La Corte Constitucional propone la adopción de medidas provisionales en relación con el caso del menor reflejando un intento por equilibrar los derechos de todos los involucrados, especialmente en lo que concierne a la necesidad de mantener la unidad familiar, salvo que existan pruebas contundentes de situaciones adversas. La Corte enfatiza que la remisión del niño a un hogar sustituto solo debe llevarse a cabo con autorización judicial, a fin de evitar una mayor desestabilización emocional y asegurar que el interés del menor sea primordial en la toma de decisiones. De esta manera, se resalta la importancia del rol del juez de familia en realizar un control completamente exhaustivo de la situación, para garantizar que las interacciones entre el niño y su madre sean siempre promovidas en la medida de lo posible, reflejando una administración de justicia que antepone el bienestar del menor por encima de todo.