La Corte Constitucional analiza que, en la situación del menor, el carácter excepcional de las medidas de protección que impliquen la separación de los niños de sus progenitores es un argumento que la Corte toma en cuenta con gran seriedad. La jurisprudencia establece que tales medidas deben ser el último recurso y aplicarse solamente en situaciones que demuestren claramente que el menor está en riesgo. La falta de consulta y la no consideración de las opiniones de la madre y del niño en el proceso administrativo anterior evidencian un grave defecto en el manejo del caso, lo que lleva a la conclusiones de que las entidades actuantes no cumplieron con los estándares requeridos para una protección adecuada y razonable. Este resquebrajamiento del principio de excepcionalidad en la separación resulta en una violación a los derechos del menor, cuya estabilidad y desarrollo emocional deben ser protegidos por el Estado y sus instituciones.
 

La Corte Constitucional destaca que toda interpretación del fallo de la Corte IDH debe respetar el marco normativo nacional y las competencias de las instancias judiciales internas. La decisión de la Corte Constitucional reafirma que la protección de derechos fundamentales mediante acciones como la tutela debe garantizarse sin restricciones indebidas, y que la declaración de cosa juzgada internacional debe hacerse con precisión y contexto, para no limitar indebidamente los derechos de las víctimas. La sentencia condena la interpretación que restringe excesivamente la responsabilidad del Estado y considera fundamental que las decisiones nacionales reafirmen la posibilidad de buscar reparaciones económicas en la jurisdicción interna, complementando las órdenes internacionales.