Por la cual se aprueba el Convenio Internacional del Trabajo, relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, adoptado por la Cuadragésima Segunda Reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (Ginebra, 1958), los efectos de este Convenio, el término "discriminación"
 

La Corte declara constitucional el Convenio 156 sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras: Trabajadores con responsabilidades familiares, adoptado por la Sexagésima Séptima (67ª) Conferencia Internacional de la Organización del Trabajo, suscrito en Ginebra, Suiza, el 23 de junio de 1981 que fue aprobado por la Ley 2305 de 2023, Ley aprobatoria que cumplió con todos los requisitos formales exigibles para el trámite legislativo y materialmente no desconoció la Constitución. El instrumento internacional acreditó el cumplimiento de los requisitos formales para su adopción. De igual forma, el análisis material sobre su contenido, en términos generales y de las 19 cláusulas del convenio, permitió establecer que este no desconocía la Constitución. Por el contrario, se encontró que contenía medidas fundadas en los principios de la igualdad y la no discriminación. También, que regulaba una materia de especial trascendencia constitucional como la relacionada con las labores de cuidado y la necesaria conciliación de estas con el ámbito del trabajo, para que no se generen ni admitan situaciones que discriminen a las personas en el acceso, la permanencia o el retiro en actividades laborales, subordinadas o no. En dicho escenario, se reconoció que el tratado aplica a todos las personas trabajadoras y contiene deberes específicos de superar la desigualdad de las mujeres en el ámbito laboral y las responsabilidades familiares. De igual forma, la necesidad de que las medidas de política pública atiendan los ámbitos locales y regionales y tengan componentes de educación y participación de los trabajadores y empleadores. Finalmente, las cláusulas sobre aplicación, modificación vigencia y carácter vinculante guardaban identidad con otros contenidos de instrumentos internacionales estudiados previamente por la Corte y que no presentaban problemas de constitucionalidad y se encuentra conforme con los principios superiores de: soberanía nacional, igualdad y no discriminación, derecho al trabajo, dignidad humana, la protección de la familia, el interés superior de los niños, la protección de los derechos de la mujer, la garantía de poblaciones de especial protección constitucional, la educación y la participación, entre otros.