 

El legislador debe precisar entonces, más exactamente, el conjunto de condiciones bajo las cuales el Estado puede imponer una medida de aseguramiento. Resulta evidente, en todo caso, que la exigencia de la precisión del lenguaje no adquiere en relación con todas las mencionadas circunstancias el mismo rigor debido a que, por su naturaleza, la medida de aseguramiento se funda principalmente en criterios de necesidad y persigue objetivos cuya consecución solo puede ser analizada a la luz del caso concreto, con arreglo a las circunstancias en medio de las cuales se desarrolla el proceso y las que rodearon la comisión del delito[27], como se verá más adelante.

 

21. De esta manera, el principio de estricta legalidad en el establecimiento de las medidas de aseguramiento implica para el legislador la obligación de fijar, con razonable precisión, las condiciones y supuestos bajos los cuales aquellas proceden. Esto no supone que le sea permitido dictar regulaciones que hagan meramente determinables por el juez los motivos de las afectaciones a la libertad personal, pues precisamente la individualización de esas razones es una potestad legislativa indelegable, según se advirtió páginas atrás.

 

Sin embargo, por un lado, es obvio que la regulación legal sobre la restricción o privación preventiva de la libertad del imputado será susceptible de espacios interpretativos y, por el otro, es claro que las reglas que el legislador debe incorporar para la procedencia de la medida de aseguramiento comportan un conjunto de elementos, especialmente en términos de los fines perseguidos y las justificaciones admisibles de la medida, que suponen una necesaria actividad de subsunción y valoración de las circunstancias del caso concreto, todo lo cual, como indica la jurisprudencia constitucional, no va en detrimento del principio bajo análisis[28]. 

 

Excepcionalidad

 

22. El tercer límite sustancial de las medidas de aseguramiento es su excepcionalidad. Estas, en el trámite del proceso penal, implican unas de las injerencias más invasivas del Estado en los derechos fundamentales del imputado, como se ha subrayado. Por esta razón y bajo el entendido de que son preventivas y su imposición está sujeta a precisas justificaciones, solo pueden ser decretadas de forma excepcional. Este límite proviene de mandatos constitucionales y de normas internacionales en materia de derechos humanos.  La Corte ha sostenido:

 

“Según el inciso segundo del artículo 93 de la Constitución Política, los derechos consagrados en la Carta “se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia” y, en lo que se refiere a la detención preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas, el  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la ley 74 de 1968, señala, en su artículo 9º, que “no debe ser la regla general”, pero que “su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso para la ejecución del fallo”, al paso que la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, aprobada mediante ley 16 de 1972, indica en su artículo 7º que “Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes y por las leyes dictadas conforme a ellas”. 

 

Tanto de la Constitución Política como de los tratados internacionales a los que se acaba de aludir se desprende que la tutela de la libertad personal exige que los supuestos de su afectación se rijan por el principio de excepcionalidad, predicable también de la prisión provisional en tanto que es una de las hipótesis de privación de la libertad; por ello, sin perjuicio de que se la tenga por medida cautelar, su adopción implica la debida justificación vertida en providencia judicial motivada, previa ponderación de las circunstancias concretas”[29].

 

El amparo y la prevalencia de las que goza el derecho a la libertad personal en la Constitución y en instrumentos internacionales de derechos humanos obliga, así, a que el legislador prevea afectaciones a la libertad personal del imputado solo de manera extraordinaria. Si bien son medidas provisorias y preventivas, dado que materialmente conllevan una drástica intervención en los derechos del investigado, el Congreso únicamente está habilitado para crearlas en observancia de un régimen de prevalencia de la libertad dentro del proceso y, por ende, solo con carácter estrictamente excepcional[30].

 

23. Lo anterior se manifiesta en especial en el ámbito de la técnica legislativa empleada en el diseño de las medidas de aseguramiento. Pese a que el legislador puede fijar una detallada serie de requisitos aparentemente estrictos para la imposición de privaciones a la libertad personal, esto también puede ser compatible con un modelo amplio y robusto de medidas de aseguramiento si el esquema regulativo apela a condiciones objetivas o a circunstancias que, en la realidad, se verifiquen en la mayoría de los casos[31]. El legislador debe, por ello, utilizar una regulación que en la práctica no traiga como resultado la expansión de esas medidas, sino que, al contrario, tiendan a su aplicación restrictiva.

 

Proporcionalidad y necesidad

 

24. El principio de proporcionalidad es el principal criterio de análisis que en el marco de la justicia constitucional permite examinar y neutralizar el exceso en el uso de la potestad de configuración del legislador penal y, por lo que aquí interesa, en el ámbito de las medidas cautelares dirigidas a afectar la libertad personal del imputado. La proporcionalidad, como estándar de delimitación de la producción normativa, es un criterio analítico que previene, desde el punto de vista material, del empleo arbitrario e injustificado de disposiciones cautelares con efectos aflictivos sobre los derechos del procesado y encausa su legítimo ejercicio con arreglo a los mandatos constitucionales.  

 

25. Las medidas de aseguramiento tienen una doble naturaleza que plantea relevantes problemas a la hora de proporcionar una justificación aceptable a su existencia. De un lado, son auténticas restricciones de derechos fundamentales; de suyo comportan una privación o reducción en grados más o menos importantes de prerrogativas de carácter constitucional y especialmente de la libertad. Pero, por otro lado, el legislador recurre a ellas porque busca preservar también otros bienes importantes, con frecuencia reconducibles también a derechos de otras personas, cuya garantía depende de las limitaciones que esas medidas llevan a cabo. 

 

26. Dados los trascendentales costes en juego en términos de derechos fundamentales, la intervención del legislador a través de las disposiciones cautelares está sometida así a un equilibrio razonable y ponderado entre, por un lado, el grado de severidad que representa la injerencia oficial y, por el otro, el grado concreto de satisfacción y obtención del fin que aquella se propone. El legislador, de esta manera, puede adoptar diversas regulaciones conforme con el marco general de la política criminal que pretenda implementar, pero está condicionado a un estándar básico de moderación, que le exige mantener una relación de proporcionalidad entre la regla cautelar preventiva y el fin que con ella persigue.

 

El papel de límite del principio de proporcionalidad en el diseño legislativo de las medidas cautelares dentro del proceso penal ha sido ratificado en múltiples decisiones de la Corte. En la sentencia C-318 de 2008, la Sala indicó:

 

la determinación sobre las medidas de aseguramiento, los requisitos y los supuestos en que ellas resultan procedentes, así como las condiciones para su cumplimiento, son decisiones que involucran consideraciones de política criminal, de conveniencia y de oportunidad que caen bajo la órbita de competencia legislativa. Sin embargo, no se trata de una potestad absoluta sino que ella encuentra su límite en los fines constitucionales y en los derechos fundamentales, y debe estar guiada por los principios de razonabilidad y proporcionalidad[32].

 

Así mismo, había señalado: 

 

 “tal como lo ha sostenido la Corte, “aun cuando el derecho a la libertad no es absoluto, es claro que su limitación tampoco ha de tener ese carácter y, por lo tanto, el legislador, al regular los supuestos en los que opere la restricción del derecho, debe observar criterios de razonabilidad y proporcionalidad que fuera de servir al propósito de justificar adecuadamente una medida tan drástica, contribuyan a mantener inalterado el necesario equilibrio entre las prerrogativas en que consiste el derecho y los límites del mismo”[33].

 

De acuerdo con lo anterior, la proporcionalidad es el marco de referencia que debe seguir el legislador en el establecimiento de los requisitos y supuestos de las medidas de aseguramiento, limitativas en especial del derecho a la libertad personal, de la misma manera que en las condiciones para su imposición. Así mismo, según la Corte, el principio de proporcionalidad sirve al propósito de justificar dicha intromisión importante en los derechos del imputado y permite mantener la estabilidad del derecho afectado, entre sus alcances y sus legítimas restricciones.  

 

27. El principio en mención cumple también un papel de garantía de que las medidas cautelares se mantengan en el proceso penal como excepciones a un estándar general de prevalencia de la libertad, conforme se indicó en el anterior aparte. Esto por cuanto solo si las medidas de aseguramiento se someten a un rígido parámetro de razonabilidad en relación con sus propósitos y a un análisis de ecuanimidad entre esos dos extremos resultará que las limitaciones a la libertad personal procederán solo de forma ampliamente justificada y, por ende, muy excepcional[34].

 

28. Desde otro punto de vista, la proporcionalidad de las medidas de aseguramiento específicamente privativas de la libertad en el proceso penal se halla ligada al principio de presunción de inocencia. Más exactamente, la debida justificación de medidas como la prisión provisional, sobre la base de dicho principio, sustenta el carácter preventivo y no sancionatorio, anticipatorio de la pena, adscrito a esa medida. La jurisprudencia ha subrayado:

 

“… Es importante precisar que la resolución de detención preventiva no conlleva en todos los casos la privación efectiva y material de la libertad individual. En realidad, bajo el supuesto de que el procesado se encuentra amparado por la presunción de inocencia incluso durante la etapa del juzgamiento, “la restricción de su libertad sólo puede estar determinada por la necesidad de que se cumplan los fines de la investigación penal”.[35]

 

“…La medida de aseguramiento consistente en detención preventiva no comporta siempre la privación efectiva de la libertad, pues dada la presunción de inocencia que acompaña al procesado durante toda la investigación penal, la restricción de su libertad sólo puede estar determinada por la necesidad de que se cumplan los fines de la investigación penal…”[36].

 

La privación de la libertad, solo admisible en virtud de la satisfacción de unos fines previamente determinados, conserva entonces su carácter preventivo únicamente de hallarse en aptitud de alcanzarlos y de suponer un gravamen para los derechos del proceso menor o equivalente a los bienes conseguidos o que se estiman conseguir. Si este criterio de moderación se desborda y la medida excede o no está debidamente compensada en los objetivos que pretenden alcanzarse, la restricción pierde justificación y, por ende, su carácter preventivo y cautelar, para adquirir los rasgos de una sanción anticipada.

 

La jurisprudencia ha afirmado que las medidas de aseguramiento privativas de la libertad no son incompatibles con la presunción de inocencia principalmente porque no presuponen ni traen como consecuencia definición alguna acerca de la responsabilidad penal del procesado y debido a que su razón de ser descansa sustancialmente en unos fines preventivos[37]. Sin embargo, si una orden cautelar como la detención preventiva, que materialmente implica la suspensión del ejercicio de la libertad personal, pierde su justificación al estar desligada del criterio de proporcionalidad, se desvirtúa también su esencia preventiva y adquiere visos punitivos, con la consiguiente afectación a la presunción de inocencia. 

 

29. De esta manera, en el ámbito general de las medidas de aseguramiento, el principio de proporcionalidad es un criterio regulativo que proscribe al legislador prever limitaciones o privaciones de la libertad con el propósito de obtener fines no compensables con las afectaciones producidas o que comporten un sacrificio exagerado de los derechos del imputado en comparación con los bienes asegurados. Pero, al mismo tiempo, determina el tipo y grado de restricciones autorizadas a partir del objetivo invocado y el conjunto total de las condiciones que regulan su procedencia, en aras de mantener en un grado razonable las intervenciones efectivas a los derechos del imputado[38].

 

29. La necesidad de las medidas que limitan o privan de la libertad a la persona es, podría decirse, un indicador del principio de proporcionalidad. El criterio de necesidad implica que una medida de aseguramiento únicamente es constitucionalmente legítima si solo ella puede cumplir el fin superior que se persigue, esto es, si no puede ser reemplazada por otra orden cautelar diferente menos lesiva para los derechos del imputado. Al respecto, la jurisprudencia de la Corte ha señalado:

 

“En efecto, repugna al Estado Social de Derecho, al respeto por la libertad y la presunción de inocencia, así como a otros derechos constitucionales, que una persona investigada sea detenida preventivamente cuando ello no es necesario. Una medida tan gravosa de los derechos constitucionales no puede proferirse con base en el capricho o el simple juicio de conveniencia del fiscal. Por el contrario, la Constitución exige que la medida se funde en motivos que justifiquen su necesidad en el caso concreto a partir de los hechos específicos de cada situación fáctica.

Esta necesidad no es política ni estratégica sino jurídica, es decir, relativa al logro de los objetivos del proceso penal en general y a los fines de cada medida cautelar en especial”[39]

 

Según lo anterior, en un modelo de Estado social, que garantiza los derechos a la libertad personal y la presunción inocencia, entre otras prerrogativas fundamentales, una persona solo puede ser reducida en su libertad en caso de ser estrictamente necesario, en atención a razones que lo justifiquen y a la luz de las precisas circunstancias del cada caso concreto. Como se dijo, la necesidad es un indicador específico del principio de proporcionalidad, pues permite las medidas restrictivas solo en aquellos casos en que sean estrictamente requeridas por los fines invocados y, correlativamente, lleva a invalidar las sustituibles por otras menos gravosas[40].

 

30. En el anterior sentido, en tanto la proporcionalidad está orientada a determinar que los beneficios de adoptar las medidas sean superiores o razonablemente equivalentes a las restricciones que ellas imponen al afectado, el criterio de la necesidad es una pauta fundamental, pues asegura que el medio empleado resulta indispensable para alcanzar el objetivo propuesto[41]. La Corte ha insistido, sin embargo, en que también los fines que pueden ser perseguidos a través de las medidas de aseguramiento deben tener un claro sustento constitucional, de manera que el análisis de necesidad debe conducir a evidenciar más exactamente si la medida restrictiva es indispensable para obtener un bien de relevancia constitucional[42].

                                           

En vigencia del original artículo 250 C.P., que establecía, entre otras obligaciones para la Fiscalía General de la Nación, “1. Asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, adoptando las medidas de aseguramiento y, si fuere del caso, las necesarias para hacer efectivos el restablecimiento del derecho y la indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito… 4. Velar por la protección de las víctimas, testigos e intervinientes en el proceso, la Corte indicó que la específica medida de aseguramiento de detención preventiva encontraba varios fines admisibles, tanto en la citada disposición como en el contexto general de la Carta[43].

 

Sostuvo que de forma implícita el artículo 250.4. C.P. establecía la necesidad de afianzar la preservación de la prueba, pues si a la Fiscalía correspondía velar por la seguridad de los testigos y de sus testimonios, medio de convicción reconocido por los ordenamientos procesales, era admisible que para cumplir tal objetivo decretara medidas de aseguramiento, lo que bajo una interpretación sistemática no restringía su alcance a otras clases de evidencias que pudieran resultar en un serio y fundado peligro y que requirieran como única medida de protección la prisión preventiva[44].

 

Destacó, así mismo, que otro fin también admisible de la privación preventiva de la libertad es evitar la continuación de la actividad delictual y la protección de la comunidad, a partir del mandato del artículo 1º C.P., según el cual, el Estado colombiano se funda en “la prevalencia del interés general”, y el artículo 2º ídem que define como fin esencial del Estado “asegurar la convivencia pacífica” de la comunidad. La Corte precisó, por último, que los criterios procedencia de la detención preventiva debían coincidir con los mandatos constitucionales y que, de no ser así, podrían ser objeto de juicio de constitucionalidad.

                                             

31. Con el Acto legislativo 03 de 2002, que modificó el artículo 250 C.P. los fines constitucionales de las medidas de aseguramiento fueron precisados en términos similares a como lo había planteado con anterioridad la jurisprudencia de la Corte. Según la disposición, en ejercicio de sus funciones, la Fiscalía General de la Nación debe “[s]olicitar al juez que ejerza las funciones de control de garantías las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas.

 

El Acto Legislativo en mención, que introdujo los elementos fundamentales del proceso penal de tendencia acusatoria y como primer aspecto suprimió casi de forma absoluta los poderes jurisdiccionales de la Fiscalía, sustrajo de su esfera la atribución de privar o limitar la libertad del imputado y se la confirió al juez de control de garantías, autoridad que entonces debe imponerla a petición del ente acusador, con fundamento en tres fines. Según el precepto, deberán decretarse dentro del proceso penal las medidas necesarias para asegurar: (i) la comparecencia de los imputados al proceso penal, (ii) la conservación de la prueba y (iii) la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas.

 

El Acto Legislativo ratifica, de un lado, el criterio de necesidad de las medidas de aseguramiento. Con el objeto de alcanzar cualquiera de los tres fines introducidos, las medidas solo pueden ser utilizadas de ser indispensables, no reemplazables por otras menos gravosas, para alcanzarlos. De otro lado, con claridad el Constituyente incorporó tres diversas justificaciones de las medidas de aseguramiento. En primer lugar, estimó que estas pueden ser legítimamente empleadas para evitar la fuga y contumacia del imputado o, en los términos de la norma, a fin de garantizar su comparecencia al proceso penal.   

 

Lo anterior tiene el propósito principal de evitar juicios en rebeldía del acusado y amparar plenamente sus derechos de defensa y debido proceso (art. 29 C. P.), así como el cumplimiento de una eventual sentencia condenatoria a pena privativa de libertad. En segundo lugar, se consideró que el juez está habilitado para decretar medidas de aseguramiento a efectos de la conservación de las pruebas. Esta justificación debe ser observada como un criterio general que permite imponer afectaciones a la libertad en aras del normal desarrollo del proceso, evitar su obstrucción o entorpecimiento y específicamente proporcionar las condiciones para la integridad de las pruebas que interesan a la investigación.  

 

Y en tercer lugar, el Constituyente previó que las medidas cautelares pueden ser empleadas con el fin de proveer las condiciones necesarias para la protección de la comunidad, en especial de las víctimas. La prevención que se persigue en este caso está asociada a los riesgos y efectivas vulneraciones que, en el supuesto de no ser aplicadas las respectivas medidas, probablemente se seguirían para derechos fundamentales de terceros o de las víctimas. Esta causal de justificación encuentra su fundamento, como en su momento lo indicó la Corte, en el principio de la prevalencia del interés general y en los fines esenciales del Estado, de servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar los principios, derechos y deberes constitucionales.

 

En el mismo sentido, la norma encuentra soporte en los objetivos estatales de asegurar la convivencia pacífica entre los ciudadanos, la vigencia de un orden justo y hacer efectivo el mandato, según el cual, las autoridades de la República se encuentran instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

 

32. En este orden de ideas, el criterio de necesidad de las medidas de aseguramiento implica que el legislador solo está legitimado para utilizarlas cuando sean estrictamente indispensables y requeridas para la obtención de fines de naturaleza constitucional. A la luz de la Carta Política, son fines perseguibles con la medida de aseguramiento la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de las pruebas y la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas.

 

Gradualidad

 

33. Un criterio complementario a la excepcionalidad, proporcionalidad y necesidad de las medidas limitativas de los derechos del imputado, es su gradualidad. Este ha sido acogido por el actual y por los más recientes códigos de procedimiento penal. Sin embargo, más allá de esto, se trata de una forma de evaluar, desde otro punto de vista, auxiliar o complementario, el cumplimiento de los citados principios y criterios y, por ello, permite dilucidar de una mejor manera los referidos límites sustanciales a la libertad de configuración del legislador.

 

Si la privación y la restricción de la libertad solo es excepcional, el aseguramiento de los distintos fines del proceso, de acuerdo con las específicas circunstancias de comisión de los delitos y las conductas punibles identificadas por el legislador, debe contemplar la posibilidad de apelar a medidas mínimamente aflictivas de dicha prerrogativa o que limiten otros derechos y de manera diferenciada.

 

Así mismo, si el principio de proporcionalidad y el criterio de necesidad únicamente permite al legislador establecer medidas de aseguramiento que tengan razonable compensación en los fines constitucionales esperados, la ley debe prever, no unas reglas uniformes e indiscriminadas para todos los supuestos, sino un esquema de medidas graduales, que tomen en cuentan los diversos factores que inciden en el análisis de justificación de una medida cautelar. 

 

La jurisprudencia constitucional ha identificado la gradualidad como un criterio que debe ser seguido por el juez al determinar y seleccionar la imposición de una medida de aseguramiento, precisamente con arreglo al esquema diferencial de cautelas previsto por el legislador[45]. No obstante, esa obligación del juez precisamente depende y es al tiempo una manifestación de del modelo gradual de medidas que la ley está obligada a contemplar como forma de respeto a la proporcionalidad y a la necesidad de cada una de ellas.

 

34. Recapitulando lo indicado en esta subsección, debe señalarse que (i) los límites sustanciales controlan desde el punto de vista material los excesos del legislador en el empleo de las medidas de aseguramiento que afectan la libertad. (ii) En la jurisprudencia de la Corte pueden identificarse cuatro tipos de límites sustanciales: (ii.i.) la estricta legalidad de los motivos que dan lugar a dicha afectación, (ii.ii) su excepcionalidad, (ii.iii) proporcionalidad y (ii.iv) gradualidad.

 

(iii) La estricta legalidad presupone no solo que los motivos, sino que también el nivel de certeza sobre la responsabilidad del imputado, los fines buscados, los criterios de necesidad de la medida y las circunstancias que tienen como efecto su prolongación deben estar definidos de manera unívoca y específica por el legislador. (iv) Pese a esto, debido a que las medidas de aseguramiento están siempre ligadas a un eventual criterio de necesidad desconocido ex ante, la respectiva regulación puede ser objeto de espacios importantes de interpretación y da lugar necesariamente a una actividad de subsunción que presupone márgenes de discrecionalidad.

 

(v) La excepcionalidad de las medidas cautelares aflictivas de la libertad, en razón de su drástico efecto, comporta para el legislador que su incorporación debe ser extraordinaria (vi) y lo obliga en especial a adoptar técnicas normativas que en la práctica impida su uso generalizado. (vii) El principio de proporcionalidad es un estándar que proscribe al legislador prever afectaciones a la libertad personal del imputado que supongan un sacrificio no compensable con los fines obtenibles. (viii) La proporcionalidad está vinculada a la excepcionalidad, puesto si las medidas solo proceden bajo ese criterio, las limitaciones a la libertad personal serán de extraordinaria ocurrencia.

 

(ix) El principio de proporcionalidad, así mismo, tiene una estrecha relación con la presunción de inocencia, dado que solo si la medida se mantiene dentro de sus cauces conserva su carácter preventivo y no adquiere rasgos punitivos. (x). La necesidad de las medidas que limitan o privan de la libertad a la persona es un indicador del principio de proporcionalidad (xi) e implica que una medida de aseguramiento solo resulta legítima de ser indispensable, es decir, no sustituible por otra con igual capacidad para alcanzar el fin superior que se persigue.

 

(xii) Los fines que pueden ser perseguidos a través de las medidas de aseguramiento deben tener sustento constitucional, de manera que el análisis de necesidad debe conducir a evidenciar más exactamente si la medida restrictiva es indispensable para obtener un bien de relevancia constitucional. (xiii) En vigencia del original artículo 250 C.P., la Corte sostuvo que las medidas de aseguramiento podían tener como fines (xiii.i.) la preservación de las pruebas (xiii.ii) evitar la continuación de la actividad delictiva y (xiii.iii) la protección de la comunidad, con fundamento en “la prevalencia del interés general” y el fin esencial del Estado “asegurar la convivencia pacífica” de la comunidad.

 

(xiv) El Acto Legislativo prevé que el juez de control de garantías podrá decretar medidas que garanticen (xiv.i) la comparecencia de los imputados al proceso penal, es decir, evitar la fuga o contumacia del procesado y asegurar así el cumplimiento de una eventual sentencia condenatoria (xiv.ii) la conservación de la prueba y evitar la obstrucción del proceso en general, y (xiv.iii) la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas, objetivo fundado en la prevalencia del interés general y fines esenciales del Estado como el servicio a la comunidad, la promoción de la prosperidad general, la garantía de los principios, derechos y deberes constitucional, el aseguramiento de la convivencia pacífica, entre otros.

 

(xvi) La gradualidad es un criterio complementario a la excepcionalidad, proporcionalidad y necesidad de las medidas limitativas de los derechos del imputado.  (xvii) Si las medidas de aseguramiento que afectan la libertad son excepcionales, el legislador debe contemplar ordenes cautelares que incidan en diferente medida sobre la libertad o que comprometan otros derechos, conforme al fin perseguido y al supuesto regulado. (xviii) De igual manera, si aquellas son proporcionales y necesarias, la ley debe prever, no unas reglas uniformes e indiscriminadas para todos los casos, sino un esquema de medidas graduales, que tomen en cuentan los diversos factores que relevantes en el análisis de justificación de la medida cautelar. 

 

iii. Las medidas de aseguramiento en la Ley 906 de 2004. Aspectos fundamentales.

 

35. Dentro del Título Preliminar sobre los Principios Rectores y Garantías Procesales del Código de Procedimiento Penal, el artículo 2, modificado por el artículo 1 de la  Ley 1142 de 2007, con un texto prácticamente idéntico al del artículo 250 C.P., consagra el derecho a la libertad personal y prescribe que el juez de control de garantías, previa solicitud de la Fiscalía, ordenará la restricción de la libertad del imputado cuando resulte necesaria para garantizar su comparecencia o la preservación de la prueba o la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas.

 

Adicionalmente, establece que a petición de cualquiera de las partes se dispondrá la modificación o revocación de la medida restrictiva si las circunstancias hubieren variado y la convirtieren en irrazonable o desproporcionada. Del mismo modo, el artículo 114.8 ídem, sobre las funciones de la Fiscalía General, le asigna a la entidad, entre otras atribuciones, asegurar la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial de las víctimas.

 

Y por tercera vez, en el capítulo I, del Título IV, sobre el Régimen de la Libertad y su Restricción, el artículo 296 sobre la “Finalidad de la Restricción de la Libertad”, prevé que la libertad personal podrá ser afectada dentro de la actuación solo cuando sea necesaria para evitar la obstrucción de la justicia, para asegurar la comparecencia del imputado al proceso, la protección de la comunidad y de las víctimas o para el cumplimiento de la pena.

 

36. Ahora, el artículo 295 establece el denominado régimen de “Afirmación de la Libertad” que encabeza el capítulo sobre “Finalidad de la Restricción de la Libertad”. La disposición prevé que las reglas del Código que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad del imputado tienen carácter excepcional, solo pueden ser interpretadas restrictivamente y su aplicación debe ser necesaria, adecuada, proporcional y razonable frente a los contenidos constitucionales.

 

37. El Capítulo III del citado Título IV sobre el Régimen de Libertad y su Restricción se ocupa específicamente de las medidas de aseguramiento, sus criterios de justificación, sustitución, revocatoria y las causales de libertad. El artículo 306, modificado por el artículo 59 de la Ley 1453 de 2011, señala que el fiscal solicitará al juez de control de garantías imponer medida de aseguramiento, con indicación de la persona, el delito, los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su urgencia, los cuales se evaluarán en audiencia permitiendo a la defensa la controversia pertinente.

 

El artículo 307 establece exactamente las clases de aseguramiento que pueden ser decretadas por el juez de control de garantías. Según la disposición, en el sistema procesal colombiano puede ser impuestas dos tipos generales de medidas: privativas de la libertad y no privativas de la libertad. Las privativas implican la suspensión provisoria del ejercicio del derecho, mientras que las no privativas implican limitaciones al derecho en grados diferenciales y otras clases de obligaciones.

 

El artículo clasifica las medidas privativas de libertad en (i) detención preventiva en establecimiento de reclusión y (ii) detención preventiva en la residencia señalada por el imputado. De otra parte, indica que las medidas no privativas de la libertad comprenden 1) la obligación de someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica; 2) la obligación de someterse a la vigilancia de una persona o institución determinada, 3) la obligación de presentarse periódicamente o cuando sea requerido ante el juez o ante la autoridad que él designe y 4) la obligación de observar buena conducta individual, familiar y social, con especificación de la misma y su relación con el hecho.

 

De la misma manera, son medidas de aseguramiento no privativas de la libertad 5) la prohibición de salir del país, del lugar en el cual se reside o del ámbito territorial que fije el juez; 6) la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares; 7) la prohibición de comunicarse con específicas personas o con las víctimas, siempre que no se afecte el derecho a la defensa; 8) La prestación de una caución real adecuada, por el propio imputado o por otra persona, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas; y 9) La prohibición de salir del lugar de habitación entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m.

 

Luego de prever los dos tipos de medidas de aseguramiento y sus respectivas posibilidades, el artículo indica que el juez puede imponer una o varias de ellas, conjunta o indistintamente, con las precauciones necesarias para asegurar su cumplimiento. De otro lado, en el parágrafo 1[46], una vez permite la solicitud de ampliación del plazo de un año de la medida de aseguramiento en ciertos casos[47], la norma indica que, vencido este término, el Juez puede sustituir la medida de aseguramiento privativa de la libertad por otra u otras medidas de aseguramiento no privativas de la libertad de las reguladas en el artículo.

 

A su vez, el parágrafo 2 del mismo artículo indica que las medidas de aseguramiento privativas de la libertad solo pueden imponerse cuando quien las solicita pruebe, ante el juez de control de garantías, que las no privativas de la libertad resultan insuficientes para garantizar el cumplimiento de los fines de la medida de aseguramiento.

 

38. El artículo 308 consagra las razones de procedencia de todas las medidas de aseguramiento en general, es decir, de las privativas y las no privativas de libertad. La disposición en sustancia reitera una vez más los fines de aquellas indicados en la Constitución Política y en los artículos ya reseñados del mismo Código. Establece que el juez de control de garantías, a petición del Fiscal General, decretará la medida de aseguramiento cuando de la información legalmente obtenida, de la evidencia física recogida y asegurada y de los elementos materiales probatorios se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga.

 

La medida de aseguramiento deberá decretarse cuando se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia; en aquellos casos en que aquél constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima, y en los supuestos en que resulte probable que el investigado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia. El parágrafo del artículo, adicionado por el artículo 2 de la Ley 1760 de 2015, prevé que la calificación jurídica provisional del delito no será, en sí misma, determinante para inferir el riesgo de obstrucción de la justicia, el peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima y la probabilidad de que el imputado no comparezca al proceso o de que no cumplirá la sentencia.

 

39. El artículo 310, parcialmente demandado en esta ocasión, prescribe que para estimar si la libertad del imputado representa un peligro futuro para la seguridad de la comunidad, además de la gravedad y modalidad de la conducta y la pena imponible, se deberá valorar la continuación de la actividad delictiva o su probable vinculación con organizaciones criminales; el número de delitos imputados y su naturaleza; el hecho de estar disfrutando un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad, por delito doloso o preterintencional; la existencia de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o preterintencional; la utilización de armas de fuego o armas blancas y que delito imputado sea de abuso sexual con menor de 14 años.

 

40. El artículo 314 prevé que la detención preventiva en establecimiento carcelario podrá sustituirse por la del lugar de la residencia, además de cuatro eventos asociados a circunstancias personales de los imputados (as) o de terceros, que los colocan en una especial situación de vulnerabilidad, cuando para el cumplimiento de los fines previstos para la medida de aseguramiento sea suficiente la reclusión en el lugar de residencia, lo cual debe ser sustentado por quien solicite la sustitución y decidido por el juez en la respectiva audiencia de imposición, en atención a la vida personal, laboral, familiar o social del imputado.

 

41. Por último, el artículo 315, modificado por el artículo 28 de la Ley 1142 de 2007, señala que cuando se proceda por delitos cuya pena principal no sea privativa de la libertad o por delitos querellables, o cuando el mínimo de la pena señalada en la ley sea inferior a cuatro (4) años, satisfechos los requisitos del artículo 308, se podrá imponer una o varias de las medidas señaladas en el artículo 307 literal b), siempre que sean razonables y proporcionadas para el cumplimiento de las finalidades previstas.

 

42. La normatividad reseñada muestra que el legislador diseñó un modelo de medidas de aseguramiento con unas características muy definidas y criterios orientadores especialmente claros. En primer lugar, sobresale que cuatro disposiciones del Código (arts. 2, 114.8, 296 y 308), una como principio rector, prácticamente reproducen el enunciado normativo contenido en el artículo 250 de la Constitución, según el cual, los fines de las medidas que pueden ser adoptadas dentro del proceso penal son la garantía de la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas.

 

De tal manera, las restricciones y afectaciones a la libertad a las que se refieren los artículos 2 y 296 del Código, basadas en los criterios de necesidad indicados, son un desarrollo y encuentran sustento en la Constitución misma. Y en especial, el artículo 308, luego de prever la inferencia razonable de participación del imputado en la conducta como exigencia, establece en la forma de requisitos de procedencia de las medidas de aseguramiento, materialmente, las mismas justificaciones indicadas en el precepto constitucional citado.

 

43. En segundo lugar, el esquema de las medidas de aseguramiento previsto por el legislador es un desarrollo sistemático coherente del artículo 250 de la Constitución. Esta disposición atribuye al juez de control de garantías la imposición de las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas. Así como el artículo se refiere a las medidas en general adoptables dentro del proceso penal, el artículo 308 C.P.P. prevé también que los mismos fines pueden ser perseguidos a través de las medidas de aseguramiento en general, no de alguna en particular. 

 

Lo anterior, a su vez, resulta armónico con el artículo 307 que prevé dos clases de medidas de aseguramiento, las privativas de la libertad y aquellas no privativas de la libertad. Las no privativas pueden ser, sin embargo, limitativas o restrictivas de la libertad, como la obligación de someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica o a una persona o institución determinada, la prohibición de salir del país, del lugar en el cual reside, del ámbito territorial que fije el juez o del lugar de habitación en horas de la noche y la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares.

 

Las no privativas de la libertad también pueden comportar solo ciertas obligaciones como la de presentarse periódicamente o cuando sea requerido ante el juez o ante la autoridad que él designe; observar buena conducta individual, familiar y social, con especificación de la misma y su relación con el hecho, la prohibición de comunicarse con determinadas personas o con las víctimas, siempre que no se afecte el derecho a la defensa y la prestación de cauciones.

 

En una lectura sistemática de las disposiciones referidas, el legislador está legitimado para perseguir los citados fines mediante las medidas de aseguramiento en general, ya sea que reduzcan completamente la libertad del imputado, en establecimiento de reclusión o en el domicilio, que la limiten mediante específicas previsiones o que comporten meras obligaciones con fines precautelativos. En otras palabras, la ley prevé que los fines de todas las medidas de aseguramiento aflictivas, en mayor o menor medida, y no aflictivas de la libertad, son asegurar la comparecencia de los imputados, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas, todo lo cual es un adecuado desarrollo del artículo 250 C. P.

 

41. Y, en tercer lugar, el régimen sobre las ordenes cautelares que afectan a imputado presupone la incorporación por el legislador de un modelo de medidas de aseguramiento de bases constitucionales, que corresponde integralmente con las garantías sustanciales analizadas en la sección anterior.  Como puede apreciarse, la ley establece un mandato general de afirmación de la libertad y dispone que las normas que permitan privaciones o limitaciones a la libertad deben ser interpretadas restrictivamente y su aplicación debe ser necesaria, adecuada, proporcional y razonable frente a los contenidos constitucionales. (arts. 2, 295 y 296).

 

Aunado a lo anterior, el legislador introdujo normas que adoptan en modos específicos los principios de gradualidad, proporcionalidad, excepcionalidad y estricta legalidad de las medidas de aseguramiento. La explicada regulación de las medidas de aseguramiento privativas y solo restrictivas de la libertad, así como de otras consistentes en obligaciones suficientes para garantizar los fines preventivos que están llamadas a cumplir es un esquema típicamente gradual, diferenciado y proporcionado de las afectaciones a los derechos del imputado, en relación con dichos objetivos.

 

En unidad de sentido y propósito con lo anterior, la ley permite al juez imponer una o varias de tales medidas, conjunta o indistintamente y, en un caso, sustituir la privativa de la libertad por una que no lo sea. De la misma manera, solo permite al juez imponer medidas de privación de libertad si se demuestra que las que no los son resultan insuficientes para garantizar el cumplimiento de sus fines. La ley, además, establece que en delitos con mínimo de la pena inferior a cuatro (4) años, se pueden imponer una o varias de las medidas de aseguramiento no privativas de la libertad, siempre que sean razonables y proporcionadas.

 

Desde otro punto de vista, el legislador remarca la insuficiencia de la calificación jurídica provisional del delito para inferir el riesgo de obstrucción de la justicia, el peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima y la probabilidad de que el imputado no comparezca al proceso o de que no cumplirá la sentencia, lo cual reafirma el papel esencial de la necesidad de la medida limitativa en relación con los fines que debe asegurar.

 

Por último, el legislador fijó un conjunto de criterios de determinación semántica de la causal de “peligro del imputado para la sociedad”, con el objeto de reducir los márgenes de discrecionalidad del operador. El Código previó varios elementos de hecho que reducen la vaguedad de la justificante en medida importante y proporcionan un mejor nivel de seguridad y certeza a la hora de su aplicación. Por consiguiente, no solo señaló taxativamente los motivos de las afectaciones a la libertad, sino que también intento precisarlos y hacerlos inequívocos.

 

42. En resumen, (i) la estructura de las medidas de aseguramiento prevista en la Ley 906 de 2004, en términos generales, resulta ajustada a las garantías constitucionales previstas en la sección anterior. (ii) El legislador incorpora a través de varias disposiciones los mismos fines de las medidas de aseguramiento previstos en la Carta, es decir, la garantía de comparecencia de los imputados, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas, y prevé elementos adicionales para hacer unívoca su interpretación.

 

(iii) Así mismo, establece un esquema de medidas de aseguramiento privativas de libertad, limitativas de la libertad e impositivas de otras obligaciones, todas con el fin de alcanzar los fines constitucionales citados. (iv) Debido a esta estructura, el esquema de medidas de aseguramiento es típicamente gradual, diferenciado y proporcionado en torno a las afectaciones a los derechos del investigado, en relación con dichos objetivos. (v) El legislador establece un mandato general de afirmación de la libertad y de su restricción únicamente en condiciones excepcionales, necesarias, adecuadas, proporcionales y razonables.

 

(vi) La regulación procesal penal, además, fija reglas específicas sobre la procedibilidad de la medida de aseguramiento de detención preventiva bajo un estricto criterio de necesidad probada. (vii) En caso de no concurrir este requisito, el juez solo está habilitado para decretar medidas no privativas de la libertad. (viii) Por último, con arreglo al principio de proporcionalidad, la calificación jurídica provisional del delito no es suficiente para inferir el riesgo de obstrucción de la justicia, el peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima y la probabilidad de que el imputado no comparezca al proceso o de que no cumplirá la sentencia, pues siempre se requiere la necesidad de la medida en relación con dichos fines. 

 

iv. El bloque de constitucionalidad. Reiteración de jurisprudencia.

43. Desde la Sentencia C-225 de 1995, la Corte ha sostenido en reiterada jurisprudencia[48] la existencia del bloque de constitucionalidad, como un concepto de la teoría de las fuentes del derecho que, entre otros fines importantes, permite armonizar dos dogmas aparentemente inconciliables de los sistemas constitucionales contemporáneos: la prevalencia en el orden interno de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos aprobados por el Estado y la supremacía de la Constitución en el sistema jurídico local.

 

44. La jurisprudencia de la Corte ha explicado entonces que los tratados internacionales aprobados por el Congreso de la República que reconocen derechos humanos no susceptibles de ser suspendidos en estados de excepción no detentan mayor jerarquía normativa que la Constitución Política ni tampoco esta se encuentra supraordinada a aquellos, sino que las disposiciones internacionales se integran articulado de la Carta, en virtud de la remisión que esta prevé en los artículos 93[49], 94[50], 44[51] y 53[52], de manera que los dos conjuntos de normas se fusionan y forman un bloque de constitucionalidad.

 

Esta última idea debe ser subrayada, pues el bloque de constitucionalidad no es, como a veces parece entenderse, el conjunto de normas que no se hallan en la Constitución, pero se incorporan a ella. Es, en cambio, un concepto que comprende también el texto constitucional, dado que pretende explicar las consecuencias jurídicas de la técnica de las cláusulas de remisión empleadas por las Constituciones, mediante la metáfora de un todo de valor constitucional, compuesto por una serie de disposiciones del texto superior nacional y de los instrumentos internacionales a los que él remite y con los cuales conforma una unidad con la misma jerarquía formal. La Corte ha sostenido:

 

“[e]l hecho de que las normas que integran el bloque de constitucionalidad tengan jerarquía constitucional hace de ellas verdaderas fuentes de derecho, lo que significa que los jueces en sus providencias y los sujetos de derecho en sus comportamientos oficiales o privados deben atenerse a sus prescripciones. (…)

 

El hecho de compartir la jerarquía del texto formal de la Carta convierte a los dispositivos del bloque en “eje y factor de unidad y cohesión de la sociedad”^[53], y la condición de ocupar con ellos el máximo peldaño en la escala normativa obliga a que toda la legislación interna acondicione su contenido y ajuste sus preceptos a los estatutos por aquellas adoptados, pues éstos irradian su potestad sobre todo el ordenamiento normativo^[54]”[55].

 

De acuerdo con la Corte, todas las disposiciones que forman parte del bloque, sea que su centro de producción sea nacional o internacional, son auténticas fuentes del derecho, tiene valor normativo superior y poseen el mismo poder vinculante para los jueces y los particulares. La Sala subraya que los elementos que lo componen se convierten, de esta manera, en la jerarquía normativa más alta en el sistema de fuentes y condicionan la producción del legislador, puesto que las normas derivables de dichos estándares gravitan sobre todo el sistema jurídico.

 

45. Este Tribunal ha entendido que existen dos conceptos de bloque de constitucionalidad: uno restringido o estricto y otro amplio o lato. Las normas que hacen parte de tratados internacionales de derechos humanos no susceptibles de suspensión en estados de excepción, debidamente aprobados por el Estado colombiano, así como los tratados de derecho internacional humanitario y las normas ius cogens[56] conforman el bloque de constitucionalidad en sentido estricto[57].

 

A su vez, la jurisprudencia ha dicho que el bloque de constitucionalidad en sentido lato está compuesto por todas las normas de diversa jerarquía que sirven como parámetro de constitucionalidad, dentro de las que se encuentran los tratados internacionales a los que reenvía el artículo 93 C.P., las leyes orgánicas y algunas leyes estatutarias[58].

 

46. La Corte Constitucional, sin embargo, ha profundizado en la doctrina del bloque de constitucionalidad y a partir de la interpretación del artículo 93 C.P. ha desarrollado con mayor detalle dos tesis en torno a la figura. Esta disposición prescribe: “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. // Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”.

 

La Corte ha considerado que del artículo trascrito no se sigue solo un incremento de los centros de producción de las fuentes formales de mayor jerarquía, sino también una regulación en términos de los criterios de interpretación adoptados en el orden interno para la aplicación de las disposiciones sobre derechos fundamentales y deberes consagrados en la Constitución Política. Esta Corporación, más específicamente, ha considerado que cada uno de los dos incisos transcritos da lugar a dos funciones del bloque de constitucionalidad, de configuración e implicaciones diversas.

 

De esta manera, el primer inciso del artículo 93 C. P., al prescribir que los instrumentos internacionales aprobados por el Congreso que reconozcan derechos humanos no suspendibles en estado de excepción prevalecen en el orden interno, constituye una típica cláusula de remisión de fuentes formales que adquieren la jerarquía normativa de la Constitución y con ella forma el bloque. El efecto del bloque de constitucionalidad se manifiesta aquí en el incremento de las fuentes. Para que los tratados sean recepcionados en el sistema jurídico y hagan parte de él al mismo nivel de la Carta, en todo caso se requiere que reconozcan derechos humanos no susceptibles de ser suspendidos en Estado de excepción.

 

Por otro lado, el segundo inciso del artículo 93 C. P., establece que los derechos y deberes consagrados en el texto constitucional se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos aprobados por Colombia. Mediante esta norma, el Constituyente fija la obligación de armonizar la determinación del contenido y alcance de las disposiciones constitucionales que consagren dichas prerrogativas y obligaciones a partir de las convenciones sobre derechos humanos aprobadas por el Congreso.

 

En este caso, si bien el marco de referencia continúa siendo los tratados aprobados por el legislador, de forma opuesta a la cláusula de remisión vista con anterioridad, los derechos reconocidos en el instrumento internacional no necesariamente deben ser de aquellos no suspendibles en estados de excepción. Pero además de esto, nótese que la obligación constitucional en mención no tiene el efecto de incorporar otras fuentes para ser aplicadas directamente en el orden interno, sino que solo obliga a su utilización en la interpretación de las disposiciones contenidas en la Carta.

 

De conformidad con lo anterior, los tratados que reconozcan derechos humanos, aunque no suspendibles en estados de excepción, debidamente aprobados por el Congreso, no pueden ser aplicados, por ejemplo, como parámetro de confrontación normativa en control constitucional de las leyes, aunque sí deben ser empleados el interpretar los textos constituciones a partir de los cuales, a la postre, se analizará la constitucionalidad de las normas demandadas. Así, los incisos 1º y 2º dan lugar a aquello que la Corte ha denominado la función integradora y la función interpretativa del bloque de constitucionalidad[59].

 

En la Sentencia C-291 de 2007, la Corte expresó:

 

Las normas que forman parte del bloque de constitucionalidad cumplen diversas funciones dentro del ordenamiento jurídico colombiano; en relación con el establecimiento de límites al margen de configuración del Legislador en materia penal, el bloque de constitucionalidad cumple dos funciones distintas: una función interpretativa –sirve de parámetro guía en la interpretación del contenido de las cláusulas constitucionales y en la identificación de las limitaciones admisibles a los derechos fundamentales-, y una función integradora -provisión de parámetros específicos de constitucionalidad en ausencia de disposiciones constitucionales expresas, por remisión directa de los artículos 93, 94, 44 y 53 Superiores-[60].

 

De acuerdo con lo anterior, resulta claro que el bloque de constitucionalidad se comporta de dos maneras distintas y su fuerza vinculante se proyecta de dos modos diferenciados en la labor de adjudicación de la Corte, a partir de la interpretación de los incisos 1º y 2º del artículo 93 C.P. El inciso 1º prescribe la incorporación de normas de derechos humanos no suspendibles en estados de excepción y aprobadas por el Congreso. La integración de estas a los estándares constitucionales no presupone relación alguna de identidad entre ellas y disposiciones de la Carta y, en consecuencia, ingresan con dicha jerarquía incluso si en la constitución no han sido previstas otras con igual contenido normativo. Este es la función integradora del bloque[61].

 

Por otro lado, el inciso 2º establece una obligación de tomar en cuenta estándares internacionales sobre derechos humanos, aprobados por el Estado colombiano, aunque estos sean suspendibles en Estado de excepción, para la interpretación de los derechos y deberes previstos en la Carta. Esto implica que en la Carta deben existir normas de contenido material similar o a las cuales las internacionales puedan idóneamente servir para clarificar su contenido y alcance. Las normas internacionales solo guían aquí la adscripción de significado a las textualmente previstas en la Carta Política. En este sentido, el bloque desempeña una función interpretativa[62].

 

46. En síntesis, (i) en sentido genérico, los tratados internacionales aprobados por el Congreso de la República que reconocen derechos humanos no suspendibles en estados de excepción y la Constitución Política, se fusionan y forman un bloque de constitucionalidad, en virtud de la remisión a aquellos prevista en los artículos 93, 94, 44 y 53 C.P. (ii) La jurisprudencia ha precisado dos conceptos de bloque de constitucionalidad: en sentido estricto y en sentido lato. (ii.i) En sentido estricto, el bloque está compuesto por la Carta, los tratados internacionales de derechos humanos no susceptibles de suspensión en estados de excepción, debidamente aprobados por el Estado colombiano, los tratados de derecho internacional humanitario y las normas ius cogens

 

(ii.ii). En sentido lato, el bloque de constitucionalidad está compuesto por todas las normas de diversa jerarquía que sirven como parámetro de constitucionalidad, dentro de las que se encuentran la Carta, los tratados internacionales a lo que reenvía el artículo 93 C.P., las leyes orgánicas y algunas leyes estatutarias. (iii) Los incisos 1 y 2 del artículo 93 C.P. dan lugar a las funciones integradora e interpretativa del bloque de constitucionalidad. (iii.i) En virtud de la función integradora, los tratados sobre derechos humanos no suspendibles en estados de excepción, debidamente aprobados por el Congreso, conforman parámetro de control y se integran al sistema constitucional, incluso si no hay normas de igual contenido material.

 

(iii.ii). En virtud de la función interpretativa, los tratados sobre derechos humanos, al margen de si reconocen prerrogativas no suspendibles en estados de excepción, de ser aprobados por el Congreso, sirven de criterios para clarificar el contenido y alcance de los derechos y deberes consagrados en la Constitución.

 

v. Las interpretaciones de la Convención Interamericana de Derechos Humanos realizadas por la Corte IDH y la CIDH y el deber de armonización interpretativa

 

47. Ya sea cuando se recurre al bloque de constitucionalidad en su papel integrador o en aquellos eventos en que es empleado en su función interpretativa, en relación con la CADH, resulta importante dilucidar el valor de la interpretación que de ella llevan a cabo organismos internacionales encargados de su aplicación, como la Comisión Interamericana y, en especial, la Corte IDH.

 

48. A este respecto, la Corte Constitucional ha sostenido que la interpretación de la CADH que realiza la Corte IDH constituye un criterio hermenéutico relevante, debido a que se trata del órgano de carácter judicial que interpreta de manera autorizada la Convención. En la Sentencia C-010 de 2000, la Sala señaló:

 

 “Directamente ligado a lo anterior, la Corte coincide con el interviniente en que en esta materia es particularmente relevante la doctrina elaborada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano judicial autorizado para interpretar autorizadamente la Convención Interamericana. En efecto, como lo ha señalado en varias oportunidades esta Corte Constitucional, en la medida en que la Carta señala en el artículo 93 que los derechos y deberes constitucionales deben interpretarse “de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”, es indudable  que la jurisprudencia de las instancias internacionales, encargadas de interpretar esos tratados, constituye un criterio hermenéutico relevante para establecer el sentido de las normas constitucionales sobre derechos fundamentales”[63].

 

Según lo anterior, los pronunciamientos de los entes internacionales encargados de interpretar los tratados sobre derechos humanos adquieren una particular importancia a la hora de determinar el alcance y comprensión de las disposiciones sobre derechos fundamentales previstos en la Constitución Política. En este sentido, de acuerdo con el fallo citado, la jurisprudencia de la Corte IDH resulta de especial relevancia en tanto órgano de naturaleza judicial, con la competencia para interpretar con autoridad la Convención Americana.

 

En la Corte IDH recae con exclusividad la facultad de “garantizar al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados” y “reparar las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”; al “decidir que hubo violación de un derecho o libertad protegidos por esta Convención” (art. 63, CADH), mediante un fallo con carácter “definitivo e inapelable” (art. 67, CADH) que los Estados “se comprometen a cumplir… en todo caso de que sean partes” (art. 68.1, CADH)[64].

 

Conforme al marco anterior, las decisiones y órdenes que emite la Corte IDH en la resolución de casos contenciosos, en razón de su función de salvaguarda de los derechos humanos reconocidos en la Convención, son siempre vinculantes[65]. Pero, además, dado que la potestad jurisdiccional para emitirlas se encuentra naturalmente articulada e íntimamente relacionada con la labor hermenéutica que se ve siempre avocada a realizar, la jurisprudencia de este órgano jurisdiccional adquiere un valor importante en la interpretación constitucional interna.

 

Lo anterior ha sido reiterado en otras sentencias y afianzado sobre la base de que la Corte IDH ejerce una jurisdicción conferida por la propia Convención y, por lo tanto, detenta y desempeña una competencia aplicativa e interpretativa de la CADH aceptada por el Estado colombiano[66]. A partir de esta circunstancia, se ha considerado que la doctrina  de la Corte, elaborada al fallar casos contenciosos, es de particular relevancia al momento de asignar significado y fijar el alcance a los derechos y deberes consagrados en la Constitución Política[67].

 

49. En relación con los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano cuasijudicial que principalmente interviene en el procesamiento de los casos y presenta ante la Corte IDH las demandas contra los Estados[68], la Sala ha considerado que brindan también un valioso insumo en relación con el significado de las normas de la CADH. En especial, en sus informes sobre casos específicos y en los informes generales sobre la situación de los derechos humanos en la región, esta Corte ha sostenido que sus interpretaciones de la CADH pueden también ser consideradas fuentes auxiliares y criterios de ilustración para la determinación del contenido de los derechos fundamentales constitucionales[69].

 

En consecuencia, si bien solo la Corte IDH al resolver demandas contra los Estados por violación de los derechos consagrados en la Convención actúa como guardiana e intérprete final del instrumento internacional[70] y únicamente sus fallos constituyen jurisprudencia en estricto sentido, los criterios de la CIDH no está desprovistos de toda utilidad, sino que permiten ilustrar y sirven de fuente complementaria para la comprensión de las disposiciones de la Convención y, en ese sentido, también prestan un elemento orientador en la interpretación constitucional.

 

50. Ahora, de acuerdo con lo indicado en precedencia, no solo las disposiciones de la CADH se incorporan al bloque de constitucionalidad como estándar normativo y como conjunto de criterios a tener en cuenta en la interpretación de las normas de derechos fundamentales contenidas en la Constitución, sino que también en la dinámica y práctica del bloque de constitucionalidad adquiere una especial importancia la jurisprudencia de la Corte IDH y las interpretaciones de la CIDH.

 

La metáfora del bloque de constitucionalidad, sin embargo, supone la vinculación y fusión de dos órdenes normativos con dos diferentes centros de producción y, en general, con aplicadores e intérpretes auténticos también diversos. En este sentido, resulta consustancial a la idea del bloque la necesidad de que las interpretaciones de la Carta Política y las de la Convención sean armonizadas en la mayor medida posible.

 

 El bloque, en efecto, tiene como característica que sus disposiciones apuntan todas y en conjunto al amparo y protección de los derechos y otros bienes constitucionales que se estiman como mínimos merecedores de tutela judicial. Por lo tanto, la interpretación de los diversos textos normativos que lo integran debe tender también hacia la unidad, a ser conciliatoria y a encontrar la máxima salvaguarda de los derechos. Las diferentes interpretaciones deben estar guiadas, así, por el ideal de formar también un bloque armónico y compacto, del mismo modo que lo hacen las disposiciones que constituyen el objeto de la interpretación.

 

En la Sentencia C-028 de 2006, esta Corporación indicó:

 

La Corte considera que, así como los tratados internacionales deben ser interpretados entre sí de manera sistemática y armónica, en el entendido de que el derecho internacional público debe ser considerado como un todo coherente y armónico, otro tanto sucede entre aquéllos y la Constitución.

 

En efecto, esta Corporación estima que la pertenencia de una determinada norma internacional al llamado bloque de constitucionalidad, de manera alguna puede ser interpretada en términos de que esta última prevalezca sobre el Texto Fundamental; por el contrario, dicha inclusión conlleva necesariamente a adelantar interpretaciones armónicas y sistemáticas entre disposiciones jurídicas de diverso origen.

 

Así las cosas, la técnica del bloque de constitucionalidad parte de concebir la Constitución como un texto abierto, caracterizado por la presencia de diversas cláusulas mediante las cuales se operan reenvíos que permiten ampliar el espectro de normas jurídicas que deben ser respetadas por el legislador.

 

La figura del bloque de constitucionalidad, según la Corte, sería en principio excluyente con la posibilidad de interpretaciones de los preceptos internacionales sobre derechos humanos que tengan como resultado su prevalencia sobre normas constitucionales. La incorporación y tendencial fusión que presupone el bloque, por el contrario, comporta que necesariamente deben llevarse a cabo interpretaciones armónicas y sistemáticas, de manera que al conjunto de normas que hacen parte de ese parámetro superior corresponda también una interpretación de carácter conjunto, que tienda a la integralidad y preserve lo mejor posible la idea de unidad de la figura. 

 

En la Sentencia C-500 de 2014, la Sala reiteró que la existencia de autoridades judiciales y, específicamente, de la Corte IDH, a la que se atribuye la función de interpretar auténticamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos implica la necesidad de que los órganos estatales encargados de aplicar sus disposiciones consideren la jurisprudencia de ese Tribunal Internacional. Sin embargo, correlativamente, subrayó que el reconocimiento de los tratados internacionales sobre derechos humanos como parte del bloque suponía la obligación de fijar fórmulas de interpretación que hicieran posible, en lugar de una confrontación o superposición entre los órdenes jurídicos nacional e internacional, su adecuada armonización.

 

Advirtió que en razón de la importancia que la jurisprudencia constitucional atribuía a los criterios de la Corte IDH a efectos de interpretar las normas sobre derechos y deberes constitucionales y, así mismo, de la obligación de las autoridades locales de tomar en consideración no solo el texto del tratado sino también la interpretación que lleva a cabo la citada autoridad judicial, la Corte Constitucional tenía el deber de armonizar, en la mayor medida posible, los tratados internacionales en materia de derechos humanos y el derecho interno.

 

51. En resumen, (i) en virtud del carácter judicial de la Corte IDH, su creación por la CADH y su competencia para interpretar con autoridad la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la jurisprudencia que emite posee especial relevancia bajo las funciones integradora e interpretativa del bloque de constitucionalidad. (ii) Los criterios interpretativos de la CIDH, si bien no tienen el mismo carácter que aquellos de la Corte IDH, permiten ilustrar y sirven de fuente complementaria en la determinación del alcance de la Convención y como elemento orientador en la adscripción del sentido de los derechos constitucionales fundamentales. 

 

(iii). Dada la fusión de disposiciones sobre derechos humanos que presupone el bloque de constitucionalidad y la importancia que adquiere la interpretación de la CADH que realiza en particular la Corte IDH, deben procurarse interpretaciones conciliadoras y armónicas entre sus textos, que tiendan a ampliar el ámbito de protección de los derechos y a mantener la idea de unidad que subyace a ese estándar normativo.

 

vi. Análisis de constitucionalidad de los apartados demandados

 

52. El artículo 308 del C.P.P. establece que el juez de control de garantías decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios se pueda inferir razonablemente que el imputado es responsable de la conducta punible, siempre que se cumpla uno de los siguientes requisitos: 1. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia, 2. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima o 3. Que resulte probable que el investigado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia.

 

El numeral 2 del artículo anterior es desarrollado en el artículo 310 que se impugna en este caso. La disposición establece que para estimar si la libertad del imputado representa un peligro para la seguridad de la comunidad, además de la gravedad y modalidad de la conducta punible y la pena imponible, el juez deberá valorar: “1. La continuación de la actividad delictiva o su probable vinculación con organizaciones criminales. 2. El número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos. 3. El hecho de estar disfrutando un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad, por delito doloso o preterintencional. 4. La existencia de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o preterintencional. 5. Cuando se utilicen armas de fuego o armas blancas. 6. Cuando el punible sea por abuso sexual con menor de 14 años. 7. Cuando hagan parte o pertenezcan a un grupo de delincuencia organizada”.

 

El demandante acusa de inconstitucionales los numerales 2 al 7 y el fragmento referido a la probable vinculación del imputado con organizaciones criminales previsto en el numeral 1. Sin embargo, su argumento se dirige contra el conjunto de circunstancias contenidas en dichos enunciados en tanto elementos para determinar que el agente constituye un peligro para la sociedad. En su opinión, dicho fin de la medida menoscaba la libertad pues, conforme a la interpretación de la CADH realizada por la CIDH, el imputado solo puede ser privado de ese derecho ante la probabilidad de que evada la acción de la justicia o de que obstaculice la investigación penal.

 

De acuerdo con el actor, los criterios de necesidad de la medida de aseguramiento deben ser armonizados con la interpretación del “ordenamiento supra-nacional” que llevan a cabo los organismos internacionales autorizados para tal fin. En este sentido, afirma que en virtud del bloque de constitucionalidad resulta obligatorio “acoger la interpretación que las autoridades competentes hacen de las normas internacionales e integrar dicha interpretación al ejercicio hermenéutico de la Corte Constitucional…”

 

53. El demandante básicamente estima aplicable la función interpretativa del bloque de constitucionalidad, de manera que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la luz de la interpretación de la CIDH, proporcionaría un criterio hermenéutico para determinar el contenido del derecho a la libertad personal establecido en la Constitución Política. En concreto, sería aplicable la orientación interpretativa, según el cual, la privación de la libertad del imputado dentro del proceso penal solo puede tener lugar para evitar la obstrucción de la justicia y asegurar su comparecencia al proceso. Como consecuencia, la detención preventiva no podría decretarse en razón de la “peligrosidad del imputado para la seguridad de la comunidad”.

 

54. El legislador prevé la “peligrosidad el imputado para la seguridad de la comunidad”, como una de las tres justificaciones para imponer la detención preventiva. Esta expresión, sin embargo, requiere cierta clarificación a partir de una interpretación sistemática de la regulación de la causal en el marco general de las medidas de aseguramiento.  

 

Según se vio, además de los artículos 308 y 310, el Código de Procedimiento Penal hace referencia al citado criterio de necesidad en otros tres artículos. Como principio rector, el artículo 2 consagra el derecho a la libertad personal y prescribe que su restricción se impondrá cuando resulte necesaria para garantizar, entre otros fines, “la protección de la comunidad”. En el artículo 114.8 se establece como una de las funciones de la Fiscalía General de la Nación asegurar, entre otros propósitos, la “protección de la comunidad”, y en el artículo 296 prácticamente se reproduce el texto del artículo 2 y se prescribe que la libertad solo podrá ser afectada cuando sea necesaria para asegurar “la protección de la comunidad”.

 

Pese a las falencias de técnica legislativa que presenta el artículo demandado y el 308 del C.P.P., es claro que el legislador justifica la medida de aseguramiento en la necesidad de proteger la comunidad y no en el carácter o temperamento “peligroso” del imputado, como parecen darlo a entender dichos preceptos y en cierto momento de la argumentación es referido por el demandante. La Ley no asume un superado determinismo ni parte de que el sujeto esté predeterminado al delito como razón para imponer una privación preventiva de la libertad.

 

El peligrosismo que derivó en lo que se denominó el derecho penal de autor fue un punto de vista adoptado por la criminología positivista que partía de la base de que ciertas las personas, antes de desarrollar acto alguno, estaban psíquica o biológicamente programadas para cometer delitos. Se consideraba que, por sus estrictas condiciones personales, inevitablemente tenían la tendencia a realizarlos y por esta razón también resultaba legítimo imponer privaciones de la libertad con el propósito de evitar sus dichos resultados. Esta perspectiva, hoy completamente superada en el debate teórico, comportaba como consecuencia un uso del derecho penal selectivo y discriminatorio. 

 

Por el contrario, a pesar de la expresión utilizada por el legislador en la disposición demandada, el discurso del peligrosismo penal no tiene que ver con la causal que se analiza, fundada en criterios objetivos, como justificación para imponer una medida de aseguramiento. Los numerales atacados constituyen un conjunto de circunstancias, todas de hecho, que permiten inferir al juez cuándo es necesario limitar la libertad del imputado en aras de proteger los miembros de la comunidad. Tales circunstancias se refieren o están relacionadas, no con el imputado en cuanto autor, con su carácter peligroso, sino con sus actos, como elementos de juicio para inferir la probabilidad de nuevos delitos y la necesidad de la medida restrictiva.

 

55. Clarificado lo anterior, la Sala considera que la protección a la comunidad como justificación para detener preventivamente al imputado no vulnera el derecho a la libertad personal consagrado en el artículo 28 C.P., es un desarrollo adecuado de varios preceptos de la Carta y puede ser armonizado con las interpretaciones de la CADH llevadas a cabo por la CIDH y la Corte IDH.

La justificante de la medida de aseguramiento prevista en el artículo demandado y en los demás reseñados, como se expuso en los fundamentos de este fallo, es una regulación que sigue de forma casi literal el artículo 250 de la Constitución Política, según el cual, los fines de las medidas susceptibles de ser adoptadas dentro del proceso penal son, además de la garantía de la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de las víctimas, “la protección de la comunidad”.

 

Proteger la comunidad, como se indicó en la Sentencia C-774 de 2001, encuentra también plena justificación en el principio de la prevalencia del interés general sancionado en el artículo 1 C.P. y en el fin del Estado de asegurar la convivencia pacífica de la comunidad (art. 2 C.P.). Así mismo, el propósito esencial del Estado y de las autoridades de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y la protección de los habitantes en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades proporcionan una sólida fundamentación constitucional a la detención preventiva basada en la protección de la comunidad.

 

56. De otra parte, deben recordarse dos aspectos centrales del sistema general de las medidas de aseguramiento que refuerzan lo anterior. Como se señaló en las consideraciones, los numerales demandados incorporan un conjunto de circunstancias para determinar en qué casos es necesaria la privación de la libertad a fin de proteger la comunidad, las cuales constituyen criterios de determinación semántica que reducen los márgenes de discrecionalidad del operador. Estos limitan la vaguedad de la justificante en un grado importante y proporcionan seguridad y certeza a la hora de su aplicación, lo cual constituye una garantía para el ciudadano.

 

57. De forma aún más relevante, como también se mostró, el legislador diseñó un modelo general de las medidas de aseguramiento de bases constitucionales, pues estableció un mandato general de afirmación de la libertad y dispuso que las normas que permitan privaciones o limitaciones a esta prerrogativa deben ser interpretadas restrictivamente y su aplicación debe ser necesaria, adecuada, proporcional y razonable frente a los contenidos constitucionales. (arts. 2, 295 y 296). Aunado a esto, la ley introdujo reglas que adoptan en formas específicas los principios de gradualidad, proporcionalidad, excepcionalidad y estricta legalidad de las medidas de aseguramiento.

 

Además, el Código de Procedimiento Penal creó un esquema de medidas de aseguramiento privativas y solo restrictivas de la libertad, típicamente gradual, diferenciado y proporcionado de las afectaciones a los derechos del imputado, en relación con los fines constitucionales que pueden perseguir. Se permite al juez imponer una o varias de tales medidas, conjunta o indistintamente, sustituir la privativa de la libertad por una que no suponga este gravamen cuando estime que la primera es innecesaria y, en general, incorporó varias disposiciones para controlar que la privación efectiva de la libertad sea una decisión estrictamente necesaria y excepcional.

 

El legislador procesal penal, así mismo, recaba en la insuficiencia de la calificación jurídica, de la gravedad y modalidad de la conducta punible para justificar la imposición de una restricción a la libertad basada en la protección de la comunidad y reafirma la necesidad de evaluar otros criterios legales que gradúan la restricción de los derechos del imputado, en relación con los fines que esta debe garantizar.

 

De acuerdo con lo anterior, la protección de la comunidad prevista en el Código de Procedimiento Penal como fin de la medida de aseguramiento encuentra amplio respaldo constitucional. Esto, no solo porque es un específico desarrollo y responde a varios mandatos fundamentales de la Carta Política, sino porque su imposición por el juez de control de garantías presupone encontrar demostrados indicadores objetivos que otorgan certeza al imputado y, adicionalmente, su utilización está condicionada por el legislador a estrictos criterios de excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad.

 

58. La Sala considera, así mismo, que el examinado fin de las medidas restrictivas de la libertad dentro del proceso penal, en el contexto constitucional en que adquieren sentido y justificación, no es incompatible con las orientaciones interpretativas de la Comisión y la Corte IDH sobre la materia.

 

El demandante considera aplicable el bloque de constitucionalidad en su función interpretativa y argumenta que, según la interpretación de la CADH realizada por la CIDH, la prisión preventiva solo sería imponible para garantizar la comparecencia del imputado al proceso y evitar que obstruya la justicia. A este respecto, la Sala debe recalcar que, según se expuso en los fundamentos de esta sentencia, resulta consustancial a la figura del bloque de constitucionalidad la necesidad de que la interpretación de todas sus disposiciones y, en este caso, las de la Convención Americana y las contenidas en la Constitución, sean armonizadas en la mayor medida posible.

 

Al bloque de constitucionalidad sería en principio extraño, se precisó, el surgimiento de interpretaciones de las disposiciones internacionales sobre derechos humanos que tuvieran como resultado su prevalencia sobre normas constitucionales o viceversa. Por el contrario, debido a que ambos sistemas normativos son cobijados y comparten jerarquía normativa bajo la figura del bloque, en lugar de una confrontación o superposición entre sí, deben plantearse fórmulas interpretativas conciliadoras que preserven la idea de unidad e integralidad que subyace a esa compleja fuente.

 

59. El criterio interpretativo de la CIDH al cual se refiere el demandante ha sido mencionado también en algunas decisiones de la Corte IDH. En el caso Tibi Vs. Ecuador, la Corte IDH expresó: “180. Esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. De lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Convención deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que aquél no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia”[71].

 

60. Pese a lo anterior, la Sala observa que la CIDH y la Corte IDH han contemplado de igual manera la probabilidad de ejecución de nuevos delitos, circunstancia ligada a la protección de la comunidad, como justificación para la imposición de la prisión preventiva.  En el caso Ricardo Canese Vs. Paraguay, luego de considerar que las medidas que afectan la libertad personal y el derecho de circulación del procesado tienen carácter excepcional, al estar limitadas por el derecho a la presunción de inocencia y los principios de necesidad y proporcionalidad, la Corte IDH indicó:

 

“129… La jurisprudencia internacional y la normativa penal comparada coinciden en que para aplicar tales medidas cautelares en el proceso penal deben existir indicios suficientes que permitan suponer razonablemente la culpabilidad del imputado y que se presente alguna de las siguientes circunstancias: peligro de fuga del imputado; peligro de que el imputado obstaculice la investigación; y peligro de que el imputado cometa un delito, siendo esta última cuestionada en la actualidad”[72].

 

Por su parte, en el Informe 2 de 1997, la CIDH destacó:

 

“32. Cuando las autoridades judiciales evalúan el peligro de reincidencia o comisión de nuevos delitos por parte del detenido, deben tener en cuenta la gravedad del crimen.  Sin embargo, para justificar la prisión preventiva, el peligro de reiteración debe ser real y tener en cuenta la historia personal y la evaluación profesional de la personalidad y el carácter del acusado.  Para tal efecto, resulta especialmente importante constatar, entre otros elementos, si el procesado ha sido anteriormente condenado por ofensas similares, tanto en naturaleza como en gravedad”.

 

De acuerdo con lo anterior, al interpretar los derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia consagrados en la CADH, la Corte IDH ha reconocido el criterio de probabilidad de ejecución de nuevos delitos, asociable a la protección de la comunidad, como justificación para la imposición de la prisión preventiva, pese a reconocer que actualmente es discutido. La CIDH, además, sostiene que con sujeción a ciertos parámetros, en general, de razonabilidad y proporcionalidad, dicha causal puede ser empleada al decretar la detención cautelar, siempre que la probabilidad de reiteración en el delito sea real.

 

Lo indicado implica, por un lado, que la interpretación del derecho a la libertad personal sancionado en la CADH no ha sido completamente uniforme en las citadas instancias internacionales, en el sentido que la detención preventiva sólo esté justificada en la necesidad de evitar la obstrucción de la justicia y asegurar la comparecencia del imputado al proceso. Pero, en especial, las referidas decisiones muestran que, al interior de la doctrina de la Comisión y la Corte IDH, el criterio acabado de mencionar no puede leerse de forma cerrada y excluyente con la posibilidad de otras justificaciones de la privación preventiva de la libertad, como la protección de la comunidad contemplada en la Constitución Política.   

 

La Corte debe recabar en que los criterios interpretativos orientadores y relevantes que desempeñan la doctrina elaborada por la Corte IDH y la CIDH no implican la generación de tensiones con las normas constitucionales. Por el contrario, su papel puede ser desarrollado gracias a la necesidad de que los preceptos que componen el bloque de constitucionalidad, tanto de uno como otro origen, mantengan entre sí el mayor grado posible de armonía. De este modo, la interpretación sistemática y coherente de los estándares incorporados al bloque se convierte en el elemento que preserva su cohesión interna.

 

63. En este orden de ideas, la Sala estima que la causal de justificación de la detención preventiva fundada en la protección de la comunidad es compatible con los pronunciamientos de la CIDH y la jurisprudencia de la Corte IDH. Específicamente, la Corte Constitucional considera que la citada justificante es complementaria a las razones para privar de la libertad al imputado basadas en la necesidad de garantizar su comparecencia al proceso y evitar que obstruya la justicia.

 

64. Los artículos 2, 114.8, 296, 308, 309, 312 del Código de Procedimiento Penal y el artículo 250 de la Constitución Política establecen y regulan la posibilidad y las condiciones para imponer medidas restrictivas de la libertad motivadas en la necesidad de prevenir que el investigado entorpezca el proceso o evada la acción de la justicia. Sin embargo, no solo el legislador sino el propio Constituyente han considerado que, además de estas razones, es también una justificación legítima de la orden cautelar el propósito de proteger la comunidad.  

 

La protección de la comunidad, como concepto general, encuentra un robusto fundamento constitucional en los principios y fines esenciales del Estado y en la expresa disposición que la autoriza, como se mostró. Pero, en especial, supone el amparo y la prevención de violación de los derechos de las personas, ante la concurrencia de unas determinadas circunstancias objetivas que permiten prever esa probabilidad. Esto quiere decir que cuando se invoca la protección a la comunidad para decretar la medida de aseguramiento se pretende en realidad proteger derechos que, a partir de una seria inferencia, se encuentran en posibilidad concreta y efectiva de ser menoscabados.

 

La salvaguarda y protección de los derechos humanos no es algo que compete e interesa solo al legislador y al Constituyente colombianos, sino que es, de hecho, la razón de ser de la CADH y el eje misional de la CIDH y la Corte IDH. En este sentido, incorporar la protección de la comunidad como justificación de las medidas de aseguramiento que, de manera específica, repercute en la garantía de las prerrogativas individuales de los miembros de la comunidad se articula bien con el sentido fundamental del citado instrumento internacional y permite asumir el principio de que en la determinación del sentido de las disposiciones del bloque de constitucionalidad se deben preferir aquellas interpretaciones que amplíen el ámbito de protección de los derechos.

 

Obviamente, los derechos fundamentales del imputado dentro del proceso penal son reguardados también por el legislador y el constituyente en diversas normas y también lo son por la Convención. Sin embargo, es claro que dentro del trámite, particularmente, el derecho a la libertad personal está sujeto a restricciones proporcionadas y una de ellas puede encontrarse legítimamente motivada en la protección de los derechos de las demás personas, derechos reconocidos en las citadas fuentes y que, en casos concretos, pueden hallarse realmente expuestos a violaciones por la acción del procesado. De ahí la relevancia que adquiere la causal bajo examen y la justificación que encuentra en el bloque de constitucionalidad.

 

64. Aunado a lo anterior, para la Corte IDH, las garantías del procesado frente a normas que establezcan privaciones arbitrarias de la libertad consisten sobre todo en que las medidas que dispongan dichas injerencias tengan “un carácter excepcional, ya que se encuentran limitadas por el derecho a la presunción de inocencia y los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática”[73].

 

Lo anterior se concilia con las reglas sobre la detención preventiva basada en la protección de la comunidad y, más exactamente, de los derechos de los demás, vista está dentro del contexto general de la regulación de las medidas de aseguramiento, por las razones anotadas en páginas anteriores. El sistema general de las medidas cautelares creado por el legislador se inspira en mandatos constitucionales y de derechos humanos. En este sentido, se consagra el principio de afirmación de la libertad y especialmente se prevé que las normas que permitan limitarla deben ser interpretadas restringidamente y su aplicación ha de ser necesaria, adecuada, proporcional y razonable.

 

Además, en la ley procesal penal colombiana se consagró un régimen de limitación de derechos basado en la gradualidad y la proporcionalidad y se crearon previsiones generales para la aplicación de todas las medidas de aseguramiento, las cuales recalcan y aseguran que la privación de la libertad a través de la medida de aseguramiento de detención preventiva solo procede en condiciones de estricta necesidad. Todo esto, observado sistemáticamente, posibilita que también la prisión preventiva fundada en la protección de [los miembros de] la comunidad sea realmente excepcional y necesaria, como lo ha propugnado la Corte IDH en las sentencias citadas.  

 

65. La Sala considera así que el fin de la medida de aseguramiento bajo examen no está en contradicción, sino que, al contrario, complementa la doctrina de la Corte IDH. El valor de esta jurisprudencia y su relevancia para llevar a cabo la interpretación de los derechos constitucionales fundamentales, así como no puede ser leída en el entendido de que pretende imponerse a otras normas de igual jerarquía normativa, tampoco puede serlo en el sentido de que inhiba políticas criminales ajustadas a las necesidades y condiciones locales, así como a los derechos fundamentales, que formula particularmente el Constituyente.

 

Por ello, debido a la complejidad que supone una fuente del derecho que se hace única a partir de diversos orígenes y autoridades encargadas de determinar su sentido, la necesidad de interpretaciones armónicas, articuladas y globales, que mantengan una cohesión entre sí y garanticen la unidad de las disposiciones, debe tener también como eje el contexto social, económico y cultural del país, pues ello permitirá plantear comprensiones del bloque más sólidas y más fructíferas para la protección de los derechos fundamentales.

 

En el presente caso, lo anterior lleva a plantear que la jurisprudencia de la Corte IDH, de acuerdo con la cual, la detención preventiva del imputado procede para evitar que obstruya el proceso y evada la acción de la justicia, no es excluyente y, antes bien, se ve complementada con la justificación prevista en el Código y respaldada en la Constitución Política, referida a la protección de los miembros de la comunidad.

 

66. En este orden de ideas, los numerales 2 al 7 y el segmento del numeral 1 del artículo 310 C.P.P. demandados no son contrarios al artículo 28 C.P. sobre la libertad personal, pues esta no es absoluta y la causal para su restricción prevista en las normas demandadas encuentra pleno respaldo constitucional en el artículo 250 C.P., en el principio de prevalencia del interés general sancionado en el artículo 1 C.P. y en los fines esenciales del Estado y las autoridades de asegurar la convivencia pacífica de la comunidad, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y la protección de los habitantes en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades (arts. 1 y 2 C. P.)

 

En consecuencia, las disposiciones acusadas deberán ser declaradas exequibles.  

 

VII. DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

 

RESUELVE:

 

PRIMERO. -  Declarar EXEQUIBLES los numerales 2 al 7 y la expresión “o su probable vinculación con organizaciones criminales” del numeral 1, del artículo 310 de la Ley 906 de 2004, modificado por los artículos 24 de la Ley 1142 de 2007, 65 de la Ley 1453 de 2011 y 3 de la Ley 1760 de 2015, en relación con el cargo analizado en esta sentencia.

Notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional

 

María Victoria Calle Correa

Presidenta

 

ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

 

A LA SENTENCIA C-469/16

 

Expediente: D-11214

 

MP. Luis Ernesto Vargas Silva

 

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 310 (parcial) de la Ley 906 de 2004, modificado por los artículos 24 de la Ley 1142 de 2007, 65 de la Ley 1453 de 2011 y 3 de la Ley 1760 de 2015.

 

Demandante: Salustiano Fortich Molina.

 

Comparto plenamente tanto la parte motiva, como la resolutiva de la sentencia C-469 de 2016, luego de los ajustes decididos por el pleno de la Corte. Sin embargo, aclaro mi voto para reiterar mi posición expuesta en la Sala Plena, durante la discusión del asunto, que dio lugar a la adopción de la decisión referida.

 

El artículo 250 de la Constitución, modificado por el Acto Legislativo 03 del 19 de diciembre de 2002, en su artículo 2^o dispone que En ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la Nación, deberá:

 

1. Solicitar al juez que ejerza las funciones de control de garantías las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas" (negrillas agregadas).

 

Este artículo bastaba para declarar la exequibilidad de la norma legal que autoriza a ordenar la detención preventiva por "peligro para la sociedad", más allá de la torpeza de los términos utilizados por el legislador. Sin embargo, la jurisprudencia interamericana es constante y clara en precisar que, en su criterio, sólo procederá la detención preventiva cuando esta medida cautelar busque la efectividad del proceso (como la comparecencia del investigado al mismo) y no fines extraprocesales, como el de proteger a la comunidad y a las víctimas.

 

Esto quiere decir que existía una aparente contradicción entre la Constitución colombiana y la Convención americana, en el sentido dado por la CIDH. Para resolver esta situación, resultaba conveniente recurrir a una interpretación monista del ordenamiento jurídico, en la que no se acuda a determinar si hay prevalencia de las normas internas o de los tratados internacionales, sino buscar integrarlos en un único orden jurídico coherente. Tal pareciera ser el camino seguido por esta Corte en la sentencia C-805 de 2002 donde se trató como un todas las causales de detención preventiva, así: "De acuerdo con la Carta, la detención preventiva sólo procede en los casos taxativamente señalados en la Constitución, el bloque de constitucionalidad y la ley. Por ende, la inobservancia del debido proceso en lo que respecta a la restricción de la libertad personal, quebranta la Carta Política y da lugar al control de legalidad de las medidas de aseguramiento" (subrayas agregadas). Por esta vía, no existiría contradicción entre la Convención y la Constitución Política en materia de detención preventiva, sino complementariedad, la que explicaría que ciertas causas de la misma no estén previstas por la Convención, pero sí por la Constitución. Otra manera de interpretar el sistema, a través del criterio monista, consiste en recurrir a la favorabilidad, como lo hizo esta Corte en la sentencia T-1319 de 2001: "En ese contexto, la Corte concluye que el artículo 93-2 constitucionaliza todos los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia y referidos a derechos que ya aparecen en la Carta y, en virtud de la regla hermenéutica sobre favorabilidad, el intérprete debe escoger y aplicar la regulación que sea más favorable a la vigencia de los derechos humanos" (subrayas agregadas). Pero debe advertirse que, a pesar de que a primera vista es más favorable para el detenido la interpretación que restringe las causas de detención preventiva, en realidad el precedente se refiere a la vigencia de los derechos humanos, incluidos los de las víctimas. Esto permite arribar a una interpretación sistemática de la Convención, apartada de la sostenida por la CIDH, para concluir que las obligaciones de proteger eficazmente los derechos, implica aceptar que también es posible que se adopten medidas de privación de la libertad en pro de la protección de las víctimas, cuyos derechos se ven desprotegidos frente a la inacción del Estado respecto de hechos objetivos de amenaza y de riesgo. En otras palabras, sólo una interpretación aislada de los derechos, vista desde el solo ángulo del procesado, permitiría concluir que no es válido detener provisionalmente a quien amenaza los derechos de terceros.

 

La detención preventiva por la causal que era objeto de control de constitucionalidad no resulta de un residuo del inconstitucional peligrosismo. Debe recordarse que el peligrosismo, en sentido estricto, se refiere a la toma de medidas frente a alguien que no ha empezado la ejecución del acto. Aquí se trata de alguien que ya pasó al acto y, por lo tanto, con soporte probatorio y suficiente motivación, de manera razonable y proporcionada, se quiere evitar la reincidencia y, por esta vía, la multiplicación de las conductas punibles. Es por esta razón que el Convenio Europeo de Derechos Humanos, concordante con nuestra Constitución, dispone en su artículo 5.1, lit. c: "Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, salvo en los casos siguientes y con arreglo al procedimiento establecido por la ley: (...) Si ha sido detenido y privado de libertad, conforme a derecho, para hacerle comparecer ante la autoridad judicial competente, cuando existan indicios racionales de que ha cometido una infracción o cuando se estime necesario para impedirle que cometa una infracción o que huya después de haberla cometido" (negrillas agregadas). En este sentido, el Tribunal Europeo ha considerado que esa hipótesis se trata de una detención provisional, no de una detención preventiva, la que ocurriría cuando se arresta a alguien que no es investigada por haber ya cometido una infracción (TEDH, Ostendorf c. Alemania, 7 de marzo de 2013, párr. 82).

 

Es, entonces, en los términos explicados que debe interpretarse que la jurisprudencia interamericana no excluye esta hipótesis de detención preventiva, la que consulta valiosos fines constitucionales.

 

Respetuosamente,

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

 

 

SALVAMENTO   DE VOTO DEL MAGISTRADO

 

ALBERTO ROJAS RÍOS

 

A LA SENTENCIA C-469/16

 

CIRCUNSTANCIAS PARA DETERMINAR CUANDO LA LIBERTAD DEL IMPUTADO REPRESENTA UN PELIGRO FUTURO PARA LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD-Desarrollo normativo (Salvamento de voto)

 

EXAMEN DE LA GRAVEDAD Y MODALIDAD DE LA CONDUCTA PUNIBLE PARA DETERMINAR SI LA LIBERTAD DEL IMPUTADO RESULTA PELIGROSA PARA LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD-Jurisprudencia constitucional (Salvamento de voto)

 

PRINCIPIO DE PRESUNCION DE INOCENCIA FRENTE AL HECHO DE CATALOGAR COMO PELIGROSA A UNA PERSONA QUE SE ENCUENTRE ACUSADA O SUJETA A MEDIDA DE ASEGURAMIENTO-Jurisprudencia constitucional (Salvamento de voto)

 

INTEGRACION DE UNIDAD NORMATIVA-Contenido (Salvamento de voto)/INTEGRACION DE UNIDAD NORMATIVA-Objetivos (Salvamento de voto)/INTEGRACION DE UNIDAD NORMATIVA-Supuestos (Salvamento de voto)

 

CIRCUNSTANCIAS PARA DETERMINAR CUANDO LA LIBERTAD DEL IMPUTADO REPRESENTA UN PELIGRO FUTURO PARA LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD-Integración normativa (Salvamento de voto)

 

MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO-Margen de configuración normativa del legislador para fijar requisitos (Salvamento de voto)

 

MARGEN DE DISCRECIONALIDAD DEL LEGISLADOR EN MATERIA DE PROCEDIMIENTO (Salvamento de voto)

 

CLAUSULA GENERAL DE COMPETENCIA DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA PARA LA EXPEDICION DE LEYES-Facultad (Salvamento de voto)

 

CONFIGURACION LEGAL DE MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO-Limites (Salvamento de voto)

 

MARGEN DE CONFIGURACION DEL LEGISLADOR EN MATERIA DE MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO-Principio de presunción de inocencia (Salvamento de voto)

 

AMPLIO MARGEN DE CONFIGURACION DEL LEGISLADOR EN MATERIA DE MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO-Razonabilidad y proporcionalidad (Salvamento de voto)

 

REQUISITOS PARA EL DECRETO DE MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO-Límites constitucionales (Salvamento de voto)

 

DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL-Representa la cláusula general de tutela y reconocimiento constitucional (Salvamento de voto)

 

DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL FRENTE A LAS COMPETENCIAS DE LA FISCALA GENERAL DE LA NACION-Interpretación sistemática (Salvamento de voto)

 

PRINCIPIO DE PRESUNCION DE INOCENCIA-Contenido (Salvamento de voto)/PRINCIPIO DE PRESUNCION DE INOCENCIA-Instrumentos internacionales (Salvamento de voto)

 

PRINCIPIO DE PRESUNCION DE INOCENCIA-Garantías (Salvamento de voto)

 

MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO-Naturaleza cautelar y provisional (Salvamento de voto)

 

MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO-Carácter no puede ser equivalente a la pena impuesta como condena (Salvamento de voto)

 

DETENCION PREVENTIVA-Carácter excepcional (Salvamento de voto)/PRINCIPIO DE PRESUNCION DE INOCENCIA-Comporta que la libertad del procesado sea la regla y su detención preventiva, la excepción (Salvamento de voto)

 

IMPOSICION DE MEDIDA DE ASEGURAMIENTO-Reserva legal en la determinación de las causales y procedimientos (Salvamento de voto)

 

DECRETO DE MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO-Reserva judicial (Salvamento de voto)/DECRETO DE MEDIDA DE ASEGURAMIENTO PRIVATIVA DE LA LIBERTAD-Competencia de los Jueces de la República (Salvamento de voto)

 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN MATERIA DE MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO-Respeto (Salvamento de voto)

 

 

IMPOSICION DE MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD-Control de legalidad (Salvamento de voto)

 

CONTROL DE LEGALIDAD SOBRE IMPOSICION DE MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD-Fines constitucionales (Salvamento de voto)/MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO-Control de legalidad (Salvamento de voto)

 

DECRETO DE MEDIDA DE ASEGURAMIENTO-Diferencia entre control de legalidad formal y material (Salvamento de voto)

 

MEDIDA DE ASEGURAMIENTO-Sometimiento a autorización judicial por afectación de derechos fundamentales (Salvamento de voto)

 

IMPOSICION DE MEDIDA DE ASEGURAMIENTO DE DETENCION PREVENTIVA-Existencia de evidencia física y material probatorio (Salvamento de voto)

 

MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD-Principio de separación de poderes en materia de configuración, decreto y ejecución (Salvamento de voto)

 

DECRETO DE MEDIDA DE ASEGURAMIENTO-Facultad de la víctima de solicitarlo (Salvamento de voto)

 

DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN EL PROCESO PENAL-Interpretación sistemática de la constitución con los tratados y la jurisprudencia internacional sobre derechos humanos (Salvamento de voto)

 

PROTECCION DE LOS DERECHOS DE INTERVENCION DE LAS VICTIMAS EN EL PROCESO PENAL Y LA TUTELA EFECTIVA DE SUS DERECHOS FUNDAMENTALES-Corrección de las restricciones que modelo acusatorio establece para la participación de las víctimas de los delitos (Salvamento de voto)

 

OMISION LEGISLATIVA EN MATERIA DE PARTICIPACION DE LAS VICTIMAS EN EL PROCESO PENAL-Jurisprudencia constitucional (Salvamento de voto)

 

MEDIDA DE ASEGURAMIENTO-Acceso igualitario de las víctimas en el proceso penal y derecho a la tutela judicial efectiva (Salvamento de voto)/MEDIDA DE ASEGURAMIENTO-Restricciones a la facultad de la víctima para solicitarla (Salvamento de voto)

 

AUDIENCIA DE SOLICITUD DE MEDIDA DE ASEGURAMIENTO-Participación del Ministerio Público (Salvamento de voto)/PARTICIPACION DEL MINISTERIO PUBLICO DURANTE LA AUDIENCIA DE SOLICITUD DE MEDIDA DE ASEGURAMIENTO-Regla constitucional (Salvamento de voto)

 

DETENCION PREVENTIVA-Causales de procedencia (Salvamento de voto)/MEDIDA DE ASEGURAMIENTO DE DETENCION PREVENTIVA-Fines constitucionales (Salvamento de voto)

 

DESARROLLO DEL PROCESO PENAL-Causales de procedencia de una medida de aseguramiento (Salvamento de voto)

 

PROTECCION DE LA COMUNIDAD Y DE LA VICTIMA-Causal constitucionalmente válida para decretar una medida de aseguramiento (Salvamento de voto)

 

PRIVACION DE LIBERTAD DEL PROCESADO-No puede residir en fines preventivo-generales o preventivo-especiales atribuibles a la pena, sino que sólo se puede fundamentar en un fin legítimo (Salvamento de voto)

 

IMPOSICION DE MEDIDA DE ASEGURAMIENTO-Requisitos de necesidad y proporcionalidad (Salvamento de voto)

 

IMPOSICION DE MEDIDA DE ASEGURAMIENTO DE DETENCION PREVENTIVA-Debe ser la excepción y no la regla (Salvamento de voto)

 

DETENCION PREVENTIVA-Líneas jurisprudenciales constitucionales (Salvamento de voto)

 

DETENCION PREVENTIVA-Amplio margen de configuración normativo (Salvamento de voto)/DETENCION PREVENTIVA-Reserva legal (Salvamento de voto)/MARGEN DE DISCRECIONALIDAD EN MATERIA DE DETENCION PREVENTIVA-No es absoluto (Salvamento de voto)

 

DEBIDO PROCESO-Medidas de aseguramiento deben someterse al cumplimiento de estrictas exigencias que estructuran su legalidad (Salvamento de voto)/MEDIDA DE ASEGURAMIENTO-Reserva judicial (Salvamento de voto)

 

APLICACION DE LA MEDIDA DE DETENCION PREVENTIVA-No basta examinar el quantum de la pena, es preciso consultar otros factores de protección reforzada en relación con sujetos de especial protección (Salvamento de voto)

 

IMPOSICION DE LA MEDIDA DE DETENCION PREVENTIVA-Causales (Salvamento de voto)

 

IMPOSICION DE MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO-Estándares fijados por el sistema interamericano de protección de los derechos humanos (Salvamento de voto)

 

CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS-Fija extensión del ámbito competencial con que cuentan los Estados para configurar legislativamente medidas restrictivas de la libertad personal (Salvamento de voto)

 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Estándares internacionales en materia de detención preventiva (Salvamento de voto)

 

CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Derecho a la presunción de inocencia y principio de excepcionalidad de la detención preventiva (Salvamento de voto)

 

DETENCION PREVENTIVA-Condiciones para su aplicación (Salvamento de voto)/DETENCION PREVENTIVA-Fundamentos legítimos o causales de procedencia (Salvamento de voto)

 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Causales de procedencia de la detención preventiva (Salvamento de voto)

 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Criterio según el cual la detención preventiva únicamente puede emplearse con fines procesales, excluye causales tales como “la protección de la sociedad” (Salvamento de voto)

 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Subreglas convencionales complementarias en materia de detención preventiva (Salvamento de voto)

 

COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Fundamentos legítimos de la prisión preventiva (Salvamento de voto)

 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Procedencia de la detención preventiva sólo en dos supuestos relacionados con el desarrollo del proceso penal (Salvamento de voto)

 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad para la imposición de la detención preventiva (Salvamento de voto)

 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Estándares internacionales en relación con la autoridad competente, el proceso decisorio, la motivación y los indicios en materia de decreto de detenciones preventivas (Salvamento de voto)

 

DETENCION PREVENTIVA-Control judicial, recursos y revisión periódica de sus fines (Salvamento de voto)

 

JURISPRUDENCIA INTERAMERICANA-Análisis de autoridad competente no puede reducirse a una mera formalidad, cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio de un recurso judicial (Salvamento de voto)

 

DETENCION PREVENTIVA-Necesidad de ajustar la jurisprudencia constitucional a los estándares internacionales vigentes (Salvamento de voto)

 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Estudio comparativo entre la jurisprudencia constitucional y los estándares internacionales en materia de detención preventiva (Salvamento de voto)

 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Detención preventiva sólo procede por causales procesales: riesgo de fuga y obstaculización de la justicia (Salvamento de voto)

 

PROTECCION DE LA COMUNIDAD-Causal válida para el decreto de medida de aseguramiento de detención preventiva (Salvamento de voto)

 

DETENCION PREVENTIVA-Examen sobre la libertad del individuo representa un peligro para la sociedad, no puede ser una causal para decretar dicha medida (Salvamento de voto)

 

CAUSALES DE PROCEDENCIA DE LA DETENCION PREVENTIVA-Ejercicio del control de convencionalidad difuso por parte de la Corte Constitucional (Salvamento de voto)

 

CONTROL DE CONVENCIONALIDAD-Alcance (Salvamento de voto)/CONTROL DE CONVENCIONALIDAD-Corpus iuris interamericano (Salvamento de voto)/CONTROL DE CONVENCIONALIDAD-Control de carácter normativo y no fáctico (Salvamento de voto)/CONTROL DE CONVENCIONALIDAD-Modalidades (Salvamento de voto)/CONTROL DE CONVENCIONALIDAD-Dimensión nacional (Salvamento de voto)

 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Ejercicio y efectos del control de convencionalidad (Salvamento de voto)

 

CONTROL DE CONVENCIONALIDAD-Jueces internos lo hacen dentro del contexto del principio de subsidiariedad que regula el reparto de competencias entre la justicia interna y la internacional (Salvamento de voto)

 

Ref: Expediente D- 11214

 

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 310 (parcial) de la Ley 906 de 2004.

 

Demandante: Salustiano Fortich Molina

 

Magistrado Ponente:

 

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

 

“No hay nada más peligroso que la teoría de la peligrosidad”[74]

 

Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte Constitucional, paso a exponer las razones que me llevaron a salvar voto en la Sentencia C-469 de 2016, en la cual se declaró exequible, por los cargos analizados, “los apartes demandados del artículo 310 de la Ley 906 de 2004”.

 

En el caso concreto, el problema jurídico consistía en determinar si el legislador vulneró los artículos 28 (libertad personal) y 93 Superiores (bloque de constitucionalidad); en concordancia con los artículos 7 (libertad personal) y 8 (garantías judiciales) de la Convención Americana de Derechos Humanos, al establecer en materia de imposición de medidas de aseguramiento seis (6) causales que determinarían que el imputado representa un “peligro para la sociedad”.

 

A mi juicio, la respuesta a tal interrogante era positiva, con base en los siguientes argumentos, los cuales hicieron parte del proyecto inicial de fallo, el cual no fue acogido por la mayoría de la Sala Plena:

 

1. Evolución normativa de la disposición acusada

 

El actual artículo 310 del Código de Procedimiento Penal ha sido objeto de diversas derogatorias y modificaciones, que es necesario analizar. La disposición inicial de la Ley 906 de 2004, rezaba:

 

“ARTÍCULO 310. Para estimar si la libertad del imputado resulta peligrosa para la seguridad de la comunidad, además de la gravedad del hecho y la pena imponible, deberán tenerse en cuenta las siguientes circunstancias:

 

1. La continuación de la actividad delictiva o su probable vinculación con organizaciones criminales.

 

2. El número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos.

 

3. El hecho de estar acusado, o de encontrarse sujeto a alguna medida de aseguramiento, o de estar disfrutando un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad, por delito doloso o preterintencional.

 

4. La existencia de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o preterintencional.

 

Posteriormente, fue expedida la Ley 1142 de 2007, “Por medio de la cual se reforman parcialmente las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana”. En materia de medidas de aseguramiento privativas de la libertad, y más concretamente, respecto al requisito de “peligro para la sociedad”, su artículo 24 dispuso:

 

 “ARTÍCULO 310. Para estimar si la libertad del imputado resulta peligrosa para la seguridad de la comunidad, será suficiente la gravedad y modalidad de la punible. Sin embargo, de acuerdo con el caso, el juez podrá valorar adicionalmente alguna de las siguientes circunstancias:

 

1. La continuación de la actividad delictiva o su probable vinculación con organizaciones criminales.

 

2. El número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos.

 

3. El hecho de estar acusado, o de encontrarse sujeto a alguna medida de aseguramiento, o de estar disfrutando un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad, por delito doloso o preterintencional.

4. La existencia de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o preterintencional”.

 

La Corte Constitucional, en Sentencia C-1198 de 2008 analizó si era conforme con la Carta Política que para determinar si la libertad del imputado resultaba peligrosa para la seguridad de la comunidad, bastaba con examinar la gravedad y la modalidad de la conducta punible. La respuesta fue negativa, por cuanto:

 

“Así, la preceptiva del artículo 24 de la Ley 1142 de 2007, según la cual para estimar si la libertad del imputado resulta peligrosa para la seguridad de la comunidad, será suficiente la gravedad y modalidad de la conducta punible, pero que, de acuerdo con el caso, el juez podrá valorar adicionalmente las demás circunstancias allí contenidas, no atiende los criterios de necesidad y proporcionalidad de la medida de aseguramiento. Al establecer como suficientes la gravedad y la modalidad de la conducta se desconocen esos criterios y con ello el principio de libertad que cobija el proceso penal y el de legalidad de la medida preventiva para su privación, pues se olvida que no es suficiente ese criterio para determinar la procedencia o no del decreto de la misma, es imperativo que se consulte su necesidad, la cual no puede estar determinada en esos dos criterios objetivos, máxime cuando en Colombia no existe una política criminal clara que determine cuáles son realmente las conductas graves”.

 

“A la par, se desconoce que en ejercicio de la libertad de configuración que posee el legislador para determinar los eventos en los cuales es procedente privar de manera preventiva a una persona de su libertad, se ha indicado que para la solicitud de la misma también se debe sustentar su urgencia y que toda disposición contenida en el Código de Procedimiento Penal que permita esa clase de privaciones deben ser interpretadas restrictivamente (arts. 306 y 295 de la Ley 906 de 2004, respectivamente).

 

Empero, razón la asiste al Ministerio Público cuando señala que de ser suprimidas, por efectos de la declaratoria de inexequibilidad, las expresiones “suficiente, sin embargo y podrá”, del artículo 24 de la Ley 1142 de 2007, se presentaría una ambigüedad en su lectura e interpretación. Por ende, serán declaradas exequibles, en procura de la protección del derecho a la libertad y los principios que delimitan los eventos para su restricción, bajo el entendido que para el funcionario judicial, al momento de determinar el peligro que el imputado representa para la comunidad, no es suficiente la gravedad y la modalidad de la conducta punible, sino que siempre deberá valorar, bajo las finalidades que la Constitución le ha otorgado a esa clase de medidas preventivas, además de los requisitos contenidos en el artículo 308 de la Ley 906 de 2004, las demás circunstancias contenidas en los numerales 1° a 4° del artículo 310 ibídem”.

 

El artículo 310 de la Ley 906 de 2004 fue nuevamente modificado por la Ley 1453 de 2011, “Por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad”, en los siguientes términos:

 

“ARTÍCULO 65. El artículo 24 de la Ley 1142 de 2007, que modificó el artículo 310 de la Ley 906 de 2004, quedará así:

 

Artículo 24. Peligro para la comunidad. Para estimar si la libertad del imputado resulta peligrosa para la seguridad de la comunidad será suficiente la gravedad y modalidad de la conducta punible, además de los fines constitucionales de la detención preventiva. Sin embargo, de acuerdo con el caso, el juez podrá valorar adicionalmente alguna de las siguientes circunstancias:

 

1. La continuación de la actividad delictiva o su probable vinculación con organizaciones criminales.

 

2. El número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos.

 

3. El hecho de estar acusado, o de encontrarse sujeto a alguna medida de aseguramiento, o de estar disfrutando un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad, por delito doloso o preterintencional.

 

4. La existencia de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o preterintencional.

 

5. Cuando se utilicen armas de fuego o armas blancas.

 

6. Cuando se utilicen medios motorizados para la comisión de la conducta punible o para perfeccionar su comisión, salvo en el caso de accidentes de tránsito.

 

7. Cuando el punible sea por abuso sexual con menor de 14 años.

 

8. Cuando hagan parte o pertenezcan a un grupo de delincuencia organizada”.

 

La Corte Constitucional, en Sentencia C-121 de 2012 resolvió un cargo de inconstitucionalidad contra la expresión “o de encontrarse sujeto a alguna medida de aseguramiento”, según el cual se vulneraba el artículo 29 de la Constitución, comoquiera que catalogar como peligrosa a una persona que se encuentre acusada o sujeta a medida de aseguramiento, implica considerarla culpable de los cargos que se le imputan, con lo cual se quebranta el principio de presunción de inocencia. Esta Corporación declaró inexequible el segmento normativo acusado, por cuanto:

 

“Además de violatorio del principio de presunción de inocencia (art. 29) y de la prohibición constitucional de considerar como antecedentes penal un acto distinto a la sentencia condenatoria en firme (Art. 248), el segmento acusado quebranta el principio de proporcionalidad, toda vez que le da el mismo peso para efectos de una negativa de libertad a los siguientes hechos: “estar disfrutando de un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad por delito doloso o preterintencional”; “la existencia de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o preterintencional”; o “estar acusado o encontrarse sujeto a alguna medida de aseguramiento”. En este último caso, no hace distinción acerca de si esa medida es privativa de la libertad o no, y tampoco la limita, como en los otros eventos en que hay condena, a los delitos dolosos o preterintencionales. En estas condiciones, el legislador, sin justificación alguna, coloca en una misma situación a quien soporta una medida de aseguramiento o es acusado por cualquier delito, incluso culposo, y a aquel que ya fue condenado por un delito doloso o preterintencional, lo cual resulta en efecto desproporcionado.

 

El hecho de que la valoración de la existencia de una medida de aseguramiento o una acusación, como criterio para inferir la peligrosidad, sea adicional a las pautas establecidas como principales -la gravedad y modalidad de la conducta y los fines constitucionales de la detención preventiva -, no corrige la inconstitucionalidad que se advierte. Sea como criterio principal o con criterio subsidiario, la norma permite que el juez encargado de aplicarla, tome en cuenta una circunstancia que afecta el principio de presunción de inocencia, comoquiera que asimila y le imprime los mismos efectos, indicativos de peligrosidad, a una condena, que a una medida preventiva y provisional como la de aseguramiento, y precaria como es la acusación”.

Una última reforma que conoció el artículo 310 de la Ley 906 de 2004 fue mediante la Ley 1760 de 2015[75]. De allí que la norma vigente es la siguiente:

 

“ARTÍCULO 310. PELIGRO PARA LA COMUNIDAD. Para estimar si la libertad del imputado representa un peligro futuro para la seguridad de la comunidad, además de la gravedad y modalidad de la conducta punible y la pena imponible, el juez deberá valorar las siguientes circunstancias:

 

1. La continuación de la actividad delictiva o su probable vinculación con organizaciones criminales.

 

2. El número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos.

 

3. El hecho de estar disfrutando un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad, por delito doloso o preterintencional.

 

4. La existencia de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o preterintencional.

 

5. Cuando se utilicen armas de fuego o armas blancas.

 

6. Cuando el punible sea por abuso sexual con menor de 14 años.

 

7. Cuando hagan parte o pertenezcan a un grupo de delincuencia organizada”.

 

Al respecto, conviene señalar que recientemente en Sentencia C-231 de 2016, la Corte declaró exequible la expresión “el futuro” contemplada en el parágrafo del artículo 2º de la Ley 1760 de 2015, “por los cargos analizados en la presente sentencia”, es decir, un segmento normativo presente en el artículo 308 de la Ley 906 de 2004.

 

Una de las principales razones para encontrar ajustada a la Constitución la expresión demandada fue que, del análisis de cada una de las finalidades de las medidas de aseguramiento contempladas en el Código de Procedimiento Penal, concluyó que ninguna de ellas se aplica para sancionar una situación ocurrida en el pasado, sino para evitar que valoradas las condiciones actuales del proceso se presente una situación en el futuro, como cuando se valora si la persona constituye un peligro para la sociedad, la posible obstrucción al debido ejercicio de la justicia, la no comparecencia del imputado al proceso o el no cumplimiento de la sentencia.

En definitiva, una revisión de los textos de las diversas reformas que ha conocido el artículo 310 de la Ley 906 de 2004, evidencia la presencia de las siguientes constantes:

 

• Siempre se ha previsto que al momento de decidir si se impone una medida de aseguramiento, el juez de control de garantías deberá verificar la existencia de elementos materiales probatorios y evidencia física que permitan inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga.

 

• Adicionalmente, se debe cumplir alguno de los siguientes requisitos: (i) Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia; (ii) Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima; o (iii) Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia.

 

• En lo que respecta al requisito de que el imputado represente un peligro para la sociedad, un examen de los cambios normativos muestra la presencia de unas constantes: (i) el incremento paulatino del número de causales; y (ii) la necesidad de analizar la gravedad del delito. Al mismo tiempo, el legislador ha oscilado entre las siguientes fórmulas: (i) tomar en consideración la pena a imponer o la modalidad de la conducta delictiva; y (ii) facultar al juez (criterio auxiliar) o, por el contrario, obligarlo (criterio principal) a valorar la existencia de ciertas causales de peligrosidad, adicionales a aquellas de gravedad y modalidad de comisión de la conducta punible.

 

•  La fórmula actualmente vigente en el Código de Procedimiento Penal, en materia de peligrosidad del imputado, se estructura sobre los siguientes elementos: (i) gravedad de la conducta; (ii) modalidad de comisión del delito; y (iii) deber del juez de control de garantías de valorar un conjunto de seis (6) circunstancias, las cuales mostrarían que la libertad del imputado comporta un peligro para la sociedad.

 

2. Integración de la unidad normativa

 

La figura de la integración de la unidad normativa se encuentra consagrada en el artículo 6º del Decreto 2067, en los siguientes términos:

 

“La Corte se pronunciará de fondo sobre todas las normas demandadas y podrá señalar en la sentencia las que, a su juicio, conforman unidad normativa con aquellas otras que declara inconstitucionales”.

La Corte Constitucional, en numerosas ocasiones^[76], ha explicado las hipótesis en las cuales procede adelantar una integración normativa, e igualmente, ha indicado que con ella se persiguen, entre otros, los siguientes objetivos: (i) efectividad del control abstracto de constitucionalidad; (ii) la garantía de la supremacía de la Constitución; (iii) la coherencia del ordenamiento;  y (iv) la seguridad jurídica.

 

A manera de síntesis, esta Corporación en sentencia C-500 de 2014, señaló algunos supuestos en los cuales ha procedido la integración normativa:

                    

“En primer lugar, es posible apelar a la unidad normativa (i) cuando el artículo que se impugna carece “(…) de un contenido deóntico claro unívoco o de un ámbito regulador propio, aislado del contexto en el cual están insertadas, y se requiere precisar su alcance incluyendo en el juicio de constitucionalidad otros enunciados normativos”^[77]. En segundo lugar, es procedente (ii) cuando la disposición demandada o la norma que de ella se desprende, está mencionada o referida en otros artículos del ordenamiento jurídico de manera que para asegurar la efectividad de la decisión que se tome, es necesario también examinarlos. Ha explicado la Corte que en este caso las normas tienen “un sentido regulador propio y autónomo (…) pero el estudio de constitucionalidad de la disposición acusada impone el examen (…) de algunos elementos normativos a los cuales hace referencia, que están contenidos en otras disposiciones no demandadas”^[78]. En tercer lugar, resulta posible acudir a ella (iii) cuando la norma que se juzga tiene una relación íntima o intrínseca con otra que, prima facie, plantea serias dudas de constitucionalidad.

 

Un examen de cada una de tales hipótesis permite identificar su justificación constitucional. El primer supuesto, tiene como propósito delimitar la materia objeto de juzgamiento de manera que este Tribunal pueda adoptar una decisión de mérito. La segunda tiene como finalidad asegurar plenamente la supremacía de la Constitución y la certidumbre respecto de las normas vigentes evitando, de una parte, que luego de declarar la inexequibilidad de una norma ella subsista en el ordenamiento o, de otra parte, que con posterioridad a la declaratoria de exequibilidad, contenidos normativos idénticos –vigentes al momento del pronunciamiento- sean objeto de demandas iguales. La tercera propicia también la supremacía de la Constitución al evitar que disposiciones directamente vinculadas con aquellas que fueron demandadas y respecto de las cuales es posible sospechar de su inconstitucionalidad, permanezcan en el ordenamiento sin ser juzgadas”.   

En el caso concreto, la Corte considera que debe realizar una integración normativa entre el artículo 310 de la Ley 906 de 2004 y la expresión “para la seguridad de la sociedad”, del numeral 2º del artículo 308 de la Ley 906 de 2004.

El artículo 310 de la Ley 906 de 2004 remite concretamente a parte del numeral segundo del artículo 308 del mismo texto normativo, a cuyo tenor:

“ARTÍCULO 308. REQUISITOS. El juez de control de garantías, a petición del Fiscal General de la Nación o de su delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos:

1. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia.

 

2. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima.

 

3. Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia.”

Así las cosas, el artículo 310 de la Ley 906 de 2004 no puede entenderse sin consultar parte del inciso 2º del artículo 308 del C.P.P. De allí que se esté ante un supuesto en el cual “la disposición demandada o la norma que de ella se desprende, está mencionada o referida en otros artículos del ordenamiento jurídico de manera que para asegurar la efectividad de la decisión que se tome, es necesario también examinarlos.”

3. Margen de configuración normativa del legislador para fijar los requisitos necesarios para el decreto de medidas de aseguramiento

El Congreso de la República, de conformidad con el artículo 150.2 Superior, goza de un amplio margen de configuración^[79]  para  “definir el procedimiento en los procesos, actuaciones y acciones originadas en el derecho sustancial”^[80] y a partir de entonces, le corresponde “evaluar y definir las etapas, características, términos y demás elementos que integran cada procedimiento judicial”^[81].

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que dicho margen de discrecionalidad le permite al legislador “fijar las reglas a partir de las cuales se asegura la plena efectividad del derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 C.P.), y del acceso efectivo a la administración de justicia (artículo 229 C.P.). Además, son reglas que consolidan la seguridad jurídica, la racionalidad, el equilibrio y finalidad de los procesos, y permiten desarrollar el principio de legalidad propio del Estado Social de Derecho”^[82]. De tal suerte que “mientras el legislador, no ignore, obstruya o contraríe las garantías básicas previstas por la Constitución, goza de discreción para establecer las formas propias de cada juicio, entendidas éstas como ‘el conjunto de reglas señaladas en la ley que, según la naturaleza del proceso, determinan los trámites que deben surtirse ante las diversas instancias judiciales o administrativas’^[83].

Como lo recordó la Corte en Sentencia C-248 de 2013, con fundamento en la cláusula general de competencia del Congreso de la República para la expedición de las leyes, tiene facultad para: i) fijar las etapas de los diferentes procesos y establecer los términos y las formalidades que deben cumplir^[84]; ii) definir las competencias cuando no se han establecido por la Constitución de manera explícita entre los distintos entes u órganos del Estado^[85]; iii) Regular los medios de prueba, elemento consustancial al debido proceso y al derecho de defensa^[86]; iv) definir los deberes, obligaciones y cargas procesales de las partes, los poderes y deberes del juez^[87] y aún las exigencias de la participación de terceros intervinientes^[88], y v) definir los recursos y medios de defensa que pueden intentar los administrados contra los actos que profieren las autoridades^[89].

En materia de límites constitucionales a la configuración legal de medidas de aseguramiento, la Corte en Sentencia C-318 de 2008 sostuvo:

 

“Así la determinación sobre las medidas de aseguramiento, los requisitos y los supuestos en que ellas resultan procedentes, así como las condiciones para su cumplimiento, son decisiones que involucran consideraciones de política criminal, de conveniencia y de oportunidad que caen bajo la órbita de competencia legislativa. Sin embargo, no se trata de una potestad absoluta sino que ella encuentra su límite en los fines constitucionales y en los derechos fundamentales, y debe estar guiada por los principios de razonabilidad y proporcionalidad”.

 

En Sentencia C-121 de de 2012, esta Corporación insistió en el principio de presunción de inocencia, en tanto que límite al margen de configuración del legislador en materia de medidas de aseguramiento:

 

“El hecho de que la valoración de la existencia de una medida de aseguramiento o una acusación, como criterio para inferir la peligrosidad, sea adicional a las pautas establecidas como principales -la gravedad y modalidad de la conducta y los fines constitucionales de la detención preventiva -, no corrige la inconstitucionalidad que se advierte. Sea como criterio principal o con criterio subsidiario, la norma permite que el juez encargado de aplicarla, tome en cuenta una circunstancia que afecta el principio de presunción de inocencia, comoquiera que asimila y le imprime los mismos efectos, indicativos de peligrosidad, a una condena, que a una medida preventiva y provisional como la de aseguramiento, y precaria como es la acusación”.

 

En conclusión, en lo que concierne a la configuración de medidas de aseguramiento en materia penal, el legislador goza de un amplio margen de discrecionalidad; sin embargo, la estructuración de aquéllas debe ser ejercida respetando los principios y valores constitucionales y debe ser razonable y proporcional^[90].

4. Límites constitucionales en materia de requisitos para el decreto de medidas de aseguramiento

El artículo 28 de la Carta Política, representa la cláusula general de tutela y reconocimiento del derecho a la libertad personal, ya que consagra que: "Toda persona es libre", al mismo tiempo, establece los fundamentos jurídicos mediante los cuales se admite su restricción, al disponer que:" Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado..", salvo que concurran tres requisitos, a saber: (i) mandamiento escrito de autoridad judicial competente; (ii) que se expida con la observancia de las formalidades legales y (iii) por la existencia de motivos previamente definidos en la ley.

El artículo 28 Superior debe ser interpretado sistemáticamente con el artículo 250.1 constitucional, referente a las competencias asignadas a la Fiscalía General de la Nación:

“En ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la Nación, deberá:

1. Solicitar al juez que ejerza las funciones de control de garantías las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas”.

 

A lo largo de los años, la Corte ha construido unas líneas jurisprudenciales sobre los diversos límites constitucionales que tiene el legislador al momento de configurar las medidas de aseguramiento, en especial, la detención preventiva.

 

4.1.El principio de la presunción de inocencia y el carácter excepcional de la detención preventiva

 

El principio de  presunción de inocencia se encuentra consagrado en el inciso cuarto del artículo 29 inciso 4º de la Constitución, en los siguientes términos: “Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable”. De igual manera, se encuentra previsto en los artículos 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

 

En los términos de la Sentencia C-121 de 2012, el principio de presunción de inocencia comporta que: “(i) Nadie puede considerarse culpable, a menos que se haya demostrado la responsabilidad mediante proceso legal, fuera de toda duda razonable, (ii) La carga de la prueba acerca de la responsabilidad recae sobre la acusación; (iii) El trato a las personas bajo investigación por un delito, debe ser acorde con este principio. La formulación del artículo 248 de la Constitución, según la cual únicamente constituyen antecedentes penales las condenas impuestas en sentencias judiciales, en forma definitiva, configura un desarrollo de la garantía constitucional de presunción de inocencia”.

 

Sobre la naturaleza cautelar y provisional de las medidas de aseguramiento, la Corte en Sentencia C-774 de 2001, sostuvo que “deben ser decretadas por intermedio de una autoridad judicial, en el desarrollo de un proceso al cual acceden o accederán, con un carácter eminentemente provisional o temporal y bajo el cumplimiento de los estrictos requisitos que la Constitución y la ley prevén.

 

En Sentencia C-390 de 2014, la Corte reiteró sus precedentes en el sentido de que el carácter de las medidas de aseguramiento, de ninguna forma puede ser equivalente a la pena impuesta como condena:

 

“De otra parte es pertinente precisar también que las medidas de aseguramiento no equivalen a la sentencia condenatoria, ni pueden ser confundidas con las penas que mediante tal providencia se imponen. Son simples medidas cautelares – no sentencias - que sólo pueden dictarse, con carácter excepcional, preventivo pero no sancionatorio cuando se reúnan de manera estricta los requisitos fácticos o jurídicos señalados por la ley para el efecto, y cuando resulten indispensables para alcanzar la finalidad constitucional que con ellas se persigue, esto es, para asegurar la comparencia del imputado al proceso, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial de la víctima.”[91]

 

En conclusión, el respeto por el principio de presunción de inocencia comporta que la libertad del procesado sea la regla y su detención preventiva, la excepción.

 

4.2. Reserva legal en la determinación de las causales y procedimientos para la imposición de una medida de aseguramiento

En cuanto a los requisitos que deben mediar para el decreto de una medida de aseguramiento la Corte, siguiendo lo establecido en los artículos 28 y 29 superiores y los diferentes instrumentos internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad, ha considerado que deben ser decretadas por el juez competente (reserva judicial), cumpliendo las formalidades contenidas en la ley (reserva de ley) y cuando los motivos que dan lugar a ellas estén previamente establecidos en aquélla.

 

El respeto por el principio de legalidad en materia de medidas de aseguramiento ha sido una constante en la jurisprudencia constitucional. En tal sentido, en Sentencia C-390 de 2014 se afirmó lo siguiente:

 

“Por lo tanto, la indeterminación que es prohibida frente a las sanciones penales debe serlo ineludiblemente sobre las circunstancias que pueden dar lugar a una privación indefinida producto de una medida de aseguramiento…el establecimiento de límites temporales a la duración de la detención preventiva parte de los principios de legalidad y proporcionalidad que deben gobernar la medida. A partir del pensamiento liberal, en el que el poder del Estado debe estar controlado, el ius puniendi, como manifestación del mismo, no puede sustraerse a las restricciones constitucionales, una de los cuales es la duración del proceso penal y en particular de las medidas que resulten restrictivas de derechos”.

 

4.3. Reserva judicial en el decreto de una medida de aseguramiento

 

En virtud de los artículos 28, 29, 32 y 250 constitucionales, sólo los Jueces de la República pueden determinar cuándo se encuentran probados los supuestos fácticos previstos por el legislador y se cumplan los fines constitucionales, para decretar una medida de aseguramiento privativa de la libertad[92].

 

Al respecto, la Corte en Sentencia C-591 de 2005 sostuvo lo siguiente:

 

“Una de las modificaciones más importantes que introdujo el Acto Legislativo 03 de 2002 al nuevo sistema procesal penal, fue la creación del juez de control de garantías, sin perjuicio de la interposición y ejercicio de las acciones de tutela cuando sea del caso, con competencias para adelantar…(iv) un control previo para la adopción de medidas restrictivas de la libertad”.

 

En conclusión, las medidas privativas de la libertad sólo pueden ser decretadas por los jueces penales, en los casos y bajo los requisitos fijados previamente por el legislador.

 

4.4. Control de legalidad sobre la imposición de medidas de aseguramiento privativas de la libertad

 

En relación con los fines constitucionales perseguidos con la existencia de un control de legalidad sobre la imposición de medidas de aseguramiento privativas de la libertad, la Corte en Sentencia C-1154 de 2005, consideró lo siguiente:

 

“El control de legalidad de las medidas de aseguramiento, constituye una garantía para la protección de dos derechos fundamentales: la libertad personal y el debido proceso. Por ende, si se trata de un instrumento tendiente a salvaguardar un derecho constitucional, los titulares del mismo, o quienes estén llamados a su defensa, no pueden ser excluidos cuando se encuentren en situación de igualdad con respecto a quienes están legitimados legalmente para invocar la especial protección”.

 

En esa misma providencia, el Tribunal Constitucional diferenció entre los controles de legalidad formal y material sobre el decreto de la medida de aseguramiento:

 

“Cuando se examina la legalidad formal, el juez debe evaluar si se observó el debido proceso en lo que concierne a los presupuestos constitucionales y legales de la detención preventiva. Es decir: i) orden escrita de autoridad judicial competente, ii) adopción de la medida con base en las formalidades legales y iii) motivos previamente fundados en la ley. De acuerdo con la Carta, la detención preventiva sólo procede en los casos taxativamente señalados en la Constitución, el bloque de constitucionalidad y la ley. Por ende, la inobservancia del debido proceso en lo que respecta a la restricción de la libertad personal, quebranta la Carta Política y da lugar al control de legalidad de las medidas de aseguramiento.

 

Cuando se examina la legalidad material, el juez debe evaluar si se reúnen los requisitos probatorios y de necesidad y proporcionalidad para la adopción de la medida”.

 

Cuando quiera que la medida de aseguramiento comporte la afectación de derechos fundamentales, será necesario “que la misma sea sometida a una autorización judicial que debe verificar, entre otros requisitos, la necesidad y la finalidad de la medida, al igual que prever su adecuada sustentación y la oportunidad de ser controvertida, aún más cuando dicha medida puede comprometer la libertad del procesado”[93].

 

4.5. Existencia de evidencia física y material probatorio que sustenten la imposición de una medida de aseguramiento de detención preventiva

 

La decisión que adopte un juez, en el sentido de imponer una medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario o domiciliaria, debe responder a la existencia de evidencia física y material probatorio recogidos y asegurados, que permitan inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga.

 

La presentación, contradicción y evaluación de los elementos de conocimiento invocados por el fiscal en audiencia, no impiden que luego en la etapa del juicio sean practicadas todas las pruebas encaminadas a demostrar la responsabilidad penal del acusado. Además “El que ciertos elementos de conocimiento hayan sido suficientes para ordenar una medida de aseguramiento no significa que también lo sean para demostrar la responsabilidad penal del acusado”[94].

 

4.6 El principio de separación de poderes en materia de configuración, decreto y ejecución de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad

 

Una lectura sistemática de la Constitución apunta a que, en virtud del principio de separación de poderes, las tres ramas del Poder Público intervienen en la configuración, decreto y ejecución de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad[95].

 

4.7 Facultad de la víctima de solicitar el decreto de una medida de aseguramiento

 

Una interpretación sistemática de los artículos 1, 2, 15, 21, 93, 229, y 250 Superiores, en concordancia con los tratados internacionales sobre derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha conducido a precisar los contenidos y alcances de los derechos de las víctimas en el proceso penal[96].

 

Tal y como lo afirmó la Corte en Sentencia T-704 de 2012,  en desarrollo de esta perspectiva amplia de protección de los derechos de intervención de las víctimas en el proceso penal y a la tutela efectiva de sus derechos fundamentales, la Corte ha desarrollado una extensa jurisprudencia orientada a corregir las restricciones que el modelo acusatorio establece para la participación de las víctimas de los delitos[97]. En tal sentido, la jurisprudencia constitucional ha introducido modulaciones correctivas en relación con la facultad que tienen las víctimas para solicitar la imposición de una medida de aseguramiento.

 

En virtud de la Sentencia C-209 de 2007, la Corte Constitucional introdujo en el contenido normativo del artículo 306 de la Ley 906 de 2004 un elemento omitido por el legislador, consistente en que la víctima podía acudir directamente ante el juez competente, ya sea el de control de garantías o el de conocimiento, según corresponda, a solicitar la medida de aseguramiento o de protección requerida, a fin de ajustar el precepto a los mandatos constitucionales sobre acceso igualitario de las víctimas en el proceso penal y derecho a la tutela judicial efectiva[98].

 

4.8 Participación del Ministerio Público durante la audiencia de     solicitud de medida de aseguramiento

 

La participación del Ministerio Público en la audiencia de solicitud de imposición de medida de aseguramiento está reglada por lo que establece el artículo 277 superior que determina que la función de este órgano estatal está relacionada con la intervención en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas, “cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales, pero también por los límites propios que le impone el legislador penal en la Ley 906 de 2004, como quiera que es un interviniente sui generis que puede abogar por los derechos de todos, incluidas las víctimas, pero sin sustituir ni al Fiscal ni a la defensa.”[99]

 

4.9 Causales de procedencia de la detención preventiva

En relación con los fines constitucionalmente válidos perseguidos con la imposición de una medida de aseguramiento de detención preventiva, esta Corporación ha identificado los siguientes: (i) asegurar a las personas acusadas de un delito para evitar su fuga y garantizar así los fines de la instrucción y el cumplimiento de la pena que, mediante sentencia, llegare a imponerse, una vez desvirtuada la presunción de inocencia y establecida la responsabilidad penal del sindicado[100]; (ii) la protección de la sociedad frente al delito[101]; y (iii) la conservación de la prueba[102].

4.9.1 Causales referidas al desarrollo del proceso penal

En diversas oportunidades, la Corte se ha pronunciado sobre la existencia de dos causales de procedencia de una medida de aseguramiento, relacionadas con el desarrollo del proceso penal: (i) la obstrucción a la justicia; y (ii) el riesgo de fuga del procesado. Al respecto, la Corte en Sentencia C-620 de 2001 afirmó lo siguiente:

“La imposición de las medidas de aseguramiento responde a la necesidad de garantizar la comparecencia del sindicado al proceso, asegurar la ejecución de la pena privativa de la libertad, impedir su fuga o la continuación de la actividad delictual y evitar la alteración de las pruebas y el entorpecimiento de la investigación”.

4.9.2 La causal de protección de la comunidad y de la víctima

La protección de la comunidad y de la víctima ha sido considerada por la Corte como una causal constitucionalmente válida para decretar una medida de aseguramiento. Sobre el particular, en fallo C-1154 de 2005, esta Corporación sostuvo lo siguiente:

“Igualmente, la protección de la comunidad en aras de impedir la continuación de la actividad delictual, puede concebirse como fin propio de la detención preventiva a partir de la consideración del mandato del artículo 1º de la Constitución, según el cual, el Estado colombiano se encuentra fundado en “la prevalencia del interés general”, cuyo desarrollo explica el precepto consagrado en el artículo 2º de la Constitución Política, por el cual, es fin esencial del Estado, “asegurar la convivencia pacífica” de la comunidad, no obstante, esta atribución debe actuar en concordancia con el principio de la dignidad humana, y por lo tanto, para no lesionar las garantías fundamentales del sindicado, el ejercicio de esta atribución impone la necesidad de investigar lo favorable como desfavorable al acusado”. (negrillas agregadas)

No obstante lo anterior, más recientemente en Sentencia C-390 de 2014, siguiendo los precedentes sentados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte afirmó lo siguiente:

“Al respecto es importante reiterar en este punto, que la privación de libertad del procesado no puede residir en fines preventivo-generales o preventivo-especiales atribuibles a la pena, sino que sólo se puede fundamentar en un fin legítimo.”[103]

4.10 Requisitos constitucionales para la imposición de una medida de aseguramiento

Adicionalmente a la existencia de evidencia física y material probatorio recogidos y asegurados, que permitan inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga y la configuración de una causal legal para imponer una medida de aseguramiento (i.e. riesgo de fuga, protección de la comunidad y de la víctima y obstrucción a la justicia), la jurisprudencia de esta Corte ha sostenido que se deben acreditar los requisitos constitucionales de necesidad y proporcionalidad.

En relación con el requisito de necesidad, la Corte en Sentencia C-805 de 2002 afirmó lo siguiente:

“El primero es la necesidad de la medida de aseguramiento. En efecto, repugna al Estado Social de Derecho, al respeto por la libertad y la presunción de inocencia, así como a otros derechos constitucionales, que una persona investigada sea detenida preventivamente cuando ello no es necesario. Una medida tan gravosa de los derechos constitucionales no puede proferirse con base en el capricho o el simple juicio de conveniencia del fiscal. Por el contrario, la Constitución exige que la medida se funde en motivos que justifiquen su necesidad en el caso concreto a partir de los hechos específicos de cada situación fáctica.

 

Esta necesidad no es política ni estratégica sino jurídica, es decir, relativa al logro de los objetivos del proceso penal en general y a los fines de cada medida cautelar en especial. Es necesaria la medida cuando ésta es indispensable para alcanzar tales objetivos generales y fines específicos, a los cuales ya se ha referido esta Corporación.^[104]  El legislador puede establecer diferentes criterios de necesidad^[105] puesto que la Constitución no fija un parámetro único y puede modificar dichos criterios para atender cambios en la política criminal, siempre que respete la Constitución y los tratados internacionales sobre la materia^[106] y no admita que la medida puede ser dictada por capricho o simple conveniencia. Así, por ejemplo, el criterio de necesidad, a la luz de la política criminal, puede ser más o menos exigente según la gravedad del delito y la importancia de los valores constitucionales involucrados”.

Más recientemente, en Sentencia C-121 de 2012, la Corte consideró que “la necesidad e idoneidad que esta ofrezca para asegurar los fines constitucionales del proceso, y que esté mediada por criterios de razonabilidad. Esta valoración debe efectuarse  en concreto, en relación con las características específicas del proceso en el cual se examina la posibilidad de adoptar una medida de aseguramiento, y no tomando en cuenta circunstancias que ya fueron objeto de valoración a la luz de los fines específicos de otro proceso”.[107]

En relación con el principio de proporcionalidad en materia de imposición de medidas de aseguramiento, la Corte en fallo C-805 de 2002 afirmó:

“El segundo elemento es el de proporcionalidad, cuyo fundamento y trascendencia en el ámbito del derecho penal ya han sido subrayadas por esta Corte.^[108] En efecto, la medida debe ser proporcional a las circunstancias en las cuales jurídicamente se justifica. Por ejemplo, en el caso de la detención preventiva, resultaría desproporcionado que a pesar de que la medida no sea necesaria para garantizar la integridad de las pruebas, o la comparecencia del sindicado a la justicia, se ordenara la detención preventiva.^[109]

 

El legislador también puede indicar diversos criterios para apreciar dicha proporcionalidad, entre los que se encuentran la situación del procesado, las características del interés a proteger y la gravedad de la conducta punible investigada. En todo caso, la Constitución exige que se introduzcan criterios de necesidad y proporcionalidad, al momento de definir los presupuestos de la detención preventiva”.

Teniendo en cuenta que la medida de aseguramiento comprende la afectación de derechos fundamentales, el papel que le corresponde cumplir al Juez de Control de Garantías dentro de tal audiencia encuentra sustento en el artículo 250 Núm. 1 constitucional y está íntimamente ligado con la verificación, entre otros requisitos, la necesidad y la finalidad de la medida, al igual que prever su adecuada sustentación y la oportunidad de ser controvertida, aún más cuando dicha medida puede comprometer la libertad del procesado

En conclusión, tal y como lo ha reconocido la Corte Constitucional en diversos fallos[110] y más recientemente en Sentencia C-390 de 2014, frente a la imposición de medidas de aseguramiento se encuentra la tensión de diversos principios constitucionales: por un lado la libertad personal y la presunción de inocencia; y por otro, la necesidad de limitar derechos durante el proceso en aras de garantizar la eficacia de la justicia. De allí que la imposición de una medida de aseguramiento consistente en detención preventiva debe ser siempre la excepción, y no la regla.

4.11 Conclusiones sobre las líneas jurisprudenciales constitucionales en materia de detención preventiva

La Corte Constitucional ha considerado que en materia de detención preventiva, el legislador cuenta con un amplio margen de configuración normativo (reserva legal), derivado de su competencia para regular los procesos penales ( definir las ritualidades propias de cada juicio, la competencia de los funcionarios a quienes se asigna el conocimiento de los diversos asuntos, los recursos que proceden contra las decisiones, los términos procesales, el régimen de pruebas, los mecanismos de publicidad de las actuaciones, así como los supuestos en que es posible restringir la libertad). Al mismo tiempo, el juez constitucional ha estimado que ese margen de discrecionalidad no es absoluto ya que se encuentra limitado por los derechos fundamentales y las garantías procesales.

En desarrollo del artículo 29 de la Constitución Política, las medidas de aseguramiento deben someterse al cumplimiento de estrictas exigencias que estructuran su legalidad, a saber: (i) deben ser decretadas por intermedio de una autoridad judicial (reserva judicial) en el desarrollo de un proceso penal; (ii) con carácter eminentemente provisional o temporal; (iii) es necesaria que de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga que; y (iv) bajo el cumplimiento de los estrictos requisitos que la Constitución y la ley prevén. Adicionalmente, (iv) deben superar un test constitucional de necesidad y proporcionalidad.

 

La Corte Constitucional ha considerado que al momento de aplicar una medida de detención preventiva no basta con examinar el quantum de la posible pena a imponer, sino que es preciso consultar otros factores basados en exigencias constitucionales de protección reforzada en relación con determinados sujetos merecedores de especial protección. Así, el juez penal deberá tener en cuenta (i) La edad del imputado (a) o acusado (a) – mayor de 65 años – concurrente con su personalidad, la naturaleza y modalidad del delito, de los que surge la conveniencia de su reclusión en el lugar de residencia; (ii) La proximidad del parto. Este criterio se aplica dos meses o menos antes del parto, y seis meses siguientes al nacimiento; (iii) El estado de grave enfermedad del imputado (a) o acusado (a), dictaminado por médicos oficiales; y (iv) La condición de madre o padre cabeza de familia que esté al cuidado de hijo menor, o que sufriere incapacidad permanente.

En relación con las causales para imponer una detención preventiva, la Corte ha considerado que son válidas aquellas relacionadas con el desarrollo del proceso penal: (i) la obstrucción a la justicia; y (ii) el riesgo de fuga del procesado.

En lo que concerniente a la causal de “protección de la comunidad y de la víctima”, si bien en Sentencia C-1154 de 2005 la Corte estimó que resultaba admisible que el legislador configurara una causal con dicho propósito (con fundamento en los artículos 1º y 2º Superiores), también lo es que Sentencia C-390 de 2014, siguiendo los precedentes sentados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte afirmó lo siguiente:

“Al respecto es importante reiterar en este punto, que la privación de libertad del procesado no puede residir en fines preventivo-generales o preventivo-especiales atribuibles a la pena, sino que sólo se puede fundamentar en un fin legítimo.”[111]

5. Los estándares fijados por el sistema interamericano de protección de los derechos humanos en materia de imposición de medidas de aseguramiento

El artículo 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos fija la extensión del ámbito competencial con que cuentan los Estados al momento de configurar legislativamente medidas restrictivas de la libertad personal:

“Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio”. (Negrillas agregadas)

A lo largo de la jurisprudencia proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los informes elaborados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se han consolidado unos estándares internacionales aplicables en materia de detención preventiva:

5.6 El derecho a la presunción de inocencia y el principio de excepcionalidad de la detención preventiva

De conformidad con el artículo 8.2. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”. De allí que toda persona sea considerada inocente, mientras no se determine su responsabilidad penal mediante una sentencia en firme, y consecuentemente, por regla general, el individuo debe ser investigado en libertad y sólo por vía de excepción puede privarse al procesado de su libertad[112]. En caso de resultar necesaria la detención del acusado durante el transcurso de un proceso, su posición jurídica sigue siendo la de un inocente[113]

Del principio de presunción de inocencia se deriva también, como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos “la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia. Pues la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva”.[114]

 

El respeto al derecho a la presunción de inocencia exige igualmente que el Estado fundamente y acredite, de manera clara y motivada, según cada caso concreto, la existencia de los requisitos válidos de procedencia de la prisión preventiva[115]. Por ende, “también se viola el principio de presunción de inocencia cuando la prisión preventiva se impone arbitrariamente; o bien, cuando su aplicación está determinada esencialmente, por ejemplo, por el tipo de delito, la expectativa de la pena o la mera existencia de indicios razonables que vinculen al acusado. En estos casos también se está en gran medida aplicando una pena anticipada, previa a la conclusión del proceso mismo, entre otras razones porque materialmente la detención previa al juicio, en tanto privación de libertad, no difiere en nada de la que se impone como resultado de una sentencia”[116].

Siendo la detención preventiva  la medida más grave que se le puede imponer a un procesado, con base en el principio de presunción de inocencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que “su aplicación debe tener carácter excepcional, limitado por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, de acuerdo con lo que es estrictamente indispensable en una sociedad democrática”[117].

5.7 Condiciones para su aplicación

5.7.1 Fundamentos legítimos o causales de procedencia

En relación con las causales de procedencia de la detención preventiva, en el texto del “Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas”[118], publicado en diciembre de 2013, se afirma que “la Corte Interamericana ha establecido consistentemente que de las disposiciones de la Convención Americana –y a juicio de la Comisión también de las normas de la Declaración Americana– “se deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia, pues la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva”.

El criterio según el cual la detención preventiva únicamente puede emplearse con fines procesales, lo cual excluye causales tales como “la protección de la sociedad”, ha sido una constante en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En efecto, la Corte Interamericana aplica – reiteradamente-  dos subreglas convencionales complementarias:

• Para restringir el derecho a la libertad personal a través de medidas como la prisión preventiva deben existir indicios suficientes que permitan suponer razonablemente que la persona sometida a proceso ha participado en el ilícito que se investiga[119]. Sin embargo, “aún verificado este extremo, la privación de libertad del imputado no puede residir en fines preventivo-generales o preventivo-especiales atribuibles a la pena, sino que sólo se puede fundamentar […] en un fin legítimo, a saber: asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia”.[120]; y

• Las características personales del supuesto autor y la gravedad del delito que se le imputa no son, por sí mismos, justificación suficiente de la prisión preventiva[121].

Por su parte, la Comisión Interamericana en el caso Peirano Basso v. Uruguay estableció que:

• El tipo de delito y la severidad de la pena pueden ser tomadas en cuenta como algunos de los elementos al momento de evaluar el riesgo de fuga, pero no como justificación de la prolongación excesiva de la prisión preventiva, toda vez que la privación de libertad durante el proceso sólo puede tener fines cautelares y no retributivos;

 

• En ningún caso se podrá disponer la no liberación del acusado durante el proceso sobre la base de conceptos tales como “alarma social”, “repercusión social” o “peligrosidad”, pues son juicios que se fundamentan en criterios materiales y convierten a la prisión preventiva en una pena anticipada; y

 

• Reiteró que los límites legales a la concesión de la libertad durante el proceso o la imposición legal de la prisión preventiva no pueden ser considerados condiciones iuris et de iure, que no necesiten ser probadas en el caso específico y que sea suficiente su mera alegación. La Convención “no admite que toda una categoría de imputados, por esa sola condición, quede excluida del derecho a permanecer en libertad durante el proceso”.[122]

Así las cosas, en sentido concordante con la jurisprudencia internacional, la Comisión Interamericana entiende que la norma contenida en el artículo 7.5 de la Convención prevé como únicos fundamentos legítimos de la prisión preventiva los riesgos de que el imputado intente eludir el accionar de la justicia o de que intente obstaculizar la investigación judicial. En este sentido, en el texto de su Informe de 2013 sobre la detención preventiva, la CIDH concluyó:

“lo que se pretende por medio de la aplicación de esta medida cautelar es concretamente lograr la efectiva realización del juicio a través de la neutralización de los riesgos procesales que atentan contra ese fin. Por lo tanto, es contrario a esta norma y al derecho a la presunción de inocencia, e incongruente con el principio de interpretación pro homine, el que se justifique la detención previa al juicio en fines preventivos como la peligrosidad del imputado, la posibilidad de que cometa delitos en el futuro o la repercusión social del hecho. No sólo por las razones expuestas, sino porque se apoyan en criterios de derecho penal material, no procesal, propios de la respuesta punitiva.”[123] (negrillas y subrayados agregados).

 

En conclusión: existe una postura constante y uniforme de la CIDH y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que la detención preventiva sólo procede en dos supuestos relacionados con el desarrollo del proceso penal: (i) riesgo de fuga; y (ii) obstaculización de la justicia. En consecuencia, de conformidad con estos estándares internacionales, una causal soportada sobre “la protección de la sociedad” resulta inadmisible.

 

5.7.2 Criterios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad

 

En los términos de la jurisprudencia sentada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además de las existencia de indicios razonables que vinculen al acusado con los hechos investigados y la acreditación de un fin legítimo que justifique la imposición de la detención preventiva, el uso de aquélla se encuentra limitado por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad vigentes en una sociedad democrática[124].

El principio de necesidad implica que: (i) la detención preventiva  “sólo procederá cuando sea el único medio que permita asegurar los fines del proceso”[125], tras demostrarse que otras medidas cautelares menos lesivas resultarían infructuosas a esos fines; y (ii) en atención a su naturaleza cautelar la misma sólo puede estar vigente durante el lapso estrictamente necesario para garantizar el fin procesal propuesto[126].

La aplicación del principio de proporcionalidad en materia de detención preventiva implica que “debe analizarse si el objetivo que se persigue con la aplicación de esta medida restrictiva del derecho a la libertad personal, realmente compensa los sacrificios que la misma comporta para los titulares del derecho y la sociedad”.[127] Al respecto, la Corte Interamericana, en el asunto Barreto Leiva vs. Venezuela (sentencia del 17 de noviembre de 2009) sostuvo lo siguiente:

“Una persona inocente no debe recibir igual o peor trato que una persona condenada. El Estado debe evitar que la medida de coerción procesal sea igual o más gravosa para el imputado que la pena que se espera en caso de condena. Esto quiere decir que no se debe autorizar la privación cautelar de la libertad, en supuestos en los que no sería posible aplicar la pena de prisión, y que aquélla debe cesar cuando se ha excedido la duración razonable de dicha medida. El principio de proporcionalidad implica, además, una relación racional entre la medida cautelar y el fin perseguido, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción.”

En cuanto al principio de razonabilidad, la Corte Interamericana ha establecido que el artículo 7.5 de la Convención “impone límites temporales a la duración de la prisión preventiva y, en consecuencia, a las facultades del Estado para asegurar los fines del proceso mediante esta medida cautelar”[128]. Así, “aun cuando medien razones para mantener a una persona en prisión preventiva, el artículo 7.5 garantiza que aquella sea liberada si el periodo de la detención ha excedido el límite de los razonable”[129]. De allí que de acuerdo con la racionalidad del artículo 7.5, la persona mantenida en prisión preventiva debe ser puesta en libertad desde el momento en que la privación de libertad traspasa los límites del sacrificio que puede imponerse razonablemente a una persona que se presume inocente.[130]

5.7.3 Autoridad competente, proceso decisorio, motivación e indicios

La CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han fijado unos estándares internacionales en relación con la autoridad competente, el proceso decisorio, la motivación y los indicios en materia de decreto de detenciones preventivas.

En relación con la autoridad competente, la jurisprudencia internacional ha sostenido que debe tratarse de un juez. Así por ejemplo, en el asunto Tibi vs. Ecuador[131], la Corte Interamericana sostuvo:

“Este Tribunal estima necesario realizar algunas precisiones sobre este punto. En primer lugar, los términos de la garantía establecida en el artículo 7.5 de la Convención son claros en cuanto a que la persona detenida debe ser llevada sin demora ante un juez o autoridad judicial competente, conforme a los principios de control judicial e inmediación procesal. Esto es esencial para la protección del derecho a la libertad personal y para otorgar protección a otros derechos, como la vida y la integridad personal”.

Los jueces, por su parte, deberían establecer claramente en la resolución que ordena la prisión preventiva cuáles son los límites temporales de la misma[132].

En lo que atañe con el proceso decisorio, la CIDH ha sostenido que “al momento procesal en el que se evalúa la procedencia de la prisión preventiva, es relevante subrayar que en virtud del derecho a la presunción de inocencia el juzgador debe examinar todos los hechos y argumentos a favor o en contra de la existencia de los peligros procesales que justificarían su aplicación o mantenimiento, según sea el caso”[133].

 Más recientemente, y en el mismo sentido, en su Informe de 2013 sobre el tema de la detención preventiva, la CIDH afirmó:

“De ahí la importancia de que los actores involucrados en este proceso decisorio cuenten con la adecuada información probatoria acerca de los riesgos procesales y presupuestos legales que van a ser evaluados, para lo cual se deben desarrollar sistemas de información y verificación de la información previa al juicio. En este sentido, los llamados servicios de evaluación y supervisión previos al juicio u oficinas de medidas alternativas y sustitutivas han demostrado ser una buena práctica”.

Y agrega la CIDH:

“180. La celebración de una audiencia previa sobre la procedencia de la prisión preventiva, además de garantizar el principio de inmediación, permite, entre otras cosas, que la persona imputada y su defensa conozcan con antelación los argumentos a partir de los cuales se infiere el riesgo de fuga o de interferencia con las investigaciones”. (negrillas y subrayados agregados).

En lo que respecta a la motivación de la decisión y la existencia de indicios suficientes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez v. Ecuador, estableció específicamente que toda decisión por medio de la cual se restrinja el derecho a la libertad personal por medio de la aplicación de la prisión preventiva deberá contener una motivación suficiente que permita evaluar si tal detención se ajusta a las condiciones necesarias para su aplicación (indicios razonables que vinculen al acusado, fines legítimos, aplicación excepcional, y criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad).[134]

En cuando a la calidad de la evidencia o base que se requiere para poner a una persona en prisión preventiva, la Corte Interamericana ha establecido que “deben existir indicios suficientes que permitan suponer razonablemente que la persona sometida a proceso haya participado en el ilícito que se investiga”. Y partiendo del criterio esbozado por la Corte Europea de la existencia de “sospechas razonables” fundadas en hechos o información “capaces de persuadir a un observador objetivo de que el encausado puede haber cometido una infracción”, la Corte Interamericana determinó que tal sospecha, “tiene que estar fundada en hechos específicos y articulados con palabras, esto es, no en meras conjeturas o intuiciones abstractas”.[135]

5.7.4. Control judicial, recursos y revisión periódica de los fines de la detención preventiva

La jurisprudencia interamericana ha sido constante en señalar que cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio de un recurso judicial, “el análisis de la autoridad competente no puede reducirse a una mera formalidad, sino que debe examinar las razones invocadas por el demandante y manifestarse expresamente sobre ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos por la Convención Americana”.[136] Además, las autoridades judiciales nacionales deben asegurar que el periodo de detención preventiva en el que se mantiene a un acusado no exceda de un plazo razonable.[137]

Adicionalmente, la CIDH, siguiendo los estándares fijados en la materia por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, considera que el juzgador deberá expresar las circunstancias concretas de la causa que permitan presumir, fundadamente, que persiste el riesgo de fuga o enunciar las medidas probatorias pendientes de recaudar y su imposibilidad de producirlas con el imputado en libertad. Este deber encuentra fundamento en la necesidad de que el Estado renueve su interés en mantener la prisión preventiva con base en fundamentos actuales. Este requisito “no se cumple cuando las autoridades judiciales rechazan sistemáticamente las solicitudes de revisión limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga, u otras normas que de una forma u otra establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si el Estado no demuestra que la detención preventiva de una persona sigue siendo razonable y necesaria para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma, aunque haya sido decretada de acuerdo con la ley, deviene en arbitraria”[138].

5.8 Conclusiones sobre los estándares interamericanos en materia de detención preventiva

La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los pronunciamientos de la CIDH han contribuido a delinear los contornos de los estándares interamericanos en materia de aplicación de la figura de la detención preventiva. Lo anterior, ha tenido lugar en un contexto de abuso en estas medidas en los países de la región, tal y como lo denunció en 2013 la CIDH en su “Informe sobre la prisión preventiva en las Américas”:

“Como se desarrolla en este informe, el uso excesivo de la prisión preventiva es un problema complejo producido por causas de distinta naturaleza: cuestiones de diseño legal, deficiencias estructurales de los sistemas de administración de justicia, amenazas a la independencia judicial, tendencias arraigadas en la cultura y práctica judicial, entre otras.

Al mismo tiempo, el uso no excepcional de esta medida contribuye a agravar otros problemas ya existentes en la región, como los altos niveles de hacinamiento penitenciario, lo que genera una situación de hecho en la que se ven vulnerados otros derechos fundamentales de los reclusos, como el derecho a la integridad personal. En la absoluta mayoría de los países de la región las personas en prisión preventiva están expuestas a las mismas condiciones que las personas condenadas, y en ocasiones a un trato peor que éstas. Las personas en prisión preventiva sufren grandes tensiones personales como resultado de la pérdida de ingresos, y de la separación forzada de su familia y comunidad; además padecen el impacto psicológico y emocional del hecho mismo de estar privados de libertad sin haber sido condenados, y por lo general son expuestos al entorno de violencia, corrupción, insalubridad y condiciones inhumanas presentes las cárceles de la región. Incluso los índices de suicidios cometidos en prisiones son mayores entre los presos en prisión preventiva. De ahí la especial gravedad que reviste esta medida y la necesidad de rodear su aplicación de las máximas garantías jurídicas”. (negrillas y subrayados agregados).

En relación con los estándares internacionales vigentes en materia de detención preventiva, en el mismo informe la CIDH afirma que “desde hace más de dos décadas los órganos del Sistema Interamericano han interpretado y aplicado estas normas, estableciendo que de las mismas se desprenden, en síntesis, los siguientes estándares”:

“(i) La detención preventiva debe ser la excepción y no la regla; (ii) los fines legítimos y permisibles de la detención preventiva deben tener carácter procesal, tales como evitar el peligro de fuga o la obstaculización del proceso; (iii) consecuentemente, la existencia de indicios de responsabilidad no constituye razón suficiente para decretar la detención preventiva de una persona; (iv) aún existiendo fines procesales, se requiere que la detención preventiva sea absolutamente necesaria y proporcional, en el sentido de que no existan otros medios menos gravosos para lograr el fin procesal que se persigue y que no se afecte desproporcionadamente la libertad personal; (v) todos los aspectos anteriores requieren una motivación individualizada que no puede tener como sustento presunciones; (vi) la detención preventiva debe decretarse por el tiempo estrictamente necesario para cumplir el fin procesal, lo que implica una revisión periódica de los elementos que dieron lugar a su procedencia; (vii) el mantenimiento de la detención preventiva por un plazo irrazonable equivale a adelantar la pena; y (vii) en el caso de niños, niñas y adolescentes los criterios de procedencia de la detención preventiva deben aplicarse con mayor rigurosidad, procurándose un mayor uso de otras medidas cautelares o el juzgamiento en libertad; y cuando sea procedente deberá aplicarse durante el plazo más breve posible”. (negrillas y subrayados agregados)

En definitiva, y para la resolución del caso concreto, lo importante es que el estándar internacional en materia de fines detención preventiva son sólo dos: evitar el peligro de fuga  o la obstaculización del proceso, es decir, únicamente con propósitos procesales, más no de prevención del delito o de “protección de la comunidad”.

6. Necesidad de ajustar la jurisprudencia constitucional a los estándares internacionales vigentes en materia de detención preventiva.

Un estudio comparativo entre la jurisprudencia constitucional y los estándares internacionales fijados por la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con la detención preventiva, evidencia la existencia de un elevado grado de sincronía. Lo anterior se pone de presente, por ejemplo, en el acatamiento de principios tales como: (i) carácter excepcional de la detención preventiva; (ii) reserva legal del diseño de la medida de aseguramiento; (iii) reserva judicial para el decreto de la detención preventiva; (iv) necesidad de indicios suficientes sobre la responsabilidad del procesado en la comisión de la conducta punible; (v) ejercicio del derecho del procesado; (vi) principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad de la medida; y (vii) existencia de causales legales previas que determinen cuándo procede la detención preventiva.

En el tema de las causales de procedencia de la detención preventiva, se presenta una ligera desarmonía entre la jurisprudencia constitucional y los estándares internacionales vigentes en la materia.

Como se ha explicado, la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de manera constante, han sostenido por años que la detención preventiva sólo procede por causales procesales, más concretamente: riesgo de fuga y obstaculización de la justicia.

La Corte Constitucional, por el contrario, ha considerado que la “protección de la comunidad” también es una causal válida para el decreto de una medida de aseguramiento de detención preventiva. Sobre el particular, en fallo C-1154 de 2005, esta Corporación sostuvo lo siguiente:

“Igualmente, la protección de la comunidad en aras de impedir la continuación de la actividad delictual, puede concebirse como fin propio de la detención preventiva a partir de la consideración del mandato del artículo 1º de la Constitución, según el cual, el Estado colombiano se encuentra fundado en “la prevalencia del interés general”, cuyo desarrollo explica el precepto consagrado en el artículo 2º de la Constitución Política, por el cual, es fin esencial del Estado, “asegurar la convivencia pacífica” de la comunidad, no obstante, esta atribución debe actuar en concordancia con el principio de la dignidad humana, y por lo tanto, para no lesionar las garantías fundamentales del sindicado, el ejercicio de esta atribución impone la necesidad de investigar lo favorable como desfavorable al acusado”. (negrillas agregadas)

Posteriormente, en Sentencia C-390 de 2014, siguiendo los precedentes sentados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte afirmó lo siguiente:

“Al respecto es importante reiterar en este punto, que la privación de libertad del procesado no puede residir en fines preventivo-generales o preventivo-especiales atribuibles a la pena, sino que sólo se puede fundamentar en un fin legítimo.”[139]

Sin embargo, en Sentencia C-231 de 2016, la Corte declaró exequible la expresión “el futuro” contemplada en el parágrafo del artículo 2º de la Ley 1760 de 2015, “por los cargos analizados en la presente sentencia”, es decir, un segmento normativo presente en el artículo 308 de la Ley 906 de 2004.

Una de las principales razones para encontrar ajustada a la Constitución la expresión demandada fue que, del análisis de cada una de las finalidades de las medidas de aseguramiento contempladas en el Código de Procedimiento Penal, concluyó que ninguna de ellas se aplica para sancionar una situación ocurrida en el pasado, sino para evitar que valoradas las condiciones actuales del proceso se presente una situación en el futuro, como cuando se valora si la persona constituye un peligro para la sociedad, la posible obstrucción al debido ejercicio de la justicia, la no comparecencia del imputado al proceso o el no cumplimiento de la sentencia.

Así las cosas, la Corte estima necesario ajustar su jurisprudencia a los estándares internacionales vigentes en materia de detención preventiva, y en consecuencia, considerar que el examen sobre la libertad del individuo representa un peligro para la sociedad, no puede ser una causal para decretar dicha medida.

9. El ejercicio del control de convencionalidad difuso por parte de la Corte Constitucional en materia de causales de procedencia de la detención preventiva

El control de convencionalidad es aquel que se ejerce para verificar la conformidad de una determinada disposición constitucional, legal o reglamentaria de un Estado con los principios y obligaciones que derivan del corpus iuris interamericano. Se trata, en consecuencia, de un control de carácter normativo y no fáctico. Se extiende a las interpretaciones que adelantan los jueces internos, sean constitucionales u ordinarios, e incluso, la administración pública.[140]

En lo que respecta a las modalidades de control de convencionalidad, la Corte señala la existencia de dos: una primera, que podríamos denominar control de convencionalidad en su dimensión internacional, “en sede internacional” o “concentrado”, ejercido únicamente por CteIDH; una segunda, conocida como “control difuso de convencionalidad”[141] o “en sede nacional”, a cargo de todas las autoridades judiciales nacionales, incluidos los Tribunales Constitucionales.

El control de convencionalidad, en su dimensión nacional, fue acogido expresamente por la CteIDH en el asunto Almonacid Arellano y otros vs. Chile, del 26 de septiembre de 2006[142], aunque ya se hacía alusión al mismo en algunos votos individuales anteriores[143], e igualmente, se había aplicado al momento de resolver excepciones preliminares. Así, en la providencia del 4 de febrero de 2000, en el asunto Las Palmeras vs. Colombia, la CteIDH afirmó lo siguiente:

 

“La Corte es asimismo competente para decidir si cualquier norma del derecho interno o internacional aplicada por un Estado, en tiempos de paz o de conflicto armado, es compatible o no con la Convención Americana.  En esta actividad la Corte no tiene ningún límite normativo: toda norma jurídica es susceptible de ser sometida a este examen de compatibilidad”[144].

 

Posteriormente, en el mencionado fallo Almonacid Arellano, la CteIDH afirmó lo siguiente:

 

“124. La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.” (negrillas agregadas).

 

En el asunto trabajadores censados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú, del 24 de noviembre de 2006, precisó que (i) el control de convencionalidad difuso procede de oficio y (ii) los jueces internos que adelantan el control de constitucionalidad deben igualmente llevar a cabo el control de convencionalidad, dentro del marco de sus respectivas competencias[145]. 

A su vez, en el asunto Heliodoro Portugal vs. Panamá, fallado el 12 de agosto de 2008[146], la CteIDH precisó que: (i) existe una norma consuetudinaria, recogida en el artículo 2 de la CADH, que prescribe que los Estados deben introducir reformas en su derecho interno, con el fin de cumplir con sus obligaciones internacionales; (ii) tal deber comporta la supresión de normas y prácticas internas que desconozcan el tratado internacional y, al mismo tiempo, la expedición de disposiciones que garanticen la protección de los derechos consagrados en el tratado internacional; y (iii) el control de convencionalidad, ejercido por todos los jueces internos, apunta al cumplimiento de tales obligaciones internacionales.

La CteIDH, en el asunto Cabrera García y Montiel Flores vs. México de 26 de noviembre de 2010[147],  precisó que (i)  todos los órganos del Estado, incluidos sus jueces, deben velar por el cumplimiento de la CADH; (ii) todos los jueces “en todos los niveles” están en la obligación de ejercer de oficio el control de convencionalidad entre las normas internas y la CADH, incluida la interpretación que de ésta haya realizado la CteIDH, dentro del marco de sus respectivas competencias y procedimientos pertinentes

Así las cosas, existe una jurisprudencia constante de la CteIDH en el sentido de que la totalidad de los jueces de los Estados Partes en la CADH, incluidos los tribunales constitucionales[148], con fundamento en la obligación de proteger y respetar los derechos humanos, deben ejercer un control de convencionalidad difuso, mediante el cual aseguren la primacía del corpus iuris interamericano sobre el derecho interno.

 

Por otra parte, la CteIDH ejerce un control de convencionalidad concentrado sobre la normatividad de los Estados Partes, el cual comprende las omisiones legislativas. Aquél presenta las siguientes características:

• Se surte con motivo de la resolución de un caso concreto. No se trata de un control abstracto sobre las leyes. Se precisa entonces que la normatividad haya sido aplicada en un asunto específico sometido a conocimiento de la CteIDH[149].

• Su empleo es cada vez más frecuente por parte de la CteIDH. En efecto, el control de convencionalidad se ha empleado en temas tan diversos como las leyes de autoamnistía, los Códigos Penales Militares y las leyes sobre criminalización de las opiniones, entre otros.

• Es excepcional: se ha adelantado, hasta la fecha, en pocas ocasiones, orientado principalmente a invalidar leyes de autoamnistía, lo cual no significa que no sea importante y que no planté agudas controversias.

• Ofrece diversos grados de intensidad: cuando se trata de normas con rango constitucional, se invita al Estado a modificarlas[150]; tratándose de leyes se ha decidido (i) declarar que carece de “efectos jurídicos”[151], es decir,  se considera invalida[152]; (ii) se ordena modificarla[153]; o (iii) se conmina al Estado a legislar sobre un tema específico[154]. De hecho, en algunos casos la CteIDH ha estimado que no es necesario modificar la Constitución, sino que basta con reforma cierta legislación.[155]

• No siempre se ha declarado que la norma interna viola el tratado internacional; por el contrario, se estima que los Estados cuentan con un margen de configuración normativa más o menos amplio para regular un tema (vgr. sistema electoral[156], proceso penal, etc.)

• Al momento de ejercerlo se aplica un test de proporcionalidad[157].

• Mediante autos la CteIDH vela por el cumplimiento de su decisión.

 

En cuanto al parámetro que sirve para realizar el control de convencionalidad, la CteIDH ha sostenido que no se trata solamente del texto de la CADH, sino que incluye “la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana”[158], en tanto que “intérprete última de la Convención Americana”. Aunado a lo anterior, los votos individuales de algunos jueces[159] apuntan ampliar tal parámetro del control de convencionalidad hacia otros instrumentos internacionales que hacen parte del “corpus iuris interamericano”, tales como  el Protocolo de San Salvador, el Protocolo relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, la Convención para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención de Belém do Pará para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, la Convención sobre Desaparición Forzada, entre otros.

 

Así las cosas, mediante el ejercicio de su control de convencionalidad, en su modalidad de concentrado, la CteIDH confronta el contenido de actos normativos internos, y la jurisprudencia misma de los jueces domésticos, no sólo con el texto de la CADH sino además con su propia jurisprudencia. A su vez, en los términos en que ha sido entendido el control de convencionalidad difuso, la CteIDH exige a todos los jueces internos, incluidos los constitucionales, que apliquen de preferencia el texto de la CADH y la jurisprudencia interamericana.

 

Los efectos del control de convencionalidad dependerán de si se trata de un control difuso o concentrado.

 

Así pues, cuando los jueces internos llevan a cabo el control de convencionalidad lo hacen dentro del contexto del principio de subsidiariedad, el cual regula el reparto de competencias entre la justicia interna y la internacional. De tal suerte que, en principio, cuando los jueces nacionales aplican debidamente el texto de la CADH y la jurisprudencia internacional, están evitando que los casos lleguen a conocimiento del sistema americano de protección de los derechos humanos.

 

De igual manera, los efectos jurídicos que genera el ejercicio del control de convencionalidad difuso dependerán de cada caso concreto y de la vía procesal de que se trate. En efecto, recordemos que aquél puede llevarse a cabo en el ámbito del control de constitucionalidad o en el curso de un proceso ordinario.

 

Conviene asimismo aclarar que la CteIDH ha entendido que el ejercicio del control de constitucionalidad sobre una determinada ley, incluso por un Tribunal o Corte Suprema, no inhibe su competencia, por cuanto no le corresponde examinar la validez de una ley con el ordenamiento constitucional de un Estado, sino confrontar aquélla con la CADH[160]. Incluso en los casos en los cuales un Estado demandado ha planteado como excepción preliminar que sus jueces ejercieron el control de convencionalidad difuso, la CteIDH ha considerado que conserva competencia para examinar, en el fallo de fondo, si tales sentencias son conformes con la CADH y su jurisprudencia, lo cual no implica desconocer la prohibición de actuar como una “cuarta instancia”[161].

En este orden de ideas, la Corte Constitucional, actuando como la guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución, y en ejercicio del control difuso de convencionalidad, declarará inexequible, la expresión “de la sociedad o”, del numeral 2º del artículo 308 de la Ley 906 de 2004, por el cargo analizado, e inexequible el artículo 310 de la Ley 906 de 2004.

Por todos los anteriores argumentos, la Corte debió declarar inexequible la expresión “de la sociedad o”, del numeral 2º del artículo 308 de la Ley 906 de 2004 y el artículo 310 de la Ley 906 de 2004.

Fecha ut supra,

ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado

 

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