La Corte Constitucional, hace análisis en la obligatoriedad del análisis de impacto fiscal para los proyectos de ley que aprueban tratados internacionales, según el artículo 7 de la Ley 819 de 2003. La Corte reitera y aplica las reglas de su jurisprudencia anterior (especialmente la Sentencia C-170 de 2021 y C-126 de 2023), que establecen dos presupuestos para que este análisis sea exigible: 1. Factor Temporal: El proyecto de ley aprobatoria del tratado debe haberse radicado en el Congreso de la República después del 30 de julio de 2021; 2. Factor Material: El tratado debe contener una orden de gasto o conceder un beneficio tributario. En el caso específico del Convenio con Costa Rica sobre asistencia judicial en materia penal, la Corte determinó que, aunque no se configuraba una "orden de gasto" imperativa e inmediata (elemento gramatical y funcional), sí existía un beneficio tributario en el artículo 10.5 que establecía que las devoluciones de objetos y documentos estarían "libres de impuestos".
 

La Corte Constitucional en su Sala Plena reiteró que el análisis de impacto fiscal es una obligación orgánica de naturaleza procesal-deliberativa (no sustantiva) que persigue cuatro finalidades constitucionales: salvaguardar la estabilidad macroeconómica, ordenar las finanzas públicas, fortalecer la transparencia y control ciudadano en el trámite legislativo y garantizar la aplicación efectiva de las leyes. Para garantizar estas finalidades, el artículo 7º de la Ley 819 de 2003 impone deberes específicos al Gobierno Nacional, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Congreso de la República.