Establece los lineamientos para la protección efectiva de los derechos de los defensores y defensoras de derechos humanos, y sus organizaciones, integrantes de los movimientos sociales, movimientos políticos, y lideresas y lideres políticos y sociales, y sus organizaciones, y a los que en esta condición participen activamente en la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
 

Adopta y crea las Iniciativas de Seguridad y Soberanía Alimentaria - ISSA de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas-UAEGRTD para el cumplimiento de órdenes judiciales emitidas por jueces y magistrados de Restitución de Tierras y Derechos Étnico-Territoriales y/o en el marco de las órdenes expedidas por la Jurisdicción Especial para la Paz en la implementación de sanciones propias que imponga dicha jurisdicción, así como establecer los criterios generales para su ejecución.
 

Imparte criterios sobre la aplicación de la Ley 2069 de 2020, reglamentada por el Decreto 1860 de 2021, y el Decreto 142 de 2023 para promover el acceso de los firmantes del Acuerdo Final de Paz, población en proceso de reintegración o reincorporación y miembros o exmiembros de la fuerza pública comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), al sistema de compras y contratación pública.
 

Adiciona el Capítulo 6 al Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1070 de 2015, "Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa", en lo que respecta a la reglamentación del artículo 14 de la Ley 2272 de 2022 concerniente a la creación del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas por un plazo de 12 meses, prorrogable por igual término, contados a partir de la expedición de este decreto.
 

Modifica los artículos 2.3.2.1.2.6, 2.3.2.1.4.11, 2.3.2.1.4.12, 2.3.2.1.4.15, 2.3.2.1.4.20 y 2.3.2.1.4.21; se sustituyen los artículos 2.3.2.1.4.13, 2.3.2.1.4.14, у 2.3.2.1.4.16; y se adiciona el artículo 2.3.2.1.4.24 del Decreto 1081 de 2015 ya que se hace necesario ajustar y armonizar los beneficios económicos del proceso de reintegración, establecidos en el Decreto 1081 de 2015, acorde con la Política de Reintegración social y económica que implementa la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), así como, al contexto, avance y protección del proceso de reintegración con miras al fortalecimiento de la oferta institucional.