La Corte Constitucional precisa que, las normas que ordenan gasto imponen un mandato imperativo al Estado para destinar recursos específicos a una finalidad determinada, constituyendo un título jurídico suficiente para su inclusión en la Ley de Presupuesto. En cambio, las disposiciones que prevén una reducción de ingresos, como la eliminación o disminución de impuestos, también deben ser evaluadas en términos de su impacto fiscal. La Corte Constitucional ha establecido que este tipo de normas requieren un análisis detallado que asegure su sostenibilidad y evite desajustes en las finanzas públicas. En este sentido, cualquier disposición que implique una obligación de gasto o una disminución de ingresos debe incluir en su formulación mecanismos de compensación financiera.