Insta a proteger los recursos inembargables de la salud para garantizar el acceso continuo a los servicios médicos de todos los ciudadanos. Ordena a los jueces y entidades financieras frenar los embargos irregulares, exigiendo aplicar las excepciones legales únicamente bajo una estricta justificación jurídica. Prohíbe además, de manera expresa, que los hospitales públicos utilicen procesos de cobro coactivo contra las EPS para reclamar el pago de facturas.