Imparte directrices de coordinación de la acción interinstitucional para la sustitución de cultivos de uso ilícito en el marco de la Política Nacional de Drogas 2023-2033 y el cumplimiento del acuerdo final de paz.
 

La Corte Constitucional hace una distinción entre problemas estructurales que deben abordarse con medidas ordinarias y las situaciones extraordinarias o sobrevinientes que justifican un estado de excepción. La Corte reiteró que la concentración de cultivos ilícitos y las deficiencias en la implementación del PNIS (Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos) son problemas históricos y estructurales en la región del Catatumbo. La sentencia afirma que no es admisible utilizar facultades excepcionales del estado de conmoción interior para resolver este tipo de problemáticas, que requieren políticas públicas a largo plazo y la actuación de los mecanismos democráticos y las instituciones ordinarias del Estado.