Conceptúa que no existe inhabilidad o impedimento para que un Congresista que culmina su periodo constitucional el 20 de julio de 2014 pueda vincularse laboralmente en un empleo de libre nombramiento y remoción en la Unidad de Trabajo legislativo de otro Congresista después de esa fecha, y recuerda que las inhabilidades deben estar consagradas en forma expresa y clara en el Estatuto General que rige la función pública y son taxativas y de interpretación restrictiva.
 

La Sala Especial de Decisión de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado concluye que no está configurada la causal de pérdida de investidura por violación al régimen de incompatibilidades, comoquiera que la participación de los congresistas en los organismos directivos de los partidos o movimientos políticos que hayan obtenido personería jurídica de acuerdo con la ley constituye una excepción al régimen de incompatibilidades y las actividades endilgadas por la solicitante como constitutivas de incompatibilidad son propias del ejercicio de un organismo directivo, esto es, del presidente de un partido político.
 

La Corte insiste que revocó el fallo de tutela de instancia y negó el amparo solicitado contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, la cual había declarado la nulidad de la elección del alcalde de Villeta (2024-2027) por incurrir en la inhabilidad contemplada en el numeral 3 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 (modificado por la Ley 617 de 2000), referente a la celebración de contratos estatales dentro del año anterior a la elección. La Corte concluyó que la autoridad accionada no incurrió en defecto sustantivo ni fáctico, e unificó su jurisprudencia al establecer que el elemento subjetivo "interés" en dicha causal se satisface objetivamente con la mera acreditación de un interés propio o de terceros (patrimonial o extrapatrimonial) en la celebración del contrato estatal dentro de la respectiva circunscripción.