RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

Que conforme a lo dispuesto por el artículo 331 de la ley 4a. de 1913, las administraciones departamentales pueden ser asesoradas por juntas o comisiones patrióticas en ramos especiales, que dentro de las regulaciones administrativas colombianas tienen carácter consultor o asesor y en ningún caso atribuciones decisorias, pues esas últimas corresponden a los gobernadores, según lo dispuesto en las normas antes citadas;

Que a pesar de lo anterior, en varias ocasiones se ha dado, aun por las asambleas departamentales, una interpretación diferente a las disposiciones aludidas, lo que hizo necesaria la expedición del decreto 604 de 1933, cuyo artículo 3o. definió que las juntas asesoras dichas no pueden ejercer funciones que corresponden a las facultades administrativas del gobierno;

Que sin embargo, continúan presentándose situaciones originadas en actos de las asambleas o de las juntas asesoras a que se refieren los considerandos anteriores o en simples determinaciones de los ciudadanos que las componen, que vulneran las atribuciones constitucionales y legales de los gobernadores y perjudican la buena marcha de la administración,

Artículo 1o.- La atribución que el artículo 127 de la ley 4a. de 1913 otorga a los gobernadores, de dirigir la acción administrativa en los departamentos, consiste fundamentalmente en fijar los derroteros de la administración en todos sus aspectos para la eficaz prestación de los servicios a cargo de esta y en dictar las medidas que aseguren el logro de sus fines tales como señalar la política y aprobar o autorizar los actos de las dependencias que operen con carácter industrial o comercial y nombrar y remover libremente los empleados de los distintos servicios y oficinas departamentales.

Artículo 2o.- Las juntas auxiliares de carácter departamental, de que trata el artículo 331 de la ley 4a. de 1913, únicamente podrán ejercer funciones de asesoría y solo podrán servir como organismos consultores de la administración respectiva, de acuerdo a la reglamentación que dicten los gobernadores.

Artículo 3o.- Los gobernadores podrán dictar las disposiciones e impartir las órdenes que consideren necesarias, incluso modificar los actos emanados de las juntas asesoras, todo para el debido cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto.

Artículo 4o.- Este decreto rige a partir de la fecha de su expedición.