La Corte Constitucional analiza el incumplimiento del Estado en la implementación del PNIS, una estrategia central del Acuerdo de Paz de 2016 que busca sustituir los cultivos ilícitos de manera voluntaria y con acompañamiento institucional. Se evidencia que muchas comunidades firmaron acuerdos para erradicar voluntariamente los cultivos ilícitos a cambio de asistencia técnica y económica, pero el Estado ha fallado en la entrega de estos beneficios, generando desconfianza y revictimización de los campesinos. La sentencia enfatiza que este incumplimiento no solo vulnera derechos fundamentales, sino que también pone en riesgo la sostenibilidad del proceso de paz, pues la falta de apoyo estatal ha llevado a muchas familias a reanudar la producción de cultivos ilícitos como única alternativa económica.