En repetidas oportunidades esta Corporación ha dicho que la contaminación auditiva puede constituir una intromisión indebida en el espacio privado de las personas, y que, por contera, implica generalmente la transgresión de los derechos a la intimidad personal y familiar, a la paz y a la tranquilidad, sin perjuicio de los daños que aquélla pueda ocasionar a la salud o a la calidad de vida.
 

Las principales fuentes de contaminación acústica, según la OMS, incluyen las carreteras, el ferrocarril, el tránsito aéreo, las industrias, la construcción de obras públicas, entre otras, siendo particularmente vulnerables las personas con discapacidad auditiva o con determinadas enfermedades o problemas médicos (por ejemplo presión arterial alta), las que se encuentran en hospitales o en rehabilitación en el hogar, las que ocupan tareas cognitivas complejas, los ancianos, los niños en el proceso de aprendizaje del lenguaje y los fetos.
 

En la sentencia se planteó la problemática de la contaminación auditiva que se presenta en el Departamento Insular generada por el uso de autoparlantes - pick ups, se da cuenta de las medidas ineficaces que han adoptado las entidades demandadas para controlar la problemática y se solicita el amparo de los derechos colectivos al medio ambiente sano, seguridad, salubridad pública y protección de zonas de especial importancia ecológica. Este último derecho no fue solicitado su amparo en el proceso de la referencia. Las pretensiones de la demanda fueron encaminadas a la adopción de medidas que garanticen el cumplimiento de la normatividad en materia de ruido con la finalidad de erradicar la problemática en el territorio insular. En esa medida la providencia proferida concedió el amparo de los derechos colectivos invocados y ordenó la adopción de medidas a cada una de las entidades demandadas conforme al ámbito de sus competencias, además de disponer la realización de campañas educativas para mitigar la problemática del ruido en el territorio insular, de esta manera se evidencia que el análisis de la problemática de la contaminación auditiva no fue enfocado en un sector determinado, sino que su análisis fue respecto al territorio insular  isla de San Andrés - .
 

Debe implementar medidas de aislamiento acústico (insonorización) para cumplir con los estándares de emisión de ruido y evitar la contaminación acústica los establecimientos con expendio de licor [Art. 104].