Aclara que si una entidad cuya contratación se rige por el derecho privado, suscribe un contrato de fiducia mercantil regulado por las normas del Código de Comercio, no podría ceder su posición de contratante o de fideicomitente a una entidad que no se rige en su contratación por las normas del derecho privado, sino por las normas de la Ley 80 de 1993. Por consiguiente, un establecimiento público del orden distrital, no puede constituirse como fideicomitante aportante en un contrato de fiducia mercantil en los casos en que no exista normatividad habilitante para dicho fin.
 

Adiciona el Decreto número 2555 de 2010 en lo relacionado con las normas aplicables a los negocios fiduciarios con el propósito de que sea un incentivo para que las sociedades fiduciarias puedan a través del servicio fiduciario ejercer su actividad autorizada bajo estándares adecuados para los participantes del negocio fiduciario.