La Sala Plena de la Corte considera que la obligación en cabeza del revisor fiscal no implica la vulneración del debido proceso. En efecto, el deber que le asiste, no significa la imputación de delitos, sino la puesta en conocimiento por parte de las autoridades, quienes serán las que, con sujeción a los principios constitucionales adelantarán las investigaciones que consideren necesarias. Una interpretación en contrario, significaría que ningún ciudadano podría poner en conocimiento de las autoridades la comisión de ninguna conducta.
 

Adopta disposiciones tendientes a prevenir los actos de corrupción, a reforzar la articulación y coordinación de las entidades del Estado y a recuperar los daños ocasionados por dichos actos con el fin de asegurar y promover la cultura de la legalidad e integridad y recuperar la confianza ciudadana y el respeto por lo público..
 

Define los riesgos asociados a Lavado de Activos (LA), Financiación del Terrorismo (FT), Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP-FPADM), Corrupción (C), Financiero (F) y Soborno Transnacional (ST); identifica las conductas riesgosas que encuadran en los tipos penales establecidos en la Ley 599 de 2000; acoge las líneas de defensa que permitan prevenir, mitigar o controlar los riesgos; y establecer la política de alertas de irregularidades y los incentivos no pecuniarios, en el marco del Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., en los términos del Decreto Distrital 479 de 2024.