La Corte Constitucional, define el abandono social como la situación en la que una persona vulnerable (por edad, discapacidad o salud) no puede asegurar su subsistencia y bienestar, y carece del apoyo familiar, estatal y social necesario. En este contexto, la Corte enfatiza la corresponsabilidad, un principio que distribuye la obligación de cuidado entre la familia, el Estado y la sociedad: 1. Responsabilidad Familiar: La familia tiene una responsabilidad inicial y primordial en el cuidado de sus miembros. Sin embargo, este deber no es absoluto. La Corte reconoce que, cuando las exigencias de cuidado son excesivas y la familia carece de los medios económicos, físicos o emocionales para asumirlas, el Estado debe intervenir. 2. Responsabilidad Estatal: Se considera que el abandono social también puede ser una falla del Estado. La omisión del Estado, la falta de políticas públicas efectivas y la descoordinación entre entidades contribuyen a esta situación. La Corte subraya que el Estado debe actuar de manera inmediata y subsidiaria cuando la familia no puede cumplir con su rol.
 

Promoción de los mecanismos alternativos de solución de conflictos (MASC) en las entidades y organismos del Distrito Capital.
 

Delega la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia en los Inspectores De Policía / Corregidores el cobro coactivo: Determinación del Debido Cobrar: Se asigna a los Inspectores de Convivencia y Paz y Corregidores Distritales la competencia para identificar las acreencias pendientes, validar la exigibilidad y proferir el título ejecutivo necesario para el cobro coactivo de multas. art. 210
 

Crea, formula e implementa de medidas de política pública para la lucha contra el hambre, y la inseguridad alimentaria, en el marco del Derecho Humano a la Alimentación y Nutrición Adecuada, la soberanía alimentaria y la participación efectiva de los titulares de derechos, así como el establecimiento de medidas complementarias a las previstas en el Acto Legislativo 01 de 2025, la Ley 2380 de 2024 y la Ley 1990 de 2019 para incentivar la donación de alimentos del país.
 

Efectúa un traslado en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la Veeduría Distrital para la vigencia fiscal 2025, por la suma de $101.998.696 del Presupuesto de Funcionamiento de la entidad, en créditos y contracréditos.
 

La Corte Constitucional tuteló los derechos de una persona no binaria que fue obligada a registrarse como mujer para obtener su libreta militar. Como reparación ante este daño consumado, la Corte ordenó al Ejército ofrecer disculpas, actualizar el marcador de la accionante a "NB" y adecuar tecnológicamente sus sistemas con la Registraduría. Finalmente, la Sala reiteró el exhorto al Congreso de la República para que regule los trámites y obligaciones que dependen del género de los ciudadanos.
 

La Corte Constitucional analiza el abandono como un fenómeno social complejo que compromete los derechos al cuidado y a la protección y asistencia social integral, y que exige la corresponsabilidad del Estado, la sociedad, y la familia.
 

Actos administrativos publicados en el Registro Distrital No. 8652 del 2 de septiembre de 2026.