Da cumplimiento a los puntos resolutivos 25 y 38 de la Sentencia "Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para atender dichos requerimientos se establecen los elementos básicos para el funcionamiento de la Comisión para la constatación de la identidad y/o parentesco de las victimas listadas en los Anexos II y III de la referida sentencia y se definen las entidades encargadas de disponer y ejecutar los recursos para el cumplimiento de dichas órdenes.
 

La Corte Constitucional en su análisis concluye que la interpretación restringida y descontextualizada por parte de la autoridad judicial accionada respecto del fallo de la Corte IDH fue equivocada, pues se basó en una visión incompleta del alcance del pronunciamiento internacional. La sentencia aclara que la decisión de la Corte IDH reconoce la responsabilidad del Estado en términos amplios, pero también deja expresamente claro que en el ámbito interno puede abordarse la responsabilidad por daños económicos y materiales, además de las medidas colectivas ordenadas. La correcta interpretación del fallo internacional permite que las víctimas puedan buscar la reparación integral, incluso en ámbitos diferentes al internacional, sin que ello implique incumplimiento o desconocimiento de la responsabilidad del Estado.